lunes, 30 de abril de 2018

EL SABOR AMARGO DE LA CERVEZA

AB INBEV CON PRÁCTICAS MONOPÓLICAS

Una forma de disminuir la utilidad imponible sobre la cual se aplica el 10 % de participación de los trabajadores en las utilidades de la industria y la tasa correspondiente del impuesto a la renta, está ligada a las relaciones que tiene una empresa con su matriz, y con las empresas vinculadas, que pueden ser consideradas como empresas hermanas, todas pertenecientes al mismo grupo económico. Así, los ingresos y egresos que se puedan generar se saldan al interior del grupo. Lo que se puede considerar egreso en una hermana, se asume como ingreso en la otra. ¡En fin todo queda en familia!

Un caso extremo por la importancia sectorial que tiene en el negocio de la cerveza es el monopolio ejercido por la “Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston” y el rubro de las cuentas por pagar a las empresas hermanas del mismo grupo, que suben como la espuma entre el 2016 al 2017, todo como una nueva práctica monopólica a vista y paciencia de la Sunat, que está más preocupada en perseguir y castigar a las pequeñas y microempresas, y ser tolerante con los tiburones, que tienen un gran poder político y económico.

Como se puede observar en el cuadro respectivo, las cuentas por pagar comerciales a las empresas relacionadas del mismo grupo económico entre el 2016 y el 2017 se han incrementado de 179 millones de soles a 1,659 millones. Es decir, en un arte de alquimia alcohólica las cuentas por pagar han aumentado en términos absolutos en 1,480 millones de soles, experimentando una variación de 826% de un año a otro. Cabe interrogarse ¿Qué puede explicar tan drástico incremento de las cuentas por pagar?

Si se tiene presente que los ingresos de la empresa “Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston” subieron en el período en referencia de 4,066 millones de soles a 4,367 millones. Es decir, los ingresos aumentaron en términos absolutos en 301 millones con una variación porcentual del 7.4% Por tanto ¿dónde está el gato encerrado?

PRÁCTICAS MONOPÓLICAS

En principio se debe reconocer que el mayor accionista de esta cervecera es la transnacional belga AB Inbev que desde fines del 2016 en nuestro país es responsable de la fabricación de las marcas reconocidas de la Cristal, Pilsen Callao, Cusqueña, Pilsen Trujillo, Arequipeña. También procesa gaseosas como Guaraná, aguas minerales, bebidas nutritivas entre otras.

Es decir, es un monopolio que procesa según fuentes consultadas la cerveza cuzqueña con el agua subterránea extraída de sus pozos propios en su planta de Lima, pagando por cada  mil litros de agua un equivalente a 0.14 céntimos de sol, cuando un consumidor promedio abona un poco más de 3.15 soles por cada 1,000 litros, y los pobres urbano-marginales tienen que pagar más de 15 soles. ¡Todo ello constituye una cachetada a la pobreza que ha aumentado gracias a los gobiernos lobistas de turno!

Esta transnacional belga cuyo nombre completo es Anheuser-Busch Inbev adquirió en el 2016 los activos, pasivos y patrimonio de la inglesa Sab Miller que era la empresa responsable en la elaboración de la Pilsen Callao y San Juan. Como debiera ser evidente estamos ante un pulpo transnacional que en nuestro país es un monopolio cuya competencia serían las cervezas artesanales y las bebidas importadas, pero con las tarifas ridículas que paga por el agua subterránea y los bajos costos de la energía eléctrica en la práctica no tiene mayor competencia en el mercado cervecero.

Con esta compra a nivel global AB Inbev se ubica a nivel mundial como la segunda empresa en cuanto a generación de ingresos detrás de Pepsico que obtuvo 62,801 millones de dólares, seguida por AB Inbev que generó 45,558 millones de dólares, superando a la Coca-Cola con 41,478 millones, Heineken con 23,000 millones entre otras.

CURIOSAS CUENTAS POR PAGAR

Como parte de un proceso de restructuración simple AB Inbev que tiene como objetivo fundamental maximizar las utilidades monopólicas a costa de los ingresos fiscales, de los consumidores que tienen que asumir sobrecostos y de los trabajadores que sufren el acoso laboral, con maltratos, abusos y un recorte en la participación de las utilidades en el 2017, que debe ser considerado el año estrella para la transnacional belga.

Como resulta evidente en el cuadro respectivo en lo referente a las “cuentas por pagar a empresas subsidiarias y relacionadas en el país”  en el 2017 destacan los pagos que antes no existían a las empresas Compañía Cervecera Ambev Perú SAC por 35.4 millones de soles, a la empresa Backus Estrategia SAC por 8 millones y a la empresa Backus Marcas y Patentes SAC que no tiene más de 20 trabajadores por la millonaria suma de 715 millones de soles.
Debiera ser evidente que todo esta construcción constituye un mecanismo empresarial para incrementar los costos, tercerizar lo más posiible la fuerza de trabajo. Con la recreación de empresas subsidiarias que tienen el mismo domicilio fiscal, la misma planta física hasta los mismos gerentes, pero que jurídicamente constituyen otras empresas, se aumentan los costos y gastos deducibles.

En tal sentido, debiera llamar la atención los pagos que se hacen a la empresa Backus Marcas y Patentes SAC a la cual se le debe abonar 715 millones de soles, empresa que se crea como parte de la reconstitución empresarial.

En cuanto a las cuentas por pagar a las empresas relacionadas del exterior, destaca los pagos por 130 millones de soles a la empresa relacionada Bavaria S.A. y sobre todo a Racetrack Peru SRL a la cual se le debe abonar 564 millones cuando en el 2016 la cuenta por pagar a la misma empresa  era un poco más de tres millones de soles.

