En clave Doe Run: ¿Qué se esconde detrás de su decisión de no cumplir sus obligaciones?
Se trataría de un plan de su cuestionado propietario Ira Rennert, conocido por sus oscuros manejos, quiebra de empresas y bonos basura.
Por: Álvaro Gastañaduí Ramírez
Doe Run debe al Estado 760 millones de soles en impuestos y, según el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez, pretende pagarlos en 700 años.
Doe Run no es un ejemplo de empresa y, al parecer, su propietario, Ira Rennert, pretende la intervención estatal para no pagar deudas que sobrepasan los US$1.100 millones y, de paso, cobrar el seguro que protege a las transnacionales de la injerencia estatal. En el 2008, Doe Run decidió aplicar la política del perro muerto: una empresa que facturaba US$1.400 millones al año, que recibía US$300 millones en utilidades y que era la única metalúrgica que refinaba diez metales en el país. Nadie sabe con exactitud cuántas veces su presidente, Juan Carlos Huyhua, se comprometió a pagar deudas, cumplir obligaciones ambientales y hasta reanudar operaciones. Incluso, cuentan que se comprometió a pagar en marzo del 2009 ante el entonces ministro de Economía, Luis Carranza, y un grupo de mineros. No pagó.
TERROR DE ESPANTO
Para la ex directora de Minería María Chappuis y el consultor Jorge Manco Zaconetti, detrás del perro muerto se esconde el plan de su dueño, Ira Rennert, para librarse de sus obligaciones y de pagar las indemnizaciones hasta por US$500 millones en juicios por daños a la salud de la población y los trabajadores de La Oroya.
Con estos antecedentes, no habría querido pagar a sus acreedores ni honrar sus compromisos adoptados con trabajadores, autoridades de Junín y La Oroya, Ministerio de Energía y Minas y hasta con la Comisión de Energía del Congreso. Y no solo eso. Hace un mes estableció más condiciones: que se modifique el contrato de 1997 para que el Estado asuma la responsabilidad de Doe Run en las denuncias por daños ambientales, que no se le apliquen estándares ambientales, que se fraccione su deuda tributaria y que se le condonen todas sus multas. Además, Rennert fue multado por US$900 millones por daños ambientales, que su empresa MagCorp no pagó al declararse en quiebra.
Como el presidente García y el ministro de Energía, Pedro Sánchez, han adelantado que no aceptarán, es seguro que no reanudará sus operaciones, ni siquiera el 27 de julio, fecha establecida en la Ley 29410.
El vicepresidente de Asuntos Corporativos de Doe Run, José Mogrovejo, no ha querido pronunciarse sobre las intenciones que tendría Rennert.
DIFÍCIL SITUACIÓN
Además de todo esto, cada vez se le hace más difícil a la empresa reanudar sus operaciones. Su política de perro muerto ha originado que la banca peruana y extranjera le cierre las puertas. Por lo tanto, será difícil conseguir financiamiento o, al menos, operar a espaldas del sistema bancario.
Sus proveedores de minerales, combustibles y demás bienes ya no están dispuestos a entregarle nada que sea a crédito. Y, además, en el negocio minero las empresas venden sus concentrados con un mínimo de tres meses de anticipación y, en este caso, podrían empezar a proveer a Doe Run recién en setiembre u octubre. Eso no es todo. Según Chappuis, las mineras han encontrado fundiciones en el exterior que les pagan mejores precios.
Asimismo, Doe Run habría perdido la tercera parte de sus obreros, los más jóvenes y capaces, que están en otras empresas.
ALERTA: PELIGRO
Para Chappuis y Manco Zaconetti, el Estado debe manejar este caso con cuidado. Una mala decisión lo haría asumir las obligaciones de Doe Run. Además, Chappuis plantea llevar a un arbitraje a Doe Run, para que desde ahora asuma su responsabilidad ambiental.
Entre tanto, La Oroya está desesperada, pues no sabe si la metalúrgica volverá a reabrir. Los trabajadores sienten que Doe Run, el Gobierno y el Congreso los han engañado, al haberles hecho guardar la esperanza de volver a trabajar.
Sin embargo, la situación puede tener solución. Según Manco Zaconetti, de los 3.800 trabajadores, 1.300 estarían trabajando en otras empresas. Un número similar estaría por jubilarse y el resto tendría que ir a reconversión laboral.
