PERÚ: MINERÍA REGRESIVA CON MAYOR PRODUCCIÓN
ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI
El cuadro presentado “Minería Regresiva 2004/2017” expone con crudeza la realidad de la actividad minera que se desenvuelve en nuestro país la cual está liderada por la presencia de poderosas empresas transnacionales que compiten entre sí, y grupos de poder local que en los últimos treinta años se han concentrado, permaneciendo solamente los más fuertes, otros grupos nativos se licuaron, vendiendo su participación a las transnacionales. De accionistas principales se convirtieron en rentistas e intermediarios.
Como siempre hemos afirmado, el sector minero es el más importante de la economía peruana, donde el crecimiento de las inversiones y el valor de la producción minera determinan el comportamiento del valor de la producción en el Perú que se mide tradicionalmente por el PBI.
Inversiones mineras superiores a los US $ 2,000 millones anuales determinan por lo menos un punto de crecimiento del PBI, por efecto multiplicador, acelerador y expansivo de la inversión, a pesar de todo los problemas.
ESQUIZOFRENIA DE LAS INVERSIONES
Si se invirtiesen los US$ 56 mil millones de dólares que el Ministerio de Energía y Minas presenta tradicionalmente en la cartera de proyectos, cabría ilusionarse con crecimientos económicos mayores, pero en verdad sería un crecimiento empobrecedor, regresivo, que no construye instituciones ni democracia.
Como la historia reciente lo confirma, surgirían mayores conflictos sociales, más pasivos ambientales sin resolver con corrupción galopante a nivel de las regiones y gobiernos locales. Sin embargo, por razones de demanda mundial, generación de recursos, efectos en el mercado laboral e industrial, tantos directos como indirectos se requiere desarrollar los proyectos mineros con responsabilidad social, ambiental y tributaria.
Éstos se retrasan por diversos problemas, sea la falta de financiamiento en las empresas transnacionales, pues como toda empresa el grueso de los capitales se toman a préstamo. En razón de los llamados conflictos sociales que enfrentan visiones distintas e interesadas sobre el desarrollo del capital minero en sectores tradicionales, como el mundo andino.
Si a ello se agregan los graves pasivos ambientales sin solución, que se han venido acumulando en los últimos cincuenta años gracias a la debilidad de un “estado mercantilista” tenemos un cóctel completo y complejo sobre la mala imagen que tiene el sector minero en la población campesina, especialmente andina.
En el cuadro “Minería Regresiva” se identifican dos fechas significativas, con la producción minera que se extrae en el Perú como respuesta a los precios vigentes al 2004 con el “boom minero” gracias al crecimiento de la economía mundial, liderado por la demanda de materias de la economía china. Luego está la producción minera al 2017.
ESTAÑO AL PISO EN PUNO
En estos catorce años transcurridos (2004/2017) todos los volúmenes producidos se han incrementado con excepción de la producción de estaño que se ha reducido de las 42 mil toneladas en el 2004 a las casi 18 mil toneladas en el 2017 en razón de la ley de los rendimientos marginales decrecientes, que se va expresando en el agotamiento paulatino del mineral.
Se debe reconocer que el estaño en nuestro país es explotado por el grupo minero/financiero Brescia, por medio de la unidad minera San Rafael de la empresa Minsur, y cuya explotación hasta cierto punto explica la fortuna del grupo, es decir la explotación de estaño en Minsur (Puno) explica “la acumulación originaria del capital” del grupo Brescia, que después se ha diversificado a otros sectores (financiero, inmobiliario, pesca, alimentos etc.)
Sin embargo, a pesar del bajón en la producción de estaño que tiene como único productor a la empresa Minsur los precios se han más que duplicado por tonelada pasando de los US $ 8,512 dólares en el 2004 a más de US $ 20,098 dólares en el 2017 por tonelada. Por ello, en algo los mejores precios internacionales compensan la drástica caída de la producción en una unidad minera que acumula más de 50 años de producción.
