viernes, 29 de diciembre de 2017

CRISIS POLÍTICA AFECTA RECUPERACIÓN ECONÓMICA

ECONOMÍA POLÍTICA DE LA CRISIS

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI

La economía política es la ciencia social que estudia las relaciones sociales de producción y distribución en un contexto históricamente determinado, en razón de ello la economía  y la política están indisolublemente ligadas, de allí que lo que está pasando en nuestro país, con el indulto político e interesado al ex presidente Alberto Fujimori, tiene y tendrá profundas consecuencias en el laboratorio social que se llama Perú, y lamentablemente ensombrece y afectará la recuperación económica de nuestro país para el 2018.

En el 2018 diversos organismos públicos y privados proyectaban un crecimiento económico del PBI superior al 4 % gracias al mejoramiento de los precios de los minerales, entre enero/octubre los precios del cobre se han incrementado en un 29%; los precios del zinc en un 47%; el gas natural en un 69 % entre los principales productos.

Con un crecimiento proyectado del 4% nuestro país se ubicaría entre los líderes del crecimiento económico en esta parte del mundo. Lamentablemente la convulsión social que se avecina ha de reducir este pronóstico de manera sustancial con consecuencias imprevisibles.

La recuperación de los precios del cobre y zinc, los bajos niveles de inflación, el alto nivel de reservas internacionales y la posición de cambio, el superávit de la balanza comercial, el bajo nivel de desempleo, la disciplina fiscal serán poca cosa ante la ola de manifestaciones sociales y políticas que se extenderán a nivel país, cuestionando el modelo económico, e incluso la precaria democracia que tanto costó a los peruanos.

UN INDULTO PERVERSO

Un indulto político producto de una negociación para “salvar el pellejo” del Presidente Pedro Pablo Kuczynski de la vacancia presidencial por “incapacidad moral” tendrá efectos directos en el crecimiento económico, en la estabilidad, en las inversiones públicas y privadas, en la confianza empresarial, por la inestabilidad política que genera cuya expresión maximalista se resume en la frase política “que se vayan todos”

Es tal la indignación ciudadana que las calles serán el escenario privilegiado en Lima y en las principales provincias del país que combinadas con las declaraciones recientes de la corrupción de Odebrecht en Brasil, se compromete no solamente a PPK, sino también a Keiko Fujimori y Alan García. Con ello se tiene el coctel molotov explosivo completo con los ex presidentes y altos funcionarios investigados, desde Toledo, García, Humala y PPK.

Es tal la extensión y profundidad del descontento, el malestar popular e indignación que provoca el indulto político al expresidente Fujimori, el mismo que se ha gestionado en un tiempo record, que ha de alimentar el desborde de la cólera ciudadana, en especial en la región sur del país y particularmente en los jóvenes que saldrán a las calles a protestar por lo que consideran una burla a la institucionalidad democrática.

El presidente Kuczynski debiera saber que el ex presidente Fujimori no ha cometido excesos, faltas ni errores, sino crímenes de lesa humanidad, violación sistemática de los derechos humanos en el marco de un régimen corrupto que ha sido calificado como el más corrupto de la historia republicana, lo cual es decir bastante.

No es posible construir una sociedad moderna en democracia con instituciones sólidas si no se respeta el debido proceso, si no se acata la ley en su sentido más amplio, sino  se cumplen las sentencias por más importantes que sean los personajes implicados. Por ello, el indulto político constituye una violación legal por más que el presidente afirme que lo ha otorgado por razones humanitarias. Los juristas más reconocidos han expresado su desacuerdo a este infeliz indulto por no contemplar el procedimiento del llamado indulto humanitario.

Por tanto, la esperada reconciliación entre los peruanos con un Alberto Fujimori libre y haciendo política alimentará más aún el descontento social, ante lo que se considera una burla al país, a la democracia y la institucionalidad. Ello tendrá consecuencias económicas  que afectarán las inversiones en un país que tiende a la convulsión social al margen de los buenos deseos del oficialismo.

Por tanto, el escenario político no será esencialmente el Congreso de la República que será rebasado por las masas que han encontrado una justificación para la movilización. Aquí no se está reclamando por mejores salarios, empleo o más recursos. La demanda ciudadana apunta a un cambio político, a la renuncia del Presidente de la República y  la convocatoria de nuevas elecciones.

La consabida política de masas se hará en las calles y plazas, en las múltiples manifestaciones que los organismos sociales, gremiales, como la CGTP han de organizar más los colectivos cívicos que se irrogan en la práctica la representación ciudadana.

En los próximos meses se mantendrá el fuego de la protesta social y callejera contra una decisión presidencial nefasta que avivará el discurso de los estilos Antauro Humala, Goyo Santos, Sutep anti Patria Roja que competirán por el discurso más radical como el Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso.

Si a esto le agregamos la incapacidad, ineficiencia, desinterés y mediocridad del equipo de gobierno de PPK, que en su primera versión fue catalogado como un “gabinete de lujo” prácticamente tendremos un presidente de la República cautivo de las fuerzas oscuras del fujimorismo, con una recomposición del Consejo de Ministros que será previamente consultada por la mayoría fujimorista cuyo líder indiscutible es Alberto Fujimori.

RECUPERACIÓN ECONÓMICA EN CUESTIÓN

Una expresión de la incapacidad del presente gobierno lo expone la dramática realidad del “Programa Reconstrucción con Cambios” donde los montos presupuestados con financiamiento para los próximos 3 años ascienden a S/ 25,655 millones de soles, de los cuales al mes de noviembre del presente año solamente se ha ejecutado según el Banco Central de Reserva (BCRP) la suma de S/ 399 millones, lo cual representa un irrisorio porcentaje de 1.5 %, a pesar de las múltiples necesidades de la población involucrada.

En el mismo sentido, a la misma fecha del total presupuestado se ha adjudicado para la reconstrucción la suma de S/ 945 millones, es decir el 3.7 % lo cual demuestra la incapacidad del propio estado de ejecutar los recursos en razón de una serie de argumentos, pues esta paralización está ligada a los efectos de la sistemática corrupción de los gobiernos locales y regionales, que no han sido superados por la autoridad de la “Reconstrucción con Cambios” que ha sido nombrada a dedo por el poder ejecutivo.

En esa misma lógica la inversión estimada por los “proyectos de inversión y compromisos de inversión entre el 2017/2018 por sectores” prácticamente se paralizarán ante la incertidumbre, la inestabilidad social y política, la emergencia de las masas cuestionando al viejo lobista que tenemos como Presidente de la República y todo lo que representa.

Según el cuadro en referencia se trata de un monto de US $ 8,215 millones de dólares que se tenían proyectados para el 2017/2018 por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) que prácticamente tendrán que postergarse ante la inestabilidad a la cual nos ha llevado la irresponsabilidad de un presidente que piensa más en sus negocios privados que en el interés del país, lo cual ha sido demostrado en su vinculación con Odebrecht cuando era ministro de economía y finanzas en el gobierno de Toledo.

