LOS ALTOS PRECIOS DEL ZINC

LOS ALTOS PRECIOS DEL ZINC

GANANCIAS EXTRAORDINARIAS CON SALARIOS FRANCISCANOS

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI

Si bien la mayor atención se centra en el comportamiento de los precios del cobre y oro por su importancia relativa en las exportaciones mineras, donde prácticamente los volúmenes de cobre se han más que duplicado en casi una década, pasando de un millón de toneladas a más 2.5 millones en el 2017, gracias a los bajos costos de producción, mano de obra barata, mínimos costos ambientales y una legislación tributaria sumamente atractiva para el capital sobre todo transnacional.

Se debe reconocer que el modelo primario exportador ha gozado del llamado “boom minero” (2003/2012), y en el presente todavía los precios del cobre, y oro resultan atractivos, de allí   que con las ampliaciones y nuevos proyectos como el de Michiquillay, Quellaveco entre otros se ha de superar los 3.5 millones de toneladas anuales en producción de concentrados de cobre, lo cual es positivo para el país siempre y cuando se cumplan con los principios de la responsabilidad social, ambiental y tributaria.

Sin embargo en este contexto las empresas productoras de zinc están pasando piola, pues los precios del zinc se ubican por encima de los US $ 144 centavos la libra a julio del 2018 en promedio, casi al mismo nivel que los precios del boom de los años 2006/2007, lo cual hace muy atractiva su explotación.

Por ello las empresas tanto grandes como medianas prefieren extraer zinc antes que cobre, y para ello ponen en práctica procesos metalúrgicos para priorizar la producción de zinc. Sin embargo esta bonanza no se refleja en los salarios ni en la participación de las utilidades de los trabajadores, casos de los trabajadores de Volcan, Milpo, Soc. Mra. Corona entre otros.

El zinc es un metal sumamente dúctil que refinado y puesto al servicio de la industria es utilizado en la industria automotriz, eléctrica, construcción, metal metálica, naval, aéreo espacial entre otras. Después de todo una bala sea de fusil o de un obús tiene una componente de 70% de cobre y 30% de zinc, de allí que su demanda interna e externa presione al incremento de los precios, ante la ausencia de nuevos proyectos.

PRECIOS POR LAS NUBES

Si se tiene presente que durante inicios del nuevo siglo los precios del zinc se ubicaban sobre los U$ 40 centavos la libra para mantenerse sobre los US $ 149 centavos en el 2007 y flotar sobre los US $ 85 centavos la libra entre el 2008 al 2015 para luego experimentar una espectacular subida que llevaría los precios del zinc a superar los 140 centavos la libra para julio del presente, lo cual les permite obtener utilidades extraordinarias que debieran ser compartidas con sus trabajadores.

Por experiencia propia hacia el 2002/2003 con precios de US $ 40 centavos la libra, un poco más un poco menos, empresas con una importante producción de zinc como Antamina o Volcan tenían utilidades mientras otras empresas del rubro en terceros países se veían forzadas a cerrar operaciones, sin embargo en nuestro país obtenían utilidades marginales al fin y al cabo.

Por ello cabe interrogarse si con US $ 40 centavos la libra de zinc se obtenían utilidades con precios de US $ 140, el excedente sería mucho mayor de allí la necesidad de capitalizar no solamente a la empresa con mayores inversiones sino también a los trabajadores mineros, que han visto rezagarse sus ingresos vía salarios básicos, colaterales que dependen del básico y sobre todo en la participación en las utilidades.

Es decir, el “boom minero” no ha significado un boom de los salarios para los trabajadores, en una actividad de riesgo, con una elevada productividad en especial en las empresas de la gran y mediana minería, que se desenvuelve sobre los 4,000 metros de altitud en jornadas atípicas de trabajo, es decir con jornadas de 12 horas continuadas, lejos de la familia en la mayoría de casos.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN EL ZINC?

Si se analiza el cuadro de “Principales Empresas Productoras de Concentrados de Zinc en los años 2016/2017” se pueden extraer algunas interesantes conclusiones. En primer lugar, a pesar de los altos precios del zinc la respuesta productiva ha sido modesta, donde la Mra. Antamina explica sobre todo el incremento productivo, aprovechando mejor los altos precios del zinc.

La producción entre el 2016 al 2017 apenas se ha incrementado en un 10.19%, pasando de un 1’336,835 toneladas a 1’473,037 toneladas, es decir un incremento absoluto de apenas 136,202 TM que prácticamente se explica por el comportamiento de la Cía. Mra. Antamina S.A., cuya producción se incrementó en un 69%, transitando de las 261 mil toneladas a 442 mil toneladas en el 2017.

El segundo actor en el zinc es el grupo brasileño Votorantim que controla la mayoría accionaria de Compañía Mra. Milpo S.A.A. cuya producción ha decrecido en 9.9% en el período tal como se puede observar. También su subsidiaria Milpo Andina Peru SAc también tiende a la baja con una variación del 25 %.

Es decir, el grupo Votorantim que controla la refinería de zinc de Cajamarquilla, donde transforma los concentrados de zinc en fino, prácticamente ha experimentado una baja en la producción en sus subsidiarias pasando de 245 mil toneladas a 211 mil en el 2017, con lo cual estará presionado a comprar la producción de terceros para alimentar la refinería.