Evidentemente con las nuevas autoridades regionales con el presidente Aduviri a la cabeza que tiene como paradigma el modelo boliviano de hacer minería, el potencial minero del departamento altiplánico, las inversiones y los nuevos proyectos estarán en lista de espera y cuidados intensivos.
De allí que sería deseable establecer un diálogo alturado, de respeto a las tradicionales andinas y al medio ambiente, apostando por las inversiones mineras con responsabilidad social, pues las autoridades regionales y locales necesitan mayores ingresos derivados producto del canon, regalías, impuestos extraordinarios e inversiones de responsablidad social para superar las enormes brechas sociales y de pobreza que tiene el departamento, cuestión que se agrava por los enormes pasivos financieros y deudas que está dejando la gestión regional anterior.
COBRE EN SUBIDA
Sin lugar a dudas la producción interna de cobre en nuestro país es la más importante en términos del valor de exportaciones, en cuanto a las inversiones comprometidas, con incrementos significativos en la producción entre el 2004 al 2017 donde la misma ha transitado de 1.036 MTM (leáse un millón treinta seil mil toneladas finas) a 2.45 MTM, (entiéndase dos millones cuatrocientos cincuenta mil toneladas finas de cobre)
Esta producción nos coloca como segundos productores a nivel mundial pero ello lamentablemente no se refleja en los estándar de vida de la población local, sea en Ancash (Mra. Antamina), Apurímac (Las Bambas), Antapaccay (Cuzco), Arequipa ( Mra. Cerro Verde)
Es decir, en el período en referencia la producción ha crecido en un 136 %, como también los precios del cobre. Este incremento productivo se explica por la maduración de los nuevos proyectos como Chinalco en Toromocho desde el 2015 a la fecha donde se está llevando la ampliación de lo que sería Toromocho II en la sierra central (Yauli/Junín)
Si a ello se agrega la maduración de Las Bambas emblemático proyecto cuprífero en la empobrecida región de Apurímac, donde la transnacional suiza Glencore desde mediados del 2005 al 2015 invirtió no más de US $ 5,500 millones de dólares para luego transferir dicho proyecto a la empresa estatal china MMG Limited una filial de la poderosa China Metals Corporation, por más de US $ 10,000 millones de dólares con graves “externalidades negativas” para las comunidades campesinas.
Es decir, los capitales chinos pagaron adicionalmente más de US $ 4,500 millones como “costo de oportunidad” por un proyecto minero que constituye una fuente renovada de conflictos mineros, pues ha quedado para la posteridad histórica la construcción de un minero ducto que posibilite la salida de los concentrados del mineral de cobre a la costa, sin afectar la vida cotidiana campesina.
Hoy transitan más de 300 camiones al día por carreteras afirmadas construidas con dinero público al servicio de las empresas mineras, pero donde dicho tránsito constituye un factor perturbador y hasta cierto punto contaminante, pues varias comunidades están siendo impactadas por el tráfico diario, cuando en el proyecto original se planteó la viabilidad del proyecto gracias a la construcción de un mineroducto, reproduciendo la experiencia de la Mra. Antamina en el Callejón de Huaylas.
Si también se suma la producción de Mra. Constancia (Cuzco), y las ampliaciones respectivas de la producción de la Mra. Cerro Verde (Arequipa), Antapaccay (Cuzco) y Antamina en Ancash, SPCC en Toquelapa (Tacna) y Cuajone (Moquegua) tenemos el panorama completo sobre la producción cuprífera.
ESCUDOS TRIBUTARIOS
Al 2017 con una producción interna de 2.45 millones de toneladas básicamente de concentrados de cobre que se exportan a la China, Estados Unidos, Europa, el Perú después de nuestro vecino del sur Chile, se ha convertido en el segundo productor mundial del metal rojo disputando el segundo lugar con los Estados Unidos y la propia China Popular que no solamente son grandes productores de cobre sino también grandes consumidores del metal rojo, por medio de sus industrias.
