¿NOSTALGIA POR DESCONTROL? *

*  Publicado en el diario La Primera el viernes 20 de diciembre de 2013

Por Germán Alarco Tosoni (Profesor de la Universidad del Pacífico)

Al Superintendente de Banca, Seguros y AFPs, a mediados de noviembre, se le ocurrió comentar sobre los elevados márgenes de intermediación del sistema financiero y la conveniencia de que los fondos de las AFPs se inviertan en el país. También señaló que la libertad de mercado no era suficiente para autoregularlo. Pobre de él, no solo hubo reacción de la banca, sino que el decano de la prensa nacional salió a criticarlo. El editorial titulado nostalgia de controles fue de leyenda. Con medias verdades y mentiras concluyó que no hay que limitar las inversiones de las AFPs y que con más competencia se pueden reducir los márgenes de intermediación financiera. Asimismo, recomendó que convendría que el superintendente pasara a regular otro sistema al que si le tenga fe.

Sería bueno que el decano comience a revisar la información estadística del BCRP y SBS sobre la banca. Hay 16 bancos autorizados pero los cuatro primeros tienen el 83.5% del mercado de colocaciones a setiembre de 2013 y el índice Herfindahl-Hirschman (IHH) para la misma variable es 2,073 reflejando elevada concentración. En rigor, con estos indicadores y la presencia casi continua de beneficios extraordinarios estamos en un mercado oligopólico que requiere regulación. La libre competencia en el mercado no es suficiente. Aquí y en todas partes del mundo el mercado financiero tiene un historial de regulación de por lo menos 80 años.

En el decano tampoco leen al detalle los indicadores de competitividad del Foro Económico Mundial. En la hoja del Perú queda claro que el margen de intermediación financiera (diferencia entre tasas activas y pasivas) fue en 2011 de 17.4 puntos porcentuales. En términos comparativos nos ubicamos en una mala posición: lugar 131 de 139 economías. Por otra parte de acuerdo al indicador del IMD en 2012 el margen fue de 16.78 puntos porcentuales (posición 58 de 59 economías) sólo superados por el Brasil. En otros indicadores tampoco vamos bien. El crédito total del sistema financiero al sector privado en el Perú en 2012 sólo fue equivalente al 27.3% del PBI, mientras que en Bolivia, Brasil, Chile y Colombia fue 44.2%, 68.4%, 73.3% y 48.9% respectivamente (Banco Mundial, 2013). 

Los costos de nuestro sistema financiero y su contribución en términos de créditos muestran problemas en una perspectiva internacional comparada. No hay que tapar el sol con un dedo. Efectivamente, no hemos tenido quiebras en más de una década pero hay mucho por mejorar. Por otra parte, afirmar, como lo hizo el superintendente, que el ahorro de las AFPs debe quedarse principalmente en el país para financiar inversión y empleo local no es insensato. Permitir que todos los recursos de los trabajadores puedan invertirse en el exterior sería equivalente a que el 32% del dinero y cuasidinero pueda salir del país. Esto último no refleja cordura alguna.

http://www.laprimeraperu.pe/online/columnistas-y-colaboradores/nostalgia-por-descontrol_157859.html

LA PRIVATIZACIÓN ENCUBIERTA DE PETROPERÚ

NO HAY PUNTADA SIN HILO

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

El viernes 6 a las 19 horas el ejecutivo representados por el presidente de consejo de ministros, los ministros de economía y finanzas, energía y minas, medio ambiente y salud dieron a conocer a la opinión pública la aprobación por unanimidad del proyecto de ley que se presentará al Congreso de la República, sobre la modernización integral de la refinería de Talara la unidad más importante de PetroPerú, que por sí sola explica más del 70 por ciento de los ingresos de la petrolera estatal y el 47 por ciento de participación en el mercado interno de combustibles.

En un ensayo de interpretación uno debiera interrogarse sobre las razones por las cuales el gobierno del comandante Ollanta Humala se pronuncie sobre un tema que fue uno de los estandartes de la campaña electoral, conjuntamente con la construcción del gaseoducto del sur y la disminución del precio en el balón del gas licuado de petróleo a 12 nuevos soles. 

En verdad, después de dos años los representantes de la junta de accionistas de la petrolera estatal, el inefable ministro del sector Jorge Merino Tafur y el poderoso ministro de economía Luis Castilla, ratifican dos años después las cifras, valores y montos del conjunto de inversiones que significaba la modernización integral de la refinería de Talara, los 3,500 millones de dólares. De los cuales PetroPerú con sus recursos asumiría 2,730 millones de dólares y el resto sería una responsabilidad privada, para las inversiones complementarias en la planta de energía, gas, terminales y tratamiento del agua de mar.

Por ello cabe preguntarse, si el valor ha sido extrañamente ratificado desde que se dio a conocer oficialmente en noviembre del 2011 por el mismo ministro en declaraciones realizadas en el CADE de Arequipa; es más en su momento se afirmó que tales cifras eran un poco elevadas y que serían revisadas por empresas consultoras. Si las cifras han sido confirmadas ¿Por qué despidieron al Ing. Campodónico y lo sustituyeron por un funcionario de tercer nivel obsecuente y próximo a la jubilación?

Debemos suponer que ante la caída en las encuestas el presidente Humala ha considerado oportuno que una forma de levantar su alicaída popularidad sería presentar el proyecto de modernización integral de la refinería de Talara al Congreso de la República para su análisis, aprobación y/o archivamiento. Si bien se puede considerar al proyecto de interés nacional y de necesidad pública ello solamente lo puede exonerar del debate en las comisiones de economía y energía y minas, mas no del debate en el pleno. 

El problema es que el Congreso de la República está actualmente próximo al cierre de su funcionamiento por las fiestas navideñas y un debate tan importante se daría en precarias condiciones. A ello debiera sumarse la hegemonía ideológica que tiene el credo liberal en los miembros del parlamento donde el fujimorismo, el PPC, las fuerzas de Solidaridad, PPK y parte de Perú Posible votarían a favor de la privatización encubierte mediante el mecanismo de venta de acciones del 49 por ciento del capital social de PetroPerú, tal como se sostiene en el proyecto de ley.

Por ello, podemos afirmar que el precio que se ha tenido que pagar para convencer al poderoso ministro de economía y finanzas ha sido aceptar la privatización del 49 por ciento de las acciones que conforman el capital social. Expuesto así se pretende que el propio Congreso de la República deje sin efecto la ley de Fortalecimiento de PetroPerú Ley Nº 28840 vigente desde su aprobación en julio del 2006.

Maquiavélicamente el ejecutivo al presentar el proyecto en referencia aspira a superar las distintas normas aprobadas en especial en la gestión del ex presidente Alejandro Toledo que excluían a PetroPerú del proceso de privatización normado por el DL 674. Así, la ley Nº 28244 de junio del 2004, “Ley Que Excluye a PetroPerú de las Modalidades de Promoción a la inversión Privada en Empresas del Estado Previstas en los Incisos A) y D) del Artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 674” 

Así, de aprobarse la propuesta del ejecutivo con la venta del 49 por ciento de las acciones del capital social de PetroPerú, en la práctica la ley Nº 28244 quedaría derogada por un Congreso donde la mayoría oficialista fue elegida en una campaña electoral que prometía la integración vertical de la petrolera y su fortalecimiento.

A pesar de todo de aprobarse la ley en el Congreso de la República, se ratifica y se sanciona la realidad de PetroPerú como una empresa exclusivamente refinera con una unidad modernizada y más compleja con una capacidad de refino de 95 mil barriles diarios, con procesamiento de combustibles limpios con un contenido de azufre de 50 partes por millón, con la capacidad de tratamiento de los crudos pesados provenientes de la selva norte, con una planta de ácido sulfúrico etc. pero al borde de una participación mayoritaria en las acciones del sector privado y sin producción propia de crudo. 

