jueves, 14 de junio de 2012

EN DEFENSA DEL TRABAJO Y DEL VALOR AGREGADO


EL COMPLEJO DE LA OROYA DEBE FUNCIONAR

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)


Se debe reconocer que constituyó un error la privatización fragmentada de Centromín transfiriendo sus unidades mineras como Andaychagua, San Cristóbal, Cerro de Pasco, Morococha, Casapalca, más sus valiosos derechos mineros a las empresas privadas “alquilados” desde la época de la Cerro de Pasco Corporation a mineras como Volcan, Milpo, Atacocha, Buenaventura, Simsa etc.

Con la privatización auspiciada por el actual ministro de Energía y Minas y justificada por informes de consultoría de Macroconsult, se fracturó la unidad técnico-material existente entre el complejo refinero y las minas, con centrales hidroeléctricas, ferrocarril, etc se quebró la racionalidad económica que había impuesto desde los años treinta del siglo pasado la transnacional Cerro de Pasco Corporation, que tenía hasta haciendas como una forma de controlar la “fuerza de trabajo” y donde se experimentaba con el ganado mejorado; todos estos activos los heredó Centromín Perú en el llamado Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada en 1973, y fueron privatizados entre 1995 y el 2002.

En su momento cuestioné la privatización fragmentada de la empresa minera estatal Centromín por la ausencia de planeamiento estratégico, y los evidentes intereses privados creados con el futuro del más importante complejo minero metalúrgico que tiene el Perú en La Oroya, que está paralizado desde mediados del 2009 hasta la actualidad, y donde resulta previsible mayores conflictos que afectarán la gobernabilidad, pues más de 3,000 trabajadores y sus familias no tendrán el 70% de sus remuneraciones ante la liquidación prevista.

Las culpas del pasado se tienen que asumir en el presente con altos costos sociales y ambientales; y por los problemas derivados de la crisis financiera del 2008 Doe Run Perú, empresa filial de la transnacional norteamericana del Grupo Renco, y titular hasta ahora de los derechos sobre el complejo, que se vio forzada al cierre temporal por la falta de pago a sus principales proveedores y las limitaciones al financiamiento de capital para invertir en la planta de ácido sulfúrico del circuito de cobre, última exigencia del Programa de Adecuación Ambiental (PAMA) en el complejo metalúrgico de La Oroya.

Esta realidad está generando ingentes pérdidas al fisco por concepto de impuestos y tributos dejados de percibir por más de 350 millones de dólares, compras de energía a privados por más de 150 millones de dólares, y particularmente se ha dejado de comprar más 3,400 millones de dólares por concepto de concentrados de cobre, zinc, plomo, plata a las empresas mineras que operan en el centro del país, con lo cual en lugar de producir y exportar productos mineros refinados, se  están exportando concentrados de menor valor, y se están dejando de producir 19 subproductos adicionales de uso industrial que se obtenían antes del proceso metalúrgico.

Debiera ser política de Estado la promoción de las exportaciones con el mayor grado de elaboración, en tal sentido el complejo minero metalúrgico de La Oroya con su tecnología peculiar permitía extraer una serie de subproductos a partir del procesamiento de los concentrados de cobre, zinc, plomo, plata, obteniéndose más de 19 subproductos entre los cuales destacaban el bismuto, indio, telurio, antimonio, cadmio, selenio, ácido sulfúrico, concentrados de zinc-plata, sulfato de zinc, sulfato de cobre, trióxido de arsénico y otros, de uso industrial.

Evidentemente el tiempo ha demostrado la fragilidad e irresponsabilidad histórica de la privatización fragmentada, pues con la crisis financiera del 2008  se derrumbaron temporalmente los precios de los metales y las exportaciones de Doe Run Perú en el mercado norteamericano que concentraba el 30% de sus ventas, y se generaron una serie de incumplimientos en la cadena de pago con sus proveedores tales como Mra. Buenaventura, Mra. Volcan, Glencore y en especial del grupo Cormin.