El tercer protagonista es el grupo minero Volcan S.A.A. que también controla a la Cía. Mra. Chungar SAC, donde la transnacional suiza Glencore tiene la mayoría accionaria. En especial se debe destacar el comportamiento de la unidad de Chungar donde la pureza y alta ley del zinc es reconocida como una de las más altas en el mundo. Allí, en esta unidad la producción pasa de 66 mil toneladas a 103 mil toneladas, es decir experimenta un incremento del 55 %

El cuarto lugar lo tienen las medianas empresas mineras donde se debe destacar a la Cía. Mra. Raura, San Ignacio de Morococha, Sociedad Mra. Corona, y Cía. Mra. Santa Luisa de Huanzalá que han incrementado la producción de zinc a costa de una mayor sobreexplotación de la fuerza de trabajo, pagando salarios miserables y enajenando parte de la participación de las utilidades a sus trabajadores.

En resumen, el patrón de la producción minera en general y del zinc particular reproduce un perverso modelo de acumulación donde no solamente se depreda el medio ambiente, se contamina ríos y lagunas con un alto costo ambiental para las próximas generaciones, sino también sobrexplota a los trabajadores con salarios franciscanos con una permisiva y baja presión fiscal. Es decir, reproduce las políticas de “cholo barato y estado misio”.

EL SABOR AMARGO DE LA CERVEZA

AB INBEV CON PRÁCTICAS MONOPÓLICAS

Una forma de disminuir la utilidad imponible sobre la cual se aplica el 10 % de participación de los trabajadores en las utilidades de la industria y la tasa correspondiente del impuesto a la renta, está ligada a las relaciones que tiene una empresa con su matriz, y con las empresas vinculadas, que pueden ser consideradas como empresas hermanas, todas pertenecientes al mismo grupo económico. Así, los ingresos y egresos que se puedan generar se saldan al interior del grupo. Lo que se puede considerar egreso en una hermana, se asume como ingreso en la otra. ¡En fin todo queda en familia!

Un caso extremo por la importancia sectorial que tiene en el negocio de la cerveza es el monopolio ejercido por la “Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston” y el rubro de las cuentas por pagar a las empresas hermanas del mismo grupo, que suben como la espuma entre el 2016 al 2017, todo como una nueva práctica monopólica a vista y paciencia de la Sunat, que está más preocupada en perseguir y castigar a las pequeñas y microempresas, y ser tolerante con los tiburones, que tienen un gran poder político y económico.

Como se puede observar en el cuadro respectivo, las cuentas por pagar comerciales a las empresas relacionadas del mismo grupo económico entre el 2016 y el 2017 se han incrementado de 179 millones de soles a 1,659 millones. Es decir, en un arte de alquimia alcohólica las cuentas por pagar han aumentado en términos absolutos en 1,480 millones de soles, experimentando una variación de 826% de un año a otro. Cabe interrogarse ¿Qué puede explicar tan drástico incremento de las cuentas por pagar?

Si se tiene presente que los ingresos de la empresa “Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston” subieron en el período en referencia de 4,066 millones de soles a 4,367 millones. Es decir, los ingresos aumentaron en términos absolutos en 301 millones con una variación porcentual del 7.4% Por tanto ¿dónde está el gato encerrado?

PRÁCTICAS MONOPÓLICAS

En principio se debe reconocer que el mayor accionista de esta cervecera es la transnacional belga AB Inbev que desde fines del 2016 en nuestro país es responsable de la fabricación de las marcas reconocidas de la Cristal, Pilsen Callao, Cusqueña, Pilsen Trujillo, Arequipeña. También procesa gaseosas como Guaraná, aguas minerales, bebidas nutritivas entre otras.

Es decir, es un monopolio que procesa según fuentes consultadas la cerveza cuzqueña con el agua subterránea extraída de sus pozos propios en su planta de Lima, pagando por cada  mil litros de agua un equivalente a 0.14 céntimos de sol, cuando un consumidor promedio abona un poco más de 3.15 soles por cada 1,000 litros, y los pobres urbano-marginales tienen que pagar más de 15 soles. ¡Todo ello constituye una cachetada a la pobreza que ha aumentado gracias a los gobiernos lobistas de turno!

Esta transnacional belga cuyo nombre completo es Anheuser-Busch Inbev adquirió en el 2016 los activos, pasivos y patrimonio de la inglesa Sab Miller que era la empresa responsable en la elaboración de la Pilsen Callao y San Juan. Como debiera ser evidente estamos ante un pulpo transnacional que en nuestro país es un monopolio cuya competencia serían las cervezas artesanales y las bebidas importadas, pero con las tarifas ridículas que paga por el agua subterránea y los bajos costos de la energía eléctrica en la práctica no tiene mayor competencia en el mercado cervecero.

Con esta compra a nivel global AB Inbev se ubica a nivel mundial como la segunda empresa en cuanto a generación de ingresos detrás de Pepsico que obtuvo 62,801 millones de dólares, seguida por AB Inbev que generó 45,558 millones de dólares, superando a la Coca-Cola con 41,478 millones, Heineken con 23,000 millones entre otras.

CURIOSAS CUENTAS POR PAGAR

Como parte de un proceso de restructuración simple AB Inbev que tiene como objetivo fundamental maximizar las utilidades monopólicas a costa de los ingresos fiscales, de los consumidores que tienen que asumir sobrecostos y de los trabajadores que sufren el acoso laboral, con maltratos, abusos y un recorte en la participación de las utilidades en el 2017, que debe ser considerado el año estrella para la transnacional belga.

Como resulta evidente en el cuadro respectivo en lo referente a las “cuentas por pagar a empresas subsidiarias y relacionadas en el país”  en el 2017 destacan los pagos que antes no existían a las empresas Compañía Cervecera Ambev Perú SAC por 35.4 millones de soles, a la empresa Backus Estrategia SAC por 8 millones y a la empresa Backus Marcas y Patentes SAC que no tiene más de 20 trabajadores por la millonaria suma de 715 millones de soles.

