lunes, 28 de octubre de 2013

APOSTANDO POR LA DESINTEGRACIÓN VERTICAL

PERÚPETRO SIN BRÚJULA

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

Ante el acuerdo del Directorio de PerúPetro dado a conocer el 16 de octubre del presente año no queda más que manifestar nuestra decepción por una decisión que ha carecido de un debate técnico económico, y lo que resulta más extraño es el silencio cómplice de los más altos funcionarios de PetroPerú representados por el presidente de su directorio y su gerencia general, que carentes de la necesaria autoridad moral y técnica no han sabido defender los intereses de la petrolera estatal que están definidos por la integración vertical de sus operaciones como la forma más eficiente de operar en toda empresa de hidrocarburos. 

Debo reconocer que se trata de una decisión interesada, de parte a favor de las empresas que han realizado un gran lobby como lo hizo en su momento Graña y Montero que contaba a su favor con una fuerte relación con el Dr. García Pérez, para extender por 10 años el contrato por el lote I que debía vencer el 2011 y se le extendió hasta el 2021, con mínimos compromisos de inversión.

Por ello, las empresas interesadas reclaman un trato no discriminatorio, en especial la noruega Interoil que interpuso al estado una demanda internacional que se encuentra en una negociación mediante un arbitraje, que como siempre será contrario al interés público. Supuestamente en el mes de marzo del 2013 finalizaban los contratos de los lotes III y IV siendo ampliados por dos años adicionales al igual que el lote IX de Unipetro, mientras se resolvían los litigios internacionales.

Sin embargo, no se entiende la ausencia de brújula en PerúPetro. Si se tiene presente que no hace mucho en diversas declaraciones periodísticas en los meses de julio, agosto, setiembre, el presidente de PerúPetro Ing. Luis Ortigas sostenía la tesis de la licitación internacional amparado en los acuerdos de directorio llevados a cabo por sus antecesores, en especial Daniel Saba en el gobierno anterior y Aurelio Ochoa a inicios del presente régimen.

En tal sentido, por la transparencia que debiera existir en los negocios del estado estos acuerdos debieran ser públicos. Se debieran conocer las actas de los diversos directorios para conocer las razones técnicas y económicas que justificaban la licitación internacional de los lotes y/o la prórroga contractual. Esto es lo mínimo que debiera solicitar cualquier congresista de la República.

Es más, supuestamente se habría contratado una consultora que en tiempo record, menos de un mes habría realizado sesudos estudios geológicos, económicos, financieros, legales de los lotes de hidrocarburos materia de cuestión, donde como conclusión se recomendaba que la mejor opción sería la prórroga de los contratos por 10 años adicionales sujetos a una serie de condicionalidades.

Desde el punto de vista del interés nacional sin reproducir el modelo boliviano, esos lotes debieran ser adjudicados en negociación directa a PetroPerú, como se hizo en el pasado con el lote 56 para el Consorcio Camisea entregando 200 millones de barriles de condensados y 2 trillones de pies cúbicos de gas natural de reservas que en el fondo eran probadas. 

Si bien la adjudicación directa es una prerrogativa de PerúPetro esta debiera estar justificada en función del interés público que hoy está encarnado con todas sus limitaciones y debilidades por PetroPerú, si de verdad se apuesta por la seguridad energética reproduciendo el modelo colombiano o chileno.

Si bien las reservas del lote 56 hoy se exportan, existen 2.4 trillones de reservas de gas natural del lote 88 que están garantizando el proyecto de exportación. Si se estima el gas natural exportado en barriles, resulta que los más de 500 millones de pies cúbicos diarios que exportan hacia USA, México, España, Corea del Sur, Japón, resultarán equivalentes a 160 mil barriles diarios con precios promedio de 25 dólares el barril, mientras PetroPerú tiene que pagar tarifas internacionales tanto por el crudo producido internamente como el que compra del exterior, abonando más de 100 dólares por barril.