Un político y dueño de empresas en los EEUU en la década de los cincuenta del siglo pasado Jhon Foster Dulles, afirmaba “que no hay nada más cobarde que un millón de dólares” cuando se trata de inversiones en países convulsionados socialmente.

En tal sentido, las inversiones en los sectores de transporte, telecomunicaciones, energía, minería, agua y saneamiento, inmuebles y salud se paralizarán en razón de la inestabilidad y falta de legitimidad de nuestros gobernantes. ¿Qué inversionista serio vendrá a invertir al Perú con un gobierno que no tiene legitimidad social ni política?

Siempre hemos sostenido que la capacidad de movilización no está en los votantes del fujimorismo acostumbrados a la prebenda y el asistencialismo. Tampoco está en las huestes apristas divididas y reducidas a su mínima expresión. El partido político de PPK prácticamente ha dejado de existir con un “gabinete de lujo” para la foto, pero ineficiente y autista en términos políticos. Por tanto, el camino está libre para propuestas radicales y maximalistas. Frente a ello, el señor presidente de la República debe presentar su renuncia, al igual que sus vicepresidentes y convocar a nuevas elecciones.


jueves, 21 de diciembre de 2017

LOS COSTOS DE LA CORRUPCIÓN FUJIMORISTA

¿QUIÉN MORALIZA A LOS MORALIZADORES?

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI

No tengo la más mínima simpatía por el presidente Kuczynski que el día jueves 21 seguramente será vacado por la mayoría fujimorista con el apoyo de parte de la bancada aprista, y otras fuerzas parlamentarias como el Frente Amplio liderado por el ex cura Arana, bajo los supuestos principios de la lucha contra la corrupción.

En verdad, según politólogos y entendidos en la materia, todo ello representaría un “golpe de estado” desde el Congreso de la República pues no se estaría respetando el llamado debido proceso en el juzgamiento al presidente de la República, no se han terminado las investigaciones a nivel de la fiscalía, ni de la propia comisión “lava jato” presidida por el propio fujimorismo.

Desde el punto de vista institucional nuestra democracia es débil, frágil, adolescente pues los partidos políticos son disfuncionales, se activan solamente en los tiempos electorales, algunos tienen una fuerte presencia familiar, hay partidos de allegados y amigos, o han sido capturados por cúpulas partidarias ajenas a las fuerzas que supuestamente representan.

Sin embargo, debiera llamar la atención el carácter político y económico del fujimorismo que gobernó el país mediante una dictadura desde el 5 de abril de 1992 hasta el 2000, estableciendo un sistema general de corrupción, copando y capturando todos los poderes, comprando votos de congresistas, con jueces y fiscales a sueldo, degradando las instituciones, rematando las empresas públicas, con un régimen de prebenda y asistencialismo que le permitió una base social popular que hasta hoy mantiene, a pesar del cáncer de la corrupción.

LA ENTRAÑA CORRUPTA

Como testigo de excepción profesionalmente he sido asesor de don Gustavo Mohme Llona, Javier Diez Canseco y José Carrasco Távara entre 1997 y el 2006; también he formado parte de varias comisiones investigadoras en el Congreso de la República, en especial de la Comisión de Delitos Económicos en el 2001, y puedo atestiguar sobre la entraña corrupta del fujimorismo, que quiere volver al poder en alianza con las grandes empresas y grupos de poder, que concentran y controlan los sectores económicos más importantes de la economía peruana.

Siempre me he preguntado sobre las razones por las cuales después de la recuperación democrática en el 2001, con el fugado presidente Alberto Fujimori que renunció mediante una carta enviada por fax y fuera vacado por el Congreso de la República por “incapacidad moral”. Con los principales líderes fujimoristas, congresistas, oficiales de las fuerzas armadas, magistrados, en desgracia, muchos de ellos presos; han pasado los años, y en las elecciones del 2011 y 2016 por medio de la hija del dictador, Keiko Fujimori, pudo disputar la presidencia pues perdió las elecciones con una mínima diferencia.

¿Qué ha pasado en la política peruana y en la democracia para que el fujimorismo reducido ayer a la más mínima expresión, resurja hoy a pesar de los gobiernos democráticos? ¿Qué errores, delitos, faltas han cometido los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García Pérez, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, para que el fujimorismo sea hoy la principal fuerza política, a pesar de la historia?

Esta interrogante adquiere la mayor importancia ahora que el escándalo Odebrecht sacude la política y la economía peruana, por la extensión y profundidad de la corrupción real y aparente. Si bien esta empresa brasileña opera en nuestro país desde 1978, los negociados y malas prácticas de Odebrecht están solamente limitados a las grandes inversiones públicas con participación privada  durante los gobiernos democráticos de los regímenes citados.

Se debe reconocer que la corrupción puesta de manifiesta es la misma que justificó el proceso de privatización de rentables empresas a precios de remate, sin planeamiento ni estrategia nacional de desarrollo. Es la misma corrupción que estuvo detrás de los rescates financieros de 1997/1998 de los bancos quebrados Wiese, Latino, NBK, y Nuevo Mundo, de las operaciones irregulares con la deuda externa, las comisiones ilegales en las compras de armas, los manejos indebidos con el fondo militar del fondo de pensiones, y las actividades ilícitas del asesor Vladimiro Montesinos.

Se debe tener entender que la corrupción es un producto histórico-natural del modelo económico neoliberal que se ha instaurado desde 1992 a la fecha. El capitalismo secreta crisis y corrupción, sin embargo la democracia es el único sistema que a través de la regulación y la transparencia puede denunciar las prácticas corruptas y establecer las sanciones correspondientes. Por ello, no debemos olvidar la historia sobre el costo de la corrupción durante el régimen del fujimorismo.

Por ello, repensar un “capitalismo sin corrupción” es como pensar en un “capitalismo sin crisis”, al igual que un hierro de madera, o un círculo cuadrado. Por tanto es importante recordar y tener siempre presente la historia, de allí la estimación de los costos directos e indirectos de la corrupción en el período 1990-1999 en millones de dólares.

LOS COSTOS DE LA CORRUPCIÓN

El historiador económico Alfonso W. Quiroz en su clásico libro “Historia de la Corrupción en el Perú” realizó una estimación de los costos de la corrupción durante el régimen del fujimorismo desde 1990 a 1999, identificando a dicho régimen como el más corrupto de la historia republicana. El cálculo realizado por el notable historiador tempranamente desaparecido, ha sido estimado en un total de US $ 14,091 millones de dólares, de los cuales US $ 4,091 millones corresponden a los costos directos, y un monto de US $ 10,000 millones de dólares por inversiones extranjeras perdidas, aplicando el principio del costo de oportunidad. Ello se puede observar en el cuadro respectivo “Principales costos directos e indirectos de la corrupción, Perú, 1990-1999” en millones de dólares.

