CONFLICTOS SOCIALES Y ESQUIZOFRENIA MINERA

DESTRABANDO INVERSIONES CON RESPONSABILIDAD SOCIAL

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

Asumiendo por esquizofrenia el sentido literal de “fraccionamiento mental” trato de entender la naturaleza de los conflictos sociales en el Perú que traban las inversiones en el sector minero energético, ante la inopia e incapacidad del Estado. Por un lado, los gobiernos locales y regionales demandan al Estado mayores recursos por concepto de canon, regalías mineras e inversiones públicas; de otro lado, importantes sectores de la población se oponen por razones ambientales e ideología a las inversiones mineras, sea el caso de Tía María, Minas Conga, La Granja, Michiquillay, Rio Blanco, Los Chancas, por mencionar los más relevantes.

Si bien, por muy importantes que sean estas inversiones se requieren los necesarios consensos sociales, el diálogo entre las partes involucradas que no es solamente un problema entre las empresas y las poblaciones, sino básicamente del Estado (central, regional, local) ante la ausencia de una política de Estado en el largo plazo, que prevenga, administre y solucione los conflictos sociales, pues en democracia las inversiones no se pueden imponer a “sangre y fuego”

Como investigador no tengo dudas sobre la naturaleza del crecimiento económico que ha experimentado nuestro país entre el 2002 al 2013, con excepción del bajón del 2009. Este crecimiento perverso, desigual, asimétrico pero crecimiento al fin y al cabo ha sido inducido por el sector exportador básicamente minero energético, de productos mineros como el cobre y oro, e hidrocarburos (petróleo pesado y gas natural), en razón de la demanda internacional en especial de la economía china, y los altos precios de las materias primas.

Es más, la presencia de capitales chinos en el Perú es relevante pues no solamente están en la producción de hierro a través de la empresa Shougang Hierro Perú sino también en el proyecto  Toromocho que entró en operaciones hacia fines del 2013 donde en sus dos etapas ha comprometido inversiones superiores a los US $ 4,820 millones de dólares; es más se espera que en el 2016 inicie sus operaciones el proyecto Las Bambas en la región de Apurímac con inversiones declaradas superiores a los US $ 10,000 millones, las cuales deberían ser seriamente verificadas.

Es decir, la economía china no solamente demanda a la economía mundial materias primas sino que también establece bases en nuestro país convirtiéndose en el único productor de hierro con más de 10 millones de toneladas anuales y a partir del 2016 será el principal productor de cobre con la producción conjunta de Las Bambas y Toromocho, con una producción estimada sobre los 700 mil toneladas anuales cuando ambos proyectos alcancen la plenitud de sus operaciones.

Si a ello se suma las inversiones y la presencia del Estado chino en el subsector de hidrocarburos con los lotes gasíferos del 58 y participación en el lote 57 en el ámbito del Gran Camisea más los lotes X, VI/VII en Piura y en el lote 8 en la selva nororiental, prácticamente los capitales estatales chinos explican los mayores volúmenes en la producción de crudo y tienen un gran potencial en el gas natural que evidentemente exportarán a la vieja China.

La referencia a las empresas chinas no es casual pues se trata del “gigante asiático” que está destinado a ser el centro hegemónico de la economía mundial para mediados del presente siglo. Donde las inversiones a través de sus diversas empresas estatales y privadas incorporan en los altos cargos a miembros del Partido Comunista Chino que cuenta con casi 100 millones de inscriptos.

Es decir, en el país asiático y en el exterior los camaradas chinos promueven las inversiones extractivas y en nuestro país nos damos el lujo de entramparlas con un discurso ambientalista que imposibilita toda inversión en las llamadas nacientes de cuenca, cuando el recurso hídrico puede ser manejado racionalmente, con la aplicación de la ciencia y tecnología.

He mencionado estos dos proyectos cupríferos por su viabilidad económica y social asentados en los Andes, Toromocho (Junín) en la región central con una vieja tradición minera donde los conflictos corresponden a una naturaleza redistributiva con el traslado de las poblaciones del campamento Morococha, demanda de empleo a la compañía minera o con sus trabajadores con su naciente sindicato que demanda mejoras salariales y superiores condiciones de trabajo.

En el caso de Las Bambas en un departamento como Apurímac la gran minería recién se iniciaría con dicho proyecto en una región esencialmente agrícola y ganadera. Por ello cabe preguntarse ¿qué hizo la anterior administración de Glencore/Xstrata para obtener la aceptación de las comunidades campesinas?

Hubo un trabajo de sensibilidad social sobre las ventajas y posibilidades de la actividad minera con el bienestar comunal. Se realizaron importantes inversiones sociales antes de iniciar la construcción física del proyecto. Se demostró la viabilidad ambiental del proyecto en el largo plazo con la actividad agrícola comunal, respetando los principios de reciprocidad, pisos ecológicos y redistribución andina.

Se invitaron a líderes campesinos a conocer las operaciones mineras en otros países. Se asumió el compromiso de emplear a los hijos de la comunidad, enviando a los mejores a estudiar en universidades norteamericanas. Es decir, hubo un compromiso de desarrollo conjunto entre la empresa minera y las comunidades campesinas reconociendo la capacidad de adaptación e importancia de las mismas.

