MINERÍA CON CRECIENTES EXPORTACIONES

ESTADO MISIO A PESAR DE CRECIENTE RIQUEZA

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI

A pesar de la “crisis política” expresada en la confrontación entre un ejecutivo sin norte y el prepotente aprofujimorismo que, arrinconado en el pasado, ha resucitado gracias a la inopia e incapacidad presidencial. Digo que a pesar de ello, el debate sobre la necesidad de promover una “nueva ley general de minería” concentra el interés, y todavía tiene vigencia.

Así, a propuesta del Ministerio de Energía y Minas se ha constituido una junta de expertos y notables que en menos de cuatro meses tendrán que evacuar algún informe sobre el qué hacer minero. Espero que no sea un saludo a la bandera, para ganar tiempo.

Igualmente el Instituto Peruano de Economía (IPE) que siendo un organismo abscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), más parece una extensión de la “Sociedad de Minería”, por la absoluta coincidencia de puntos de vista entre los intereses del IPE y el capital minero.

En el mismo sentido, finalizado el evento de Perumin en la ciudad de Arequipa, uno de los eventos mineros más importantes a nivel mundial, que ha sido opacado por la extensión de los conflictos sociales, que al decir de algunos de los expositores del propio certamen sobre seguridad, resultan monitoreados por extremistas, y  poco le faltó decir que los pobladores del Valle del Tambo, serían terroristas encubiertos miembros del MOVADEF

Lo cierto y evidente que esta relativa calma por la oposición a las inversiones en proyecto de Tía María en Arequipa, más la extensión de los conflictos sociales en la zona impactada al proyecto de Las Bambas (Apurímac/Cuzco), por una población campesina que exige la construcción de un mineroducto, por estrictas razones ambientales, será superada.

Así, en el sector se espera un pronto recrudecimiento de los problemas sociales provocados directamente e indirectamente por la explotación minera. En tal sentido, poco o nada tiene que ver una nueva ley general de minería, que dicho sea de paso necesitaría dos legislaturas en el Congreso de la República con mayoría calificada para poder aprobarse, previo proyecto de ley presentado, que por la crisis política parece difícil de cumplir.

Es decir, los conflictos tenderán a extenderse y lamentablemente no existe una política de Estado, multisectorial a nivel de gobierno para prevenir, gestionar y resolver los conflictos provocados por la actividad minera. Ello resulta lamentable pues se trata de una inversión necesaria para el país que explica en parte el crecimiento económico del país pero al mismo tiempo genera una serie de conflictos sociales.

Siempre hemos apostado por una minería social, ambiental y tributariamente responsable, con el mayor de “valor de retorno” que capitalice el país, con mejores salarios, compras locales e industriales y sobre todo con una mayor contribución fiscal.

FISCO LIMITADO

El cuadro y la gráfica “La Actividad Minera entre el 2004 al 2018, donde se comparan los ingresos fiscales en relación a los ingresos de exportación” resume y expresa la realidad fiscal frente a los ingresos de exportaciones en los quincve años transcurridos 2004 al 2018 que expresa un mix de años de bonanza 2004/2012 con precios altos, y años “de vacas flacas” entre 2013 al 2018 con precios normales, es decir todavía rentables y atractivos para la inversión minera.

Según el cuadro presentado entre el 2014 al 2018 el fisco ha captado directamente por concepto de impuesto a la renta la suma de US $ 20,894 millones de dólares, es decir casi 21 mil millones frente a los US $ 301 mil millones de dólares obtenidos por exportaciones. Ello representa apenas una participación del 6.9%

Ello es así por la serie de beneficios tributarios que tiene el sector, que estaban justificados en el pasado, en los años noventa del siglo pasado , cuando el país era considerado un “paria financiero” por las aventuras populistas de los años ochenta. En 1992 el país no captaba ni 25 millones de dólares por concepto de inversiones en razón de la guerra interna y la crisis económica. Ahora capta según el año montos superiores a los US $ 8 mil millones en promedio anual.

Por ello hasta cierto punto de vista las ventajas tributarias concedidas al sector minero tenían una justificación, que hoy resultan lesivas y perniciosas al interés público, pues el fisco no está captando los suficientes recursos vía impuesto y otras partidas, para asegurar una salud y educación de calidad, y sobre todo la necesaria seguridad ciudadana que se ha convertido en el principal problema social.

OTROS RECURSOS

Como resulta evidente en el cuadro respectivo, después del impuesto a la renta metálica, que en otros países se denomina impuestos a las ganancias aparecen una serie de partidas tales como las viejas y nuevas regalías mineras, el aporte voluntario que tuvo una vigencia del 2007 al 2011, más los derechos de vigencia.

A ello se deben sumar el denominado gravamen especial a la minería (US $ 1,079 millones), y el impuesto especial a la minería (US $ 1,010 millones) que prácticamente se aplican desde fines del 2011 con el llamado nuevo marco tributario durante el gobierno entregista del Comandante ® Ollanta Humala.

Tanto las viejas regalías captadas entre el 2005 al 2018 por un valor de US $ 1,455 millones como las nuevas regalías aplicadas desde fines del 2011 que sumaron un valor de US $ 1,426 millones, como el gravamen y el impuesto extraordianario minero, tienen el carácter de gasto deducible, es decir se descuentan en la determinación del impuesto imponible para fijar la tasa del impuesto a la renta.

Por ello, se puede decir que tanto las viejas y nuevas regalías, como el gravamen e impuesto especial se pagan al fisco pero se deducen, se  restan para determinar la renta imponible. Es decir, ¡el capital minero con un bolsillo abona y con el otro bolsillo recupera, pues paga un menor impuesto a la renta!

Por ello, sería interesante que la SUNAT, el IPE, el MEF y MINEM le digan al país cuánto le cuesta al país mantener una serie de beneficios tributarios, exoneraciones, devoluciones, donde los gastos tributarios deducibles son tantos que disminuyen el impuesto a la renta recaudado de forma dramática, restando recursos al Estado para el cumplimiento de sus fines.

MÍNIMA PARTICIPACIÓN

El total de ingresos fiscales directamente recaudados en el período 2004 al 2018, es decir en 15 años resultan equivalentes a los US $ 27,568 millones de dólares, por los diversos conceptos considerados, impuesto a la renta, viejas y nuevas regalías, gravamen, impuesto especial, aporte voluntario y derechos de vigencia.

En la misma lógica en el mismo período los ingresos de exportación han sumado los US $ 301 mil millones de dólares sean por las exportaciones de cobre, oro, plata, zinc, plomo, hierro, estaño que básicamente se venden en los mercado internacionales como materias primas, como concentrados que tienen precios menores en relación a los metales refinados.

En tal sentido la participación fiscal, ingresos fiscales entre exportaciones, US $ 27,568 millones entre US $ 301 mil millones tiene un cociente de 9.16 % Ello significa que por cada 100 dólares de ingresos de exportaciones el fisco captura apenas 9.16 dólares, es decir algo más nueve dólares.