No debiera extrañar el primer lugar en lo referente a los montos de la corrupción producto de las privatizaciones donde se perdió la suma de US $ 1,400 millones de dólares, sea por valorizaciones interesadas, precios pactados irrisorios, mínimos, compromisos de inversión franciscanos, entrega de lotes petroleros con reservas probadas de hidrocarburos. Un ejemplo, la Refinería La Pampilla principal activo industrial de PetroPerú fue valorizada en US $ 110 millones de dólares cuando en 1995 generaba como unidad independiente utilidades mayores a los US $ 65 millones de dólares y con ingresos por ventas superiores a los US $ 800 millones de dólares anuales.

El proceso de privatización de las empresas públicas, de transferencia de activos, de empresas rentables para favorecer la valorización del capital privado. Este proceso de transferencia de riqueza a favor de grandes empresas transnacionales y grupos de poder local, ha significado una pérdida económica producto de prácticas corruptas, tal como demostró el Informe Final de la Comisión de Delitos Económicos bajo la presidencia del extinto congresista Javier Diez Canseco.

 Según el historiador Alfonso Quiroz, mediante malversaciones, sobornos, favores y decretos secretos, la sociedad y el estado peruano dejaron  de percibir  un aproximado de US $ 1,400 millones de dólares mediante el proceso privatizador. Ello explica por ejemplo como las unidades mineras de Centromín, como Andaychagua, San Cristóbal, Cerro de Pasco fueran transferidas a precio de regalo a la minera Volcan del grupo Letts Colmenares.

La privatización de las empresas mineras como Condestable, Cerro Verde, Minero Perú fueron transferidas a una fracción de su valor a favor de las grandes empresas transnacionales, con mínimos compromisos de inversiones, las cuales se han beneficiado del boom de precios de los minerales en el período 2003/2013. ¿Alguno ha calculado lo que ha perdido el estado con las privatizaciones mineras?

Lo mismo se reprodujo con la privatización fragmentada de las unidades, activos y filiales de PetroPerú, la principal empresa del sector de hidrocarburos hasta antes de 1995. Sirva de ejemplo el caso de la envasadora de GLP Solgás cuya mayoría accionaria fue vendida en 1992 a menos de US $ 7.5 millones cuando generaba ingresos mayores a los US $ 40 millones de dólares y utilidades anuales superiores a los US $ 2.5 millones.

Lo paradójico es que los nuevos dueños en 1995 revendieron esta empresa por más de US $ 38 millones a la transnacional española Repsol que controló más del 40 por ciento del mercado del gas licuado de petróleo (GLP) hasta hace poco.

PRÁCTICAS CORRUPTAS

En especial cabe destacar los costos de la corrupción que involucran a la presidencia y al servicio secreto de Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos, donde sobresalen los manejos de las ONGs Apenkay, los montos de contingencia por más de 122 millones de dólares, de los cuales US $ 15 millones fueron utilizados para pagar una CTS, una indebida compensación por tiempo de servicios al siniestro asesor. También se estima la corrupción por las transferencias del Servicio de Inteligencia (SIN), los desfalcos de la aseguradora Popular y Porvenir, el tráfico de drogas que en algún momento comprometió al avión presidencial, y a los buques de la marina.

EPÍLOGO

Han pasado más de 25 años desde el golpe del llamado 5 de abril de 1992, y pareciera que no hemos aprendido la lección. La entraña corrupta del fujimorismo que tiene el control mayoritario del Congreso de la República por la debilidad de las fuerzas democráticas aspira a la vacancia presidencial bajo el supuesto principio de la incapacidad moral del actual Presidente de la República que ganó las elecciones en un reñido proceso.

Las fuerzas democráticas, progresistas y populares no pueden violentar el debido proceso y vacar al presidente sin una acuciosa investigación, de allí que debemos apoyar la continuidad  y legalidad democrática, rechazando el acaparamiento del poder y el control total de las instituciones por parte del fujimorismo. ¡El poder absoluto corrompe absolutamente!

Los efectos económicos de la inestabilidad política tendrán efectos negativos en nuestro país que gracias a la restauración democrática del 2001 pudo asegurar un crecimiento económico inducido por el sector externo y los buenos precios de los minerales. Sin embargo, los costos de la corrupción y la inestabilidad nos está pasando la factura no solamente por el retraso de la construcción del gasoducto del sur, en la construcción del aeropuerto de Chincheros, la demora en las inversiones en la reconstrucción del norte del país, en la subida del precio del dólar y en la postergación de las licitaciones de proyectos mineros como Michichillay y otras inversiones más.

Por último, no deja de ser una paradoja de la historia que partidos y grupos políticos genéticamente identificados con la corrupción como el fujimorismo y el Apra de García encabecen la lucha contra la misma, queriendo vacar al presidente de la República sin el debido proceso legal.



viernes, 15 de diciembre de 2017

SPCC CON RENTABILIDAD EXTRAORDINARIA (Parte II)

RIQUEZA EMPOBRECEDORA EN TACNA Y MOQUEGUA

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI

Habiéndose levantado la huelga general indefinida de parte de los sindicatos representativos en la compañía minera Southern Perú Copper Corporation (SPCC), que ha tenido una duración de más de 20 días con una solución temporal acordada el 10 de diciembre pasado, es importante repensar el modelo primario exportador, pues no se han resuelto los problemas de fondo que tiene la actividad minera que no se reducen a las relaciones conflictivas con sus trabajadores, sino que corresponden a los diversos problemas con el entorno social y ambiental.

La imagen que tiene la SPCC en el  valle del Tambo por ejemplo, dificulta la viabilidad del proyecto de Tía María, por más campaña mediática que se realice en los medios de comunicación dada la pobre credibilidad que tiene la empresa. Si no convence a sus propios trabajadores incumpliendo acuerdos, por qué la población del entorno al proyecto debía confiar en los compromisos de la minera.

En tal sentido cabe interrogarse ¿Por qué encuentran tanta resistencia los proyectos mineros si son tan importantes las bondades que conlleva la minería? ¿Es la minería el motor de la economía peruana? Es acaso sustentable un crecimiento económico altamente dependiente de los precios internacionales de las materias primas como los precios del cobre y oro que constituyen el grueso de las exportaciones mineras.

En resumen, la cuestión de fondo es preguntarse si la minería contribuye con el desarrollo de la región o más bien se desenvuelve en el marco de un crecimiento empobrecedor, donde los pasivos, las externalidades negativas superan a los factores positivos que trae consigo la actividad minera.