Sin la integración vertical, es decir sin participar en la explotación de crudo, sin acceso a las reservas probadas de crudo en los contratos próximos a su vencimiento, sin el acceso a los terminales propios, y marginada en la distribución minorista al carecer de grifos propios, PetroPerú está condenada a percibir márgenes de refinación disminuidos; y al 2018 se tendrá una petrolera estatal modernizada en la actividad de refino que será apetecible para las grandes transnacionales, con una inversión realizada que en última instancia la ha financiado el consumidor con las compras de combustibles. Todo ello sería posible gracias al extraño nacionalismo del Presidente de la República Ollanta Humala.

POR UNA GENERACIÓN ENTREGADA A LA FACULTAD

35 Y MÁS AÑOS EN LA UNMSM-FCE

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

El escritor Garcilazo de la Vega, hijo del capitán español del mismo nombre y de una noble ñusta quechua, decía en su libro supremo “Los Comentarios Reales”, obra que toda persona inteligente debiera leer para entender la forma de ser peruano. Decía el autor por su experiencia en los primeros años de la formación de lo que se llamaría el Reyno del Perú, que como país “era madre de los extranjeros y madrasta con sus hijos” Es decir, el olvido, la postración, el desarraigo, el maltrato era la forma como el naciente estado colonial trataba a los suyos.

Sirva esta introducción histórica para tratar de entender la forma del ser peruano donde la discriminación cultural, económica y racial, la envidia, el maltrato a los otros, el resentimiento forma parte del carácter nacional. No se acostumbra a reconocer el éxito de los colegas, y en la universidad ello se agudiza pues postrada por las luchas internas por la ambición al poder, antes de privilegiar la inteligencia y la investigación, que es la razón de ser de la universidad.

Así, en la presente gestión del señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Mg. Jorge Osorio Vaccaro por primera vez en su historia, el viernes 29 de noviembre en el Salón de Grados de nuestra facultad, se reconoce a un conjunto de docentes y trabajadores administrativos que hayan cumplido 35 o más años de servicios laborales en nuestra querida universidad y facultad.

En tal sentido como director del Centro de Extensión y Proyección (CEUPS) responsables en parte del evento académico lo primero que se hizo  fue solicitar al señor jefe de Personal la información oficial, con los años de servicios plenamente  reconocidos por la alta administración de la Universidad. De allí la relación que se adjunta de los profesores y trabajadores homenajeados.

Este reconocimiento académico y administrativo tiene varios objetivos, al margen del fomento de la camaradería, es la valorización del capital humano que tiene la facultad en sus tres estamentos: docentes, estudiantes y administrativos.

Quienes apostamos por la cultura del éxito y del reconocimiento de los méritos personales y académicos de los otros, sin la envidia insana y mala fe heredados del pasado, tenemos que reconocer que la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra universidad está posicionada en el mercado y en el país gracias al esfuerzo personal de sus miembros pero también por el respaldo institucional. Después de todo es la facultad más antigua del continente.

Sin embargo, en los últimos años percibo en algunos miembros de la comunidad el complejo de inferioridad propia del mestizo sumiso con los poderosos y arrogante con los indios como lo grafica la herencia colonial. Esta falta de autoestima limita la formación de un pensamiento crítico propio de la economía política.

Ello llevado al plano universitario se refleja en el complejo de inferioridad hacia las universidades privadas, en particular la Universidad Pacífico, Pontificia Católica, la de Lima que con sus patronatos, altas pensiones y hasta subvenciones públicas han realizado importantes investigaciones en las áreas de las ciencias sociales y la economía en particular, en la mayor parte de los casos justificando las políticas de ajuste estructural, la reinserción y las grandes reformas como la privatización de la actividad económica empresarial del estado, que se llevaron a cabo con altas dosis de corrupción.

Es decir, universidades privadas que han sido y son coherentes con la política económica impuesta por el FMI y Banco Mundial, y en la década de los noventa del siglo pasado con  el gobierno más corrupto de la historia del país. Por ello, sería importante enumerar la cantidad de ministros, viceministros, congresistas, políticos y altos funcionarios que administraron el poder durante el fujimontesinismo, protegidos bajo el manto ideológico de una cuestionable tecnocracia.

El historiador recientemente fallecido  Alfonso Quiroz en su libro “Historia de la Corrupción” ha estimado cuantitativamente lo que ha  significado los costos de la corrupción en los años que van 1990 al 2000, donde un promedio el 4.1% del PBI anual se licuó en las diversas variantes de la corrupción a través de las decisiones en el gasto público.

EL POSICIONAMIENTO DE LA FACULTAD

En tal sentido para mí ha sido una sorpresa encontrar el posicionamiento de nuestra facultad, en el informe del profesor Octavio Suárez Puelles, investigador sanmarquino radicado en Francia hace más de 20 años, titulado “Notas sobre los rankings y la Facultad de Ciencias Económicas en San Marcos”, donde para el año 2012 ubica a nuestra facultad en un tercer lugar, detrás de las facultades de economía de la Universidad Pacífico y Pontificia Católica. Ver Cuadro.

Si bien se cita a la revista empresarial “América Economía”, la encuesta de opinión tendría cierta objetividad pues se entrevista a los hunters, cazatalentos y reclutadores más a gerentes de las empresas públicas y privadas, quienes libremente emiten su opinión. 

Sin embargo el hecho de aparecer detrás de las universidades privadas al margen de servir de acicate para ser mejores, no excluye señalar el error de agregación propio de los economistas que muchas veces confundimos y sumamos “papas con camotes”.

La información del ranking de las facultades soslaya las diferencias económicas entre las facultades privadas mencionadas con pensiones que van desde los 1,000 nuevos soles mensuales a más de 4,000 soles, sumados a otros costos y el financiamiento empresarial que algunas de ellas perciben. 

Sin pecar de unilateral como ex profesor de la Universidad de Ingeniería y docente investigador de UNMSM-FCE debo mencionar las ventajas del universitario de estas universidades públicas, que funcionan con magros presupuestos. Esta se relaciona con la calidad del estudiante en el caso de la facultad de economía con el riguroso proceso de selección, pues de cada 6 o 7 postulante ingresa a la facultad solamente uno, cuestión que no sucede en las privadas donde se admiten a los que pueden abonar las pensiones, y existe una dura competencia entre las mismas por atraer a los postulantes en función al libre mercado.

En tal sentido reconociendo las deficiencias, debilidades de nuestra facultad, la pobreza de nuestra biblioteca, de la falta de local más aguda ahora con la formación de las dos escuelas adicionales como la de economía pública y economía internacional, sin aulas virtuales, falta de multimedias, fortalecimiento de los idiomas, los magros ingresos que percibe el personal docente y no docente etc., la ubicación de nuestra facultad no deja de ser expectante.

Por ello, creo que es justo y necesario reconocer a los profesores y trabajadores administrativos  que durante 35 o más años, toda una generación, han entregado su capacidad, esfuerzo en la formación de este capital humano que hoy destaca en el mundo privado y público. Si bien el esfuerzo personal de profesores y estudiantes es mayor para destacar de manera individual no podemos subestimar el esfuerzo institucional, injusto sería desconocer esta realidad.

Creemos que este reconocimiento aliviará en algo la percepción que tenemos los profesores y trabajadores del interesado y secular olvido del Estado hacia las universidades públicas. Hay veces me pregunto ¡Si los recursos perdidos por la corrupción hubiesen sido destinados a una educación pública y salud de calidad, otro sería el destino del país!

Los problemas y posibilidades de nuestra facultad en el corto, mediano y largo plazo son múltiples, y la gobernanza de nuestra facultad exige el necesario consenso en especial de docentes pues los representantes estudiantiles se renuevan permanentemente y cada 5 años tienen que egresar para competir en un mercado cada vez más agresivo.