Ello resulta desde todo punto de vista insuficiente para un Estado preñado de múltiples necesidades e incapaz de resolver las necesidades sociales de las mayorías nacionales.

Incluso esa participación fiscal sería menor si se considera el íntegro de la producción que se destina a la exportación como la que se destina al mercado interno. Así, por ejemplo, la producción de las empresas zinqueras como de la Mra. Volcan, y/o Milpo/Atacocha, Cerro Lindo que ahora se denomina NEXA Resources Perú SAA, controladas por capitales brasileños de Votorantim, en un porcentaje mayor al 20% se destinan al mercado interno.

Es decir, si se considera el total de los ingresos mineros, sea por las ventas externas como las ventas internas, esta participación se hace menor, lo cual demuestra la precariedad fiscal.

Por ello, si el sector más importante de la economía como lo es la minería metálica apenas contribuye con el 9.16 % de los ingresos recaudados por exportaciones, estamos ante fisco misio, con limitaciones presupuestales para cumplir con su rol de Estado.

EPÍLOGO

En verdad, más que la necesidad de una nueva ley de minería, debiera analizarse la conveniencia o no de mantener una serie de beneficios tributarios que tiene la minería, que constituye el sector más dinámico, y el más importante captador de inversión extranjera, que genera en promedio el 60 % de los ingresos de exportación del país.

Por ello, cualquier reforma debiera pasar por un análisis de costo/beneficio sobre un patrón de acumulación minero aplicado desde 1992 a la fecha, con un blindaje tributario que ha permitido una creación de riqueza que no ha sido distribuida con equidad, con el propio Estado que a nombre de la Nación es el titular de los recursos mineros, ni con los trabajadores.

Por tal resulta de necesidad pública reconocer las crecientes utilidades que ha obtenido el capital privado a costa de una privación de ingresos fiscales que sería intolerable en otros países como Canadá, Australia y la misma USA, donde la tributación minera es mayor si se suman los impuestos, royalties estaduales y federales.

De allí, la necesidad de un nuevo marco tributario, pues el aplicado el 2011 ha resultado una farsa para los intereses del país, y a las pruebas me remito, pues ahora producimos más de dos y medio de toneladas de cobre equivalente, cuando antes de esa fecha apenas se llegaba al millón, y el fisco tiene menores impuestos e ingresos.

Por tanto, el estudio de la rentabilidad minera resulta fundamental, de allí la necesidad de estimar el excedente económico, que incluye utilidades, depreciaciones, amortizaciones y una serie de gastos deducibles que se traducen en menores impuestos. En tal sentido, la historia y la realidad demostrará que tal modelo de crecimiento minero resultará inviable.

DE LA BONANZA MINERA A LAS VACAS FLACAS

PERÚ: POR UNA NUEVA TRIBUTACIÓN MINERA

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI

Está en debate la necesidad de revisar, cambiar, modificar o proponer una nueva ley de minería que sustituya a la vigente, que nos rige desde 1992 a la fecha. En verdad, no se trata de maquillar una ley que ya cumplió su ciclo, con todos sus efectos positivos y perversos, pues así son las cosas en la realidad, la “carne sale con hueso”

Después del último discurso presidencial del 28 de julio a la fecha se está generando un debate más político que técnico, sobre la necesidad de un nuevo marco tributario para la minería que rebasa los marcos estrictamente legales de una nueva ley de minería, pues se trataría de analizar la tributación de un sector que considero el más importante de la economía peruana, que no está contribuyendo con el fisco lo suficiente, en relación a la riqueza creada, y los beneficios tributarios tienen mucho que ver en el asunto.

Es decir, el estado no está percibiendo los ingresos suficientes de un sector que genera una gran renta diferencial por recursos agotables y no renovables en el tiempo. Se trata de un sector formal que tiene uno de los costos comparativos más bajos en el mundo, tanto en salarios, tributos y costos ambientales. De allí el interés de empresas transnacionales de invertir en el país a pesar de los conflictos sociales y la crisis política.

Pero también se trata del sector minero que se caracteriza por una grave explotación informal e ilegal, y por tanto evasora de impuestos y regalías en especial en la explotación aurífera, como se ha mencionado en artículos anteriores, con una dramática afectación ambiental. Al 2018 casi dos millones de onzas de oro se exportan pero no se reconocen los productores directos de dicha producción. ¡Y, así queremos integrarnos a la OECD!

Se puede discutir el debate de “agitar el gallinero” en una coyuntura de crisis política, donde un Presidente de la República debilitado propone al Congreso del país un adelanto de elecciones, con el cual se puede estar de acuerdo o no, y analizar sobre su carácter constitucional, mientras la economía languidece y se traban las inversiones en los sectores extractivos, construcción, infraestructura etc. en gran parte explicados por el flagelo de la corrupción.

En este contexto político interno, de “crisis política”, el análisis del marco tributario resulta evidentemente un problema de prioridades por resolver. Si a ello se agrega las tormentas borrascosas de la economía mundial, con una extensión de la pugna por la hegemonía mundial entre la China Popular y los Estados Unidos, resultaría más importante la adopción de medidas anticrisis y anticíclicas para lo que se viene, una recesión de la economía mundial, y un menor crecimiento interno.

La minería es un sector tomador de precios internacionales, con una grave informalidad, donde el país debe competir con Chile, México en la región por atraer inversiones extranjeras. Por ello, resulta sorprendente que haya sido el primer mandatario el que cuestione la tributación del sector minero, que aparentemente expone un gran poder económico y mediático.

En todo caso al margen de la pertinencia del debate sobre la tributación en el sector minero, presento un cuadro resumen de los ingresos fiscales percibidos entre el 2004 al 2018, que por razones expositivas hemos resumido para no agotar al amable lector.

UN ESTADO MISIO

El cuadro en mención lleva por título “Perú: Participación Porcentual de los Ingresos Fiscales Comparado con los Ingresos por las Exportaciones Mineras”, expresado en millones de dólares, que por razones expositivas los reducimos en el período 2004 al 2018, considerando dos subperíodos 2004 al 2012 con bonanza de precios y el subperíodo 2013 al 2018, con precios menores con excepción del oro.

Para ambos períodos se están considerando los diversos ingresos fiscales directos por varios conceptos siendo el más significativo el impuesto a la renta regularizado que paga el sector de la minería metálica. Por tanto no se incluye la minería no metálica, ni la cementeras que debieran ser mejor fiscalizadas.

Para el año 2004 cuando se elevan los precios del cobre y oro, entre otros productos mineros, el fisco solamente percibía el impuesto a la renta y los derechos de vigencia como ingresos directamente recaudados. Expresados en dólares por impuesto a la renta se captó US $ 290 millones de dólares y por los llamados derechos de vigencia se obtuvo US $ 26 millones.