Ello es mucho más grave, si el propio estado no valoriza con equidad los propios yacimientos mineros. Ejemplo 1, el yacimiento de Quellaveco con reservas conocidas se “remató en menos de US $ 12.5 millones de dólares, y desde el año 1993 dicho proyecto está en el listado de las futuras inversiones. Ejemplo 2, los yacimientos de Antamina, con reservas conocidas de cobre, zinc se valorizó en menos de US $ 20 millones de dólares en 1998, y se privilegió los compromisos de inversión que fueron estimados en US $ 2,500 millones de dólares.

En verdad, la lista sería larga si se analiza la transferencia de riqueza desde el estado al sector privado, de los activos, empresas públicas a precio de remate, yacimientos mediante el proceso de privatización de la actividad empresarial del estado, llevado a cabo por el fujimorismo en la década de los noventa del siglo pasado, con una alta dosis de corrupción, la misma que hoy sacude al país.

Corrupción que como un cáncer ha hecho “metástasis”  que se ha expandido por la sociedad y economía peruana, donde será difícilmente extirpada por la profundidad, extensión, y órganos comprometidos. No basta una cirugía mayor ni baños de quimioterapia a un enfermo como el Perú que necesita grandes remedios y soluciones. Por ello, que actualidad tiene la afirmación del gran tribuno Manuel González Prada cuando afirmaba que “el Perú es un enfermo que donde se pone el dedo salta la pus”

UNA MINERÍA RENTABLE

A pesar de todos los cuestionamientos que pudiéramos hacer a la actividad minera formal, en especial a la gran minería, sí podemos afirmar que contribuye de manera significativa no con el desarrollo económico sino con la generación de ingresos fiscales, empresariales, y familiares que posibilitarían alcanzar un mayor bienestar.

Sirva para ello un análisis histórico expuestos en un cuadro resumen sobre los “Ingresos, Rentabilidad y Aportaciones Tributarias de Southern Peru Copper Corporation entre el 2004 al 2016” donde se muestra la riqueza generada medida en términos de ingresos por ventas en trece años.

En el período mencionado la SPCC ha obtenido ingresos acumulados del orden de US $ 33 mil millones de dólares por las ventas de cobre fino, plata, oro, molibdeno y ácido sulfúrico realizadas básicamente al mercado mundial.

Para el mismo período la empresa ha obtenido utilidades operativas de US $ 17.3 mil millones de dólares, y utilidades netas del orden por US $ 11.2 mil millones. No está en discusión cuántos de estos montos son reinvertidos ni cuántos son repatriados al Grupo México que tiene a la familia Larrea como principal accionista.

Por último, a este nivel, estimamos los montos señalados como depreciaciones y amortizaciones en el período 2004/2016. Tanto las depreciaciones como las amortizaciones constituyen partidas que se cargan a los costos de venta, gastos de venta y gastos administrativos, pero que no significan salida alguna de dinero de la empresa. En el fondo es una recuperación anual del valor por los capitales invertidos, que año a año se cargan a los costos. En tal sentido, forman parte del excedente económico.

A este nivel considerando años de precios del cobre buenos, años extraordinarios y de precios mediocres, podemos afirmar que SPCC en el período 2004/2016 tiene una elevada por no decir extraordinaria rentabilidad estimada por medio de la tasa o margen de la utilidad operativa. Es decir, Utilidad Operativa entre Ingresos multiplicado por cien. (US 17,314,590 / US 33,015, 148 igual a: 52.4%) esto significa que de cada 100 dólares de ingresos un poco más de 52 dólares constituyen utilidades operativas, es decir utilidades antes del pago de impuestos, intereses de deuda, participaciones de los trabajadores, y pago a los accionistas.

El mismo ejercicio con las utilidades netas. Es decir, Utilidad Netas acumuladas en el período 2004/2016  entre Ingresos multiplicado por cien. (US 11,228,678 / US 33,015,148 igual a: 34%) esto significa que de cada 100 dólares de ingresos un poco más de 34 dólares constituyen utilidades netas, es decir son las utilidades residuales, a las cuales se le han deducido todos los costos, sean los costos de ventas, las gastos de venta y administrativos, los impuestos y gastos financieros.

En el fondo esta rentabilidad operativa y neta es extraordinaria si se compara con las tasas vigentes en USA, Canadá, Australia. Ello explica porque las principales empresas transnacionales mineras operan en nuestro país. Graciosamente a ello se le denomina competitividad, pero en el fondo son los bajos costos salariales  y ambientales, lo que explica los bajos costos de producción más una permisiva y amigable tributación.

¿QUÉ PASA CON TACNA Y MOQUEGUA?

En un artículo anterior hemos señalado que las operaciones de SPCC son integradas pues los concentrados de cobre extraídos en las unidades mineras de Toquepala (Tacna), Cuajone (Moquegua), son tratados en la refinería y fundición de Ilo (Moquegua), donde se transforma el metal rojo en cobre fino con un 99.99 % de pureza, en un producto apto para la industria.

En el período considerado 2004/2016 Tacna y Moquegua son dos regiones que han percibido de manera sistemática importantes transferencias por concepto de canon y regalías mineras.

En el caso del canon minero que constituye una renta derivada pues el canon depende del impuesto a la renta pagado por el titular minero. Así, por norma vigente el 50 % del impuesto a la renta abonado por el titular minero y captado por el fisco se transforma en canon minero que se distribuye entre los gobiernos regionales y gobiernos locales más universidades públicas.

En el período mencionado el canon minero captado por ambas regiones ha sido de US $ 2,532 millones de dólares, de los cuales Tacna retuvo US $ 1,162 millones y Moquegua US $ 1,370 millones.

Asumiendo que el 100 % del canon minero distribuido en Tacna y Moquegua en el período considerado se debe al impuesto a la renta pagado por la SPCC, podemos considerar que si el 50 % distribuido como canon minero en el período arribó a la suma de US $ 2,532 millones de dólares, el otro 50 % restante lo capta el fisco. Por tanto, lo captado por el estado por concepto de impuesto a la renta sumaría un monto cercano a los US $ 5,064 millones de dólares.

Esto significa que la empresa minera SPCC que tiene una pésima imagen abonó al fisco entre el 2004 al 2016 un total por concepto a la renta del orden de los US $ 5,064 millones de dólares, que confrontados con los ingresos acumulados de US $ 33,015 millones, representan una presión fiscal del orden del 15.3 %

Esto equivaldría a decir la SPCC de cada 100 dólares de ingresos por ventas, un poco más de 15 dólares constituyen impuestos a la renta, de los cuales el 50 % se transfiere como canon minero.

Por último, ambos departamentos Tacna y Moquegua han percibido por concepto de regalías mineras transferidas en el período 2005/2016 un monto total de US $ 590 millones, distribuidas en US $ 313 millones para la región moqueguana y US $ 276 millones para el departamento tacneño. Estos montos al igual que el canon minero también se distribuyen entre los gobiernos regionales, el distrito productor, los municipios provinciales y distritales de cada departamento.

