ESTADO MISIO A PESAR DE CRECIENTE
RIQUEZA
ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI
A pesar de la “crisis política” expresada en la confrontación
entre un ejecutivo sin norte y el prepotente aprofujimorismo que, arrinconado
en el pasado, ha resucitado gracias a la inopia e incapacidad presidencial.
Digo que a pesar de ello, el debate sobre la necesidad de promover una “nueva
ley general de minería” concentra el interés, y todavía tiene vigencia.
Así, a propuesta del Ministerio de Energía y Minas se ha
constituido una junta de expertos y notables que en menos de cuatro meses
tendrán que evacuar algún informe sobre el qué hacer minero. Espero que no sea
un saludo a la bandera, para ganar tiempo.
Igualmente el Instituto Peruano de Economía (IPE) que siendo
un organismo abscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), más parece
una extensión de la “Sociedad de Minería”, por la absoluta coincidencia de
puntos de vista entre los intereses del IPE y el capital minero.
En el mismo sentido, finalizado el evento de Perumin en la
ciudad de Arequipa, uno de los eventos mineros más importantes a nivel mundial,
que ha sido opacado por la extensión de los conflictos sociales, que al decir
de algunos de los expositores del propio certamen sobre seguridad, resultan
monitoreados por extremistas, y poco le
faltó decir que los pobladores del Valle del Tambo, serían terroristas
encubiertos miembros del MOVADEF
Lo cierto y evidente que esta relativa calma por la oposición
a las inversiones en proyecto de Tía María en Arequipa, más la extensión de los
conflictos sociales en la zona impactada al proyecto de Las Bambas
(Apurímac/Cuzco), por una población campesina que exige la construcción de un
mineroducto, por estrictas razones ambientales, será superada.
Así, en el sector se espera un pronto recrudecimiento de los
problemas sociales provocados directamente e indirectamente por la explotación
minera. En tal sentido, poco o nada tiene que ver una nueva ley general de
minería, que dicho sea de paso necesitaría dos legislaturas en el Congreso de
la República con mayoría calificada para poder aprobarse, previo proyecto de
ley presentado, que por la crisis política parece difícil de cumplir.
Es decir, los conflictos tenderán a extenderse y
lamentablemente no existe una política de Estado, multisectorial a nivel de
gobierno para prevenir, gestionar y resolver los conflictos provocados por la
actividad minera. Ello resulta lamentable pues se trata de una inversión
necesaria para el país que explica en parte el crecimiento económico del país
pero al mismo tiempo genera una serie de conflictos sociales.
Siempre hemos apostado por una minería social, ambiental y
tributariamente responsable, con el mayor de “valor de retorno” que capitalice
el país, con mejores salarios, compras locales e industriales y sobre todo con
una mayor contribución fiscal.
FISCO LIMITADO
El cuadro y la gráfica “La Actividad Minera entre el 2004 al
2018, donde se comparan los ingresos fiscales en relación a los ingresos de
exportación” resume y expresa la realidad fiscal frente a los ingresos de
exportaciones en los quincve años transcurridos 2004 al 2018 que expresa un mix
de años de bonanza 2004/2012 con precios altos, y años “de vacas flacas” entre
2013 al 2018 con precios normales, es decir todavía rentables y atractivos para
la inversión minera.
Según el cuadro presentado entre el 2014 al 2018 el fisco ha
captado directamente por concepto de impuesto a la renta la suma de US $ 20,894
millones de dólares, es decir casi 21 mil millones frente a los US $ 301 mil
millones de dólares obtenidos por exportaciones. Ello representa apenas una
participación del 6.9%
Ello es así por la serie de beneficios tributarios que tiene
el sector, que estaban justificados en el pasado, en los años noventa del siglo
pasado , cuando el país era considerado un “paria financiero” por las aventuras
populistas de los años ochenta. En 1992 el país no captaba ni 25 millones de
dólares por concepto de inversiones en razón de la guerra interna y la crisis
económica. Ahora capta según el año montos superiores a los US $ 8 mil millones
en promedio anual.
Por ello hasta cierto punto de vista las ventajas tributarias
concedidas al sector minero tenían una justificación, que hoy resultan lesivas
y perniciosas al interés público, pues el fisco no está captando los
suficientes recursos vía impuesto y otras partidas, para asegurar una salud y
educación de calidad, y sobre todo la necesaria seguridad ciudadana que se ha
convertido en el principal problema social.
OTROS RECURSOS
Como resulta evidente en el cuadro respectivo, después del
impuesto a la renta metálica, que en otros países se denomina impuestos a las
ganancias aparecen una serie de partidas tales como las viejas y nuevas
regalías mineras, el aporte voluntario que tuvo una vigencia del 2007 al 2011,
más los derechos de vigencia.
A ello se deben sumar el denominado gravamen especial a la
minería (US $ 1,079 millones), y el impuesto especial a la minería (US $ 1,010
millones) que prácticamente se aplican desde fines del 2011 con el llamado
nuevo marco tributario durante el gobierno entregista del Comandante ® Ollanta
Humala.