Debiera ser evidente que todo esta construcción constituye un mecanismo empresarial para incrementar los costos, tercerizar lo más posiible la fuerza de trabajo. Con la recreación de empresas subsidiarias que tienen el mismo domicilio fiscal, la misma planta física hasta los mismos gerentes, pero que jurídicamente constituyen otras empresas, se aumentan los costos y gastos deducibles.

En tal sentido, debiera llamar la atención los pagos que se hacen a la empresa Backus Marcas y Patentes SAC a la cual se le debe abonar 715 millones de soles, empresa que se crea como parte de la reconstitución empresarial.

En cuanto a las cuentas por pagar a las empresas relacionadas del exterior, destaca los pagos por 130 millones de soles a la empresa relacionada Bavaria S.A. y sobre todo a Racetrack Peru SRL a la cual se le debe abonar 564 millones cuando en el 2016 la cuenta por pagar a la misma empresa  era un poco más de tres millones de soles.

Si a todo esto se le suma que todos los consumiores pagamos 172 millones de soles por los “servicios de administración, consultoría y asistencia técnica brindados por la matriz”, como si el negocio cervecero fuera una cuestión compleja. Evidentemente estos pagos al exterior constituyen una fuga de capital, categoría prohibida en la globalización de los mercados.

Ante este perverso comportamiento empresarial el sindicato de trabajadores obreros de la empresa “Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston”, está organizando una paralización indefinida como protesta a los sobrecostos que afecta a los consumidores, las políticas de tercerización, con despidos laborales maquillados con la frase de retiro voluntario, y el recorte arbitrario en la participación de los trabajadores en la riqueza creada, que se reproduce en diversos sectores económicos como expresión de las políticas de “cholo barato”.

DEVOLUCIONES MILLONARIAS DEL IGV BAJO LA LUPA

Autor: Humberto Campodónico. Diario La República (18 de Abril del 2018)*

También hay que lamentar que no se haya procedido a la reprogramación desde el momento en que se presentaron los saldos negativos. Se han perdido dos años de mayores ingresos fiscales.

El 26 de setiembre de 1994 se publicó el DS-126-94-EF, que reglamenta el Art. 34 de la Ley de IGV. Este DS explica por qué han sido tan grandes las devoluciones del IGV a las empresas exportadoras en los últimos años.

Estas devoluciones, sumadas a la caída de los precios de las materias primas y a los errores en las políticas económicas del gobierno de Ollanta Humala y de PPK, explican en gran medida esa caída de la recaudación fiscal del gobierno general, que ha pasado de 22 a 18% del PBI desde el 2013 al 2017.

Como dice Cooperacción: del 2012 a 2017 la SUNAT devolvió IGV por S/. 72,319 millones de soles, la misma que creció en los últimos años: el 44% del total se devolvió en el 2016 y 2017. La devolución del IGV al sector minero ha sido la más alta con S/. 21,640 millones del 2012 al 2017 (www.cooperaccion.org.pe).

Estas devoluciones se aplican bajo el lema: “no se exportan impuestos”. La premisa básica es que si se venden los productos con el IGV incluido, el producto exportado se encarece y pierde competitividad frente a los productos de otros países que sí devuelven el IGV.  Por tanto, la premisa es coherente.

No lo es que los montos devueltos a los exportadores, principalmente los mineros, sean superiores a los impuestos pagados, de tal manera que el aporte tributario se vuelve negativo. Así, en el 2016, las devoluciones (5,889) fueron superiores a los aportes (4,307) en S/. 1,582 millones.

Esta es una de las causas de la caída en la recaudación. Y esto preocupa al gobierno, que ahora busca reducir el gasto corriente y las exoneraciones tributarias para lograr mayores ingresos. Si esto es así, debería también atacar el tema de las devoluciones.

¿Por qué son tan altas en el Perú? Aquí volvemos al DS-126-94 que, en su Artículo 4 dice que la compensación o devolución tiene como límite un porcentaje equivalente al 18% del IGV realizado en el periodo. Más adelante, el DS 126 precisa que la devolución ocurrirá en un plazo que puede ser entre 24 a 48 horas de realizado el pedido de devolución por parte del exportador.

Sobre la base de este marco jurídico las empresas pagan IGV cuando adquieren bienes y servicios, lo que el fisco les devuelve una vez exportado el producto (o el mineral). Estos montos tienden a ser más o menos “normales” y no son muy altos.

En el caso de la minería, la cosa cambia cuando se pone en marcha una mina nueva, como Las Bambas, para citar a la más grande: su construcción duró 10 años y la inversión fue US$ 10,000 millones. Allí hay que pagar IGV para los bienes y servicios adquiridos: construcción del tajo, materiales, edificios, carreteras, viviendas y servicios diversos. El IGV se va acumulando hasta que mina está lista para comenzar a producir. Allí, el exportador le dice a la SUNAT: ?Devuélvame el IGV que he pagado”.

Si agregamos otros proyectos de los últimos años como la Ampliación de Cerro Verde, Constancia y Toromocho, a los que se suman la ampliación de Antamina y Toquepala, entonces las devoluciones crecen fuerte.

¿Qué puede hacer el gobierno? Varias cosas. En primer lugar, debe saber que ya no estamos en 1993 o 1994, cuando había urgencia de “atraer la inversión extranjera otorgándole incentivos”.