Debiera ser evidente que no estamos considerando en este ejercicio el denominado impuesto extraordinario que están obligadas a pagar las empresas mineras que no tienen contratos de estabilidad jurídica ni tributaria firmados con el estado como sería el caso de la SPCC en razón de la antigüedad de sus operaciones. El llamado impuesto especial o extraordinario al ser definido como gasto tributario, es deducible del impuesto a la renta, y lo capta el estado central, es decir no se distribuye en las regiones generadoras de renta minera.

Igualmente en el período mencionado no estamos considerando el llamado “aporte voluntario” más conocido como el óbolo minero de Alan García, que tuvo una vigencia entre el 2006 y el 2011. Tampoco estamos considerando los derechos de vigencia mineros que abonan las mineras que como la SPCC paga un promedio de US$ 3 dólares por hectárea ubicada en sus concesiones.

Debiera ser evidente que sumadas todas las transferencias vía canon, regalías, aporte voluntario, derechos de vigencia, inversiones de responsabilidad social, la contribución social de la actividad minera a las regiones como en el caso de SPCC sería mayor. Sin embargo, ¿por qué tan cuestionada y pobre imagen?

EPÍLOGO

En el período considerado tanto los departamentos de Tacna Y Moquegua por concepto de canon minero y regalías han captado US $ 3,122 millones de dólares un promedio anual de US $ 240 millones de los cuales el 55 % lo capta Moquegua y la diferencia 45% el departamento tacneño.

Lamentablemente parte de estos montos transferidos han sido gastados con una alta dosis de corrupción, la misma que reproduce de manera local y regional el fenómeno de Odebrecht, con lo cual se ha perdido una oportunidad histórica de un mayor bienestar para la población.

A pesar de ello, no es una casualidad que tanto  Tacna como Moquegua sean los departamentos conjuntamente con Arequipa las regiones con el más alto índice de desarrollo humano (IDH) después de Lima-Callao. En gran parte ello se explica por los ingresos directos e indirectos generados por la actividad minera.

Si a los US $ 240 millones de dólares captados como canon y regalías como promedio anual entre el 2004/2016, se sumaran los US$ 230 millones de dólares anuales correspondientes al gasto de personal de la SPCC, pues la mayor proporción de trabajadores se reproducen en Tacna y Moquegua podemos captar el efecto riqueza que genera la minería en las regiones, ello sin contar con las inversiones y compras en bienes y servicios.

Sin embargo, esta riqueza generada por la actividad minera no ha servido para el fomento de un desarrollo sostenible en las regiones involucradas que no han resuelto el problema central, la dotación de agua segura y oportuna, de allí la plena vigencia de las sabias palabras del patriarca de la minería peruana don Alberto Benavides de la Quintana cuando suscribía la tesis que: “la minería debe sembrar agua”


jueves, 7 de diciembre de 2017

SPCC UNA HUELGA JUSTA QUE SE AGUDIZA

PIERDE EL PAÍS, LA EMPRESA, LA REGIÓN Y LOS TRABAJADORES

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI

Una huelga general indefinida que tiende a agudizarse sacude el sur del país, por la importancia que tiene la cuprífera Southern Perú Copper Corporation (SPCC) en la producción del metal rojo, donde a pesar de haber sido desplazada por Mra. Antamina, y Mra. Cerro Verde, se mantiene entre las principales líderes en cobre, con una producción que promedia las 310 mil toneladas anuales con costos de producción todavía competitivos a nivel internacional, a pesar de la antigüedad de sus operaciones.

La unidad de Toquepala (Tacna) data de la década de los sesenta y Cuajone (Moquegua) de mediados de la década de los setenta del siglo pasado. La fundición de Ilo que fue una unidad de Minero Perú en el modelo estatista de Velasco Alvarado, fue adquirida en la privatización a precio de remate que hizo el fujimorismo.

Además de la producción de cobre SPCC también procesa significativos volúmenes de molibdeno, plata, oro y ácido sulfúrico, los cuales valorizados a precios de mercado, financiarían gran parte de los gastos de personal, que se ubican en promedio sobre los 227 millones de dólares en los últimos cinco años. Por tanto, la rentabilidad por la producción de cobre es elevada.

Debe tenerse presente que en los primeros años de la década del 2000 con precios de US $ 0.70 la libra, las operaciones de SPCC todavía eran rentables para el Grupo México que tiene como mayor accionista a la familia Larrea; grupo que se vio forzado a cerrar la producción de sus unidades en USA y México mismo por los precios deprimidos, lo cual refuerza la rentabilidad de SPCC con precios promedio de US $ 2.69 la libra en lo que va del período enero/setiembre del 2017, tal como se puede observar en el cuadro respectivo.

Si bien los precios no están a la altura de los años de bonanza por encima de los US $ 3.40 la libra, tampoco se puede decir que no se cubren los costos, y están obteniendo pérdidas. Con precios de US $ 2.69 están generando utilidades operativas del orden de US $ 490 millones al tercer trimestre 2017, cuando en todo el año 2016 éstas fueron de US $ 406 millones. Por tanto, si la rentabilidad ha mejorado existirían recursos para resolver los conflictos salvo la terquedad empresarial.

LA INTEGRACIÓN CUPRÍFERA

Esta es una de las ventajas económicas de esta empresa minera la integración de sus operaciones, a ello debiera agregarse el puerto propio para la exportación, lo cual hace del Grupo México la tercera empresa privada más importante a nivel mundial en lo referente a la producción cuprífera.

En cambio la producción de las otras empresas cupríferas se exporta como concentrado, y el estado peruano deja de percibir millones de dólares, por los derivados no declarados en plata, cobre más otros metales raros. Esta realidad se agrava con la paralización del complejo minero metalúrgico de La Oroya desde el 2010 a la fecha, con lo cual el estado peruano ha dejado de percibir millonarias montos.

A diferencia de las demás empresas cupríferas, como Antamina, Cerro Verde, Tintaya/Antapaccay, Chinalco, Constancia, Las Bambas, las operaciones de SPCC tienen un carácter integrado, lo cual le otorga un mayor valor al metal rojo producido, pues el concentrado se transforma internamente en cobre fino, en alambrón y cátodos de cobre con el 99.9 % de pureza, que tienen un mayor valor en el mercado mundial.

En tal sentido, la agudización de la huelga que incorpora a la familia minera en Ilo, Moquegua, y Tacna tiene consecuencias que afectan los ingresos por venta de la propia empresa, los ingresos regionales vía canon y regalías mineras, la cadena de pagos de proveedores y a los propios ingresos de los trabajadores (salarios y participación de utilidades) que mayoritariamente se gastan en las regiones donde operan las distintas unidades de SPCC.

