Constituye una cruel paradoja que lo más avanzado de valor agregado de la minería en el Perú como es el complejo minero metalúrgico de La Oroya esté inoperativo desde mediados del 2009 y que actualmente se pretenda proceder a la liquidación como “fierro viejo” gracias a la absurda privatización de la empresa estatal Centromín Perú que hasta 1993 operaba de manera integrada con unidades mineras como San Cristóbal, Andaychagua, Cerro de Pasco, Morococha, Casapalca, Cobriza etc.
Hasta los primeros meses del 2009 en La Oroya se refinaban los concentrados de cobre, zinc, plomo, plata obteniéndose más de 19 subproductos entre los cuales destacaban el bismuto, indio, telurio, antimonio, cadmio, molibdeno, selenio, ácido sulfúrico, concentrados de zinc-plata, sulfato de zinc, sulfato de cobre, trióxido de arsénico y otros, de uso industrial. Incluso algunos subproductos tenían un valor de mercado superior a los minerales primarios.
Desde 1999 el complejo metalúrgico de La Oroya sin unidades mineras propias con excepción de Cobriza que apenas abastecía el 5 por ciento de los requerimientos de los concentrados de cobre, tenía que comprar concentrados o realizar la maquila a las empresas privadas de la región central pagando precios de mercado mediante acuerdos comerciales por los concentrados de zinc, plomo, cobre y plata.
Esta relación se vio afectada por la crisis financiera de fines del 2008, cuando el titular del complejo metalúrgico (Doe Run) no pudo repagar a los proveedores de los concentrados demostrando las debilidades de la privatización, pues el complejo de la fundición y refino estaba técnicamente integrado a la producción minera, al sistema eléctrico, y ferrocarrilero.
En tal sentido, estamos pagando los costos de una interesada privatización fragmentada de la minera estatal Centromín Perú, donde se transfirieron a precios subvaluados en la década de los noventa, minas en operación, yacimientos, concesiones arrendadas, plantas eléctricas, ferrocarriles, etc. Por ello, cabe preguntar, dónde están todos aquellos ministros del sector, los miembros de los comités de privatización (Copri y Cepris) que justificaron entre 1994-96 la privatización por partes, argumentado la viabilidad económica en el largo plazo del complejo metalúrgico de La Oroya, que no es ninguna chatarra como difunden algunos voceros.
A los responsables de la privatización fragmentada de lo que fue la estatal Centromín (CEPRI), debiera sumarse especialmente la consultora Macroconsult que realizó el estudio económico financiero justificando la transferencia por partes de lo que fue la minera estatal más importante del país, demostrando al mismo tiempo la viabilidad económica del complejo metalúrgico en el largo plazo sin unidades mineras propias. Ello es más urgente y necesario ahora que socios de esta consultora apoyan con entusiasmo al candidato Julio Guzmán del “Movimiento Todos Por el Perú” que aparece como segundo en las encuestas detrás del fujimorismo el responsable histórico de esta aberrante privatización.
Esta consultora y sus socios debieran explicarle a los cientos de trabajadores del complejo metalúrgico como de la unidad de Cobriza, más de 2,500 con sus familias respectivas, los cuales serán prontamente liquidados gracias a una interesada privatización donde el Estado no puede dejar de asumir sus responsabilidades políticas y económicas, pues vender la fundición y refino de La Oroya sin minas propias, era como dijera el patriarca de la minería peruana Don Alberto Benavides de la Quintana, “vender un automóvil sin motor”.
En verdad, esto es lo que sucedió en los años de la dictadura fujimorista y hoy los trabajadores, la población de La Oroya, la región Junín y el país en su conjunto estamos asumiendo los costos sociales, económicos, ambientales de una absurda privatización. Donde empresas como Volcan, Buenaventura, Cormin, Milpo, Glencore que se beneficiaron con la privatización de la minera estatal en mayor o menor medida resultan ahora acreedoras de Doe Run Perú SRL. La misma que debe importantes montos de capital que resultan impagos desde el 2009 superando de lejos los 120 millones de dólares, al margen de los adeudos tributarios e inversiones ambientales.
En verdad, en una comparación simple entre los ingresos de Doe Run Perú SRL en proceso de liquidación con los ingresos obtenidos antes y después del cierre de operaciones del complejo nos puede demostrar la inviabilidad de la privatización del complejo metalúrgico en el largo plazo sin unidades mineras propias. De otro lado, al exponer los resultados económicos financieros de Volcan Cía. Minera S.A.A. entre el 2009 a noviembre del 2015, se demuestra la rentabilidad del negocio integrado.
En verdad elegimos Volcan Cía Mra. en razón de ser la principal beneficiada con la adquisición de las unidades de San Cristóbal, Andaychagua y Cerro de Pasco (Parasgha) más la planta concentradora de Mahr Tunnel en la década de los noventa del siglo pasado, pues asumió los activos más valiosos de Centromín Perú a precios de remate.