Tanto las viejas regalías captadas entre el 2005 al 2018 por
un valor de US $ 1,455 millones como las nuevas regalías aplicadas desde fines
del 2011 que sumaron un valor de US $ 1,426 millones, como el gravamen y el
impuesto extraordianario minero, tienen el carácter de gasto deducible, es
decir se descuentan en la determinación del impuesto imponible para fijar la
tasa del impuesto a la renta.
Por ello, se puede decir que tanto las viejas y nuevas
regalías, como el gravamen e impuesto especial se pagan al fisco pero se
deducen, se restan para determinar la
renta imponible. Es decir, ¡el capital minero con un bolsillo abona y con el
otro bolsillo recupera, pues paga un menor impuesto a la renta!
Por ello, sería interesante que la SUNAT, el IPE, el MEF y
MINEM le digan al país cuánto le cuesta al país mantener una serie de
beneficios tributarios, exoneraciones, devoluciones, donde los gastos
tributarios deducibles son tantos que disminuyen el impuesto a la renta
recaudado de forma dramática, restando recursos al Estado para el cumplimiento
de sus fines.
MÍNIMA PARTICIPACIÓN
El total de ingresos fiscales directamente recaudados en el
período 2004 al 2018, es decir en 15 años resultan equivalentes a los US $
27,568 millones de dólares, por los diversos conceptos considerados, impuesto a
la renta, viejas y nuevas regalías, gravamen, impuesto especial, aporte
voluntario y derechos de vigencia.
En la misma lógica en el mismo período los ingresos de
exportación han sumado los US $ 301 mil millones de dólares sean por las
exportaciones de cobre, oro, plata, zinc, plomo, hierro, estaño que básicamente
se venden en los mercado internacionales como materias primas, como concentrados
que tienen precios menores en relación a los metales refinados.
En tal sentido la participación fiscal, ingresos fiscales
entre exportaciones, US $ 27,568 millones entre US $ 301 mil millones tiene un
cociente de 9.16 % Ello significa que por cada 100 dólares de ingresos de
exportaciones el fisco captura apenas 9.16 dólares, es decir algo más nueve
dólares.
Ello resulta desde todo punto de vista insuficiente para un
Estado preñado de múltiples necesidades e incapaz de resolver las necesidades
sociales de las mayorías nacionales.
Incluso esa participación fiscal sería menor si se considera
el íntegro de la producción que se destina a la exportación como la que se
destina al mercado interno. Así, por ejemplo, la producción de las empresas
zinqueras como de la Mra. Volcan, y/o Milpo/Atacocha, Cerro Lindo que ahora se
denomina NEXA Resources Perú SAA, controladas por capitales brasileños de
Votorantim, en un porcentaje mayor al 20% se destinan al mercado interno.
Es decir, si se considera el total de los ingresos mineros,
sea por las ventas externas como las ventas internas, esta participación se
hace menor, lo cual demuestra la precariedad fiscal.
Por ello, si el sector más importante de la economía como lo
es la minería metálica apenas contribuye con el 9.16 % de los ingresos
recaudados por exportaciones, estamos ante fisco misio, con limitaciones
presupuestales para cumplir con su rol de Estado.
EPÍLOGO
En verdad, más que la necesidad de una nueva ley de minería,
debiera analizarse la conveniencia o no de mantener una serie de beneficios
tributarios que tiene la minería, que constituye el sector más dinámico, y el
más importante captador de inversión extranjera, que genera en promedio el 60 %
de los ingresos de exportación del país.
Por ello, cualquier reforma debiera pasar por un análisis de
costo/beneficio sobre un patrón de acumulación minero aplicado desde 1992 a la
fecha, con un blindaje tributario que ha permitido una creación de riqueza que
no ha sido distribuida con equidad, con el propio Estado que a nombre de la
Nación es el titular de los recursos mineros, ni con los trabajadores.
Por tal resulta de necesidad pública reconocer las crecientes
utilidades que ha obtenido el capital privado a costa de una privación de
ingresos fiscales que sería intolerable en otros países como Canadá, Australia
y la misma USA, donde la tributación minera es mayor si se suman los impuestos,
royalties estaduales y federales.
De allí, la necesidad de un nuevo marco tributario, pues el
aplicado el 2011 ha resultado una farsa para los intereses del país, y a las
pruebas me remito, pues ahora producimos más de dos y medio de toneladas de
cobre equivalente, cuando antes de esa fecha apenas se llegaba al millón, y el
fisco tiene menores impuestos e ingresos.
Por tanto, el estudio de la rentabilidad minera resulta
fundamental, de allí la necesidad de estimar el excedente económico, que
incluye utilidades, depreciaciones, amortizaciones y una serie de gastos
deducibles que se traducen en menores impuestos. En tal sentido, la historia y
la realidad demostrará que tal modelo de crecimiento minero resultará inviable.