Si a todo esto se le suma que todos los consumiores pagamos 172 millones de soles por los “servicios de administración, consultoría y asistencia técnica brindados por la matriz”, como si el negocio cervecero fuera una cuestión compleja. Evidentemente estos pagos al exterior constituyen una fuga de capital, categoría prohibida en la globalización de los mercados.

Ante este perverso comportamiento empresarial el sindicato de trabajadores obreros de la empresa “Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston”, está organizando una paralización indefinida como protesta a los sobrecostos que afecta a los consumidores, las políticas de tercerización, con despidos laborales maquillados con la frase de retiro voluntario, y el recorte arbitrario en la participación de los trabajadores en la riqueza creada, que se reproduce en diversos sectores económicos como expresión de las políticas de “cholo barato”.



miércoles, 18 de abril de 2018

DEVOLUCIONES MILLONARIAS DEL IGV BAJO LA LUPA

Autor: Humberto Campodónico. Diario La República (18 de Abril del 2018)*

También hay que lamentar que no se haya procedido a la reprogramación desde el momento en que se presentaron los saldos negativos. Se han perdido dos años de mayores ingresos fiscales.

El 26 de setiembre de 1994 se publicó el DS-126-94-EF, que reglamenta el Art. 34 de la Ley de IGV. Este DS explica por qué han sido tan grandes las devoluciones del IGV a las empresas exportadoras en los últimos años.

Estas devoluciones, sumadas a la caída de los precios de las materias primas y a los errores en las políticas económicas del gobierno de Ollanta Humala y de PPK, explican en gran medida esa caída de la recaudación fiscal del gobierno general, que ha pasado de 22 a 18% del PBI desde el 2013 al 2017.

Como dice Cooperacción: del 2012 a 2017 la SUNAT devolvió IGV por S/. 72,319 millones de soles, la misma que creció en los últimos años: el 44% del total se devolvió en el 2016 y 2017. La devolución del IGV al sector minero ha sido la más alta con S/. 21,640 millones del 2012 al 2017 (www.cooperaccion.org.pe).

Estas devoluciones se aplican bajo el lema: “no se exportan impuestos”. La premisa básica es que si se venden los productos con el IGV incluido, el producto exportado se encarece y pierde competitividad frente a los productos de otros países que sí devuelven el IGV.  Por tanto, la premisa es coherente.

No lo es que los montos devueltos a los exportadores, principalmente los mineros, sean superiores a los impuestos pagados, de tal manera que el aporte tributario se vuelve negativo. Así, en el 2016, las devoluciones (5,889) fueron superiores a los aportes (4,307) en S/. 1,582 millones.

Esta es una de las causas de la caída en la recaudación. Y esto preocupa al gobierno, que ahora busca reducir el gasto corriente y las exoneraciones tributarias para lograr mayores ingresos. Si esto es así, debería también atacar el tema de las devoluciones.

¿Por qué son tan altas en el Perú? Aquí volvemos al DS-126-94 que, en su Artículo 4 dice que la compensación o devolución tiene como límite un porcentaje equivalente al 18% del IGV realizado en el periodo. Más adelante, el DS 126 precisa que la devolución ocurrirá en un plazo que puede ser entre 24 a 48 horas de realizado el pedido de devolución por parte del exportador.

Sobre la base de este marco jurídico las empresas pagan IGV cuando adquieren bienes y servicios, lo que el fisco les devuelve una vez exportado el producto (o el mineral). Estos montos tienden a ser más o menos “normales” y no son muy altos.

En el caso de la minería, la cosa cambia cuando se pone en marcha una mina nueva, como Las Bambas, para citar a la más grande: su construcción duró 10 años y la inversión fue US$ 10,000 millones. Allí hay que pagar IGV para los bienes y servicios adquiridos: construcción del tajo, materiales, edificios, carreteras, viviendas y servicios diversos. El IGV se va acumulando hasta que mina está lista para comenzar a producir. Allí, el exportador le dice a la SUNAT: ?Devuélvame el IGV que he pagado”.

Si agregamos otros proyectos de los últimos años como la Ampliación de Cerro Verde, Constancia y Toromocho, a los que se suman la ampliación de Antamina y Toquepala, entonces las devoluciones crecen fuerte.

¿Qué puede hacer el gobierno? Varias cosas. En primer lugar, debe saber que ya no estamos en 1993 o 1994, cuando había urgencia de “atraer la inversión extranjera otorgándole incentivos”.

En segundo lugar, el gobierno puede recalendarizar, diferir o reprogramar el pago de las devoluciones estableciendo que no puede haber saldos fiscales negativos. El refuerzo de este planteamiento viene porque hay una situación excepcional provocada por el desastre natural del Niño Costero y que el gobierno debe cumplir con la reconstrucción del país. Esta reprogramación puede significar un alivio inmediato de varios miles de millones de soles.

En tercer lugar, el gobierno lo puede hacer con la expedición de un Decreto Supremo que modifique el DS 126 94. Por tanto, su entrada en aplicación es inmediata.

Para terminar, es lamentable que no contemos con un análisis detallado de las partidas que estructuran el total de devoluciones –de todos los sectores, incluido el minero- para saber su composición (hay quienes piensan que las devoluciones pueden estar “infladas”). Este gobierno debe promover la transparencia y hacer pública la composición de los montos devueltos.

También hay que lamentar que no se haya procedido a la reprogramación desde el momento en que se presentaron los saldos negativos. Se han perdido dos años de mayores ingresos fiscales. Esa característica de privilegio al sector empresarial debiera ser abandonada por el Presidente Vizcarra. No perdamos más tiempo.

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