Se debe tener en cuenta que los derechos de vigencia son aquellos pagos que realizan los titulares mineros al INGEMMET para retener la posesión de las concesiones mineras, para que sean exploradas para luego pasar a la fase de explotación si las reservas justifican la explotación comercial.

También se debe tener presente que los precios del cobre en el 2004 eran equivalentes a US$ 1.20 por libra, y la producción para la exportación fue registrada en las 941 mil toneladas métricas. Si se tiene presente que una tonelada representan 2,204 libras aproximadamente se pueden hacer las equivalencias respectivas.

De la misma forma los precios del oro para el 2004 se valorizaban en US $ 407 dólares por onza troy y los volúmenes de exportación arribaban a los 5,956 mil onzas, léase cinco millones nuevecientas cincuenta y séis mil onzas.

Ello significa que los ingresos directamente recaudados por fisco, por impuesto a la renta y derechos de vigencia, fueron por sumas equivalentes a los US $ 316 millones de dólares que representaban el 4% en relación a las exportaciones mineras, que para dicho año sumaron los US $ 7,124 millones.

Si se tiene presente que las exportaciones de cobre (US  2,481 millones) y oro (US $ 2,424 millones) explican el 69 % de las exportaciones totales, podemos afirmar que por cada 100 dólares de ingresos por exportaciones, el estado captó apenas 4 dólares. Ello prácticamente en los inicios del “boom minero”, gracias a la demanda de la economía china que presionó a los precios de los metales al alza, contra todo pronóstico, se podría afirmar que el dinámico crecimiento de la economía china salvó a la economía mundial de una recesión.

2012: FIN DE LAS VACAS GORDAS

Entre los años 2004 al 2012 los precios y los volúmenes de exportación no cesaron de crecer, como que también aumentaron los ingresos fiscales, que prácticamente pasaron de los US $ 316 millones para sumar los US $ 3,275 millones, más de 10 veces, gracias a un incremento del impuesto a la renta captado, y a la vigencia de nuevas figuras tributarias como las regalías y el aporte voluntario que tuvo una vigencia temporal del 2007 al 2011.

En este período los precios del cobre transitaron en el 2004 de un valor de US$ 1.20 por libra, a un valor de US $ 3.46 dólares la libra, es decir se incrementaron 1.88 veces, es decir experimentaron una variación del 188%

También la producción de cobre para la exportación subió de un equivalente en el 2004 a las 941 mil toneladas métricas para llegar al 1,406 mil toneladas en el 2012. Es decir, la producción exportada del metal rojo se incrementó en un 49 %, gracias sobre todo a la segunda ampliación de la Mra. Cerro Verde que opera en Arequipa.

ORO POR LAS NUBES

De la misma forma los precios del oro para el 2004 se valorizaban en los US $ 407 dólares por onza troy y treparon en el 2012 a un precio promedio de US $ 1,672 dólares, es decir se multiplicaron por más de cuatro veces, gracias a sus funciones de reserva de valor, y atesoramiento ante los efectos de la crisis del 2008/2009.

Es más, los volúmenes de exportación aurífera que sumaron los    5,956 mil onzas, léase cinco millones nuevecientas cincuenta y séis mil onzas, se incrementaron a un nivel de 6,427 mil onzas. Es decir, hubo un incremento absoluto de 471 mil onzas en relación al 2004.

Por tanto, el efecto combinado del incremento de la producción y sobre todo de los precios del oro, explican el incremento del valor de exportación aurífera de US $ 2,424 millones de dólares en el 2004 para llegar a un valor de US $ 10,746 millones de dólares, equiparando prácticamente los ingresos de exportación del cobre.

En este período se verifica ya de forma creciente la diferencia entre la producción de oro exportado y la producción de oro declarado ante el ministerio de energía y minas por los productores formales. En la medida que el precio del oro se dispara, también se incrementa la rentabilidad del oro y el atractivo por la producción  ilegal e informal sube, el mismo que tiene graves consecuencias ambientales y fiscales pues estos volúmenes de oro informal no abonan impuestos ni regalías.

SE INCREMENTA LA PARTICIPACIÓN FISCAL

Para el  2012, el último año de las “vacas gordas” los ingresos fiscales llegaron a una cota alta para sumar los US $ 3,275 millones de dólares un poco menos a los obtenidos en el 2011 que arribaron a su máximo para alcanzar los US $ 3,448 millones de dólares.

Es también, el período donde se hicieron cambios en materia tributaria  con el establecimiento del gravamen minero para las empresas mineras que tenían contratos de estabilidad jurídica y tributaria vigente; también se creó el impuesto especial a la minería para las empresas mineras sin contratos de estabilidad, y se cambió la forma de fijar el valor de las regalías mineras. Todo ello a fines del 2011 a inicios del gobierno del humalismo.

Ello significó que los ingresos directamente recaudados por fisco el 2012, tanto por impuesto a la renta (US $ 2,448 millones), gravamen minero (US $ 357 millones), impuesto especial (US $ 167 millones) más las  regalías mineras nuevas (US $ 217 millones) y derechos de vigencia (US $ 81.6 millones), representaron  sumas equivalentes a los US $ 3,275 millones de dólares .

Estos ingresos directamente recaudados por el fisco, US $ 3,275 millones  representaron el 12% en relación a las exportaciones mineras, que para dicho año sumaron los US $ 27,467 millones. Es decir, que por cada 100 dólares de ingresos de exportaciones el fisco se quedó con 12 dólares, cantidad insuficiente por más que la Sociedad de Minería diga lo contrario.

2013/2018: VACAS FLACAS CON MÁS PRODUCCIÓN

En este período se verifica una tendencia general a nivel internacional de menores precios de los productos mineros. Así, la libra de cobre bajó de US $ 3.46 en el 2012 a US $ 2.74 dólares la libra, con tendencia a seguir disminuyendo, pues en los primeros siete meses del 2019 el promedio bordea los US $ 2.53 dólares la libra del metal rojo.

Para el mismo período, se constata la misma tendencia en el caso del oro. Así, la onza de oro bajó de US $ 1,672 en el 2012 a US $ 1,269 dólares la libra, con tendencia a una recuperación en el precio en razón de las expectativas por una recesión mundial, y la función de reserva de valor y atesoramiento presionan que al aumento del precio del oro.

Debiera ser evidente que la forma de enfrentar estas tendencias a la baja en los precios internacionales por el lado de las empresas, es con el aumento de la producción. En tal sentido, el salto cuantitativo del cobre es notable en el período pues se pasan de 1,404 mil toneladas en el 2012 a más de 2,488 mil toneladas en el 2018, con tendencia al aumento.

Este sustantivo incremento de la producción de cobre de más de un millón de toneladas adicionales se debe a la maduración de nuevos proyectos como Las Bambas, Toromocho, Constancia y a las ampliaciones de Mra. Cerro Verde, Antapaccay especialmente.

Lo mismo acontece con la producción para la exportación de oro que transita de 6,427 miles de onzas en el 2012 a 6,513 miles en el 2018. Sin embargo, el incremento más significativo es en la producción de hierro que pasa de los 10 millones de toneladas en el 2012 a los 15 millones en el 2018. Es decir, experimentan un incremento del 50 %.