TODOS PIERDEN

Siempre he destacado que los mejores índices de desarrollo que tienen los departamentos de Tacna y Moquegua se deben a los gastos salariales en la región tanto por las remuneraciones como por la participación de utilidades que les corresponde a  los trabajadores. A ello debiera sumarse los efectos del gasto de los ingresos mineros como el canon y regalías que lamentablemente no se han invertido en obras de impacto regional para solucionar uno de los graves problemas como la dotación de agua limpia y segura.

En tal sentido con una medida justa pero extrema como la paralización de labores por más de dos semanas con una creciente cantidad de trabajadores involucrados pierden todos. En primer término, la empresa pues se afecta la producción diaria por más planes de contingencia que tengan, dado que el personal calificado de SPCC es insustituible a nivel de obreros y empleados.

En segundo lugar pierden el gobierno central, y los gobiernos regionales y locales por las menores percepciones por concepto de impuesto a la renta, canon y regalías mineras respectivamente, más el gravamen minero por los días de huelga equivalentes en ingresos y utilidades.

Por último, los trabajadores en su conjunto también pierden por más justa que sea su plataforma. Ir a la huelga indefinida por un adelanto del 30 % de utilidades por el ejercicio 2017, reposición de trabajadores despedidos, mejoramiento de los servicios hospitalarios, y reincorporación de empleados cesados por incapacidad, tenía un carácter negociable.

De tal forma, no tiene sentido, que la huelga haya sido declarada ilegal por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, amenazando con más despidos, cuando la población trabajadora agudiza su protesta con un efecto multiplicador.
Si todos pierden por qué no se ha dado solución a este conflicto que tendrá efectos colaterales en otras empresas mineras, donde los trabajadores también están disconformes con la forma de liquidación en la participación de las utilidades.

UN ESTIMADO

Si al tercer semestre del 2017 la empresa obtuvo ingresos de US $ 1,609 millones de dólares, generando utilidades operativas del orden de US $ 490 millones, lo cual significa que expresados en días calendarios (Enero/Setiembre) la empresa está dejando de percibir un ingreso diario de US $ 5.3 millones de dólares y dejando de ganar como utilidad operativa US $ 1.6 de millones.

Resulta evidente por la importancia de las cifras que están en juego que la empresa sí estaría en capacidad de satisfacer el pedido de los trabajadores que no es nada de otro mundo: un adelanto de las utilidades correspondiente al 8 % de la utilidad imponible sujeta a una serie de deducciones y beneficios tributarios. Este es un adelanto  a cuenta del dinero que les corresponde a los propios trabajadores que debía ser distribuido en abril o mayo del 2018 era perfectamente atendible con las cifras a la mano, como se expresa en el cuadro “Southern Perú Copper Corporation, Suc. del Perú: Principales Indicadores Económicos”

Lamentablemente los trabajadores tienen que asumir en última instancia una serie de partidas, beneficios tributarios y gastos deducibles según el marco tributario que minimizan la utilidad imponible y por ende la participación laboral del 8 %. Por tanto, ya no estamos en los años de bonanza cuando un trabajador se podía comprar una camioneta 4X4 y pagarla en efectivo con la participación de utilidades.

Son los trabajadores los que tienen que asumir las inversiones en otras operaciones de la SPCC en el país, y sobre todo las inversiones en el frustrado proyecto de Tía María donde se han adelantado más de US $ 500 millones que tienen en el tiempo un costo financiero. Es más, algo tan ridículo como la donación de 800 mil soles a la presidenta del gobierno regional de Arequipa también tiene el carácter de gasto deducible, por tanto la empresa pagará un menor impuesto a la renta.

¿CUÁNTO GANA UN CEO?

El promedio de ingreso de un trabajador administrativo, trabajador de planta y de operaciones donde se ubican la mayor cantidad de trabajadores en el 2011 era de US $ 28 mil dólares. Este monto está al margen de las utilidades laborales que le correspondían que por norma se fija en el 8 % de la utilidad imponible. A la fecha si perciben en promedio por año US $ 50 mil es bastante, asumiendo las gratificaciones de julio, diciembre, vacaciones y la compensación por tiempo de servicios (CTS).

Sin embargo, el Presidente del Directorio de la SPCC González Rocha como un trabajador calificado tiene en el 2016 un ingreso anual que supera tranquilamente los US $ 1´649,806 es decir tiene un ingreso del orden de un millón seiscientos cuarenta y nueve mil dólares anuales durante el 2016 por una serie de conceptos, lo cual nos expresa la rentabilidad minera y los ingresos de los más altos funcionarios.
Como bien señala la parte empresarial los ingresos de los trabajadores están atados a los precios del cobre, pero no es el caso para los privilegiados funcionarios. Si el precio se eleva, aumentan los ingresos y viceversa. En el 2011 el Presidente del Directorio de SPCC percibía un ingreso del orden de US $ 1’559 mil dólares (léase un millón quinientos cincuenta nueve mil dólares), con precios del cobre de US $ 4 dólares la libra.

Sin embargo, en el 2016 el precio de la libra se fijó en US $ 2.20 la libra, sin embargo los ingresos del presidente aumentaron a US $ 1´649 mil. Es decir, ¡A menores precios del metal rojo mayores ingresos para el señor Presidente!

El análisis desagregado de las diversas partidas nos demuestra que como trabajador el Presidente del Directorio tiene un salario básico, un bono de incentivos. Es más, percibe democráticamente un ingreso por el día del minero, que se conmemora todos los 5 de diciembre, donde el conjunto de los trabajadores de Ilo, Toquepala y Cuajone han realizado una jornada de lucha.

También percibe asistencia familiar, bonificación por quinquenios, un monto importante por concepto de compensación por pago de impuestos, una compensación por tiempo de servicios y otras compensaciones que incluyen vivienda, educación, vehículo y chófer.

Es verdad, que su participación en las utilidades ha sido menor el 2016 llegando a los US $ 114 mil dólares cuando en el 2011 alcanzaron los US $ 368 mil dólares. Es decir, como trabajador altamente calificado y privilegiado, tiene un ingreso anual que muy pocos tienen en el país, y que solamente la minería paga.

EPÍLOGO

En resumen, la realidad de SPCC y la huelga que se extiende por estricta responsabilidad empresarial en razón de la reconocida tacañería y avaricia de los mexicanos, pues existiendo recursos y rentabilidad el petitorio de los trabajadores era perfectamente atendible, pues la principal demanda laboral consistía en un adelanto de utilidades que les corresponde a los trabajadores por ley. Es más, las utilidades por distribuir tienen carácter deducible como gasto, y por derecho les corresponde a los trabajadores.