En tal sentido, gracias a la privatización de Centromín Perú la minera Volcan que apenas contaba con las unidades de Carahuacra y Ticlio con exportaciones en 1992 menores a los 22 millones de dólares y un patrimonio de 10 millones de dólares pasó a facturar ingresos superiores a los 500 millones de dólares como se puede observar en el cuadro “Volcan Cía. Minera: Ingresos 2009-2015”
En un ejercicio de simulación si se considerasen en conjunto los ingresos de Doe Run Perú SRL en especial en el período 2007 con más de 1,471 millones de dólares que sumados a los ingresos de Volcan proveniente de sus unidades mineras de San Cristóbal, Andaychagua y Cerro de Pasco para el mismo año, estoy seguro que los ingresos totales se ubicarían cercanamente a los 2,000 millones de dólares. Con dichos montos Doe Run SRL financiaba las inversiones ambientales en especial de la captación del dióxido de azufre del circuito de cobre, y hubiese modernizado el complejo minero metalúrgico con estándares técnicos y ambientales del siglo XXI.
En el 2008 último año de operaciones del complejo La Oroya se compraban concentrados zinc, plomo, cobre por un valor de 1,189 millones de dólares a las mineras de la región central, y los ingresos por ventas para ese mismo año eran equivalentes a los 1,384 millones de dólares . En el 2007 los ingresos fueron los más elevados de la década llegando a los 1,471 millones de dólares con utilidades netas de 183 millones de dólares.
El cuadro “Doe Run Perú SRL: Resumen de los Estados Financieros” expone los ingresos por ventas netas, las utilidades brutas, utilidades operativas y netas en el período 2002-2008, donde como resulta evidente se experimentó la bonanza de los altos precios de los minerales, pasando los ingresos de 423 millones de dólares en el 2002 a más de 1,383 millones en el 2008 para luego colapsar en razón de la crisis financiera mundial.
Con la crisis financiera del 2008 la misma que se manifiesta con toda su crudeza en el 2009, los ingresos de Doe Run Perú SRL se derrumban llegando a los 366 millones de dólares en razón del cierre del complejo metalúrgico; de este total de ingresos aproximadamente 70 millones de dólares provenían de la producción de concentrados de cobre de la unidad de Cobriza.
Por ello, el cuadro “Doe Run Perú SRL Unidad Cobriza. Ingresos Totales 2009 al noviembre del 2015” presentan los ingresos principalmente de la unidad de Cobriza productora de concentrados de cobre. Así, a partir del 2010 los ingresos totales de Doe Run en proceso de liquidación corresponden básicamente a los ingresos obtenidos por la unidad Cobriza por la explotación de concentrados de cobre, plata y algo de zinc.
Ahora que el gobierno del falso nacionalismo incluyendo la Sunat, conjuntamente con las empresas acreedoras y la nueva administración interventora han adoptado la decisión política de liquidar el complejo metalúrgico de La Oroya paralizado desde el 2009 y de otro lado, se pretende liquidar también la rentable unidad minera de Cobriza (Churcampa-Huancavelica), que como se demuestra en el cuadro respectivo ha tenido ingresos por ventas de 138 millones de dólares en el 2010, de 192 millones en el 2012 para sumar los 339 millones en el 2012, y disminuir a los 247 millones de dólares en el 2014.
En lo que va del período enero/noviembre del 2015 los ingresos de exportaciones a pesar del proceso de liquidación en marcha han sido apenas de 31.5 millones de dólares. Por ello cabe preguntarse a qué precio será liquidada la unidad minera de Cobriza con reservas probadas de cobre, cuando en las reestructuraciones fallidas se planeaba prendar financieramente dicha unidad por no menos de 200 millones de dólares.
En resumen, el estado representado por el gobierno actual tiene una responsabilidad histórica, técnica y política: el haber auspiciado una irracional privatización que no tenía viabilidad económica en el largo plazo, como la realidad de los hechos ha demostrado.
De otro lado en esta encrucijada de intereses cruzados, en un ciclo depresivo de precios será muy difícil que el complejo minero metalúrgico por un lado, resulte interesante para algún postor. Sea por lo significativo de las deudas, acreencias, deudas tributarias y sobre todo por las inversiones ambientales que dicho sea de paso el mismo estado subestimó en el proceso privatizador.
Por ello, como sucede siempre serán los trabajadores mineros los que asumirán los costos de esta perversa liquidación, en especial de la Mra. Cobriza que será transferida a precio vil independientemente del complejo minero metalúrgico. En tal sentido, resulta previsible una escalada de violencia en la región central donde los trabajadores y sus familias defenderán el derecho al trabajo que un “estado empírico” no supo preservar.
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