Esta mayor de producción es posible con una mayor explotación de la fuerza de trabajo, con la tendencia al pago de menores salarios relativos, con una intensificación de la mano de obra contrata, ampliaciones en la jornada de trabajo y aumento de la productividad del trabajo.

Es decir, se persiste con las políticas de “cholo barato” que es una de las claves explicativas de la llamada “ventajas comparativas” que hace atractiva la inversión minera, la cual  debe sumarse a la baja presión tributaria de la minería formal más la grave informalidad sobre todo en la producción aurífera.

RESUMEN

Para el 2018 como resulta evidente en el cuadro respectivo se cae el impuesto a la renta recaudado pese a una mayor producción metálica para la exportación como también se derrumba el “gravamen minero” por el término de algunos contratos de estabilidad mineros, y la disminución de la producción aurífera en Mra. Yanacocha y Mra. Barrick por el factor agotamiento, entre otros considerandos.

Lo cierto es que en el 2018 todos los ingresos fiscales directamente recaudados por la actividad minera formal suman los US $ 2,111 millones de dólares que en relación a los ingresos de exportación mineros que fueron equivalentes a los US $ 28,823 millones de dólares. Es decir representan apenas el 7 %. Ello significa que por 100 dólares de exportaciones el fisco recibe apenas 7, lo cual no alcanza para una función estatal eficiente, por más que la Sociedad de Minería diga lo contrario.

En verdad, antes de cambios por una “nueva ley de minería” se debiera combatir la grave informalidad en la producción aurífera, incrementar la participación del fisco en la renta minera con aumentos en los derechos de vigencia, y sobre todo eliminar los beneficios tributarios y los contratos de estabilidad jurídica mineros que hasta el propio Banco Mundial, considera indebidos blindajes tributarios.

LA MALDICIÓN DEL TESORO DE ATAHUALPA

SUBE EL PRECIO DEL ORO Y DISMINUYE LA PRODUCCIÓN FORMAL

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI

El precio internacional de la onza de oro supera ya la barrera de los US $ 1,540 dólares con tendencia al incremento gracias a la incertidumbre de la economía mundial, la proximidad de una recesión económica, menores tasas de crecimiento de la economía mundial, la extensión y profundidad de la confrontación de los Estados Unidos de Norteamérica de Trump con su bravatas frente al creciente poder emergente de la China Popular.

Mientras los precios internacionales del cobre tienden a la depresión por debajo de los US $ 2.50 la libra, los precios del oro se han disparado gracias a las funciones de reserva de valor, a su función de atesoramiento frente a la creciente riqueza financiera y especulativa que caracteriza al capitalismo del siglo XXI.

Esto que podría ser una buena noticia para la economía peruana, para apuntalar los proyectos auríferos formales no deja de ser preocupante por la mayor participación de la minería ilegal e informal en la explotación aurífera en nuestros país. ¡Ni el Apu Pariacaca, célebre nevado en Yauyos símbolo de la religiosidad andina se salva de ser explotado por la obtención del maldito oro!

MINERÍA ILEGAL

Esta minería ilegal e informal que no paga impuestos ni regalías y que contamina impunemente el medio ambiente, se extiende por todo el país como una alternativa a la pobreza campesina, pues si con precios superiores a los US $ 800 dólares la onza esta minería es rentable, con precios de US $ 1,540 es superentable.

Esta nociva actividad informal e ilegal es altamente contaminante pues en su tratamiento de separación utiliza intensivamente el mercurio, dado que existe una relación técnica, donde para obtener un kilo de oro se demanda por lo menos dos kilos y medio de mercurio que demora 100 años en disipar sus efectos nocivos.

Todo ello a  vista y paciencia de las autoridades de los gobiernos subnacionales, y organismos reguladores. Según las normas que rigen la descentralización, los gobiernos regionales son responsables de promover, fiscalizar y supervisar a la pequeña minería y minería artesanal, que se extiende como un cáncer desde las serranías de Piura hasta Puno y Madre de Dios, sin mayor crítica de las ONGs ambientalistas.

MINEM VERSUS BCRP

De allí la creciente importancia de la producción supuestamente artesanal y de la pequeña minería, pues según la información registrada en el Ministerio de Energía y Minas, la producción fiscalizada aurífera fue de 4´858 millones de onzas en el 2017 y de 4´586 millones de onzas en el 2018 respectivamente. Ver cuadro “Perú: Ranking de la Producción de Concentrados de Oro expresados en miles de onzas finas”

Esta producción formalmente registrada en el ministerio del sector se contradice gravemente con la producción aurífera que se exporta según el propio Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), como hemos señalado en otros artículos.

Se hace evidente la grave informalidad en la producción de oro, pues según el BCR) se estiman los volúmenes de oro exportado en el 2017 en el orden de los 6´494 millones de onzas finas troy, y de 6´498 millones de onzas en el 2018. Por tanto, cabe preguntarse ¿De dónde proviene la diferencia entre la producción de oro formalmente registrada y la producción aurífera exportada?

Solamente para el 2018 se registra formalmente una producción de 4´586 millones de onzas, como se puede observar en el cuadro, mientras la producción aurífera destinada para la exportación para el mismo año era de 6´498 millones de onzas.

Ello significa que existe una diferencia de 1´912 millones de onzas que no registra productor reconocido pero que se exporta sin mayores cuestionamientos por empresas formales que acopian volúmenes de oro en las provincias, operando como traders, comercializadoras que no tienen producción registrada.

Evidentemente con los precios del oro superiores a los US $ 1,500 dólares la onza esta producción de oro ilegal e informal será superior y mayor será también el daño ambiental por la precariedad y la falta de seguridad ambiental en dicha explotación, más las condiciones precapitalistas de semiesclavitud en sus operaciones.

Por tanto, la diferencia solamente para el 2018 entre el oro producido de manera informal y exportado es de 1,912 millones onzas que al precio promedio de exportación (US $ 1,400 dólares por onza) resulta una riqueza superior a los  US $ 2,600 millones de dólares que se mimetiza en una “economía negra” con evasión de impuestos y de regalías al fisco, elevados niveles de contaminación y formas precapitalistas de producción propias de la semiesclavitud, sobre todo en la producción de Madre de Dios y Puno.

MRA YANACOCHA A LA BAJA

Un análisis cuantitativo de la información expuesta en el cuadro de referencia para el 2018 en relación al 2017 es la menor producción formal de oro que se registra, donde prácticamente los principales productores auríferos disminuyen en su producción con tendencia a su depresión.

Según el cuadro  el primer productor de concentrados de oro sería la Mra. Yanacocha con una producción de 514,600 onzas en el 2018, es decir con una variación negativa equivalente al 3.76%, con tendencia a seguir a la baja,  a pesar del gran potencial minero que existe en Cajamarca.