Sin embargo, no deja de sorprender la inacción del estado central y regional en este conflicto, en especial del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Energía y Minas, donde reconocidos lobistas empresariales ejercen la más alta función del estado, pero que son incapaces de enfrentar, administrar y resolver un conflicto social que debió evitarse por el bien del Perú.






lunes, 4 de diciembre de 2017

PEQUEÑA NACIÓN CON LOS DUEÑOS DEL PAÍS

LOS 12 APÓSTOLES DE LA ECONOMÍA PERUANA*

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI

El 28 de noviembre pasado tuve la oportunidad de comentar el libro de Paco Durand: “Los Doce Apóstoles de la Economía Peruana. Una mirada social a los Grupos de Poder Limeños y Provincianos” en la feria del libro Ricardo Palma. Compartiendo la mesa con la congresista Maritza Glave Remy presento mis comentarios a una obra que resume una vocación de vida y hasta cierto punto constituye una obsesión del autor sobre los Grupos de Poder Económico (GPE) en el Perú. ¿Quiénes son?, ¿dónde están?, ¿cómo se enriquecen?, ¿qué piensan?, son éstas algunas de las interrogantes que se plantean en el libro, que constituye un aporte cualitativo en las ciencias sociales de nuestro país.

                                                 Diario Uno

Como toda obra original tiene sus particularidades, sus fortalezas y debilidades, una de ellas por ejemplo es el no considerar a importantes GPE como los Belmont que participan en el negocio de la belleza, y que aparecen entre los más ricos del Perú según la revista especializada Forbes, o a los mineros del grupo Hochshild que ocupan el segundo productor mundial de plata con sus unidades de Arcata, Ares, Pallancata, e Inmaculada, fuera de su participación en la industria cementera a través de Cementos Pacasmayo, entre otras actividades.  

El autor ha seleccionado seis grupos económicos limeños como los Romero, Brescia, Benavides, Graña y Montero, Rodríguez Pastor, y seis grupos provincianos de surguimiento más reciente, tales como los Rodríguez, Añaños, Huancaruna, Acuña, Dyer, Flores. ¿Qué tienen de semejanzas y diferencias estos llamados grupos de poder económico? Se interroga el autor si podrán seguir creciendo ahora que ha pasado el ciclo expansivo de la economía con los buenos precios de las materias primas, o si podrán asumir sus compromisos de deuda como sería el caso de los Añaños que se endeudaron en el pasado reciente con dólares baratos para financiar su expansión internacional.

Después de todo según testimonios recogidos por  Francisco Durand los provincianos podrán ser “cholos con plata”, vivir en los barrios más exclusivos de Lima, tener a sus hijos en los mejores colegios, pero difícilmente podrán ser aceptados como socios en el encopetado Club Nacional. Podrán tener riqueza pero socialmente no serán incorporados a la elite económica, política y social limeña.

En tal sentido, resultaría extraño constatar por ejemplo que el “señor de señores” de fe, fama y fortuna como Dionisio Romero Seminario pueda hacer negocios conjuntamente con César Acuña Peralta, el empresario y político célebre, autor original sin calco ni copia de la frase de que “hay plata como cancha” en la promesa de asalto a  las arcas regionales de La Libertad por parte de sus partidarios de la “Alianza para el Progreso”

CONCLUSIONES PRELIMINARES

A nivel de conclusiones más significativas después de estudiar a los GPE seleccionados, los limeños y los provincianos, el autor señala que por primera vez en la historia económica del Perú, se ha “democratizado” el mercado en el sentido de mayores oportunidades de hacer negocios no solamente en la ciudad capital y acumular, en parte por las políticas económicas más abiertas gracias a la globalización, privatización de las empresas públicas, apertura comercial y desregulación.

Sin embargo, esta “democratización del mercado” de ninguna manera significa una democratización de la sociedad peruana, que sigue arrastrando las taras de la llamada “herencia colonial”, la discriminación, la exclusión, las políticas de privilegio que se expresan en la célebre frase del autor de “las puertas giratorias”, donde se puede ser presidente de la República, ministro o alto funcionario de estado y cumplido el ciclo con una serie de leyes a pedir de boca y volver al sector privado, al grupo de poder económico y su esfera de influencia. Un reciclaje profesional sin mayores complicaciones como bien sabe PPK.

Una expresión de esta ausencia en la democratización de la sociedad se hace evidente pues entre estos dos tipos de Grupos de Poder Económico”, los limeños algunos descendientes de la vieja aristocracia y los provincianos, “existe escasa o ninguna relación, que cada uno va por su lado, y que incluso a nivel gremial, que debería ser un espacio de convergencia, han desarrollado expresiones diferentes (….) Esta falta de cohesión tiene consecuencias. No permite a la élite económica del poder empezar a constituirse como una clase no solo dominante sino dirigente, al punto que puedan moldear y mantener, es decir, idear un orden social que los favorezca como principal élite económica nacional, que los legitime ante el resto y evite que en coyunturas críticas sus intereses queden seriamente amenazados(….) Una cosa es liderar la economía, tener influencia política sobre el estado, y otra liderar la sociedad, lo que requiere dirección colectiva y compromiso con el país. (página 339)

Estas dos conclusiones centrales en el libro de Paco Durand, la falta de una democratización de la sociedad, a pesar de una expansión de los mercados que ha permitido la presencia de GPE provincianos que sería impensable treinta años atrás. Igualmente la ausencia de una clase dirigente que tenga un proyecto de país en el largo plazo, que nos permita alcanzar el desarrollo para superar las profundas desigualdades económicas, sociales y culturales, pues el mercado no lo resuelve todo.

En tal sentido, la lectura del libro como toda obra de trascendencia histórica plantea interrogantes válidas que invitan a la reflexión, pues el autor es heredero de una preocupación que tuvo antecedentes en la obra de Jorge Bravo Bresani, Favre, Borricoud, Carlos Malpica, Espinoza Uriarte, Eduardo Anaya entre otros, que entre los años sesenta y noventa del siglo pasado investigaron sobre el problema y las posibilidades de los GPE.

LOS DUEÑOS DEL PAÍS

Un primer alcance que me suscita la obra está en relación a la dinámica de los GPE. Si bien el capitalismo secreta, produce GPE, como secreta crisis económicas, abusos de mercado, desigualdades, pues es imposible pensar un desarrollo del capital, de la producción que no lleve a la concentración y centralización de la producción, de la propiedad y de los ingresos. Es una ley económica objetiva de la acumulación que no depende de la voluntad personal y que es deber del estado regular, en razón del bienestar general.

Por ello existen GPE en los países desarrollados, en USA, en Francia, como en los países de América Latina. En el Brasil, Odebrecht era hasta antes del escándalo de corrupción uno de los principales grupos de poder económico con una estrecha cercanía a los gobiernos en especial de Lula, como lo es también entre otras las empresas Vale, Votorantim que operan en nuestro país.