Ello se puede observar en el cuadro respectivo donde se expresan los volúmenes de crudo comprados de la producción local y los precios promedio pagados por barril año por año. Entre los años 1997 al 2012 la petrolera estatal ha tenido que pagar por el crudo producido internamente la suma de 14,328 millones de dólares y solamente en el 2012 el valor pagado superaba los 2,028 millones de dólares, abonando un precio promedio de 109 dólares por barril. Ver cuadro “Cargas Procesadas y el Valor de las Compras Internas de Petróleo para la Industria Refinera de PetroPerú 1997/2012 “

Estas compras de crudo que realiza PetroPerú desde 1997 cuando ya se enajenaron el conjunto de lotes bajo su responsabilidad tales como los lotes Z-2B, X, 8/8X, y los lotes denominados marginales a inicios de los años noventa cuando los precios del petróleo eran menores a los 20 dólares el barril, que con precios superiores a los 100 dólares no tienen ya esa condición, Así, en el 2012 la petrolera estatal ha tenido que abonar 109 dólares por barril por el crudo que antes le pertenecía. 

Este es el quid de la cuestión y el interés real de los privados que están detrás de la prórroga. Las compras que realiza PetroPerú constituyen los ingresos que perciben las empresas petroleras que operan en el mercado local. El negocio es seguro y sumamente rentable pues si fueran marginales y de altos costos ¿por qué tanto interés en la prórroga?

Por ello, la extensión de los contratos por 10 años más, reproduce las prácticas fujimoristas de los inicios de los años noventa del siglo pasado donde se fracturó la integración técnica material de las operaciones de PetroPerú, privatizando a “precios de ocasión” los lotes de hidrocarburos, los grifos, las filiales y la refinería de La Pampilla.

De esta forma se está fortaleciendo la desintegración vertical de PetroPerú, que seguiría operando sin producción propia, y sin acceso al valor económico de las reservas probadas y probables, que le permitirían tranquilamente levantar más de 2,000 millones de dólares de cualquier organismo financiero para modernizar la refinería de Talara, y su propia presencia en los lotes próximos a su vencimiento, si se tiene el respaldo de las reservas de los lotes 1-AB, VI/VII, III, IV y II.

Resulta una cruel paradoja que el estado garantice con 2.4 trillones de reservas probadas del lote 88, que supuestamente constituyen la garantía de abastecimiento para el mercado interno, para en cambio apuntalar el proyecto de exportación del consorcio Perú LNG (Hunt Oil, SK de Corea del Sur, Marubeni, Repsol/Shell), lo que le permitió contar con 4.4 trillones de reservas probadas de gas natural para de esta forma calificar como sujeto de crédito internacional por más de 4,000 millones de dólares, y financiar la Planta Melchorita, terminales, buques metaneros etc. 

Esta integración vertical que se le niega a PetroPerú condena a la petrolera estatal  como empresa exclusivamente refinera con márgenes de 3 a 5 dólares por barril, mientras en la producción las empresas obtienen precios de 100 dólares el barril mientras a lo mucho el costo de producción incluyendo regalías, depreciación, amortización no superan los 40 dólares el barril.

El acceso a la reservas probabas y probables de los lotes II, III, IV, VI/VII y sobre todo del lote 1-AB en la selva norte que tiene más de 400 millones de barriles en reservas, y el lote VI/VII donde opera la empresa estatal China Sapet (29 millones de reservas probadas)  le otorgarían a PetroPerú caja y un respaldo financiero que hoy no tiene. Por ello, la gran pregunta que debieran responder la dupla Castilla/Merino está en relación a ¿cómo con utilidades netas menores a los 100 millones de dólares PetroPerú podría financiar de manera integral su modernización?

La prórroga afecta gravemente la modernización de sus unidades, en especial de la refinería de Talara que no solamente debe operar para la producción de combustibles limpios, eliminando el azufre contenido en el petróleo que se importa del Ecuador y Colombia. Por ello, se debe modernizar integralmente la refinería de Talara con la planta de desulfurización, planta de tratamiento de crudos pesados que son los más abundantes en la selva norte, con la unidad de ácido sulfúrico que tiene un mercado asegurado, etc. Todo ello tiene un valor de 2,730 millones de dólares para PetroPerú y compromete aproximadamente 800 millones de parte de capitales privados, que resultan necesarios para asegurar el crecimiento económico del país.





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