Para Chappuis, el Gobierno debió iniciar ya el proceso de jubilación anticipada y de reconversión.
El alcalde de La Oroya, César Gutiérrez, asegura que para la ciudad es necesario un parque industrial con plantas de procesamiento de cuero y talleres de maquinaria pesada.
La agricultura no tiene futuro. Según Carolina Trivelli, del Instituto de Estudios Peruanos, los recursos de esa zona están degradados. Sin embargo, en esa región se desarrolla una creciente actividad ganadera, por lo que existe materia prima para la curtiembre.
El profesor de Economía de la Universidad Católica Efraín Gonzales Olarte asegura que en caso extremo hasta la planta de Doe Run podría servir como atracción turística. Además, recomienda crear una comisión que evalúe alternativas de solución.
Fuente: El Comercio
Fecha: 21-06-2010
Antecedentes y deuda alejan a inversionistas
Las conocidas malas prácticas económicas y ambientales de Doe Run Perú hacen imposible que consiga un socio estratégico, opina Manco Zaconetti.
Aunándose a las críticas a la minera Doe Run Perú (DRP) y al gobierno por la actual situación que atraviesan los trabajadores y la población de La Oroya, el especialista Jorge Manco ve muy difícil que DRP encuentre un socio estratégico que incorpore una fuerte dotación de capital -como fue en el pasado el caso de la minera Volcan- antes del 24 de julio próximo, fecha en la que debe reiniciar sus operaciones según ordena la ley.
“Nadie se asocia con una empresa de pésimos antecedentes, débil transparencia de la información económica, y malas prácticas. Si a ello se suma la deprimida economía norteamericana, que era su principal mercado, se llegará sin resultados a la fecha límite (24 de julio) para que la minera presente ante el ministerio de energía y Minas a su socio estratégico y el plan para el reinicio operativo”, advierte el especialista.
Manco Zaconetti detalia que de las deudas y los pasivos que tiene DRP, US$ 155 millones son obligaciones con su matriz Doe Run Resources, US$ 270 millones es lo que le debe a la Sunat, US$ 40 millones le adeuda a Osinergmin por multas debido al incumplimientos de normas ambientales, US$ 120 millones le debe a sus proveedores mineros, y además, necesita US$ 100 millones para cumplir con el Pama.
A todo esto debiera sumarse demandas por más de US$ 500 millones por posibles indemnizaciones en EE.UU., por daños a la salud de la población y de los trabajadores de La Oroya. Es decir, en conjunto, DRP necesita US$ 1,185 millones para cumplir con sus compromisos, estima Manco Zaconetti. Pero advierte, que DRP cuenta con un valioso seguro que podría cobrar si se realizara una intervención directa del Estado, como fue el caso de la estatización de la petrolera Belco y la aseguradora AIG en el primer gobierno de Alan García, donde el Perú tuvo que pagar, posteriormente, más de US$ 250 millones por plataformas que no valían ni US$ 90 millones en 1992.
Los afectados y el efecto DRP
Se estima que ante un cierre definitivo de DRP se lanzaría al Desempleo o subempleo a más de 3,844 trabajadores directos que tiene la minera, en La Oroya.
Si se tiene presente que más de un tercio de los trabajadores está sobre los 50 años de edad, en edad de la jubilación o muy cerca de la misma, con más de 25 años de servicios, pues el grueso de trabajadores proviene de la estatal Centromín, resulta evidente la preocupación de las familias sobre la incertidumbre del futuro laboral, dice Manco Zaconetti. Y añade que en conjunto los 60 mil habitantes que tiene La Oroya dependen de la capacidad de gasto de los trabajadores de Doe Run, de allí la masiva participación de la población en las diversas protestas llevadas a cabo en los últimos tiempos.
“El Estado junto a la respetable preocupación ambiental debiera tener un rol tuitivo, protector con los trabajadores para amortiguar los efectos del subempleo y el paro forzoso, obligando al cumplimiento de las obligaciones laborales ante el futuro cierre de las operaciones”, dijo el investigador.
DETALLE
Para el 2008 al margen del empleo directo de más de 3,800 trabajadores en La Oroya por parte de DRP, se tenía más de 1,059 trabajadores bajo la modalidad de tercerización, con un costo de la planilla de casi US$ 100 millones que se gastan preferentemente en la región central La Oroya, Yauli, Tarma, Jauja, Concepción, Huancayo y Lima.