En segundo lugar, el gobierno puede recalendarizar, diferir o reprogramar el pago de las devoluciones estableciendo que no puede haber saldos fiscales negativos. El refuerzo de este planteamiento viene porque hay una situación excepcional provocada por el desastre natural del Niño Costero y que el gobierno debe cumplir con la reconstrucción del país. Esta reprogramación puede significar un alivio inmediato de varios miles de millones de soles.

En tercer lugar, el gobierno lo puede hacer con la expedición de un Decreto Supremo que modifique el DS 126 94. Por tanto, su entrada en aplicación es inmediata.

Para terminar, es lamentable que no contemos con un análisis detallado de las partidas que estructuran el total de devoluciones –de todos los sectores, incluido el minero- para saber su composición (hay quienes piensan que las devoluciones pueden estar “infladas”). Este gobierno debe promover la transparencia y hacer pública la composición de los montos devueltos.

También hay que lamentar que no se haya procedido a la reprogramación desde el momento en que se presentaron los saldos negativos. Se han perdido dos años de mayores ingresos fiscales. Esa característica de privilegio al sector empresarial debiera ser abandonada por el Presidente Vizcarra. No perdamos más tiempo.

(*) Ver Publicación:

https://larepublica.pe/politica/1228607-devoluciones-millonarias-del-igv-bajo-la-lupa

LAS NUEVAS SANCIONES A LA CORPORACIÓN LINDLEY

2017 IMPORTANTES UTILIDADES Y MEZQUINOS SALARIOS (*)

Son tantas las faltas, abusos, discriminaciones, omisiones, perjuicios a los trabajadores sindicalizados que comete la Corporación Lindley, que desde setiembre del 2015 está bajo responsabilidad de la transnacional mexicana Arca Continental-Lindley, que esta parece ser la forma normal de hacer negocios en el país. En resumen, se aplica la política de “cholo barato” para minimizar no solamente los salarios, sino también para disminuir la participación de los trabajadores en las utilidades, a pesar de la bonanza lograda en el 2017.

En otras palabras, para aumentar el capital con mayores beneficios hay que exprimir a los trabajadores, cerrar plantas como la moderna unidad del Callao con un despido encubierto de “colaboradores” con generosos incentivos que se financian de los mismos “fondos salariales” generados por los propios trabajadores. También se valoriza el capital con compras-ventas de activos no estratégicos entre empresas vinculadas, todo con la finalidad de incrementar los costos y reducir las utilidades imponibles.

Así, también se trata de maximizar los privilegios de una posición de dominio con una información defectuosa y confusa sobre el contenido de azúcares en las bebidas, según la denuncia de la ONG ASPEC ante el Indecopi, y un aprovechamiento indebido de las ventajas frente a la debilidad de un estado capturado, abonando por ejemplo pagos ridículos por el agua que se extrae de los pozos propios. ¡Abonar catorce céntimos de sol por mil litros de agua para fabricar la Coca Cola sería inconcebible en los Estados Unidos!

SANCIONES Y MULTAS RIDÍCULAS

No importa que los organismos reguladores del propio Estado, sea el Indecopi, sea la Superintendencia del Mercado de Valores, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) entre otras, establezcan sanciones a esta abusiva transnacional mexicana que tiene la exclusividad en el mercado local para el embotellamiento de las reconocidas bebidas Coca Cola, Inca Kola, Fanta, Sprite, San Luis controlando más del 67 % del mercado de gaseosas y bebidas.

Solamente en el 2017 Corporación Lindley tuvo que abonar más de 153 mil soles por la aplicación de 38 UIT por concepto de multas, sea por falta de idoneidad, productos riesgosos, según diversas resoluciones impuestas a esta poderosa transnacional que se jacta de sus prácticas de responsabilidad social.

Al respecto, cabe citar la última sanción impuesta por el Sunafil con fecha 27 de febrero del 2018 donde se le obliga a pagar a la Corporación Lindley dos multas equivalentes a 19.8 UIT más un 50% de la UIT por un valor de S/ 101 mil soles por grave discriminación a los trabajadores del sindicato Sinatrel, “en el libre ejercicio de su actividad sindical” y por incumplimiento en el “requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral”

En verdad, son tan franciscanas por no decir tan ridículas las multas impuestas en el 2017 sea por el Indecopi como por el Sunafil que sumadas ambas hacen un total de un poco más de 254 mil soles, que frente a las utilidades netas obtenidas en dicho año que sumaron los 163 millones de soles, ambas multas no representaron ni el 0.155 % de las utilidades netas. ¡Así cualquiera!

Por ello esta abusiva y prepotente Corporación Lindley prefiere abonar las multas de los organismos reguladores, pues no constituyen correctivos ejemplares, más aún cuando se pondría en peligro la salud de los consumidores por procesar productos riesgosos y con falta de idoneidad, según el Indecopi.

BONANZA DE UTILIDADES

Esta forma de hacer empresa debiera ser cuestionada no solamente por el propio estado sino también por los propios consumidores exigiendo el cumplimiento de las buenas prácticas corporativas y de respeto irrestricto a los derechos de los trabajadores. Ello es más urgente y necesario cuando los resultados al 2017 en relación a los últimos cinco años demuestran un crecimiento sostenido, prueba de ello es el comportamiento de las utilidades operativas desde el 2013 al 2017.

Si se tiene presente que la utilidad operativa representa la utilidad resultante de restar a los ingresos los costos de ventas, más los gastos de ventas y administrativos, resulta un indicador importante para estimar la rentabilidad empresarial.

Así, la utilidad operativa en el 2013 pasa de ser los S/ 154 millones de soles, para escalar a los S/ 221 millones en el 2015, trepar a los S/ 531 millones en el 2016 y mantenerse sobre los 360 millones en el 2017, lo cual significa el segundo año más alto nivel en toda la historia de la corporación.

