lunes, 22 de agosto de 2011

Los Retos de Hoy

Estimados amigos, comparto con ustedes la nota periodística del diario La República del día de hoy.

Numerosos los retos enfrenta la administración de Ollanta Humala, pero dos tienen especial relevancia de cara a las expectativas de los movimientos sociales y para poder llevar adelante los compromisos electorales de promover un crecimiento con inclusión social y verdadero desarrollo para todos.

Por un lado, la Ley de Consulta Previa. Aprobada por el anterior Parlamento el 19/5/10, en cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y luego de largas tratativas con las organizaciones de pueblos indígenas y originarios movilizados, el gobierno del Perro del Hortelano la observó y trabó, en complicidad con el Legislativo aprofujimorista. Este se negó a insistir ante al poderoso lobby de las industrias mineras, petroleras, gasíferas y extractivas que quieren cancha libre para actuar sin respeto a los pueblos y al medioambiente. Gana Perú intentó poner en agenda del nuevo Congreso, prioritariamente, la autógrafa del 19 de mayo, pero encontró la oposición de los miembros del Consejo Directivo de las otras fuerzas políticas. Una nueva traba que puso en alerta a los pueblos amazónicos y andinos y provocó inmediatos pronunciamientos de la Coordinadora de DDHH, la Defensoría del Pueblo y llamados a la acción de las organizaciones sociales que han batallado y derramado su propia sangre por hacer valer sus derechos.

Felizmente, aunque frustró la sesión de Congreso, la reconsideración de la decisión parece abrirse paso entre sectores sensatos y responsables. Frente a quienes quieren otra maniobra dilatoria con un largo proceso de debate en comisiones –lo que es intolerable después 7 años de debates– una mayoría le daría curso a este proceso esta semana. Caso contrario pocos dudan de que esta chispa encenderá una amplia movilización social.

El otro reto lo encara el gabinete Lerner: recuperar una importante parte de la enorme renta de la gran minería, fundamentalmente extranjera, para atender, con esos fondos, los planes de desarrollo comprometidos. Recordemos que el Estado apenas recauda entre 14% y 15% del PBI en tributos. Brasil recauda un 35%, Argentina supera el 30%, y Bolivia llega al 20%.

Adicionalmente, varias grandes mineras no le pagan el país las regalías, el derecho por hacer uso de nuestros recursos naturales, que la ley establece y que el TC falló que debían pagar. Ello –a pesar de que las regalías solo oscilan entre 1 y 3% del valor del mineral con un primer nivel de procesamiento–gracias a sus poderosos lobbies y arreglos con anteriores gobiernos.

Diez grandes empresas obtienen más del 80% de las enormes utilidades mineras que el país genera. Antamina, por ejemplo, tuvo ventas por unos $ 3,000 millones el 2010 y sus costos operativos fueron $ 600 millones de dólares, lo que le deja una utilidad bruta (previa al pago de impuestos) de ¡$ 2,400 millones! El caso de Barrick es similar: $1,200 millones en ventas y apenas unos ¡$200 millones! en costos de operaciones y $1,000 millones de utilidades brutas. Pero varias de estas y sus felipillos nacionales se oponen a que aporten más. No recaudamos los años anteriores porque García incumplió con cobrar regalías y con la ley a las sobreganancias mineras y la canjeó por un óbolo minero que apenas generó S/.450 millones (unos $170 millones) al año, frente a lo que pudo ser miles de millones al año. No perdamos otra oportunidad de hacer justicia.

El Perú debería recaudar unos $2,000 millones de dólares adicionales de renta minera para atender urgentes necesidades de servicios fundamentales, infraestructura y desarrollo que todos conocemos. Las grandes mineras, de las que provendría el grueso del aporte, pues sería vía una regalía extraordinaria para quienes tienen mayores ventas, andan negociando migajas: unos S/.1,000 millones. Inaceptable. Pretenden que la regalía se pague sobre las utilidades, que siempre pueden maquillar, y no sobre las ventas o producción para reducir los montos. El gobierno debe ser firme y no apurar las cosas para anunciar un arreglo débilmente negociado o una decisión que no esté a la altura de lo que el país requiere.

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