Sin embargo, debiera ser evidente la tendencia a la baja en la producción aurífera de Mra. Yanacocha. En el 2016 producía 668 mil onzas, en el 2017 bajó a 534 mil onzas y en el 2018 siguió disminuyendo a las 514 mil onzas.

Esta menor riqueza minera aurífera agravará los niveles de pobreza, poder de compra y empleo en Cajamarca , pues serán menores los ingresos transferidos por concepto de canon y regalías, a pesar de los altos precios del oro en los últimos meses del 2019.

Prácticamente la producción aurífera de la minera Mra. Yanacocha demuestra el carácter finito de los recursos naturales y  la vigencia de la ley de los rendimientos marginales decrecientes, donde los costos unitarios resultan cada vez mayores para obtener la misma onza de oro. En realidad la producción actual resulta menor a los niveles de 1995, a pesar del gran potencial minero que existe en la región.

Ello explica la estagnación, recesión de la economía cajamarquina, los mayores niveles de pobreza sobre todo del campesinado y de los sectores urbanos que dependían de los ingresos derivados e indirectos generados por la actividad minera, al margen del canon y regalías.

BARRICK MISQUICHILCA EN CIERRE

El segundo lugar en la producción aurífera lo ocuparía la Mra. Barrick Misquichilca SA con la producción marginal de las operaciones de la unidad de Pierina en el Callejón de Huaylas, prácticamente en cierre de operaciones y de Lagunas Norte en La Libertad.

Esta minera ha dismunido dramáticamente la producción por falta de reservas, y  con rendimientos marginales decrecientes, con niveles productivos de 547 mil onzas en el 2016, de 509 mil onzas para el 2017, y de 332 mil onzas en el 2018, es decir con una variación negativa equivalente al 35 por ciento, como se puede observar en el cuadro respectivo.

Con el cierre de operaciones en la mina de Pierina que inició operaciones a mediados de los años noventa del siglo pasado, se aplicará la “ley de cierre de minas” que se aprobó en la gestión del ex presidente Alejandro Toledo, siendo ministro de energía y minas, el Ing. Glodomiro Sánchez. Prácticamente el fondo del cierre de minas en esta minera que tiene un valor superior a los US $ 200 millones de dólares debe ser invertido en remediar las tierras de la concesión minera y dejarlas aptas para la agricultura y/o ganadería.

Esta será en verdad la primera experienca de envergadura de la ley de cierre de minas, de allí el interés y la importancia de la norma en un país que acumula más de 9 mil pasivos ambientales, y donde existe una fuerte oposición a la expansión minera, sobre todo en las comunidades andinas, sectores ecologistas y líderes políticos regionales. 

MRA. ARTESANAL: DEBE SER FISCALIZADA

El tercer lugar, desde el punto de vista cuantitativo lo ocuparía la producción artesanal de Madre de Dios con 391 mil onzas en el 2017, para seguir disminuyendo en el 2018 con 296 mil onzas en razón de las políticas de interdicción e intervención con mayores penas a una producción altamente contaminante y depredadora del medio ambiente.

Si a esta producción artesanal de Madre de Dios se suma la producción aurífera artesanal de Puno con 205 mil onzas producidas en el 2017, para subir a las 219 mil onzas en el 2018, prácticamente la producción artesanal supera a la producción de las transnacionales Newmont en Mra. Yanacocha y a la producción de Barrick Misquichilca, como puede resultar evidente en el cuadro en referencia.

Esta producción minera artesanal conjunta de Madre de Dios y Puno equivalente a 596 mil onzas en el 2017 y de 515 mil onzas en el 2018 resulta en la práctica disputando el primer lugar en la produccón aurífera con una tendencia al aumento gracias a los favorables precios del metal amarillo.

Esta producción artesanal que compromete a más de 200 mil trabajadores organizados en una serie de empresas, cooperativas, con invasión de concesiones mineras, que abonan regalías anormales a propietarios ausentistas, rentistas y especuladores debe ser mejor regulada y fiscalizada por el grave daño ambiental que provoca, y las condiciones precapitalistas en el proceso de trabajo.

Es más, muchas de estas concesiones interesadamente se mantienen en el ámbito de la minería artesanal pagando minúsculos derechos de vigencia que no superan US $ 0.50 dólares por hectárea, es decir medio dólar por hectárea, y pueden acceder hasta un máximo de 100 hectáreas, utilizando maquinaria pesada, retroexcavadoras, motores, succionadoras, equipos electrógenos que escapan a la realidad  del verdadero minero artesanal.

En resumen, esta radiografía de la producción de oro amerita una profunda investigación para formalizar una actividad que permita mayores ingresos para el fisco, ante una minería ilegal e informal que se expande a nivel país como un cáncer.

También en el nuevo marco legal minero se debe analizar los diversos mecanismos que aplican las transnacionales mineras para remesar utilidades a paraísos fiscales, cuestionables relaciones entre subsidiarias y matrices, con una serie de beneficios tributarios que afectan la recaudación fiscal y las condiciones de trabajo, por la persistencia de la herencia colonial basada en las políticas  del “cholo barato”, riqueza patrimonial, estado mercantilista con corrupción incorporada.

AGRO SÍ, MINERÍA TAMBIÉN

PERÚ: APOSTAR POR LAS POSIBILIDADES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO.

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI

En términos marxistas los esquemas de reproducción capitalista nos exponen la producción y reproducción de una economía capitalista simplificada, donde solamente existen dos sectores, y se muestran las condiciones de (des) equilibrio intersectorial que debieran cumplirse, para superar las crisis de sobreproducción a un alto nivel de abstracción teórica.

El Sector Uno, productor de medios de producción, es decir “máquinas para producir máquinas”, lo cual supone un nivel de industrialización que no tenemos en el país. El Sector Dos, es el sector productor de “medios de consumo” para la clase capitalista y los trabajadores, básicamente alimentos.

En el Perú, al no tener una industria pesada que produzca maquinaria y equipo, en la práctica ese rol lo cumple la actividad minería por medio de las divisas que genera, que en nuestro país promedian históricamente el 60 % de las exportaciones.

Por tanto, con las divisas, estos ingresos obtenidos por las ventas al exterior, con los dólares que generan los residentes en la economía peruana (empresas), se compran, es decir,  se importan máquinas, insumos, petróleo y derivados, fertilizantes, maíz, alimentos, remedios entre otros.

DIVISAS MINERAS

En tal sentido, quienes se oponen a las inversiones mineras, y por tanto a los ingresos de exportación sean cuales fueren las razones, están condenando a los más pobres, a las clases trabajadores y medias que supuestamente representan políticamente a la subsistencia, pues la minería genera una riqueza que debe ser redistribuida con políticas sociales y una mayor participación fiscal.

Por ejemplo, el 95 % de los fertilizantes como la urea que se compra en Ucrania exrepública socialista, la cual permite enriquecer las tierras de exportación, es decir la agroindustria. Esta urea se importa y se paga con las divisas que genera la minería.