Es más, si se compara el 2016 en relación al 2017 es evidente según el cuadro “Corporación Lindley S.A. : Resumen de los Estados Financieros 2013/2017” como se han incrementado los ingresos pasando de los S/ 2,499 millones de soles a S/ 2,514, superando de lejos los S/ 2,067 millones del 2013.

En el mismo sentido, la utilidad bruta que resulta de restar a los ingresos los costos de venta que incluye la depreciación y pago de servicios de terceros y compras a las empresas vinculadas, se incrementa pasando de los 912 millones de soles en el 2016 a más de 923 millones en el 2017

Por último, la utilidad residual o utilidad neta en el período considerado 2013/ 2017 transita de una pérdida de 72 millones de soles en el 2013, que se reproduce en el 2015 con una pérdida de 89 millones de soles en razón de las pérdidas tributarias por las inversiones y ampliaciones realizadas, que generaron pérdidas contables en dicho año.

Dicho año 2015 resulta anómalo, perverso, desigual para los trabajadores  pues ante los resultados negativos éstos no tuvieron derecho a la participación de utilidades, sin embargo graciosamente y generosamente la Corporación Lindley distribuyó S/ 39.9 millones de soles entre 60 altos funcionarios, directorio, y gerencia clave, una bonificación especial como reconocimiento.

Por ello, en el 2017 frente a una utilidad antes de impuestos del orden de los 241 millones de soles, esperamos que la participación de los trabajadores en las utilidades no sean enajenadas ni manoseadas, pues está demostrado que la bonanza y las mayores utilidades se explican por la privilegiada posición de mercado de la corporación y la explotación de la fuerza de trabajo.

(*) Ver Publicación:

http://diariouno.pe/columna/las-nuevas-sanciones-a-la-corporacion-lindley/

PERÚ: ORO INFORMAL, ORO MALDITO

EXPORTAMOS MÁS QUE LO PRODUCIDO FORMALMENTE

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI

En la campaña electoral del 2016 PPK sostenía la propuesta de comprar el oro producido informalmente a lo largo y ancho del país, desde Piura hasta Madre de Dios departamento que con la llegada del Papa ha concentrado las miradas del mundo. En especial por los efectos perversos y devastadores de la producción aurífera, que significa el envenenamiento de tierras, lagos, lagunas, con una explotación de la fuerza de trabajo que nos retrocede al siglo XVII con formas de explotación semiesclavista articulados a un mercado globalizado, como si estuviéramos en la etapa del mercantilismo en el nacimiento del capitalismo.

Con miles de hectáreas deforestadas Madre de Dios experimenta una criminal contaminación que desde los años setenta del siglo pasado, ha convertido a diversas zonas de dicho departamento en “tierra de nadie”, donde la vida no vale nada, con una violencia extrema donde el estado está ausente. Se contamina impunemente pues para extraer un kilo de oro se utilizan dos kilos y medio de mercurio; metal que en su mayor parte es importado y transportado desde la ciudad capital hacia la selva sur oriental.

Es decir, el mercurio insumo necesario para separar el oro mediante el proceso de la amalgama, es formalmente importado y transportado hacia Puno, Madre de Dios y otros lugares como lo es también el combustible que se utiliza en las motobombas, embarcaciones, transportes a vista y paciencia de las autoridades del estado central y regional.

Es también una región donde se reproducen formas de explotación semiesclavistas, con redes de prostitución de mujeres jóvenes que son explotadas por mafias que con falsas promesas son llevadas desde los más diversos lugares del Perú hacia las localidades que han surgido en razón de la bonanza aurífera. Donde con precios superiores a los 1,200 dólares la onza constituye un atractivo la obtención del metal dorado, que es toda una maldición.

En un artículo bien documentado, publicado por Carlos Contreras, “Delta 1, un pueblo minero sin ley en Madre de Dios” en el diario La República del 5/02/18, se menciona las condiciones sociales de explotación, los niveles de deforestación, contaminación ambiental, que se reproducen en menor medida en el resto del país.

LA MINERÍA INFORMAL

En otras palabras, la extracción de oro ilegal e informal, a pesar de los intentos del estado por la formalización minera, en especial de los pequeños productores artesanales, no se limita a Madre de Dios, Puno, también se reproduce en Arequipa, Ayacucho, Ica, La Libertad, Piura, la sierra de Lima.

Ello significa que la explotación informal atraviesa el país, con un daño ambiental, empobrecimiento de cuencas y ríos gracias a una explotación minera que no es controlada por el estado, la cual constituye un grave problema social, económico pues esta producción no paga impuestos, ambiental por el uso indiscriminado de mercurio, metal peligroso cuyos efectos perversos demoran más de 100 años en desvanecerse.

En esa medida en todos estos años desde el 2001 cuando se promulgó la ley de la minería artesanal al presente somos testigos del fracaso de la formalización minera, y de todo lo que ello significa, pues con precios por encima de los 1,300 dólares la onza, la explotación aurífera constituye un negocio rentable y atractivo para las poblaciones subempleadas del campo y la ciudad.

Sí, con precios del oro fijados por el mercado internacional superiores a los 1,300 dólares la onza, donde una onza troy contiene 32 gramos, en la informalidad el gramo se puede cotizar entre 130 a 140 soles. Ello significa que un productor artesanal con una producción diaria de cuatro a cinco gramos podría obtener al día en el peor escenario 520 soles, y en la semana de seis días un promedio de 3,120 soles, lo cual supera de lejos los ingresos propios de la actividad agrícola.