Los más afectados como siempre son los más de 3,000 trabajadores directos e indirectos con sus familias que dependen del empleo demandado por Doe Run Perú y el poder de compra generado. Si bien hasta ahora en un esfuerzo la empresa  minera titular del complejo ha pagado el 70% de las remuneraciones de sus trabajadores con los excedentes de su única mina operativa, la Mina Cobriza ubicada en Huancavelica-Churcampa, asumiendo un compromiso en el marco de la responsabilidad social, estos recursos resultan limitados y en el futuro próximo se dejarían de abonar.

Siendo la mina de Cobriza la única unidad minera que se privatizó conjuntamente con el complejo metalúrgico apenas aportaba el 20% de los requerimientos de los concentrados de cobre en la fundición  y explicaba el 5% de sus ingresos, lo cual obligaba a la compra de concentrados a otras empresas mineras de la pequeña y mediana minería. Esta es la importancia estratégica que tenía primero Cerro de Pasco Corporation, luego la estatal Centromín, operando el complejo metalúrgico integrado con las unidades mineras.

Se debe  reconocer que Doe Run Perú hasta el último año completo de operaciones el 2008, con la propia información producida por el organismo regulador Osinergmin a pesar de las postergaciones en el cumplimiento del Programa de Adecuación Minero Ambiental (PAMA) había realizado importantes inversiones ambientales por más de 330 millones de dólares, superando con creces los compromisos asumidos en la privatización del complejo. Es más, como lo señala la nota del Diario 16 “Shinno contra Shinno” Doe Run había cumplido con gran parte de las inversiones, lo cual demostraría la existencia de intereses subalternos en la liquidación empresarial.

Así, se terminó con el levantamiento de las plantas de ácido sulfúrico en los circuitos de plomo y zinc, el tratamiento de aguas pesadas, reduciendo los niveles de contaminación de plomo, cadmio y arsénico, en relación a los niveles de las gestiones anteriores bajando los límites permisibles, faltando solamente la inversión más importante sobre la construcción de la planta de ácido sulfúrico para captar el dióxido de azufre del circuito de cobre que ha quedado inconclusa  con  un avance del 50% por los problemas conocidos.

En tal sentido, el Estado debe exigir el reinicio de las operaciones del complejo minero metalúrgico lo más prontamente posible para así generar los ingresos y utilidades que permitan el cumplimiento de la inversión ambiental relacionada con la planta de ácido sulfúrico del circuito de cobre cuyo costo supera los 150 millones de dólares a pesar de los avances realizados. Con lo cual las inversiones ambientales sumarían casi los US$ 500 millones.

Un país minero como el Perú no puede darse el lujo de seguir exportando concentrados con un complejo como el de La Oroya paralizado. Resulta una paradoja que la población de La Oroya demande la reapertura de las actividades de Doe Run en la ciudad defendiendo el trabajo y el valor agregado mientras el país experimenta una campaña contra las inversiones mineras en Cajamarca  y en el Cuzco.




“Shinno versus Shinno”

Ingeniero mecánico Guillermo Shino se contradice increíblemente respecto a situación ambiental en La Oroya

Diario 16, jueves 10 de mayo 2012 (pág. 11)


“La vaca no se acuerda cuando fue ternera” es un viejo refrán que bien puede aplicarse al actual viceministro de Minas, Guillermo Shinno Huamaní, -que, al parecer, sufre del mismo tipo de amnesia que su jefe, el ministro de Energía y Minas Jorge Merino Tafur- en el caso del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO).

Porque no podría explicarse de otra manera que haya señalado en diversas entrevistas que la operación del CMLO “incumple los estándares ambientales“ cuando hace algunos pocos meses (23/3/2010) acudió a Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su calidad de Gerente de Fiscalización de Minería del Organismo Supervisor de la Inversión en Minería y Energía (OSINERGMIN), para señalar que la empresa Doe Run Perú (DRP) había alcanzado estándares ambientales permisibles en su operación en la Refinería y la Fundición de La Oroya.

