EL COMPLEJO DE LA OROYA DEBE
FUNCIONAR
ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI
(Investigador UNMSM)
Se debe
reconocer que constituyó un error la privatización fragmentada de Centromín
transfiriendo sus unidades mineras como Andaychagua, San Cristóbal, Cerro de
Pasco, Morococha, Casapalca, más sus valiosos derechos mineros a las empresas
privadas “alquilados” desde la época de la Cerro de Pasco Corporation a mineras
como Volcan, Milpo, Atacocha, Buenaventura, Simsa etc.
Con la
privatización auspiciada por el actual ministro de Energía y Minas y
justificada por informes de consultoría de Macroconsult, se fracturó la unidad
técnico-material existente entre el complejo refinero y las minas, con
centrales hidroeléctricas, ferrocarril, etc se quebró la racionalidad económica
que había impuesto desde los años treinta del siglo pasado la transnacional
Cerro de Pasco Corporation, que tenía hasta haciendas como una forma de
controlar la “fuerza de trabajo” y donde se experimentaba con el ganado
mejorado; todos estos activos los heredó Centromín Perú en el llamado Gobierno
Revolucionario de la Fuerza Armada en 1973, y fueron privatizados entre 1995 y
el 2002.
En su momento cuestioné
la privatización fragmentada de la empresa minera estatal Centromín por la
ausencia de planeamiento estratégico, y los evidentes intereses privados creados
con el futuro del más importante complejo minero metalúrgico que tiene el Perú
en La Oroya, que está paralizado desde mediados del 2009 hasta la actualidad, y
donde resulta previsible mayores conflictos que afectarán la gobernabilidad,
pues más de 3,000 trabajadores y sus familias no tendrán el 70% de sus
remuneraciones ante la liquidación prevista.
Las culpas del
pasado se tienen que asumir en el presente con altos costos sociales y
ambientales; y por los problemas derivados de la crisis financiera del 2008 Doe
Run Perú, empresa filial de la transnacional norteamericana del Grupo Renco, y
titular hasta ahora de los derechos sobre el complejo, que se vio forzada al
cierre temporal por la falta de pago a sus principales proveedores y las
limitaciones al financiamiento de capital para invertir en la planta de ácido
sulfúrico del circuito de cobre, última exigencia del Programa de Adecuación Ambiental
(PAMA) en el complejo metalúrgico de La Oroya.
Esta realidad
está generando ingentes pérdidas al fisco por concepto de impuestos y tributos
dejados de percibir por más de 350 millones de dólares, compras de energía a
privados por más de 150 millones de dólares, y particularmente se ha dejado de
comprar más 3,400 millones de dólares por concepto de concentrados de cobre,
zinc, plomo, plata a las empresas mineras que operan en el centro del país, con
lo cual en lugar de producir y exportar productos mineros refinados, se están exportando concentrados de menor valor,
y se están dejando de producir 19 subproductos adicionales de uso industrial
que se obtenían antes del proceso metalúrgico.
Debiera ser política de Estado la promoción de las exportaciones
con el mayor grado de elaboración, en tal sentido el complejo minero
metalúrgico de La Oroya con su tecnología peculiar permitía extraer una serie
de subproductos a partir del procesamiento de los concentrados de cobre, zinc, plomo, plata, obteniéndose
más de 19 subproductos entre los cuales destacaban el bismuto, indio, telurio,
antimonio, cadmio, selenio, ácido sulfúrico, concentrados de zinc-plata,
sulfato de zinc, sulfato de cobre, trióxido de arsénico y otros, de uso
industrial.
Evidentemente
el tiempo ha demostrado la fragilidad e irresponsabilidad histórica de la privatización
fragmentada, pues con la crisis financiera del 2008 se derrumbaron temporalmente los precios de
los metales y las exportaciones de Doe Run Perú en el mercado norteamericano
que concentraba el 30% de sus ventas, y se generaron una serie de
incumplimientos en la cadena de pago con sus proveedores tales como Mra.
Buenaventura, Mra. Volcan, Glencore y en especial del grupo Cormin.