Es más, es tiempo de revisar el sentido del llamado tercio estudiantil en las universidades públicas que son pasibles de ser subsumidas por los poderes fácticos de turno y sujetos a prácticas corruptas, pues la universidad reproduce en micro lo que sucede en el país, en especial del Poder Judicial, Policía Nacional y Congreso de la República que son percibidas como las instituciones más corruptas.

Curiosamente los jóvenes admiran las universidades anglosajonas que más funcionan como empresas donde los rectores más parecen presidentes de  directorios de las empresas privadas, donde las pensiones tipo Oxford, Cambridge, MIT, Harvard etc. sobrepasan los 100 mil dólares anuales y no existen tercios estudiantiles, como tampoco existe en las universidades europeas ni en la China Popular.

En el caso de la facultad de Ciencias Económicas se requiere en lo fundamental de una capacidad de gestión eficiente, transparente, moderna para hacer posible el nuevo local institucional, satisfacer los requerimientos de las nuevas escuelas, generar sus propios recursos sin claudicar en mayores transferencias públicas, para ubicar a nuestra Facultad en el liderazgo.

Por ello, uno siempre debe ser agradecido, con el Hacedor, con el país, con la universidad que nos formó, por ello una forma de devolver es este modesto homenaje a nuestros profesores y a los trabajadores administrativos por estos años de servicios de trabajo que representan toda una generación de vida. 

APOSTANDO POR LA DESINTEGRACIÓN VERTICAL

PERÚPETRO SIN BRÚJULA

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

Ante el acuerdo del Directorio de PerúPetro dado a conocer el 16 de octubre del presente año no queda más que manifestar nuestra decepción por una decisión que ha carecido de un debate técnico económico, y lo que resulta más extraño es el silencio cómplice de los más altos funcionarios de PetroPerú representados por el presidente de su directorio y su gerencia general, que carentes de la necesaria autoridad moral y técnica no han sabido defender los intereses de la petrolera estatal que están definidos por la integración vertical de sus operaciones como la forma más eficiente de operar en toda empresa de hidrocarburos. 

Debo reconocer que se trata de una decisión interesada, de parte a favor de las empresas que han realizado un gran lobby como lo hizo en su momento Graña y Montero que contaba a su favor con una fuerte relación con el Dr. García Pérez, para extender por 10 años el contrato por el lote I que debía vencer el 2011 y se le extendió hasta el 2021, con mínimos compromisos de inversión.

Por ello, las empresas interesadas reclaman un trato no discriminatorio, en especial la noruega Interoil que interpuso al estado una demanda internacional que se encuentra en una negociación mediante un arbitraje, que como siempre será contrario al interés público. Supuestamente en el mes de marzo del 2013 finalizaban los contratos de los lotes III y IV siendo ampliados por dos años adicionales al igual que el lote IX de Unipetro, mientras se resolvían los litigios internacionales.

Sin embargo, no se entiende la ausencia de brújula en PerúPetro. Si se tiene presente que no hace mucho en diversas declaraciones periodísticas en los meses de julio, agosto, setiembre, el presidente de PerúPetro Ing. Luis Ortigas sostenía la tesis de la licitación internacional amparado en los acuerdos de directorio llevados a cabo por sus antecesores, en especial Daniel Saba en el gobierno anterior y Aurelio Ochoa a inicios del presente régimen.

En tal sentido, por la transparencia que debiera existir en los negocios del estado estos acuerdos debieran ser públicos. Se debieran conocer las actas de los diversos directorios para conocer las razones técnicas y económicas que justificaban la licitación internacional de los lotes y/o la prórroga contractual. Esto es lo mínimo que debiera solicitar cualquier congresista de la República.

Es más, supuestamente se habría contratado una consultora que en tiempo record, menos de un mes habría realizado sesudos estudios geológicos, económicos, financieros, legales de los lotes de hidrocarburos materia de cuestión, donde como conclusión se recomendaba que la mejor opción sería la prórroga de los contratos por 10 años adicionales sujetos a una serie de condicionalidades.

Desde el punto de vista del interés nacional sin reproducir el modelo boliviano, esos lotes debieran ser adjudicados en negociación directa a PetroPerú, como se hizo en el pasado con el lote 56 para el Consorcio Camisea entregando 200 millones de barriles de condensados y 2 trillones de pies cúbicos de gas natural de reservas que en el fondo eran probadas. 

Si bien la adjudicación directa es una prerrogativa de PerúPetro esta debiera estar justificada en función del interés público que hoy está encarnado con todas sus limitaciones y debilidades por PetroPerú, si de verdad se apuesta por la seguridad energética reproduciendo el modelo colombiano o chileno.

Si bien las reservas del lote 56 hoy se exportan, existen 2.4 trillones de reservas de gas natural del lote 88 que están garantizando el proyecto de exportación. Si se estima el gas natural exportado en barriles, resulta que los más de 500 millones de pies cúbicos diarios que exportan hacia USA, México, España, Corea del Sur, Japón, resultarán equivalentes a 160 mil barriles diarios con precios promedio de 25 dólares el barril, mientras PetroPerú tiene que pagar tarifas internacionales tanto por el crudo producido internamente como el que compra del exterior, abonando más de 100 dólares por barril.

Ello se puede observar en el cuadro respectivo donde se expresan los volúmenes de crudo comprados de la producción local y los precios promedio pagados por barril año por año. Entre los años 1997 al 2012 la petrolera estatal ha tenido que pagar por el crudo producido internamente la suma de 14,328 millones de dólares y solamente en el 2012 el valor pagado superaba los 2,028 millones de dólares, abonando un precio promedio de 109 dólares por barril. Ver cuadro “Cargas Procesadas y el Valor de las Compras Internas de Petróleo para la Industria Refinera de PetroPerú 1997/2012 “

Estas compras de crudo que realiza PetroPerú desde 1997 cuando ya se enajenaron el conjunto de lotes bajo su responsabilidad tales como los lotes Z-2B, X, 8/8X, y los lotes denominados marginales a inicios de los años noventa cuando los precios del petróleo eran menores a los 20 dólares el barril, que con precios superiores a los 100 dólares no tienen ya esa condición, Así, en el 2012 la petrolera estatal ha tenido que abonar 109 dólares por barril por el crudo que antes le pertenecía. 

Este es el quid de la cuestión y el interés real de los privados que están detrás de la prórroga. Las compras que realiza PetroPerú constituyen los ingresos que perciben las empresas petroleras que operan en el mercado local. El negocio es seguro y sumamente rentable pues si fueran marginales y de altos costos ¿por qué tanto interés en la prórroga?

Por ello, la extensión de los contratos por 10 años más, reproduce las prácticas fujimoristas de los inicios de los años noventa del siglo pasado donde se fracturó la integración técnica material de las operaciones de PetroPerú, privatizando a “precios de ocasión” los lotes de hidrocarburos, los grifos, las filiales y la refinería de La Pampilla.

De esta forma se está fortaleciendo la desintegración vertical de PetroPerú, que seguiría operando sin producción propia, y sin acceso al valor económico de las reservas probadas y probables, que le permitirían tranquilamente levantar más de 2,000 millones de dólares de cualquier organismo financiero para modernizar la refinería de Talara, y su propia presencia en los lotes próximos a su vencimiento, si se tiene el respaldo de las reservas de los lotes 1-AB, VI/VII, III, IV y II.

Resulta una cruel paradoja que el estado garantice con 2.4 trillones de reservas probadas del lote 88, que supuestamente constituyen la garantía de abastecimiento para el mercado interno, para en cambio apuntalar el proyecto de exportación del consorcio Perú LNG (Hunt Oil, SK de Corea del Sur, Marubeni, Repsol/Shell), lo que le permitió contar con 4.4 trillones de reservas probadas de gas natural para de esta forma calificar como sujeto de crédito internacional por más de 4,000 millones de dólares, y financiar la Planta Melchorita, terminales, buques metaneros etc. 