Fuente: La Primera
Fecha: 22-06-2010
Se trataría de un plan de su cuestionado propietario Ira Rennert, conocido por sus oscuros manejos, quiebra de empresas y bonos basura.
Por: Álvaro Gastañaduí Ramírez
Doe Run debe al Estado 760 millones de soles en impuestos y, según el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez, pretende pagarlos en 700 años.
Doe Run no es un ejemplo de empresa y, al parecer, su propietario, Ira Rennert, pretende la intervención estatal para no pagar deudas que sobrepasan los US$1.100 millones y, de paso, cobrar el seguro que protege a las transnacionales de la injerencia estatal. En el 2008, Doe Run decidió aplicar la política del perro muerto: una empresa que facturaba US$1.400 millones al año, que recibía US$300 millones en utilidades y que era la única metalúrgica que refinaba diez metales en el país. Nadie sabe con exactitud cuántas veces su presidente, Juan Carlos Huyhua, se comprometió a pagar deudas, cumplir obligaciones ambientales y hasta reanudar operaciones. Incluso, cuentan que se comprometió a pagar en marzo del 2009 ante el entonces ministro de Economía, Luis Carranza, y un grupo de mineros. No pagó.
TERROR DE ESPANTO
Para la ex directora de Minería María Chappuis y el consultor Jorge Manco Zaconetti, detrás del perro muerto se esconde el plan de su dueño, Ira Rennert, para librarse de sus obligaciones y de pagar las indemnizaciones hasta por US$500 millones en juicios por daños a la salud de la población y los trabajadores de La Oroya.
Con estos antecedentes, no habría querido pagar a sus acreedores ni honrar sus compromisos adoptados con trabajadores, autoridades de Junín y La Oroya, Ministerio de Energía y Minas y hasta con la Comisión de Energía del Congreso. Y no solo eso. Hace un mes estableció más condiciones: que se modifique el contrato de 1997 para que el Estado asuma la responsabilidad de Doe Run en las denuncias por daños ambientales, que no se le apliquen estándares ambientales, que se fraccione su deuda tributaria y que se le condonen todas sus multas. Además, Rennert fue multado por US$900 millones por daños ambientales, que su empresa MagCorp no pagó al declararse en quiebra.
Como el presidente García y el ministro de Energía, Pedro Sánchez, han adelantado que no aceptarán, es seguro que no reanudará sus operaciones, ni siquiera el 27 de julio, fecha establecida en la Ley 29410.
El vicepresidente de Asuntos Corporativos de Doe Run, José Mogrovejo, no ha querido pronunciarse sobre las intenciones que tendría Rennert.
DIFÍCIL SITUACIÓN
Además de todo esto, cada vez se le hace más difícil a la empresa reanudar sus operaciones. Su política de perro muerto ha originado que la banca peruana y extranjera le cierre las puertas. Por lo tanto, será difícil conseguir financiamiento o, al menos, operar a espaldas del sistema bancario.
Sus proveedores de minerales, combustibles y demás bienes ya no están dispuestos a entregarle nada que sea a crédito. Y, además, en el negocio minero las empresas venden sus concentrados con un mínimo de tres meses de anticipación y, en este caso, podrían empezar a proveer a Doe Run recién en setiembre u octubre. Eso no es todo. Según Chappuis, las mineras han encontrado fundiciones en el exterior que les pagan mejores precios.
Asimismo, Doe Run habría perdido la tercera parte de sus obreros, los más jóvenes y capaces, que están en otras empresas.
ALERTA: PELIGRO
Para Chappuis y Manco Zaconetti, el Estado debe manejar este caso con cuidado. Una mala decisión lo haría asumir las obligaciones de Doe Run. Además, Chappuis plantea llevar a un arbitraje a Doe Run, para que desde ahora asuma su responsabilidad ambiental.
Entre tanto, La Oroya está desesperada, pues no sabe si la metalúrgica volverá a reabrir. Los trabajadores sienten que Doe Run, el Gobierno y el Congreso los han engañado, al haberles hecho guardar la esperanza de volver a trabajar.
Sin embargo, la situación puede tener solución. Según Manco Zaconetti, de los 3.800 trabajadores, 1.300 estarían trabajando en otras empresas. Un número similar estaría por jubilarse y el resto tendría que ir a reconversión laboral.
Para Chappuis, el Gobierno debió iniciar ya el proceso de jubilación anticipada y de reconversión.