Los más
afectados como siempre son los más de 3,000 trabajadores directos e indirectos
con sus familias que dependen del empleo demandado por Doe Run Perú y el poder
de compra generado. Si bien hasta ahora en un esfuerzo la empresa minera titular del complejo ha pagado el 70%
de las remuneraciones de sus trabajadores con los excedentes de su única mina
operativa, la Mina Cobriza ubicada en Huancavelica-Churcampa, asumiendo un
compromiso en el marco de la responsabilidad social, estos recursos resultan
limitados y en el futuro próximo se dejarían de abonar.
Siendo la mina
de Cobriza la única unidad minera que se privatizó conjuntamente con el
complejo metalúrgico apenas aportaba el 20% de los requerimientos de los
concentrados de cobre en la fundición y
explicaba el 5% de sus ingresos, lo cual obligaba a la compra de concentrados a
otras empresas mineras de la pequeña y mediana minería. Esta es la importancia
estratégica que tenía primero Cerro de Pasco Corporation, luego la estatal
Centromín, operando el complejo metalúrgico integrado con las unidades mineras.
Se debe reconocer que Doe Run Perú hasta el último
año completo de operaciones el 2008, con la propia información producida por el
organismo regulador Osinergmin a pesar de las postergaciones en el cumplimiento
del Programa de Adecuación Minero Ambiental (PAMA) había realizado importantes
inversiones ambientales por más de 330 millones de dólares, superando con
creces los compromisos asumidos en la privatización del complejo. Es más, como
lo señala la nota del Diario 16 “Shinno contra Shinno” Doe Run había cumplido
con gran parte de las inversiones, lo cual demostraría la existencia de
intereses subalternos en la liquidación empresarial.
Así, se terminó
con el levantamiento de las plantas de ácido sulfúrico en los circuitos de
plomo y zinc, el tratamiento de aguas pesadas, reduciendo los niveles de
contaminación de plomo, cadmio y arsénico, en relación a los niveles de las
gestiones anteriores bajando los límites permisibles, faltando solamente la
inversión más importante sobre la construcción de la planta de ácido sulfúrico
para captar el dióxido de azufre del circuito de cobre que ha quedado
inconclusa con un avance del 50% por los problemas
conocidos.
En tal sentido,
el Estado debe exigir el reinicio de las operaciones del complejo minero
metalúrgico lo más prontamente posible para así generar los ingresos y
utilidades que permitan el cumplimiento de la inversión ambiental relacionada
con la planta de ácido sulfúrico del circuito de cobre cuyo costo supera los
150 millones de dólares a pesar de los avances realizados. Con lo cual las
inversiones ambientales sumarían casi los US$ 500 millones.
Un país minero
como el Perú no puede darse el lujo de seguir exportando concentrados con un
complejo como el de La Oroya paralizado. Resulta una paradoja que la población
de La Oroya demande la reapertura de las actividades de Doe Run en la ciudad
defendiendo el trabajo y el valor agregado mientras el país experimenta una
campaña contra las inversiones mineras en Cajamarca y en el Cuzco.
“Shinno versus
Shinno”
Ingeniero mecánico Guillermo Shino se contradice increíblemente
respecto a situación ambiental en La Oroya
Diario 16, jueves 10 de mayo 2012 (pág.
11)
“La vaca no se acuerda
cuando fue ternera” es un viejo refrán que bien puede aplicarse al actual
viceministro de Minas, Guillermo Shinno Huamaní, -que, al parecer, sufre del
mismo tipo de amnesia que su jefe, el ministro de Energía y Minas Jorge Merino
Tafur- en el caso del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO).
Porque no podría
explicarse de otra manera que haya señalado en diversas entrevistas que la
operación del CMLO “incumple los estándares ambientales“ cuando hace algunos
pocos meses (23/3/2010) acudió a Washington ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), en su calidad de Gerente de Fiscalización de Minería
del Organismo Supervisor de la Inversión en Minería y Energía (OSINERGMIN),
para señalar que la empresa Doe Run Perú (DRP) había alcanzado estándares
ambientales permisibles en su operación en la Refinería y la Fundición de La
Oroya.