Esta integración vertical que se le niega a PetroPerú condena a la petrolera estatal  como empresa exclusivamente refinera con márgenes de 3 a 5 dólares por barril, mientras en la producción las empresas obtienen precios de 100 dólares el barril mientras a lo mucho el costo de producción incluyendo regalías, depreciación, amortización no superan los 40 dólares el barril.

El acceso a la reservas probabas y probables de los lotes II, III, IV, VI/VII y sobre todo del lote 1-AB en la selva norte que tiene más de 400 millones de barriles en reservas, y el lote VI/VII donde opera la empresa estatal China Sapet (29 millones de reservas probadas)  le otorgarían a PetroPerú caja y un respaldo financiero que hoy no tiene. Por ello, la gran pregunta que debieran responder la dupla Castilla/Merino está en relación a ¿cómo con utilidades netas menores a los 100 millones de dólares PetroPerú podría financiar de manera integral su modernización?

La prórroga afecta gravemente la modernización de sus unidades, en especial de la refinería de Talara que no solamente debe operar para la producción de combustibles limpios, eliminando el azufre contenido en el petróleo que se importa del Ecuador y Colombia. Por ello, se debe modernizar integralmente la refinería de Talara con la planta de desulfurización, planta de tratamiento de crudos pesados que son los más abundantes en la selva norte, con la unidad de ácido sulfúrico que tiene un mercado asegurado, etc. Todo ello tiene un valor de 2,730 millones de dólares para PetroPerú y compromete aproximadamente 800 millones de parte de capitales privados, que resultan necesarios para asegurar el crecimiento económico del país.

SOBRE LA VENTA DE GAS A CHILE

NODO ENERGÉTICO, ETANODUCTO, GASEODUCTO ANDINO DEL SUR …

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

Es cada vez más evidente que el presente gobierno no tiene una estrategia nacional para el cambio de la matriz energética altamente dependiente del petróleo y derivados cuyas importaciones representan anualmente más de 5,500 millones de dólares,  valores que son financiados en última instancia por los sufridos usuarios y consumidores que tienen que reponer dichos valores en el precio de los combustibles utilizados en el mercado interno; es más éstos precios resultan el doble o más que los vigentes en los Estados Unidos de Norteamérica, gracias a la participación fiscal, y las distorsiones del mercado interno de combustibles. 

Solamente por las importaciones del diesel 2 limpio con 50 partes por millón de azufre en el 2012 las refinerías La Pampilla operada por Repsol y PetroPerú tuvieron que pagar más de 1,280 millones de dólares; y en el período 2005 al 2012, el país ha gastado en importaciones de este derivado más de 7,601 millones de dólares, es decir, más del doble de lo que costaría la modernización integral de la refinería de Talara. Por tanto, los consumidores han financiado dichos montos, permitiendo a las empresas involucradas márgenes de utilidad como importadores y distribuidores mayoristas de combustibles.

Sin embargo, desde julio del 2010 exportamos energía limpia en la forma de gas natural licuefectado, es decir gas convertido a líquido en la unidad Pampa Melchorita perteneciente al Consorcio Perú LNG, cuyos socios son Hunt Oil, SK de Corea del Sur, Marubeni del Japón y Shell que sustituyó a Repsol como responsable de las exportaciones en febrero de este año, pagando una cifra millonaria por una participación que compromete la exportación de un recurso natural del cual el fisco peruano no ha percibido ni un dólar. 

Con la información disponible las exportaciones de gas natural representaron los 1,284 millones de dólares en el 2011, más de 1,331 millones en el 2012 y en lo que va del período enero/julio del presente año el valor de las exportaciones suman los 878 millones de dólares. Si bien el gas natural exportado proviene exclusivamente del lote 56, el proyecto exportador de Perú LNG compromete como garantía financiera las reservas probadas del lote 88 por volúmenes de 2.4 trillones de pies cúbicos de gas natural, que pese a dispositivos legales promulgados por este gobierno no son aún devueltos.

En un ejercicio estadístico si se convierten los volúmenes de exportaciones de gas natural registrados por el BCR en metros cúbicos en su expresión en barriles, donde un metro cúbico como unidad de volumen resulta equivalente a 6.28976 barriles, se pueden expresar los volúmenes de gas natural del lote 56 en barriles equivalentes por año y por tanto en días calendario.

En tal sentido, en el 2011 se exportaron 56.4 millones de barriles de gas natural, en el 2012 un equivalente de  54.9 millones de barriles de gas natural y en lo que va del período enero/ julio 34.7 millones lo que expresado en días calendario significa que Perú LNG a través de Repsol hasta febrero del 2013 y a partir de esa fecha Shell han exportado 154 miles de barriles diarios de gas natural expresado en barriles, en el 2011, un equivalente a 150 mil barriles diarios en el 2012 y en lo que va del presente año hasta julio 164 mil barriles diarios de gas natural.

La cruel paradoja de las exportaciones de gas natural licuefectado expresadas en barriles es que en promedio se ha exportado el barril equivalente de gas natural a precios de 24 dólares el barril, y en contrapartida para poder satisfacer el mercado interno se importa en promedio el barril de petróleo crudo a precios de 100 dólares el barril. Con el agravante que exportamos energía limpia como gas natural y se compra del exterior sobre todo del Ecuador, Colombia y hasta del África petróleo con alto contenido de azufre.

Un agravante adicional es que se exporta el gas natural con un rico contenido en etano (10 por ciento de etano y 90 por ciento de metano)  que por ejemplo le ha permitido a  la empresa SK accionista del Consorcio Camisea en Corea del Sur,  alimentar una industria petroquímica que tiene a la China Continental como principal mercado, mientras en el Perú se quema el gas natural con su contenido en etano en la generación eléctrica a precios subsidiados.

Por ello, ante las declaraciones del Presidente de la República, Comandante Ollanta Humala efectuadas en la reunión Alianza para el Pacífico en Nueva York del 26 de setiembre sobre la posibilidad de la venta del gas natural de Camisea a Chile, se argumentó que dependía en última instancia del precio que el país sureño esté dispuesto a pagar; sin embargo el primer mandatario olvida interesadamente una serie de restricciones legales, económicas y de los principios de una elemental geopolítica.

ANTES QUE CHILE EL DESARROLLO DEL SURPERUANO

Al margen de la controversia sobre la delimitación marítima con Chile y sus perspectivas en el caso de resultar un fallo favorable para nuestro país, existen razones legales, históricas y económicas que contravienen la exportación de gas natural hacia nuestro vecino del sur. 

La primera se relaciona con la prioridad del abastecimiento mercado interno antes que promover las exportaciones, según lo dispuesto por la ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural ley Nº 27133 y su reglamento promulgado en 1999, y a pesar de los cambios introducidos al art. 2 del Reglamento de la ley mediante el DS 031-2003-EM siempre se prioriza el mercado interno antes que la exportación, bajo cualquier circunstancia.

En segundo lugar, no se puede repetir el lesivo lobby que hizo posible durante el gobierno del Presidente Toledo el proyecto exportador del lote 56. En tal sentido,

las reservas de gas natural de los lotes 57 y 58 que alimentaría el gaseoducto del sur y/o la pretendida exportación, tendrían que tener el carácter de reservas probadas para estar en el marco restringido de la ley mencionada.

Interesadamente ni PerúPetro ni la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del Ministerio de Energía y Minas reconocieron el carácter de reservas probadas, aduciendo que una perforación exploratoria no se justificaba dicho carácter. Por esta razón las reservas del lote 56 desde el 2003 nunca tuvieron el carácter de reservas probadas, sin embargo las mismas reservas fueron comprometidas en el proyecto exportador con una serie de lesivas modificaciones contractuales que los gobiernos sucesivos se abstuvieron de corregir en agravio del país.