Igualmente el maíz amarillo que se importa de los Estados Unidos, que permite la alimentación de los pollos en las granjas, y que se constituye en un alimento de consumo popular el mismo que en gran parte se convierte en los “pollos a la brasa”, se financia con las divisas generadas por la minería.

Por tanto, al margen de las preferencias políticas y subjetivas, la minería  es el sector más importante de la economía peruana que debe convertirse en el motor de crecimiento y desarrollo de nuestro con la debida responsabilidad social, ambiental y tributaria.

Lo cual supone superar la grave informalidad sobre todo en la producción de oro, que contamina el medio ambiente y no abona impuestos en cifras millonarias, pues como hemos señalado en artículos anteriores, más de 1´400 mil onzas de oro en promedio anual no están registradas como producción fiscalizada por el propio Ministerio de Energía y Minas. ¡De Ripley aunque usted no lo crea!

De allí, la importancia que tienen las actividades extractivas en general y mineras en particular, de generar el “poder de compra” de la economía, al margen de nuestras preferencias. No hay otro sector económico que convoque el interés de las empresas transnacionales y grupos mineros.

En tal sentido, el estado a través de la recaudación de impuestos por las actividades directas e indirectas ligadas a la minería, más las empresas industriales que abastecen al sector, los trabajadores y los agricultores que pueden vender su producción al sector minero,  debieran ser los principales interesados en la promoción de las inversiones mineras.

INVERSIONES EN EL SUR

El cuadro respectivo “Ranking de la Cartera de Inversiones en Proyectos Mineros de Cobre en el Sur” expone el supuesto inicio de operaciones, los proyectos mineros por departamento y el monto estimado de las inversiones.

Esta cartera de inversiones en los proyectos mineros de cobre en el sur peruano, es decir, los departamentos de Moquegua, Apurímac, Ica, Arequipa, Cusco, y Tacna representan más de US $ 18,195 millones de dólares de posibles inversiones que tendrían un impacto positivo en la economía, si se enfrentan e administran los denominados conflictos sociales provocados por la actividad minera.

En el presente este problema destaca social y políticamente, a pesar que fue un tema ignorado en el Mensaje del 28 de julio por el Presidente de la República, cuando en verdad se ha convertido en el principal escollo para la materialización de las inversiones.

En este contexto, resulta evidente que el gobierno no tiene una estrategia política de prevención frente a los conflictos y casi siempre resulta reactivo frente al desarrollo del mismo, que está lejos de ser resuelto en términos policíacos y represivos, con peruanos fallecidos que lamentar.

Desde nuestro punto de vista el problema no es solamente “Tía María” en Arequipa que supone inversiones de US $ 1,400 millones de dólares por parte de los accionistas del Grupo México en SPCC, sino también las inversiones en el proyecto “Los Chancas” en el departamento de Apurímac por un monto de US $ 2,800 millones de dólares de parte del mismo grupo mexicano.

Claramente destaca el proyecto de Tía María en la provincia de Islay en Arequipa, en razón de la extensión y profundidad de los conflictos sociales, por una fuerte oposición de los agricultores del valle del Tambo a la presencia de la Southern Perú Copper Corporation (SPCC) y de grupos organizados de izquierda, y ONGs ambientalistas,  que tienen una visión estratégica, de largo plazo para oponerse a la actividad minera, con justificadas razones ambientales las mismas que no han sido suficientemente explicadas ni difundidas por el propio gobierno, es decir el Ministerio de Energía y Minas.

EFECTO DOMINÓ

En verdad, solamente en las inversiones cupríferas en el sur, estarían comprometidos más de US $ 18,195 millones de dólares, sin considerar las inversiones en oro, plata, zinc, plomo, lo cual daría un monto mucho mayor. ¡En el país, no existe sector alguno que comprometa tales montos de inversiones!

El “efecto dominó” supone la extensión del conflicto en el departamento de Moquegua, donde la transnacional Anglo American estima invertir US $ 5,300 millones para supuestamente entrar en operaciones en el 2022, con producción de cobre, molibdeno y algo de plata.

Siempre hemos cuestionado la demora en el desarrollo de dicho proyecto cuyo contrato con todos los beneficios tributarios otorgados, data de fines de 1992, cuando fue adquirido por apenas US $ 12.5 millones, un precio de ganga, como todas las privatizaciones efectuadas por el fujimorismo.

¡Han debido pasar más de 20 años para que dicho proyecto sea una realidad, sino se extienden los conflictos en la región!

Si a ello le sumamos los problemas de la Mra. Las Bambas en Apurímac tendríamos un panorama más completo y complejo de lo que está pasando en el sur peruano, donde el problema de los conflictos sociales tienden a la agudización y lamentablemente el gobierno en representación del estado no tiene una estrategia global y preventiva.

Es más, los conflictos sociales provocados por las industrias extractivas en buena parte son explicados por los problemas ambientales ni siquiera tienen un presupuesto específico para tales fines, a pesar de su extensión y gravedad en los propios ministerios y diversas instancias de gobierno.

EFECTO MULTIPLICADOR

En principio, siempre he sostenido que la minería y la agricultura no son antagónicas, y que la minería para ser viable “debe sembrar agua” que en la época de avenida inunda los valles y en las épocas de secano, y falta de lluvias escasea, de allí la necesidad de respetar los pisos ecológicos y la verticalidad andina, donde se deben hacer en las alturas reservorios, canales para aprovechar el líquido elemento cuando falten las lluvias

Por ahora no existe en nuestro país ninguna actividad que genere un interés por inversiones de esta magnitud. Sean los bajos costos de producción, la riqueza de la ley de mineral, la permisiva tributación, lo real es que existe un interés de los inversionistas internacionales por asumir riesgos y financiar tales montos que entre el 2019 al 2024 superarían los US $ 18,195 millones de dólares, solamente en inversiones cupríferas en el sur peruano.

Si por cada dos mil millones de dólares de inversiones en el sector minero, el producto bruto interno bruto (PBI) aumenta un punto (1% del PBI), por los efectos expansivos que tienen las inversiones mineras. Por tanto no resulta temerario afirmar que si las inversiones mineras fueran una realidad, podríamos estar creciendo por encima del 5 % anual, en conjunción con las inversiones públicas y en otros sectores.

La construcción de un proyecto minero al margen de la importación de equipo y maquinaria que no producimos, demanda cemento, acero, ladrillo lo cual influye con un efecto multiplicador en el sector de la construcción que prácticamente está paralizado por el efecto de la corrupción del expediente “Lava Jato”

Un proyecto minero para ser una realidad, demanda electricidad, es decir las empresas eléctricas que generan electricidad darían uso a la sobrecapacidad de planta que tienen actualmente. Es más, tendrían que comprar combustibles a PetroPerú o Repsol La Pampilla para sus operaciones, con el efecto expansivo que ello tiene, pues en el precio de los combustibles más del 30% del precio final está constituido por impuestos.