El alcalde de La Oroya, César Gutiérrez, asegura que para la ciudad es necesario un parque industrial con plantas de procesamiento de cuero y talleres de maquinaria pesada.
La agricultura no tiene futuro. Según Carolina Trivelli, del Instituto de Estudios Peruanos, los recursos de esa zona están degradados. Sin embargo, en esa región se desarrolla una creciente actividad ganadera, por lo que existe materia prima para la curtiembre.
El profesor de Economía de la Universidad Católica Efraín Gonzales Olarte asegura que en caso extremo hasta la planta de Doe Run podría servir como atracción turística. Además, recomienda crear una comisión que evalúe alternativas de solución.
Fuente: El Comercio
Fecha: 21-06-2010
Antecedentes y deuda alejan a inversionistas
Las conocidas malas prácticas económicas y ambientales de Doe Run Perú hacen imposible que consiga un socio estratégico, opina Manco Zaconetti.
Aunándose a las críticas a la minera Doe Run Perú (DRP) y al gobierno por la actual situación que atraviesan los trabajadores y la población de La Oroya, el especialista Jorge Manco ve muy difícil que DRP encuentre un socio estratégico que incorpore una fuerte dotación de capital -como fue en el pasado el caso de la minera Volcan- antes del 24 de julio próximo, fecha en la que debe reiniciar sus operaciones según ordena la ley.
“Nadie se asocia con una empresa de pésimos antecedentes, débil transparencia de la información económica, y malas prácticas. Si a ello se suma la deprimida economía norteamericana, que era su principal mercado, se llegará sin resultados a la fecha límite (24 de julio) para que la minera presente ante el ministerio de energía y Minas a su socio estratégico y el plan para el reinicio operativo”, advierte el especialista.
Manco Zaconetti detalia que de las deudas y los pasivos que tiene DRP, US$ 155 millones son obligaciones con su matriz Doe Run Resources, US$ 270 millones es lo que le debe a la Sunat, US$ 40 millones le adeuda a Osinergmin por multas debido al incumplimientos de normas ambientales, US$ 120 millones le debe a sus proveedores mineros, y además, necesita US$ 100 millones para cumplir con el Pama.
A todo esto debiera sumarse demandas por más de US$ 500 millones por posibles indemnizaciones en EE.UU., por daños a la salud de la población y de los trabajadores de La Oroya. Es decir, en conjunto, DRP necesita US$ 1,185 millones para cumplir con sus compromisos, estima Manco Zaconetti. Pero advierte, que DRP cuenta con un valioso seguro que podría cobrar si se realizara una intervención directa del Estado, como fue el caso de la estatización de la petrolera Belco y la aseguradora AIG en el primer gobierno de Alan García, donde el Perú tuvo que pagar, posteriormente, más de US$ 250 millones por plataformas que no valían ni US$ 90 millones en 1992.
Los afectados y el efecto DRP
Se estima que ante un cierre definitivo de DRP se lanzaría al Desempleo o subempleo a más de 3,844 trabajadores directos que tiene la minera, en La Oroya.
Si se tiene presente que más de un tercio de los trabajadores está sobre los 50 años de edad, en edad de la jubilación o muy cerca de la misma, con más de 25 años de servicios, pues el grueso de trabajadores proviene de la estatal Centromín, resulta evidente la preocupación de las familias sobre la incertidumbre del futuro laboral, dice Manco Zaconetti. Y añade que en conjunto los 60 mil habitantes que tiene La Oroya dependen de la capacidad de gasto de los trabajadores de Doe Run, de allí la masiva participación de la población en las diversas protestas llevadas a cabo en los últimos tiempos.
“El Estado junto a la respetable preocupación ambiental debiera tener un rol tuitivo, protector con los trabajadores para amortiguar los efectos del subempleo y el paro forzoso, obligando al cumplimiento de las obligaciones laborales ante el futuro cierre de las operaciones”, dijo el investigador.
DETALLE
Para el 2008 al margen del empleo directo de más de 3,800 trabajadores en La Oroya por parte de DRP, se tenía más de 1,059 trabajadores bajo la modalidad de tercerización, con un costo de la planilla de casi US$ 100 millones que se gastan preferentemente en la región central La Oroya, Yauli, Tarma, Jauja, Concepción, Huancayo y Lima.
Fuente: La Primera
Fecha: 22-06-2010
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