Por principio, los GPE no son ni malos ni buenos “per se” como plantearon algunos asistentes a la masiva presentación del libro. Es el capitalismo un sistema perverso, enfermo y los grupos expresan sus intereses de maximizar sus utilidades con una férrea necesidad. En tal sentido, en nuestro caso es la propia debilidad del estado, la captura del mismo por el gran capital lo que explicaría la falta de regulación ante el dominio de mercado por parte de los privados, y son sus excesos en la concentración en la producción y propiedad de los GPE, lo que constituye el problema por superar.

Ello es así por la captura del estado por parte de algunos grupos de poder económico (GPE) que se constituyen en los “dueños del Perú” parafraseando a Carlos Malpica. En tal sentido, tiene plena razón Paco Durand cuando escribe que: “La calificación de “dueños del país” no se refiere al hecho que los GPE tengan poder económico sino que traducen sus recursos materiales en influencia política, al punto que les permite “adueñarse del país” empezando por el Estado, y gozar de una extrema influencia gracias a una riqueza que opera en una sociedad donde están rodeados de pobreza” (pp 63)

En verdad, el aporte del libro sobre los niveles de concentración, su influencia sectorial, el control del sistema financiero pues los GPE como Romero, Brescia, Rodríguez Pastor tienen una presencia fundamental en los principales bancos del país Crédito, Continental y Interbank, debiera ser el punto de partida para entender la política económica, y la base para la reflexión teórica.

LOS APÓSTOLES SON MORTALES

Si bien el santoral podría parecer limitado, la calificación de “apóstol” de la economía peruana tiene una justificación más política pues a fines de los años ochenta del siglo pasado ante el derrumbe del “modelo heterodoxo” del primer gobierno aprista, con la inflación desbocada, un menor crecimiento, y sobre todo falta de inversiones privadas, esa fue el adjetivo que se usó para justificar la fallida estatización de la banca privada.

Han pasado un poco más de 30 años que en el largo plazo, apenas significa una generación y de los 12 Apóstoles del primer gobierno aprista sobreviven los grupos Romero, Brescia, Benavides, Ferreyros, y el grupo Graña Y Montero se debate entre la vida y la muerte, en la sala de cuidados intensivos en razón de su asociación con la corrupción de la brasileña Odebrecht.

Por ello, cabe preguntarse sobre la dinámica de los grupos de poder económico, su surguimiento, crecimiento, y crisis, pues algunos se fortalecen otros se licuan en el mercado. En este período hemos sido testigo de cómo algunos GPE han perdido poder, se han licuado, y/ o han sido absorbidos por empresas más poderosas tales como los Wiese, Picasso, Lanatta Piaggio, Bentín, Raffo, Nicolini, D’Onofrio, Wong, Lindley, Letts Colmenares etc.

Un caso reciente y emblemático pues está asociado a la Corporación Lindley principal empresa en el negocio de bebidas y gaseosas con un control del mercado del 67 % que en setiembre del 2015 ha sido comprada por la transnacional mexicana Arca Continental, donde el valor de la mayoría accionaria del 61 % se transó por más de 970 millones de dólares.

Lo paradójico del comportamiento de los GPE limeños como el llamado grupo Lindley es que en el precio pagado se incorporaban US $ 150 millones como una cláusula de no competencia en el mercado peruano de bebidas por parte de la familia Lindley. A ello se sumaba el acuerdo de comprar el 3.85 % de las acciones de la transnacional mexicana que fueron valorizadas en US $ 400 millones.

Si bien esta transnacional opera en México, Ecuador, norte de Argentina, Perú, y el medioeste de USA, con perversas prácticas laborales, abonando salarios miserables, esta compra/venta constituye una radiografía de la realidad de los GPE en nuestro país. El grupo Lindley de ser “cabeza de ratón en el Perú, ahora es la cola de león” de una gran transnacional donde la Coca & Cola tiene la mayoría accionaria donde domina y exprime a los trabajadores.

EL SECTOR ENERGIA Y MINAS

De los 12 Apóstoles estudiados solamente tres operan en el sector más importante de la economía peruana, que genera las más altas tasas de rentabilidad, gracias a la apropiación de la renta diferencial, los bajos salarios pagados y exiguos compromisos ambientales.

El grupo minero más importante sería según el autor el GPE Buenaventura S.A. de los herederos de don Alberto Benavides de la Quintana que desde mediados de los años cincuenta del siglo pasado, siendo un alto funcionario de la Cerro de Pasco Corporation, pudo independizarse, asumir riesgos, con una serie de compromisos de deuda, y adquirir una mina de plata como Julcani en Lircay/Huancavelica que se convirtió en la fuente original de acumulación del grupo.

Hoy este GPE que produce oro y plata en su mayor parte,  está considerado como uno de los más importantes a nivel mundial, y su crecimiento  está asociado a la privatización de las empresas del estado iniciado en los años noventa del siglo pasado, en especial con los derechos mineros de lo que fue Centromín, y un punto fundamental está en relación a su participación en la Bolsa de Valores de Nueva York, con la finalidad de levantar capitales que permitan la financiación de sus operaciones.

El otro es el grupo Brescia que con la explotación de estaño en la unidad de San Rafael de Minsur se convirtió en el principal productor de estaño, desplazando a un segundo lugar a la producción boliviana. Gracias a los excedentes de la minería este GPE pudo financiar su participación en la privatización del Banco Continental y diversificarse a una serie de actividades que van desde el sector alimentos, inmobiliario, industriales etc.

Por último, el otro GPE que se debate entre “la vida y la muerte” es Graña y Montero, que desde inicios de los años 90 del siglo pasado opera los yacimientos petroleros de los lotes I y V que fueron de PetroPerú y que gracias a la elevada rentabilidad del sector de hidrocarburos pudo financiar su expansión.

Hoy Graña y Montero detenta las operaciones en los lotes I, V, III y IV. Tiene una participación importante en el gasoducto de Camisea, y administra los terminales de PetroPerú en un contrato lesivo a los intereses de la petrolera estatal. Y evidentemente está siendo duramente cuestionado por su asociación con Odebrecht en la construcción fallida de lo que fue el Gasoducto del Sur Peruano.

En verdad, los grupos de poder económico tienen una participación minoritaria en el sector de energía y minas, el más rentable de la economía peruana, y son considerados como socios estratégicos por parte de las grandes transnacionales mineras y energéticas, algo así como socios menores por su conocimiento, influencia y relaciones en el país.

En resumen, estamos ante un gran libro de lectura obligatoria para entender el funcionamiento de la economía peruana, y esperamos mayores investigaciones sobre los grupos de poder económicos que no han sido tratados en este trabajo. Ello es importante para develar, sacar a luz el secretismo de las grandes empresas nacionales e internacionales que operan en el país. Este es un desafío un problema y una posibilidad para hacer del Perú un país moderno y democrático.



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