No debiera existir duda alguna sobre la importancia de la producción minera en el país, en particular de la producción cuprífera para la economía, pero desde el lado tributario debemos mencionar que las inversiones mineras han gozado y gozan de una serie de beneficios tributarios, tales como el “arrastre de pérdidas”.
Sirva por ejemplo el caso de Las Bambas que recién pagará el impuesto a la renta cuando se haya recuperado el capital financiero pagado superior a los US$ 10,000 millones de dólares a la transnacional Glencore. Es decir, recién en el 2019 comenzará en el abono del impuesto a la renta que se constituye en la base del canon según el ordenamiento legal.
Igualmente gozan del beneficio tributario de la depreciación acelerada lo que les permite cargar a costos hasta el 20% del valor anual del equipo a los costos de producción. Evidentemente las depreciaciones son recuperaciones de valor, que supuestamente deben formar un fondo que permita reponer el capital gastado en maquinaria y equipo.
Igualmente se cargan a costos una serie de gastos tributarios deducibles, las amortizaciones de capitales intangibles por ejemplo el valor de las reservas, las mismas que se amortizan cargándose a los costos de producción, aunque ello no implique una salida de capital de la empresa. Todo es un juego contable, una ficción.
Por ejemplo Mra. Yanacocha carga a los costos de producción importantes sumas por concepto de depreciaciones, amortizaciones, regalías privadas, deterioro de activos, amortizaciones de intangibles, hasta el mismo factor agotamiento entre otros, con lo cual se disminuye la renta imponible y el fisco capta un menor impuesto a la renta. Por tanto, si se cae la producción de oro en Cajamarca, suben los costos reales y contables, disminuye el impuesto a la renta y se hace “más raquítico” el canon minero. Ergo, menos recursos para los gobiernos locales y regionales.
En verdad, los beneficios tributarios están expresados y contenidos en los benditos contratos de estabilidad tributaria, jurídica y administrativos que hasta el FMI y el Banco Mundial recomiendan que no debieran seguir firmándose pues constituyen indebidos escudos tributarios, que no le permiten al estado recaudar mayores ingresos, por ello tenemos: un “estado misio”.
ORO SE INCREMENTA
En verdad, después del cobre sigue en importancia la producción de oro en términos económicos. En el período de referencia 2004/2017 se transita de las 185 toneladas de oro a una producción de 197 toneladas, que básicamente es la producción que se declara para la exportación, con la grave condena de la minería informal e ilegal.
Si se tiene presente que en los catorce años transcurridos la producción aurífera acumulada ha sido de 2,000 toneladas TMF ello nos puede expresar la significación del metal amarillo que básicamente se fortalece cuando el dólar o el euro se debilita, y es apreciado como reserva de valor y fuente de especulación.
Lo cierto es que en el país las empresas exportan los concentrados de oro al mercado externo, y ni siquiera transformamos el oro en artesanía o joyería para la exportación, cuestión que hace Italia, que no produce una onza de oro pero que sin embargo, es un principal productor de joyería y artesanía de oro y plata.
En verdad, en la producción aurífera y en general minera se reproduce el “síndrome del tesoro de Atahualpa” Según las crónicas españolas el tesoro del rescate del Inca fue considerado en una suma equivalente a las 20 toneladas de oro. En el país se producen para la exportación un promedio de 190 toneladas por año, que generan importantes ingresos para los privados, con profundos daños ambientales en la minería ilegal, con salarios de angustia que no guardan proporción con la riqueza creada en la minería formal.
Por tanto, lo menos que se debe debatir es el tipo de minería que debemos fomentar en el siglo XXI, que realmente contribuya con el fisco, superando los graves pasivos ambientales, y por qué no con incentivos para su industrialización, pues está demostrado por la práctica y la historia que los países productores de materias primas con precarias instituciones democráticas constituyen el caldo de cultivo para las prácticas corruptas y falta de democracia.