Por ello, se debiera recordar que durante el gobierno del Presidente Toledo, PerúPetro otorgó mediante negociación directa las reservas del lote 56 más de 2 trillones de pies cúbicos con 200 millones de barriles de condensados al Consorcio Camisea, que siendo volúmenes insuficientes para el contrato de exportación hacia México se tuvo que hipotecar 2.4 trillones de las reservas probadas del lote 88 que hasta ahora no son devueltas, mediante el DS 050-2005-EM.

Al respecto se debe publicitar el informe del “Grupo de Trabajo Encargado del Estudio y Propuesta de Revisión de los Contratos de Gas de Camisea y de los Contratos de Exportación del Gas de Camisea” cuya presidencia recayó en el congresista por Piura José Carrasco Távara y que solamente fue firmado por el congresista Alejandro Aguinaga y la presidencia lo cual impidió su discusión en el pleno del Congreso de la República, sin embargo por su importancia política fue publicado en diciembre del 2009.

En tercer lugar, el retiro anunciado de la petrolera estatal brasileña Petrobras de sus operaciones en el Perú y otros países para priorizar sus inversiones internas, retrasa las actividades necesarias en los campos del lote 58 donde se han realizado inversiones superiores a los 469 millones de dólares y en el lote 57 donde Petrobras es socio de Repsol con una participación del 44 por ciento, habiendo realizado inversiones por un valor de 196 millones de dólares en el período 2006/2012

Es decir, las inversiones de Petrobras en los lotes 57 y 58 han sumado más de 665 millones de dólares en el período 2006/ 2012, las mismas que evidentemente están siendo valorizadas y negociadas por las empresas interesadas en la transferencia contractual de dichos lotes que por la ubicación podrían ser la propia Repsol, Pluspetrol y la misma transnacional Shell. 

El trascendido en los medios periodísticos sobre las negociaciones llevadas a cabo en el Brasil especula sobre valores por encima de los 2,500 millones de dólares en la valorización de los activos de petrolera estatal brasileña en el Perú relacionados con los lotes colindantes en Camisea. En el supuesto que la venta y transferencia se realice en el exterior, el Perú lamentablemente no tendrá ninguna participación a pesar de ser operaciones que comprometen recursos naturales no renovables, como el gas natural y los condensados. 

Ello es más grave, si se tiene presente que tales lotes fueron adjudicados en negociación directa por PerúPetro a Petrobras mediante contratos promocionados con el DS 017-2003-EM los cuales fijan tasas de regalías mínimas del 5 por ciento que podrían incrementarse hasta el 20 por ciento en función de una producción equivalente a los 100 mil barriles diarios, en estas transacciones el estado peruano debiera asumir un grado de participación. 

Por tanto, antes que la exportación hacia Chile o cualquier otro país, las reservas de los lotes 57 y 58 tendrían que asumir el carácter de reservas probadas certificadas lo cual supone mayores inversiones en ambos lotes para incrementar las reservas que se estiman en un potencial conjunto superior a los 7 trillones de pies cúbicos, que resultarían apenas suficientes para abastecer el mercado interno en los próximos 30 años a través del Gaseoducto Andino del Sur, los requerimientos de energía de los proyectos mineros en el Gran Sur que comprometen inversiones por encima de los 35 mil millones de dólares.

A ello debiera sumarse las necesidades de la petroquímica básica, intermedia y avanzada para industrializar el gas natural y apostar por un mayor valor agregado en Ilo, con el llamado nodo energético que permita la descentralización eléctrica del país. Con esa masa crítica en la demanda interna del gas natural se rentabiliza el consumo industrial, residencial y automotor para los millones de compatriotas del sur. 

Sin embargo, el gobierno del Presidente Humala desde diciembre del 2011 al presente ha ido dejando de lado la prioridad de las inversiones en el Gaseoducto Andino del Sur. El desinterés por asegurar la presencia brasileña que comprometían la participación de la unidad en la explotación, transporte y distribución a través de Petrobras, Odebrecht y Braskem; para pasar a una serie de proyectos que transitaban por el etanoducto, la presencia de PetroPerú en el gaseoducto, centrales térmicas en Quillabamba. ¿Qué vendrá después?

Ahora se estaría apostando por los nodos energéticos en Mollendo e Ilo fomentando el enfrentamiento entre provincias vecinas lo cual contribuirá a mayores conflictos sociales, reforzando la presencia del Consorcio Camisea con el gaseoducto existente y promoviendo los llamados ductos virtuales, que son camiones tanqueros trasladando gas concentrado, lo cual reforzaría el proyecto asumido por Repsol.

Señor Presidente, si bien el país vecino del sur está abonando precios de necesidad por el gas que consume, los mismos que triplican el precio del marcador Henry Hub, y ha resuelto la falta abastecimiento de Argentina con plantas de regasificación que importan el gas natural de los Estados Unidos de Norteamérica y de otros países, lo primero es priorizar el mercado interno del Perú y satisfacer la demanda insatisfecha.

Debiera ser una política de estado para el Perú el cambio de la matriz energética, priorizando el mercado interno para monetizar las reservas de gas que yacen en el subsuelo de Camisea y en el norte del país, y sobre todo es de particular importancia geoestratégica apostar por  el Gaseoducto Andino del Sur “sin dudas ni murmuraciones”, todo lo demás sería una traición a la Patria, y a los electores del actual presidente.

LICITACIÓN O PRÓRROGA SIN PETROPERÚ

SOBRE LOS CONTRATOS QUE VENCEN

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

Existen posiciones encontradas sobre esta realidad. Hay quienes señalan que los contratos debieran prorrogarse por 10 años más como se hizo por ejemplo en el 2001 con el contrato del lote 1-AB que se extendió hasta agosto del 2015 cuando debía vencer en agosto del 2001. Con el nuevo operador Pluspetrol que sustituyó a la OXY, no solamente se modificó la naturaleza del contrato de servicios por uno de licencia, sino también hubo una disminución de la tasa de regalías que evidentemente afectó la caja fiscal.

Esta responsabilidad recayó en la dupla conformada por el ministro de energía y minas durante la transición democrática, el Ing. Herrera Descalzi y el responsable de Perúpetro fue el ing. Luis Ortigas, él mismo personaje que ha ocupado variadas carteras en Proinversión durante el fujimorato, siendo Viceministro de energía en el actual gobierno, y que debe adoptar una decisión al respecto como titular de Perúpetro.

Se debiera tener presente que en agosto del 2001 debía terminar la renegociación contractual efectuada en el 1986 con la OXY, pero  en el 2001 Pluspetrol asumió el contrato y renegoció con PerúPetro una extensión indebida hasta el 2015. Asimismo se extendió el plazo del contrato de servicios por el lote I (Graña y Montero) por 10 años más hasta diciembre del 2021 durante el II gobierno del Dr. Alan García, siendo ministro del sector el Ing. Pedro Sánchez y responsable de PerúPetro el Ing. Daniel Saba.

Por tanto, las prórrogas contractuales tienen varios antecedentes y resultarían cuestionables por la falta de transparencia en una materia tan inflamable como los hidrocarburos, de allí la importancia del tema en la presente coyuntura. 

Quienes defienden la prórroga contractual con variados y legítimos argumentos que van desde el carácter marginal de las operaciones, la mínima producción por pozo productor, un promedio de tres barriles en el lote VI/VII, de siete barriles en los lotes III y IV, y de apenas de dos barriles en el lote II, si se considera la producción correspondiente al 2012 y el número de pozos productores, según la estadística publicada por PerúPetro.

En estas condiciones el argumento más fuerte por aquellos que recomiendan la prórroga por 10 años se relaciona con la drástica disminución de la producción de crudo en Talara por la falta de inversiones ante la proximidad de los vencimientos contractuales. Esta realidad está significando menores recursos por concepto de canon y sobrecanon para Piura y Tumbes, y una fuerte caída en el empleo directo e indirecto, en particular de las subcontratistas que operan en Talara.