En relación a la demanda de fuerza de trabajo, habría una demanda directa e indirecta de miles de puestos de trabajo para reactivar la economía del país, en especial del sur peruano. Normalmente los salarios en el sector minero se ubican por encima del promedio local, en razón de la productividad de trabajador minero, el riesgo de sus operaciones y al hecho que casi siempre las operaciones se ubican por encima de los 4,000 metros de altura.

La demanda de un puesto de trabajo en las operaciones directas por lo menos tiene un efecto multiplicador en cinco puestos de trabajo en los servicios transporte, hotelería, alimentación, comercio, agricultura, restaurantes de allí la importancia de las inversiones para superar la virtual parálisis que experimenta la economía peruana.

UN RICO VALLE

Por las propias actividades extractivas en el departamento de Arequipa, pero fundamentalmente por las operaciones de la Mra. Cerro Verde, y la distribución del canon minero entre las diversas provincias, entre ellas Islay que conforman la región, a las cuales les corresponde el 40 % del canon entre todas las provincias, una vez restado el canon para el distrito(10%) y la provincia productora (25%), el gobierno regional (20%) y la universidad nacional de San Agustín (5%)

Es decir, la provincia de Islay con los diversos distritos que la conforman tales como la capital Islay/ Mollendo, Cocachacra, Dean Valdivia, Islay, Mejía, y la Punta de Bombón entre el  2008 al 2019 a julio, es decir en 12 años han percibido un total de S/  112 millones de soles, sin la presencia de la explotación minera. Solamente en el mejor año como fue el 2012, la provincia de Islay percibió por canon minero según las fuentes oficiales del ministerio de economía y finanzas un total de S/ 16 millones.

Si Tía María fuera una realidad solamente por concepto de canon minero y de mantenerse los buenos precios del cobre, Islay podría estar percibiendo más de S/ 100 millones de soles por año, es decir más de 10 veces de lo que percibió en el 2018 que sumó los S/ 10.3 millones de soles.

Con tales ingresos por concepto de canon minero se podrían realizar inversiones diversas en apoyo a la agricultura siempre y cuando exista un respeto y estricto cumplimiento a las normas ambientales, como existen en otras partes del mundo, donde la agricultura y la minería caminan juntas.

Es de público conocimiento que la población del rico Valle del rio Tambo está conformada por agricultores con una larga tradición de lucha y autonomía en la pequeña producción de cebollas, ajos, arroz, verduras, sin acumulación de capital en un valle de un poco más de 14 mil hectáreas, en lo que se podría denominar reproducción de subsistencia, de allí la necesidad de elevar la productividad en unidades productoras que no superan las 5 hectáreas.

En tal sentido la falta de confianza y diálogo con la población de la zona, más las debilidades del estado que no tiene una estrategia de negociación frente a los conflictos está llevando a un entrampamiento de las inversiones que tendrían un efecto dominó en el sur peruano, afectando el futuro crecimiento económico del país.

LA MINERÍA DEBE SEMBRAR AGUA

PERÚ: UN MENDIGO SENTADO EN UN BANCO DE COBRE, ORO Y GAS

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI

Próximos al mensaje presidencial por fiestas patrias y a un año de celebrar el bicentenario de la independencia del coloniaje español, es importante señalar e incidir sobre los problemas más urgentes que tiene la sociedad y economía peruana desde la perspectiva del sector más importante de la economía peruana: el sector minero/energético.

Algunos dirán sobre todos los ambientalistas que la agricultura es el sector más importante de la economía peruana, pero se podría discutir que el sector agrario tradicional y no tradicional no emplea más del 25 % de la población económicamente activa (PEA) con una baja productividad en los minifundios, y más del 50% de los alimentos que cubren la canasta familiar son de contenido importado, lo cual demuestra la ausencia de una política agraria.

En cambio el sector minero/energético explica más del 65 % de las divisas sea por las exportaciones de productos mineros, gas y petróleo. Con esas divisas se compran medicinas, alimentos, maquinaria y equipo, insumos para el funcionamiento de la economía.

A ello debe sumarse que la generación eléctrica en casi un 50% tiene su origen en la quema de recursos hidrocarburíferos como el gas natural  y el petróleo diésel 2. ¡Sin energía no hay desarrollo!

El debate sobre estos problemas, es más urgente y necesario en la presente coyuntura donde se reproduce la oposición política al proyecto minero de Tía María anteponiendo la minería a la agricultura, como si fueran incompatibles, con el viejo lema de “agua sí, minería no”, “agro sí minería no”.

Esta falsa oposición que ha paralizado la inversión minera como en Cajamarca, y hoy dicho departamento tiene el triste privilegio de estar considerado como una región semiparalizada, en una reproducción simple para la subsistencia con una pobreza creciente, a pesar del gran potencial minero que tiene en el subsuelo.

VENTAJAS COMPARATIVAS

Siempre he sostenido que la minería formal es una fuente de riquezas, y es el motor de la economía peruana, gracias a unas ventajas comparativas, tales como los bajos costos de producción, bajos salarios y una permisiva tributación, que debe superarse.

Sin embargo, los efectos benéficos de la inversión minera, son tales que generan los ingresos, el poder de compra a los actores económicos que nos permite crecer como economía, con todos los problemas. El levantamiento y construcción de Tía María ¿cuánto empleo directo e indirecto generaría en el valle del Tambo?

Por ahora, no existe sector económico alguno salvo el narcotráfico que concentre el interés económico de las transnacionales mineras y del mercado mundial. Por tal motivo, el problema no son las empresas sino los términos de negociación que hace un “estado mercantilista y entreguista” de sus recursos naturales, con el gran capital y las empresas transnacionales.

Por ello, una nueva política minera debe incidir y comprometer un “mayor valor de retorno”, es decir ¿qué y cuánto vas a comprar a la industria local, y a nuestros agricultores? En el valle del Tambo, cuánto empleo y qué compraría la SPCC a los agricultores.

En el mismo sentido, se debe tener mayores ingresos fiscales por la actividad minera, sin devoluciones tributarias que convierten al estado en un estado insolvente para resolver las necesidades de salud, educación y seguridad para sus ciudadanos.

COMPLEMENTARIEDAD

Desde mi punto de vista siempre he apostado por la viabilidad conjunta de la minería y la agricultura, pues ambas actividades  resultan complementarias y necesarias, la minería ligada al mercado externo (divisas) y la agricultura para la alimentación, y básicamente ligada al mercado interno, con una mayor productividad.

En el conflicto político, la oposición de parte de la población del valle del Tambo/ Islay en Arequipa tendría la razón cuando se opone y protesta ante lo que considera una agresión de una empresa transnacional mexicana Grupo México, que tiene oscuros antecedentes de contaminación en sus operaciones en el país azteca, y en la región no genera la confianza necesaria para el desarrollo del proyecto Tía María.