De otro lado, no es posible desconocer el lado oscuro de la actividad minera con los pasivos mineros heredados del pasado reciente y lejano ante la indiferencia e incapacidad del Estado. Si a ello se agregan los altos niveles de contaminación provocados por las actividades mineras sobre todo informales e ilegales, la debilidad del Estado en la regulación ambiental, y en la solución de los conflictos sociales en razón de las actividades extractivas, podemos entender la desconfianza y oposición de amplios sectores de la población a las inversiones mineras/ energéticas.

CONFLICTOS E INVERSIONES

Revisando el Reporte de Conflictos Sociales Nº 132 publicado por la Defensoría del Pueblo correspondiente al mes de febrero del 2015 se contabilizan 211 conflictos sociales de los cuales 142 han sido identificados como conflictos socioambientales, de los cuales 95 casos corresponden a las actividades mineras, 23 a las actividades de hidrocarburos y 9 casos se ubican en el ámbito del sector energético.

Es decir, las inversiones y el comportamiento minero energético explica a febrero 127 casos de un total de 142 conflictos socioambientales y latentes al mes de febrero del presente y todo hace pensar que los mismos se incrementarán por las demandas propias del proceso electoral donde las expectativas políticas de las poblaciones locales se exacerban por medio de frentes de defensa y liderazgos regionales que cuestionan el conjunto de las inversiones extractivas.

Sin embargo, no podemos desconocer e ignorar la relación directa entre el crecimiento económico de nuestro país y las masivas inversiones mineras que pasaron de 22 millones de dólares a inicios de los años noventa del siglo pasado alcanzando los US$ 9,719 millones en el 2013 y US$ 8,643 millones en el 2014, pero que se reducirán sustantivamente a partir del 2018 en la medida del entrampamiento de las inversiones, sea por los bajos precios de los minerales, la falta de financiamiento, los conflictos sociales y las llamadas limitaciones ambientales.

Debiera existir consenso social para fomentar las inversiones en general y mineras/ energéticas en particular si se pretende asegurar el crecimiento económico del PBI, en especial si se quiere alcanzar el 5 por ciento anual de crecimiento del PBI, pues todo hace pensar que el crecimiento para el presente año será igual de mediocre utilizando las palabras del ministro de economía y finanzas, con cifras menores al 3 por ciento anual, y este menor crecimiento afectará con mayor fuerza a los más pobres.

Como economistas debemos reconocer la relación directa entre las inversiones mineras y el crecimiento del PBI pues es una verdad estadística que una inversión de US$ 4,000 millones explica casi un punto de crecimiento del PBI, por tanto cabe interrogarse sobre las razones reales y aparentes que traban las inversiones y el costo social del excedente económico dejado de percibir por el Estado, los trabajadores sin empleo, la afectación a la economía campesina, y las compras no realizadas a la industria local y nacional.

¿Cuántos hospitales, caminos y colegios no se construirán en razón de los recursos, del excedente potencial no percibido por el estado central, regional y local?

Alguna universidad, centro de investigación u ONG ha estimado ¿cuál ha sido el ingreso dejado de percibir directamente e indirectamente por las inversiones no realizadas y su posible impacto en la economía regional? Alguna institución ha calculado ¿cuántos jóvenes trabajadores egresados de las universidades y centros tecnológicos se encuentran subempleados por el entrampamiento de las inversiones minero/energético?

Toda inversión supone una demanda de bienes y servicios que dinamizan el conjunto de la economía local, regional y nacional. Seguramente existen “externalidades negativas” es decir aspectos negativos que puedan afectar a determinados sectores que deben ser reconocidos e indemnizados si fuera el caso, pero en conjunto los aspectos benéficos de las inversiones superan las perversidades de las mismas.

El Estado no solamente percibe el impuesto a la renta que constituye la base del canon minero que dicho sea de paso tiende a disminuir en razón de los menores precios internacionales, con una disminución de los ingresos y utilidades, una realidad agravada con un permisivo marco tributario con la nueva regalía minera, del impuesto y gravamen especial aplicado desde el último trimestre del 2011 a la fecha.

El Estado percibe los impuestos por la importación de maquinaria y equipo (aranceles) adicional al impuesto selectivo al consumo de combustibles e importaciones. Es decir, nos guste o no las inversiones mineras tienen un efecto dinámico, multiplicador, expansivo al conjunto de la economía, y si queremos asegurar el crecimiento económico para los próximos años tenemos que alcanzar los necesarios consensos sociales para viabilizar y destrabar importantes inversiones en el sector minero energético.

Siempre he asumido que las actividades mineras/energéticas constituyen una posibilidad de desarrollo para las poblaciones campesinas y regionales sea directa o indirectamente, desde una valoración equitativa de los derechos de servidumbre hasta el empleo directo, al margen de los recursos distribuidos por concepto de canon, regalías y derechos de vigencia mineros que debieran ser ejecutados con transparencia para superar los niveles de corrupción que constituyen una rémora para el desarrollo.

Ahora que los precios de los minerales han disminuido es urgente y necesario promover con responsabilidad social, ambiental y tributaria las inversiones minero/energético, si queremos apuntalar el crecimiento, tener los recursos fiscales para la inclusión social y la lucha contra la pobreza.