Al mismo tiempo se señala que las tasas de regalías en los contratos próximos a su vencimiento no son competitivas, así el lote III y IV donde opera la noruega Interoil, con una producción promedio en ambos lotes de 3,011 barriles diarios, con 423 pozos productores, y que tiene una tasa de regalía promedio del 49 por ciento, lo que ha significado importantes ingresos al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); solamente en el 2012 las regalías pagadas por ambos lotes fue de algo más de 80 millones de dólares, cuando en el 2011 sumaron los 59.4 millones de dólares en razón de los altos precios del crudo y una menor producción de crudo.

En el lote VI/VII donde opera la petrolera estatal china Sapet, con una producción promedio en el 2012 de 3,344 barriles diarios y 1,013 pozos productores se tiene una tasa de regalía mínima menor al 12.75 por ciento, lo que ha significado menores ingresos al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por concepto de regalías, solamente en el 2012 las regalías pagadas fueron de 18.2 millones de dólares, y  en el 2011 sumaron los 17.7 millones de dólares.

Por último, en el lote II la producción promedio es de 450 barriles diarios, allí opera Petrolera Monterrico con un número de 217 pozos productores, asumiendo una tasa de regalías superior al 52 por ciento lo que ha representado ingresos al MEF del orden 9.6 millones de dólares en el 2012 y de 10.5 millones en el 2011 con tendencia a la disminución en el 2013 en razón de la producción decreciente.

Debiera ser evidente que la tasa de regalía más baja es la correspondiente a la petrolera estatal china Sapet que ha depreciado la fuerza de trabajo local con salarios miserables y ha depredado el medio ambiente con numerosas faltas ambientales que han sido materia de observación del organismo regulador Osinergmin.

RACIONALIDAD DE LA INTEGRACIÓN VERTICAL

En resumen, los argumentos a favor de la prórroga parecen ser sólidos, soslayando la rentabilidad de las operaciones a pesar de la mínima producción, las tasas de regalías vigentes, y la mayor cantidad de pozos de desarrollo. Es más, sobre el futuro contractual de los lotes se sostiene que deben ser analizados de manera independiente, separados del proyecto de modernización de la refinería de Talara.

En verdad, ello no es conveniente ni técnicamente sustentable por dos razones fundamentales. La primera se relaciona con el valor económico de las reservas probadas y la producción futura, en razón que las reservas deben servir para apuntalar, reforzar, garantizar el financiamiento requerido por la modernización de la refinería de Talara.

En segundo lugar, siempre se ha sostenido que la forma más eficiente de operar en el sector de hidrocarburos está en relación a la integración de sus actividades, en especial la unidad técnico material entre la explotación, la refinación, y la distribución mayorista con grifos propios.

En tal sentido, el principal interesado por una mayor producción de hidrocarburos debiera ser PetroPerú en especial con la refinería modernizada a partir del 2018 (¡Si Dios quiere y Castilla firma!); pues con una mayor capacidad de refino se tendrían los mayores volúmenes de crudo para obtener relativamente más barriles de destilados medios (diesel limpio y turbo), gasolinas limpias de alto octanaje y una menor proporción de residuales.

En verdad, siempre he sostenido que PetroPerú debiera ser el titular de los contratos próximos a su vencimiento, lotes II, III, IV, VI/VII y sobre todo el lote 1-AB de la selva norte. Pero al mismo tiempo debo reconocer que la petrolera estatal no tiene por ahora capacidad técnica, económica ni financiera para gestionar directamente dichos lotes, no solamente por la carencia de equipamiento como equipos de perforación y de diversos servicios que se estilan en la explotación de los pozos productores.

Si a ello se agrega el déficit gerencial de cuadros calificados técnicamente y moralmente, con una gestión mediocre donde sus altos funcionarios están digitados por Palacio de Gobierno con una intervención política contraria a una administración moderna que debiera tener toda gestión, con una mayoría laboral pasiva interesada  exclusivamente en sus remuneraciones y utilidades, ajenas a la moral de productor.

Sin embargo, la falencia más grave de la petrolera estatal no está en relación a la cantidad y calidad de técnicos y profesionales en la gerencia de exploración/ explotación, o si se tienen los capitales suficientes para operar directamente los lotes materia de discusión. El problema central está en relación a la ausencia de la necesaria voluntad política para el fortalecimiento de la petrolera estatal. 

Después de más de 20 años de políticas de las políticas liberales en el sector no solamente se han privatizado las reservas probadas, probables, y posibles que descubrió PetroPerú, transfiriendo lotes, equipos y reservas a precios subvaluados. También se “privatizaron” a los mejores técnicos y profesionales que fueron formados como capital humano gracias a la petrolera estatal y que hoy día se desenvuelven exitosamente en el sector privado, defendiendo sus intereses, que necesariamente no coinciden con el interés público.

Por ello, hoy estamos ante un conflicto propio de la economía política de hidrocarburos, donde existen intereses encontrados cada uno más justificable que el otro. Desde quienes apuestan por la prórroga defendiendo intereses privados por una mayor valorización del capital, es decir mayores utilidades. Hasta aquellos que recomiendan una licitación internacional que estaría condenada al fracaso si se mantienen las mismas tasas de regalías, con una producción que tardará más tiempo en su recuperación.

En el desarrollo de las contradicciones debiera ser evidente que PetroPerú requiere acceder al valor económico de las reservas probadas de crudo donde destacan nítidamente las reservas de los lotes VI/VI con 29 millones de barriles, las reservas de los lotes III y IV y particularmente del lote 1-AB como se puede captar en el cuadro respectivo: “La Pura Realidad de los Contratos Próximos a su Vencimiento”.

Estas reservas probadas y probables en el subsuelo constituyen propiedad de la Nación y por el interés público se debe disponer de ellas para respaldar parte del financiamiento que representa la modernización de la refinería de Talara. ¡El gobierno del Comandante Humala debe entender que aquí se está jugando el futuro de PetroPerú!

Repensar en una estrategia donde en razón del interés público el valor económico de las reservas probadas de hidrocarburos respalde parte del financiamiento que significa la modernización de la refinería que ha sido valorizado en más de 2,730 millones de dólares.

Esta figura reproduce el financiamiento del proyecto exportador del lote 56 donde las reservas probadas del lote 88 más de 2.4 trillones de pies cúbicos todavía respaldan el financiamiento obtenido por el consorcio Perú LNG por más de 4,500 millones de dólares. Es decir, las reservas probadas que supuestamente constituyen propiedad de la Nación respaldan un proyecto privado, no explotan pero están como garantía.

Por último, se debiera reconocer que la gestión, administración de los lotes próximos a su vencimiento debiera ser privada con los actuales o nuevos operadores pero donde se privilegie los mayores compromisos de inversión sujetos a un programa de inversiones para levantar la producción en el menor tiempo posible, renegociando las tasas de regalías, con la titularidad contractual de PetroPerú.

Es decir, PetroPerú debiera estar en condiciones de optar la sociedad y participación con operadores privados que serían los subcontratistas de la petrolera estatal donde se les garantizaría una razonable rentabilidad. 

Todo ello requeriría la suficiente voluntad y fortaleza política que lamentablemente los accionistas de la petrolera estatal no tienen, pues los ministros de energía y minas (Ing. Merino Tafur) con el de economía y finanzas (Dr. Luis Castilla) están pensando más bien en cómo privatizar lo que resta de PetroPerú, sin pena ni gloria. ¡Todo lo demás es cuento chino con su dosis nacionalista!

RESUCITANDO EL AFFAIRE DE LOS PETROAUDIOS

¿UNA CORTINA DE HUMO MÁS?