Es decir, para los sectores subempleados del campo y la ciudad, la explotación aurífera constituye todo un atractivo, pues los bajos costos de producción en la producción artesanal, y otras modalidades como cooperativas, asociaciones etc., con precios que bordean los 800 dólares la onza troy, la actividad es rentable. Ello significa que con precios por encima de los 1,300 dólares, el negocio es más rentable.

Por ello la propuesta de PPK de utilizar mecanismos de mercado, ofreciendo mejores precios por el oro obtenido ilegalmente a través del Banco de la Nación, o un banco de fomento, con el compromiso de la formalización productiva y el respeto de un plan de remediación ambiental, parecía una medida razonable, frente a la interdicción policial-militar que ha resultado un completo fracaso.

DESBALANCE AURÍFERO

Resulta curioso que en pleno siglo XXI, en la problemática del oro, la ficción supera a la realidad. Con la información oficial de organismos del propio estado, la producción aurífera para la exportación supera la producción de oro declarada ante el ministerio de Energía y Minas, año a año, tal como puede observarse en el cuadro “Perú: Producción y Exportación de Oro” período 2004 al 2017

Así, en el 2017 con el gobierno de PPK según el Banco Central de Reserva del Perú, en sus notas semanales declara que la producción de oro exportado desde nuestro país representa la cantidad de 6,310 en miles de onzas. Ello significa que se han exportado seis millones trescientas diez mil onzas de oro hacia Estados Unidos, Suiza, Canadá que son los destinos principales.

De otro lado, con las declaraciones del ministerio de Energía y Minas procesadas por la Dirección General de Minería (DGM), la producción formal ha sido para el mismo año del 2017 de 4,858 en miles de onza. Es decir, la gran minería, mediana, pequeña y minería artesanal han declarado cuatro millones ochocientos cincuenta ocho mil onzas.

Usted amable lector puede preguntarse cómo es posible que se exporte mayores volúmenes a los formalmente declarados como producción interna de oro. Ello pone de manifiesto la gravedad del problema de la informalidad en la producción aurífera, que no concentra la atención de las organizaciones ambientalistas, ni que decir del propio estado.

Solamente para el 2017 el diferencial entre los volúmenes exportados de oro frente a los volúmenes producidos formalmente representa los 1,452 en miles. Ello significa que hay una producción equivalente de un millón cuatrocientos cincuenta y dos mil onzas, que se exportan pero que no tienen un productor reconocido.

Por tanto esa producción evade el pago del impuesto a la renta que se constituye en la base para la determinación del canon minero. Tampoco abona regalías ni mucho menos el gravamen ni el impuesto extraordinario a la minería. Al respecto cabría preguntarse que hace al respecto la Sunat, pues el Banco Central de Reserva identifica a los exportadores mineros de oro, algunos de los cuales no tienen producción propia, y su negocio es la comercialización, que en la jerga del sector se les reconoce como traders.

Es más, la sociedad en su conjunto producto de los beneficios tributarios, establecidos en el régimen del fujimorismo, se reconoce que no se exportan impuestos, por tanto el estado tiene que devolver a los exportadores el impuesto general a la ventas  del 18 % (IGV), lo cual constituye todo un privilegio de los exportadores.

CRECIENTE EVASIÓN

En el cuadro respectivo se puede percibir el comportamiento creciente del diferencial entre la producción de oro exportada y la producción de oro formalmente declarada ante el ministerio de Energía y Minas. En el 2004 esa diferencia era de 386 mil onzas y en la medida que el precio internacional del oro se incrementa, también se incrementan las diferencias entre la producción exportada y la producción formalmente declarada.

Así, en el 2009 con precios del oro de 974 dólares la onza, la diferencia entre los volúmenes exportados y los volúmenes formalmente declarados supera por vez primera los niveles del millón de onzas, para ser exactos suman los 1,057 en miles de onzas. Es decir, representan el millón cincuenta y siete mil onzas de oro, que a los precios de mercado representa un valor de US $ 1,028 millones de dólares que se tamizan, es decir se blanquean con la exportación.

En el 2017 el diferencial entre los volúmenes exportados y producidos formalmente representaron los 1,452 en miles de onzas los cuales a precios de mercado de 1,257 dólares la onza, significan un valor de US $ 1,825 millones de dólares que se blanquean con la exportación, que no abonan impuesto a la renta ni regalías, con lo cual se afecta a las regiones productores de donde se obtiene esta producción aurífera.

EPÍLOGO

En verdad, el valor del oro exportado por encima del producido formalmente entre el período del 2004 cuando se inició el boom minero al 2017, es decir cuando los precios transitan de los 410 dólares la onza a 1,257 dólares, supera los US $ 14,396 millones de dólares, lo cual constituye una cruel paradoja propia de un crecimiento minero empobrecedor gracias a la informalidad con elevados niveles de contaminación y deterioro ambiental.

La debilidad interesada del estado para la regulación expone los graves niveles de informalidad, donde el BCR identifica a los exportadores pero no se interroga sobre el origen ni las condiciones de la producción aurífera para la exportación. Solamente en un país como el Perú, puede suceder esta aberrante situación, donde la riqueza de los exportadores auríferos trae consigo la pobreza de las regiones mineras, en especial de Madre de Dios, con formas pre capitalistas de producción.