PRESENTACIÓN
ANTE CIDH
En esta cita Shinno
sostuvo que a partir del 2007 OSINERGMIN había establecido una supervisión con
la presencia de fiscalizadores a tiempo completo en la ciudad de La Oroya,
quienes habían comprobado que los ocho primeros proyectos del Programa de
Adecuación y Mejoramiento Ambiental (PAMA) original fueron cumplidos por la
empresa, mientras que en el noveno proyecto –la construcción de plantas de
ácido sulfúrico- DRP había conseguido una ampliación del plazo de culminación.
“En este último proyecto
se cumplieron con dos plantas: la construcción para el circuito de zinc, y la
del circuito de plomo, quedando pendiente la de cobre, que mediante ley fue
ampliado el año pasado. Este proyecto tenía un avance del 48% en lo que se
refiere a la planta de ácido sulfúrico y 57% en la modernización del circuito
de cobre”, expuso el ahora viceministro, defendiendo la posición de DRP.
También explicó en la
reunión que desde el 2007 OSINERGMIN ejecutaba un monitoreo constante en siete
estaciones ubicadas en La Oroya con la finalidad de verificar la calidad del
aire, así como de efluentes líquidos y de algunas otras emisiones. “En este
monitoreo participa la sociedad civil; son trece organizaciones civiles las que
participan”, agregó.
RESULTADOS
Shinno reveló que en el
caso dé resultados de contaminación por plomo y material particulado, se habían
verificado importantes avances positivos en todas las estaciones, mostrando que
la mayoría de las emisiones estaban dentro de los máximos permisibles, lo mismo
que sucedía para los humos de la chimenea.
En cuanto al avance de las
plantas de ácido sulfúrico, informó también que la correspondiente al circuito
de zinc fue culminada en diciembre del 2006, mientras que la de plomo se
terminó en setiembre del 2008. Agregó que la de cobre se encontraba con un
avance del 48% y 57% tanto a nivel de planta como de la modernización de los
equipos.
Con el avance en los
circuitos de zinc y plomo, Shinno en el 2010 señalaba que se viene disminuyendo
la emisión de dióxido de azufre por cuanto se venía produciendo ácido
sulfúrico, y capturando el azufre, dejando de emitir este componente en mayor
cantidad al ambiente. Increíble.
GIRO
DE 180°
Ahora, como viceministro
de Minas, sus declaraciones apuntan a que no se reinicien las operaciones en el
CMLO y más bien que se opte por la temida liquidación.
Por ejemplo, ahora en su
presentación ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del
Congreso de la República (19/4/2012 ), ha afirmado muy suelto de huesos que el
Plan de reestructuración presentado por DRP no había sido aprobado porque no se
aseguraba “aplicar los estándares ambientales permisibles”, y además exigía
prontamente “la remediación de suelos de La Oroya”, cuando como funcionario de
OSINERGMIN era consciente que este era un compromiso incumplido del Estado
desde hace 15 años, según el contrato de privatización del CMLO.
Shinno Huamaní, agregó que
el “Gobierno y el Ministerio de Energía y Minas ya no van a permitir que se
sigan excediendo los estándares permisibles ambientales. Hoy estamos en una
situación distinta, donde ya no es decisión del MEM sino de la Junta de
Acreedores para decidir cuál será el futuro de la empresa”, concluyó.
Todo ello había sido
reiterado en sucesivas entrevistas en programas políticos, como Cuarto Poder
(8/4/2012) de América TV, y en De 6 a 9 (13/4/2012) , de Canal N, donde señaló
que el CMLO contaminaba el medio ambiente de La Oroya y violaba los límites
máximos permisibles afectando a la población de la zona.
¿A qué Shinno le creemos:
al gerente de fiscalización de OSINERGMIN del 2010, o al viceministro de Minas
del 2012? Lo más contradictorio de este caso es que las posiciones tan
cambiantes e incongruentes del ingeniero mecánico, Shinno Huamaní, se producen
entre el 2010 y el 2012, y las condiciones de la refinería y fundición no han
cambiado en esas fechas, pues las operaciones están paralizadas desde junio del
2009”.
Publicado en Diario16; el jueves
10 de mayo de 2012.
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