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

Las ampliaciones en las investigaciones de la Comisión Tejada serían un distractor de la grave realidad del sector de hidrocarburos que se relaciona con la indebida prórroga contractual por 10 años en los contratos próximos a su vencimiento, la indefinición respecto al futuro de PetroPerú y la modernización de la refinería de Talara, y los retrocesos en el Gaseoducto del Sur petroquímica incluida. En política no existen casualidades.

El acucioso periodista Gustavo Gorriti está en deuda con sus lectores pues luego de la publicación de su libro “PETROAUDIOS; Políticos, espías, y periodistas detrás del escándalo” Ed. Planeta, agosto del 2009 primera parte, no se ha publicado lo que sería la segunda entrega. A pesar de la rica información proveniente de dos sendas comisiones investigadoras conformadas a inicios del 2009 y 2010, (Abugattás y Jhony Peralta), más el expediente policial sobre el espionaje industrial acumulado entre el 2008 y 2013.

Se recordará el escándalo que sacudió al segundo gobierno del Dr. Alan García hecho público en el mes de octubre del 2008 con las intercepciones telefónicas a políticos, empresarios, y que trajo consigo la renuncia de medio gabinete, en especial del presidente del Consejo de ministros y del ministro de energía y minas de ese entonces entre otros altos funcionarios de organismos públicos como PerúPetro y PetroPerú.

He sido testigo de excepción de las varias comisiones de investigación formadas en el Congreso de la República siendo la más relevante para el caso la Comisión presidida por el congresista del partido de gobierno Daniel Abugattás, teniendo como asesor principal al hoy también congresista Manuel Dammert. Los resultados y conclusiones de dichas investigaciones están publicados en los archivos digitales del Congreso de la República y en verdad luego de meses de pesquisas, interrogatorios, confrontaciones, la Comisión encontró indicios razonables de corrupción, de asociación ilícita contra los intereses del Estado, que fueron materia de un juicio político y denunciados ante las diversas instancias del poder judicial.

Coincido con el periodista Gorriti cuando denomina como escándalo las diversas acciones llevadas a cabo por una serie de personajes ligados al entonces partido de gobierno, empresarios y lobistas, si por ello entendemos “dicho o hecho reprensible que es ocasión de daño y ruina espiritual en el prójimo” En todo caso, las conversaciones telefónicas intervenidas ilícitamente  por la empresa de seguridad Business Track demuestran la pobreza moral de nuestra clase política como las filmaciones del asesor Montesinos en el fujimorismo, y  la vigencia del concepto patrimonialista sobre el estado, al cual hay que asaltar utilizando el poder del gobierno de turno.

En verdad, el affaire de los petroaudios mostraron la desvergüenza moral de una serie de personajes pretendiendo hacer negocios especulativos que no comprometían ninguna reserva probada de petróleo ni de gas, pues en el caso específico de la licitación de los lotes del Zócalo Continental se trataba de contratos de exploración/explotación, donde en primer lugar había que invertir cuantiosos montos de capital para realizar estudios de sísmica, perforación exploratoria para descubrir reservas. En el mar las inversiones requeridas se incrementan, así los mayores volúmenes de inversión para la perforación de un pozo de riesgo podría superar los 50 millones de dólares, con resultados inciertos.

Este sería el caso de los lotes petroleros que fueron materia del llamado “faenón petrolero” en la licitación convocada por PerúPetro a mediados del 2008. Éste es el organismo estatal responsable de la promoción de la inversión en el sector y de la supervisión de los contratos y uno de sus directores que fue nombrado directamente por la Presidencia de la República concertaba negocios privados para favorecer a terceros, como parte de un loby que repito no comprometía reservas probadas de hidrocarburos.

Al mismo tiempo se debiera recordar que uno de los actores centrales en este escándalo era el consorcio conformado por la empresa noruega Discover Petroleum en asociación con la petrolera estatal PetroPerú que no tiene presencia en las actividades de exploración/explotación; el referido consorcio había desplazado en algunos lotes licitados a la cuestionada empresa Petro Tech Peruana, que prácticamente tenía la mayor cantidad de lotes licitados en el mar.

Es decir, sin mayores inversiones Petro Tech hubiese resultado en la empresa que hubiese concentrado la mayoría de los lotes marinos de haber ganado la cuestionada licitación, lo cual hubiese otorgado un mayor valor de venta a sus acciones en una futura transferencia.

La empresa de W. Kallop  estaba siendo sujeta a investigación por la Sunat y por PerúPetro en la gestión de D. Saba, al punto que en el primer semestre del 2008 tuvo que abonar perentoriamente más de 35 millones de dólares por regalías dejadas de pagar por la extracción indebida de líquidos de gas natural del lote Z-2B, bajo la amenaza de una rescisión contractual relacionadas con la Planta de Procesadora de Gas Pariñas (PGP), empresa vinculada, por lo que existía una violación contractual.

A ello se sumarían otras acotaciones de impuestos dejados de pagar desde el inicio de sus operaciones en 1994. Por ello reproduzco la entrevista realizada al congresista por Piura, Jhony Peralta, presidente de otra Comisión Investigadora del Congreso de la República que tenía como objetivo central el análisis de la venta de la empresa Petro Tech Peruana S.A. adquirida a inicios del 2009 por el consorcio colombo/coreano Savia Perú; esta transferencia comprometía las reservas probadas y probables de hidrocarburos que por naturaleza del contrato de servicios y por la propia ley de hidrocarburos, las reservas de hidrocarburos “in situ” constituyen propiedad de la Nación.

Es más, el propietario de Petro Tech, W. Kallop también valorizó en la transferencia las plataformas marinas que eran y siguen siendo propiedad de la petrolera estatal PetroPerú. Se trata de un capital físico que debiera renegociarse a más tardar a fines del 2013 en razón que la tarifa pagada por el alquiler de las plataformas sigue siendo la vigente a la firma del contrato, 10 millones de dólares anuales, cuando el precio del crudo costaba menos de 20 dólares el barril y ahora se cotiza por encima de los 100 dólares el barril y se sigue abonando la misma tarifa.

La referida entrevista fue publicada en un medio como Expreso que no puede ser calificado de veleidades izquierdistas, ni remotamente socialista, y allí se resume la posición sobre los diversos adeudos tributarios que tenía Petro Tech con el estado peruano antes de la transferencia y venta de sus acciones de la empresa petrolera con las empresas vinculadas que operaban en el lote Z-2B y que además mantenía la titularidad sobre una serie de lotes ubicados en el Zócalo Continental.

Por tanto existían indicios razonables para suponer que la empresa financista interesada en el espionaje industrial detrás de Business Track fuera Petro Tech, pero las interceptaciones telefónicas captaron una malla de intereses cruzados sobre futuros negocios con los recursos del estado que sobrepasaban las actividades de hidrocarburos, pues abarcaban áreas como la salud, infraestructura, cementos, petroquímica, que operadores ofrecían en venta desde un año atrás al destape de octubre del 2008, y que diario El Comercio se negó a publicar en preservación de la gobernabilidad, según el libro “Petroaudios”.

UNA CORTINA DE HUMO MÁS: LA REAPERTURA DEL CASO BTR

En política no existen coincidencias ni casualidades por ello no debiera extrañar la reapertura de la investigación sobre el espionaje industrial relacionado con la empresa Business Track y los petroaudios después de casi cinco años, y denunciar las supuestas interferencias del ejecutivo sobre el poder judicial, fiscalía y la policía de investigaciones para encubrir, desviar y/o ocultar información en las incautaciones que se hicieron a los responsables del chuponeo telefónico, en una empresa formada por personal retirado de la Marina de Guerra, la misma que prestaba servicios especializados a las empresas mineras, petroleras, bancos y partidos políticos tal como se expone en el libro sobre los “Petroaudios”

En ese contexto existiendo problemas más graves que afectan al sector de hidrocarburos tales como el futuro de los lotes próximos a su vencimiento contractual tanto en las operaciones Talara (II, III, IV, VI/VII) y particularmente el lote 1-AB en la selva con más de 400 millones de reservas probadas y probables de crudo, las mismas que debieran servir como respaldo financiero para la modernización de PetroPerú que actualmente no tiene acceso a la renta petrolera.