ABUSOS, EXCESOS, Y FALTAS DE UNA TRANSNACIONAL

ARCA CONTINENTAL LINDLEY - COCA COLA COMPANY (*)

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI

Esta transnacional de capitales gringo/mexicanos controla en nuestro país más del 67 % del mercado de bebidas y gaseosas, embotellando las conocidas marcas de Inka Kola, Coca Cola, Fanta, Crush, San Luis entre las más importantes, con un privilegiado posicionamiento y modernas plantas en Lima, Pucusana, Zárate, Arequipa, Cuzco, Huacho e Iquitos, lo que le permite un indiscutible liderazgo en un mercado fuertemente concentrado en lo que se conoce como competencia oligopólica, una deformación del mercado, con una competencia entre pocas empresas, que tiene elementos mixtos del monopolio y de la libre competencia.

Es tal su poder de mercado y presencia en los medios de comunicación convocando una publicidad acorde a sus intereses, sin embargo poco o nada se dice de sus malas prácticas, del abuso de mercado, de las prácticas nada transparentes que han sido sancionadas por los organismos reguladores, las omisiones de información que inducen a error; expresión de ello es la prepotencia frente a sus trabajadores como a los de la Planta Callao, donde más de 300 familias que se sienten amenazadas por un interesado cierre (lock-out) del centro de trabajo, a pesar de las importantes utilidades y mayores ingresos obtenidos en el 2017 en relación a los años anteriores.

Sin más, en forma arbitraria la empresa ofrece un poco más de 12 sueldos como incentivo con el nombre de “renuncia voluntaria”, a pesar de los compromisos asumidos de transferir a la totalidad de los trabajadores de la Planta Callao a la Planta de Pucusana, una de las más modernas de América Latina en su tipo. Todo ello en el marco de una estrategia antisindical para quebrar al sindicato representativo (Sinatrel) que se opone al abuso empresarial, defendiendo los derechos de los trabajadores.

Ahora que está en la agenda parlamentaria el problema de la concentración de la propiedad, ingresos y capital de parte de las grandes empresas en el sector farmacéutico, una preocupación que se debiera extender al conjunto de sectores, donde existe una alta concentración y una débil regulación estatal. Por ello, es importante destacar el punto referido a los precios de transferencia, a las relaciones entre la empresa matriz y principal con las empresas vinculadas, tanto del país como del exterior, como mecanismos para sobredimensionar los costos, y minimizar las utilidades.

Ello es particularmente urgente en el caso de la transnacional Arca Continental- Lindley- Coca-Cola que mantiene relaciones privilegiadas con las empresas vinculadas y con su matriz, de lo que alguna vez fue una empresa emblemática de la industria peruana, con capitales nacionales desde su fundación hacia inicios del siglo pasado hasta setiembre del 2015, cuando el principal paquete accionario fue transferido a los nuevos dueños por más de US $ 972 millones.

Sin embrago, son tales los excesos, abusos y prácticas antisindicales puestos de conocimiento por mi autoría en diversos medios de comunicación, en particular publicados en el Diario UNO, que la empresa Arca Continental-Lindley me ha denunciado ante el Poder Judicial en el 43º Juzgado por el presunto delito contra el Honor en la modalidad de Difamación Agravada, en agravio de la Corporación Lindley.

Sin embargo, el juez probo del 43º Juzgado con fecha 28 de noviembre del 2017 mediante sentencia declaró infundada la demanda mandando al archivo la referida demanda; pero haciendo uso y abuso de su poder la empresa transnacional ha efectuado su apelación ante la Corte Superior de Lima con la intención de paralizar las investigaciones de mi autoría sobre las características y comportamiento perverso de la referida empresa en el mercado de gaseosas y bebidas.

Sirva para ello un breve recuento de las malas prácticas empresariales de Arca Continental-Lindley-Coca-Cola corroboradas con fuentes oficiales, como es costumbre en mis investigaciones.

SANCIONADA CON 200 UIT POR MENTIR

En la demanda que me entabla la transnacional Arca Continental-Lindley se dice que “Esta persona (se refiere a mi) no ha tenido ningún escrúpulo en mancillar la buena imagen de una empresa que con gran esfuerzo se ha podido constituir como la número uno en el mercado nacional. Estas afirmaciones temerarias del querellado deberán ser refrendadas y corroboradas ante su despacho con las pruebas que éste considere pertinente” (pág. 4)

Es más se argumenta que he realizado “una serie de afirmaciones sin sustento legal con el único fin de menoscabar la reputación y el prestigio de la Corporación Lindley”

Sin embargo, la transnacional calla en todos los idiomas sobre la sanción máxima que le impuso la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) por dar “información inexacta, falsa o tendenciosa”, en el 2016, es decir, fue castigada por mentir, y a las pruebas me remito.

Por esta falta de transparencia la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) sancionó a la transnacional por no informar hechos de importancia al no declarar US $ 150 millones de dólares como parte de los compromisos de compra/venta de la mayoría accionaria, por concepto de no competir en el mercado de bebidas con los nuevos dueños gringo/mexicanos.

Estas penalidades fueron asumidas por la Corporación Lindley en el proceso de venta de su mayoría accionaria en carta del 20 de julio del 2016, cuando declaraba que: “En la fecha Corporación Lindley S.A. ha decidido no interponer recursos administrativos contra la “Resolución” que sanciona a Corporación Lindley, por las infracciones al reglamento de Hechos de Importancia, con una multa de 200 UIT por haber incurrido en cuatro (4) infracciones tipificadas en el inciso 1.4, numeral 1 del Anexo I del Reglamento de Sanciones y en tres (3) infracciones tipificadas en los incisos 2.11 y 2.14 del numeral 2 del Anexo I..”

¿Qué sostiene la infracción del punto 1.4 que está clasificada como “muy grave” por la CONASEV? Esta hace referencia al punto de “Presentar a CONASEV, a la Bolsa, a la Banca de Productos, a la entidad encargada del Mecanismo Centralizado, al inversionista y en general a cualquier otro sujeto del mercado de valores o de productos, información inexacta, falsa o tendenciosa; o divulgar dicha información en el mercado..”