PRESENTACIÓN ANTE CIDH

En esta cita Shinno sostuvo que a partir del 2007 OSINERGMIN había establecido una supervisión con la presencia de fiscalizadores a tiempo completo en la ciudad de La Oroya, quienes habían comprobado que los ocho primeros proyectos del Programa de Adecuación y Mejoramiento Ambiental (PAMA) original fueron cumplidos por la empresa, mientras que en el noveno proyecto –la construcción de plantas de ácido sulfúrico- DRP había conseguido una ampliación del plazo de culminación.

“En este último proyecto se cumplieron con dos plantas: la construcción para el circuito de zinc, y la del circuito de plomo, quedando pendiente la de cobre, que mediante ley fue ampliado el año pasado. Este proyecto tenía un avance del 48% en lo que se refiere a la planta de ácido sulfúrico y 57% en la modernización del circuito de cobre”, expuso el ahora viceministro, defendiendo la posición de DRP.

También explicó en la reunión que desde el 2007 OSINERGMIN ejecutaba un monitoreo constante en siete estaciones ubicadas en La Oroya con la finalidad de verificar la calidad del aire, así como de efluentes líquidos y de algunas otras emisiones. “En este monitoreo participa la sociedad civil; son trece organizaciones civiles las que participan”, agregó.

RESULTADOS

Shinno reveló que en el caso dé resultados de contaminación por plomo y material particulado, se habían verificado importantes avances positivos en todas las estaciones, mostrando que la mayoría de las emisiones estaban dentro de los máximos permisibles, lo mismo que sucedía para los humos de la chimenea.

En cuanto al avance de las plantas de ácido sulfúrico, informó también que la correspondiente al circuito de zinc fue culminada en diciembre del 2006, mientras que la de plomo se terminó en setiembre del 2008. Agregó que la de cobre se encontraba con un avance del 48% y 57% tanto a nivel de planta como de la modernización de los equipos.

Con el avance en los circuitos de zinc y plomo, Shinno en el 2010 señalaba que se viene disminuyendo la emisión de dióxido de azufre por cuanto se venía produciendo ácido sulfúrico, y capturando el azufre, dejando de emitir este componente en mayor cantidad al ambiente. Increíble.

GIRO DE 180°

Ahora, como viceministro de Minas, sus declaraciones apuntan a que no se reinicien las operaciones en el CMLO y más bien que se opte por la temida liquidación.

Por ejemplo, ahora en su presentación ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso de la República (19/4/2012 ), ha afirmado muy suelto de huesos que el Plan de reestructuración presentado por DRP no había sido aprobado porque no se aseguraba “aplicar los estándares ambientales permisibles”, y además exigía prontamente “la remediación de suelos de La Oroya”, cuando como funcionario de OSINERGMIN era consciente que este era un compromiso incumplido del Estado desde hace 15 años, según el contrato de privatización del CMLO.

Shinno Huamaní, agregó que el “Gobierno y el Ministerio de Energía y Minas ya no van a permitir que se sigan excediendo los estándares permisibles ambientales. Hoy estamos en una situación distinta, donde ya no es decisión del MEM sino de la Junta de Acreedores para decidir cuál será el futuro de la empresa”, concluyó.

Todo ello había sido reiterado en sucesivas entrevistas en programas políticos, como Cuarto Poder (8/4/2012) de América TV, y en De 6 a 9 (13/4/2012) , de Canal N, donde señaló que el CMLO contaminaba el medio ambiente de La Oroya y violaba los límites máximos permisibles afectando a la población de la zona.

¿A qué Shinno le creemos: al gerente de fiscalización de OSINERGMIN del 2010, o al viceministro de Minas del 2012? Lo más contradictorio de este caso es que las posiciones tan cambiantes e incongruentes del ingeniero mecánico, Shinno Huamaní, se producen entre el 2010 y el 2012, y las condiciones de la refinería y fundición no han cambiado en esas fechas, pues las operaciones están paralizadas desde junio del 2009”.

Publicado en Diario16; el jueves 10 de mayo de 2012.

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