Próximamente el pleno del Congreso de la República tendrá que votar sobre la prórroga contractual de los lotes de hidrocarburos por 10 años dejando de lado a la petrolera estatal que ni siquiera estaría considerada como socio minoritario en un conjunto de lotes cuyas reservas “in situ” corresponden a la Nación, y donde el partido de gobierno con el Presidente del Congreso y de la Comisión de Energía y Minas habrían comprometido su voto a favor con el fujimorismo, el aprismo y el resto de los partidos de la derecha económica.

Igualmente la secuela de los “petroaudios” encubre la indefinición sobre el futuro de PetroPerú y la modernización de la refinería de Talara, cuya inversión representa por ahora más de 2,730 millones de dólares bajo responsabilidad de la petrolera estatal y más de 800 millones de dólares a cargo de empresas privadas, valores necesarios para asegurar el crecimiento de la economía.

A pesar del discurso presidencial del 28 de julio pasado los ministros responsables de la Junta de Accionistas, Jorge Merino de Energía y Minas y Luis Castilla de Economía y Finanzas sabotean la decisión presidencial, a pesar del interés de los inversionistas y la necesidad de procesar internamente combustibles limpios a partir del 2016 en especial del diesel 2 con 50 partículas por millón de azufre.

Asimismo, el escándalo de los “petroaudios” distrae a la opinión pública sobre los retrocesos acerca de la viabilidad del Gaseoducto Andino del Sur, propuesta ganadora en la campaña electoral del presidente Ollanta Humala. Sencillamente el anunciado retiro de la petrolera brasileña Petrobras titular del lote 58 y socio minoritario con Repsol en el lote 57, posterga a la “calendas griegas” la realidad del gaseoducto para el macro sur del Perú.

Sin el carácter de reservas probadas los hidrocarburos de los lotes 58 y 57 difícilmente las empresas supuestamente interesadas en la participación del Gaseoducto del Sur podrán levantar financiamiento internacional. Ello se agrava con el desaire empresarial del Consorcio Camisea al Presidente de la República y la supuesta recuperación las reservas probadas del lote 88 comprometidas como respaldo al proyecto de exportación de gas licuefectado del Consorcio Perú LNG, estas reservas del orden de 2.4 trillones de pies cúbicos de gas natural sirven de garantía financiera.

Por ello, las sucesivas ampliaciones en el plazo en la Comisión Parlamentaria presidida por el congresista del oficialismo Sergio Tejada apuntan hacia una acusación constitucional al ex presidente Alan García que lo descalificaría como candidato a la Presidencia de la República en el 2016, encubriendo las promesas incumplidas y los graves problemas del sector de hidrocarburos.

“Petro-Tech reconoció defraudación” Lo hizo al pagar US$ 11 millones por fallo de Tribunal Fiscal, señala congresista.  El congresista Jhony Peralta, presidente de la Comisión que investigó la venta de acciones de Petro-Tech, sostuvo que la mencionada empresa petrolera cometió delito de defraudación tributaria al haber obtenido indebidamente un crédito fiscal que asciende a US$ 78 millones. “De ese monto, el Tribunal Fiscal ordenó a la empresa US$ 11 millones y Petro-Tech, al pagar, tácitamente ha reconocido que cometió el delito”, agregó.   Además señaló que la Ley Penal Tributaria establece que la defraudación tributaria se reprime con una pena privativa de libertad no menor de ocho años ni mayor de 12. ─ Usted sostuvo en el Pleno del Congreso que Petro-Tech incurrió en defraudación tributaria. ¿Cómo se configuró este delito? La cláusula Nº 10 del contrato firmado entre Petro Perú, Perupetro y Petro-Tech establecía que el IGV a la importación y los aranceles que utilice Petro-Tech para poder comprar o importar equipos desde el exterior para poder incrementar su producción en los pozos, ésos impuestos eran pagados por el Estado, es decir por Perupetro. ─ ¿Cómo operaba esto? Petro-Tech desde el año 1994 hasta el 2008 ha venido importando equipos, entonces, con la orden de compra de esos equipos iba a Perupetro y les decía ‘señores de Perupetro, de acuerdo a la cláusula 10 quiero que me paguen los impuestos y los aranceles’ y Perupetro procedía a girar un cheque a nombre de Petro-Tech que iba, hacía la compra e importaba los equipos. Pero, como esa compra venía a nombre de Petro-Tech y no de Perúpetro ellos utilizaban esas facturas como un gasto, lo cual tenía impacto en la utilidad. A mayor gasto, menor utilidad y, por lo tanto, menor pago de Impuesto a la Renta. Pero también utilizaban este IGV a la importación como crédito fiscal. La Sunat hizo una evaluación tanto a Perupetro como a Petro-Tech y encontró que  Petro-Tech había venido utilizando indebidamente el crédito fiscal por ese IGV, de tal forma que le hizo reparos en varias resoluciones. Nosotros hemos llegado a calcular, de acuerdo a las cifras que hemos tenido, que el crédito fiscal obtenido indebidamente por Petro-Tech asciende a US$ 78 millones. ─ ¿Y cómo se sanciona a quienes incurren en este delito? La Ley Penal Tributaria establece que la defraudación tributaria se reprime con una pena privativa de libertad no menor de ocho años ni mayor de 12, es decir carcelería efectiva. Es más, la Constitución y la Ley Penal sostienen que cuando este delito se da en contra del patrimonio del Estado la sanción se duplica. Pero como este ‘modus operandi’ de Petro-Tech se ha dado hasta años recientes, este delito no ha prescrito y está vigente. Es más, de esos US$ 78 millones que hemos llegado a determinar como crédito fiscal indebidamente obtenido por Petro-Tech –al que tienen que aplicársele los intereses y las multas del caso–, Petro-Tech debe devolverle al Estado US$ 78 millones. ─ ¿Y ante esto qué ha hecho la Sunat? La Sunat ya se ha pronunciado en varias resoluciones y ha fallado que se ha cometido el delito tributario y, por lo tanto, Petro-Tech debe restituir ese pago al Estado. Petro-Tech apeló esas resoluciones de la Sunat pero a fines del año pasado nos enteramos que ya el Tribunal Fiscal ha resuelto tres de los casos y en los tres falló a favor de la Sunat, por lo que Petro Tech ya ha pagado  US$ 11 millones por ese concepto. ─ El hecho que Petro-Tech haya pagado ¿no implica un tácito reconocimiento de que sí cometió delito de defraudación tributaria? Por supuesto. Creo que la resolución de la Sunat es evidente y cualquier abogado o tributarista, con sólo ver la atrocidad que han cometido, notará que se trata de un delito tributario. Al pagar, Petro-Tech está reconociendo el delito y por eso en las conclusiones de nuestro informe no sólo la comisión dice que debemos recuperar esos US$ 78 millones sino que también hay que castigar a quienes cometieron delito. ─ ¿Cuántos casos sobre Petro-Tech faltan resolverse en el Tribunal Fiscal? Falta resolverse tres casos más los que en conjunto suman un total de US$ 67 millones, cuyos fallos saldrían próximamente. LAS RESPONSABILIDADES ─ ¿Se han individualizado las responsabilidades en este caso específico de defraudación tributaria? Nosotros hemos hallado como responsables al dueño de la empresa, William Kallop, y a las dos personas que eran los instrumentos legales y operativos de Kallop que son el señor Alberto Varillas Cueto y la señorita Rossy Gadea, que eran prácticamente los apoderados y las personas que sustituían a Kallop y lo representaban ante Perupetro y las demás instituciones del Estado. Expreso 23 de mayo del 2010