Esto significa que la Corporación Lindley se allanó al pago de 200 UIT (un valor de S/ 3,950 soles por una UIT en dicho año) que resultan equivalentes a 790 mil soles que constituye una menudencia frente a las utilidades netas obtenidas en el ejercicio 2016, las mismas que fueron las más importantes de los últimos años gracias a la capacidad y productividad de los trabajadores, pues sumaron los 240 millones de soles.

INDECOPI LE IMPONE UNA SERIE DE MULTAS.

Una empresa con una posición de liderazgo que abona cifras ridículas por el agua que extrae de sus pozos propios. Con la información oficial que tiene carácter público, ha sido sancionada entre el 2013 al 2017 en seis oportunidades, sea por la elaboración de bebidas con productos riesgosos el 11/12/13 teniendo que abonar 74 mil soles.

El 11/03/2014 por la falta de idoneidad en la elaboración de productos alimenticios fue sancionada por el Indecopi con una multa de 7,600 soles. También en dicho año, el hecho infractor fue por la elaboración de productos riesgosos, siendo sancionada con una multa de 11,400 soles como se puede observar en el cuadro respectivo (Multas Impuestas por Indecopi a Corporación Lindley)

También en el 2015,2016 y 2017 la Corporación Lindley cometió una serie de hechos infractores como se puede observar en el cuadro, sea por fabricar productos riesgosos, y con falta de idoneidad, pagando ridículas multas que no están compensadas con la importancia y el riesgo que tiene para los consumidores.

Como podrá usted notar amable lector, nosotros no estamos difamando a una empresa líder en el mercado, acostumbrada al abuso y explotación de sus trabajadores, controlando los salarios y abonando mínimas utilidades a sus colaboradores, que a través de sus altos funcionarios ha hecho de la mentira una virtud.

En verdad, los accionistas de la transnacional Arca Continental debieran  preocuparse por respetar en la práctica los principios de responsabilidad social antes que entablar demandas judiciales a los críticos de una perversa conducta empresarial.

Ello es más grave si la empresa el 31 de enero del 2017 “fue seleccionada oficialmente para integrar el FTSE Good Emerging Index, que lista a las empresas públicas que demuestran un fuerte compromiso con las mejores prácticas ambientales, sociales, y de Gobierno Corporativo en más de 20 países emergentes” (pág. 11 del Informe de Arca Continental), las malas prácticas de corporación deberán ser superadas.

AGUA  A PRECIOS RIDÍCULOS

Corporación Lindley conjuntamente con una serie de empresas cerveceras, del grupo Gloria, Alicorp etc. según la Agencia Nacional del Agua, con información del organismo regulador Sunass, y de la misma Sedapal han sido identificadas como empresas mercantilistas que pagan cifras ridículas por el agua que extraen de sus pozos propios. Evidentemente el líquido elemento resulta esencial para la elaboración de las gaseosas y bebidas, y sin embargo las empresas acuden ante el Tribunal Constitucional para evitar abonar los precios de mercado por un recurso como el agua que resulta fundamental  en una ciudad como Lima ubicada en medio de un desierto.

Sí, Arca Continental-Lindley y la transnacional Coca-Cola incluida pagan la fabulosa e increíble suma de catorce céntimos de sol por cada mil litros de agua, cuando un sufrido consumidor promedio abona más de tres soles por el mismo volumen de agua. Es más, los pobladores urbanos marginales tienen que pagar más de quince soles por cada mil litros de agua, lo cual constituye una aberrante desigualdad.

Estas prácticas no transparentes es un mecanismo utilizado con la finalidad de maximizar utilidades y minimizar los costos salariales. Así, también reducen al máximo el costo del agua y de la energía, los cuales no constituyen ni el 2 % de los costos de venta como promedio histórico.

NO NOS CALLARÁN

Como investigador y docente universitario desde 1988 a la fecha publico mis artículos periodísticos respaldados en una prolija investigación; con regularidad en diversos medios de comunicación escritos, Tv. y radiales expongo y publico una serie de artículos en el marco de la asesoría integral que pueda brindar como economista a los trabajadores organizados, con el objeto de elevar la capacidad negociadora de los trabajadores frente a las empresas.

Debo lamentar que por primera vez se me demanda en el Poder Judicial por el supuesto delito de atentar contra el honor de la Corporación Lindley, que tiene una serie de sanciones como he podido demostrar. Esta demanda que seguramente será mandada nuevamente al archivo por la Corte Superior ante la apelación. La transnacional ha puesto precio a su honor, el mismo que ha sido valorizado, y que ha sido supuestamente dañado y se me exige como reparación la suma de S/ 500 mil soles.

Esta suma no tiene proporción con las ridículas multas impuestas por el Indecopi por procesar productos riesgosos y carentes de idoneidad para la salud de los consumidores. Como tampoco tiene correspondencia con la sanción impuesta por la Superintendencia del Mercado de Valores por mentir e inducir a error en julio del 2016.

Al margen del tiempo, costo y costas que asume un proceso judicial en la vía penal me reservo el derecho de defensa ante una empresa abusiva y prepotente donde su gerente de Recursos Humanos me acusa de hacer terrorismo por el solo delito de defender los derechos de los trabajadores, por aspirar a mejores salarios y condiciones de trabajo con el objeto de elevar la productividad y el bienestar de los creadores de riqueza.

(*) Ver Publicación:

http://diariouno.pe/columna/abusos-excesos-y-faltas-de-una-transnacional/