Sin embargo, se soslaya las importantes inversiones que tuvo que asumir SPCC (Grupo México) en la unidad de refino y fundición de Ilo (Moquegua) en el 2005/2007 con la construcción de la planta de ácido sulfúrico para la captación del dióxido de azufre (SO2) que se vertía al medio ambiente, y que con su captación hoy se produce ácido sulfúrico, un insumo que se utiliza en la gran minería, y que también se exporta a Chile y otras partes.

Es decir, fue una política de estado la que obligó a una gran transnacional a la construcción de una planta industrial para preservar el medio ambiente, según las normas que se impusieron a partir de mediados de los años noventa del siglo pasado.

Lo mismo se debe asegurar para hacer viable la inversión minera en el proyecto de Tía María donde se han de explotar yacimientos de cobre por más de 120 mil toneladas anuales equivalentes en fino, cuyo tratamiento se hará en la refinería de Ilo (Moquegua)

Por tanto, no existiría peligro de contaminación mediante humos ni gases contaminantes pues el concentrado de cobre que se extraiga será tratado en la unidad de Ilo, como se refinan los concentrados de Cuajone, unidad de la SPCC que está ubicada a una mayor altitud del rico valle de Moquegua, a menos de una hora de trasporte.

MINERÍA CON VALLES

A cerca  de 90 kilómetros al sur de Lima, en el distrito de Mala/Cañete, se ubica la unidad minera de Mra. Condestable que emplea a más de 3,000 trabajadores directos e indirectos, con una producción anual de concentrados de cobre, en un equivalente de 25 mil toneladas de cobre en fino, sin mayores efectos sobre la contaminación.

Si bien es verdad, dicha explotación es de operaciones en subterráneo, y cada madrugada se escuchan las explosiones producto de las actividades de minado y exploración, los efectos negativos están por el lado de las externalidades, tales como la violencia y delincuencia urbana, el incremento del valor de las tierras, prostitución, aumento de precios en un valle que supera los 100 mil habitantes.

Es decir, la actividad minera de la Mra. Condestable se desenvuelve entre el circuito turístico comercial de Asia, con construcciones en varios balnearios, y un rico valle de más de 4,500 hectáreas, que produce manzanas, uvas, plátanos, sin una afectación ambiental que lamentar por el manejo responsable de los relaves y residuos mineros.

En tal sentido, los casos de convivencia de la minería con la actividad agraria y ganadería son múltiples tanto a nivel nacional e internacional, si se asumen los principios de la responsabilidad social y ambiental.

Es más, gracias a la “ley de cierre de minas” que se aprobó en el mandato del ex presidente Alejandro Toledo, existe la obligación de deducir año por año un valor para la remediación del territorio  cuando se agote el mineral. Ello significa que se deben abandonar las hectáreas de la concesión en tierras aptas para la agricultura y la ganadería, y esta es una obligación legal de todas las empresas mineras formales.

¡El problema es que SPCC del Grupo México no genera confianza y su pasado la condena!

INVERSIONES EN LA REGIÓN

Al margen de la importancia sobre la necesidad de la inversión minera, con más de US $ 1,400 millones de dólares que deben “gatillar” otras inversiones en la región y en el país, el conflicto reproduce la debilidad del estado ante las presiones de los grupos empresariales tipo “Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía” y de la población  movilizada con alcaldes distritales, bajo las banderas ambientalistas, que rechazan sí o sí la actividad minera por el peligro de contaminación al valle en razón de su cercanía.

 En verdad, en dicha localidad se está definiendo el futuro minero del país, y por tanto el crecimiento económico de los próximos años pues está demostrado hasta la saciedad que existe una correlación positiva entre la inversión minera y el PBI del Perú.

Pero resulta evidente que ello significa poco o nada para la población de los distritos que conforman el valle del Tambo (Cocachacra, Punta de Bombón etc.), pues el crecimiento y la riqueza no llega o no se materializa en la vida cotidiana de la población de agricultores que no son campesinos, pues como pequeños granjeros, independientes con acceso a la información y a los medios de comunicación, hacen respetar sus derechos.

Agricultores con una larga tradición de lucha que producen cebollas, ajos, arroz, verduras y que en algunos casos, producen y exportan hasta papas para abastecer las pollerías de la ciudad de Arequipa y La Paz (Bolivia). Es decir, están ligados al mercado, y tienen una grave desconfianza a la inversión minera y la posible contaminación del valle.

En tal sentido, lo que está en juego es el modelo primario exportador que con todos sus defectos y debilidades nos ha permitido crecer en los últimos años con una importante reducción de la pobreza, de allí la importancia de generar confianza, un diálogo sin presiones, “maximizando las coincidencias y minimizando las diferencias”

DIÁLOGO DE SORDOS

En tal sentido, no ayudan las presiones ni ultimátum ni las poses políticas radicales como la del gobernador de Arequipa que amenaza al Presidente de la República, y “le da setenta y dos horas” para anular el permiso de construcción al proyecto minero Tía María.

La región de Arequipa con todas las críticas que se pudiera hacer, es una de las principales regiones perceptoras de canon y regalías gracias a la actividad minera.

Allí, operan mineras como Cerro Verde, Arcata, Ares, Orcopampa, Batea, San Juan de Churunga, etc. y bajo su subsuelo existe un gran potencial minero que debe monetizarse con responsabilidad social y ambiental.

En lo particular me asombra la debilidad del sector empresarial minero que no genera una corriente de opinión favorable en términos sociales en los trabajadores y jóvenes, a favor de la actividad minera y su ligazón con la industria en la generación de empleo.

Los sectores fundamentalistas contrarios a la minería formal, con una serie de organizaciones no gubernamentales (ONGs), que apuestan por “el buen vivir”, soslayan e ignoran los efectos nefastos de la minería informal e ilegal sobre el medio ambiente.

Allí, los líderes y voceros políticos de la izquierda tradicional, si alguna vez fueran gobierno, cabría preguntarse ¿qué harían frente a las inversiones mineras? y ¿cómo plantearían sus relaciones frente a la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía? ¿Se estatizarían las minas como el programa comunista del siglo pasado?

EPÍLOGO

Estamos lejos del 2010 cuando el gobierno de ese entonces encargó a un organismo internacional de las Naciones Unidas (UNOPs) la evaluación del estudio del impacto ambiental (EIA), donde con rigor científico se hicieron más de 125 observaciones, varias de ellas de singular importancia.

De allí el compromiso de la empresa SPCC de usar agua de mar para sus operaciones de lixiviación del cobre, y no utilizar las aguas del río Tambo, es más sería positivo el compromiso de construir en la cabezera de cuenca una serie de reservorios que permitan el acceso al agua en época de sequía. ¡La minería debe sembrar agua!

Esta era una de las principales observaciones que supongo han sido levantadas en el Ministerio de Energía y Minas, y las mismas debieron ser difundidas masivamente, pues era predecible la oposición social de parte de la población hacia el proyecto, y el aprovechamiento de los “anti mineros de siempre”.