UN DESBORDE DE EXPECTATIVAS

MINERÍA: MÁS RIQUEZA MÁS CONFLICTOS SOCIALES

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI

¿Por qué surgen los conflictos sociales? ¿Quién gana con los conflictos?, ¿Por qué en democracia los conflictos son necesarios? ¿Son malintencionados los que protestan contra las inversiones mineras negando las posibilidades de crecimiento al país? Estas son partes de las preguntas que se hicieron  en el “Foro Económico: Conflictos Sociales en el Ámbito de la Minería Peruana”, en la facultad de Ciencias Económicas de UNMSM el 7 de junio pasado.

En décadas pasadas la categoría usada por la Economía Política en lugar de los conflictos era las contradicciones económicos sociales que genera la acumulación del capital en su desarrollo en regiones o países con débil o escasa relación con el mercado capitalista.

Existe amplia literatura al respecto en países con industrias extractivas como el Perú, con una fuerte presencia de comunidades campesinas, son más de 4 mil que están reconocidas por la Constitución, y que tuvieron una destacada oposición a las políticas de terror de “Sendero Luminoso”.

En tal sentido la democracia que vivimos con todas sus debilidades, se debe en gran parte a la contribución de sangre y sacrificio de miles de campesinos que derrotaron a las huestes del Presidente Gonzalo. Hoy en algunas regiones del país se oponen a la actividad minera por una serie de consideraciones ambientales, exigencias económicas, aprovechamiento político, acceso por más recursos ante una debilidad crónica del Estado por resolver los conflictos sociales.

Ahora dichos conflictos sociales provocados o ligados a las inversiones mineras se han convertido en el principal obstáculo para las mismas. Las regiones insisten por mayores recursos pero secan a la “vaca lechera” de la economía peruana que genera riqueza, capacidad de compra y capacidad de gasto directo e indirecto al conjunto del país.

Por ello, la oposición al proyecto cuprífero de “Tía María” en Arequipa, al proyecto de “Minas Conga” en Cajamarca o “Río Blanco” en Piura constituyen una expresión del agotamiento de un modelo de expansión de las inversiones que si bien aprovechó la bonanza del ciclo 2004/2013 hoy encuentran una grave oposición de importantes sectores de campesinos, agricultores, frentes de defensa y líderes regionales oportunistas por el poder.

En la presente coyuntura resultan preocupantes las perspectivas de lo que pueda pasar a futuro 2020/2030, pues el crecimiento económico del país, depende en gran medida de las inversiones mineras, pues no tenemos otros motores de crecimiento con la suficiente fuerza y dinámica como podría ser el turismo y la agroindustria que pueden correr en pareja con la actividad minera.

UN MOTOR DE DESARROLLO

Reconociendo que las inversiones mineras son inversiones de largo plazo, organismos públicos como el Banco Central de Reserva del Perú, sostienen que una inversión de US $ 2,000 millones de dólares explican o determinan el crecimiento del PBI de uno por ciento (1%) Con un crecimiento esperado para este año y el próximo menor al 4% se podría afirmar que tendremos un incremento de la riqueza mediocre, muy por debajo de nuestras posibilidades.

En tal sentido, si la inversión sectorial proyectada supera los US $ 52 mil millones, debiera ser un tema de debate nacional y de preocupación social,  la naturaleza de los conflictos sociales, ante un Estado y Gobierno que no tiene una política clara, eficiente para resolver los conflictos, que en democracia deben resolverse en un diálogo social con ganancias compartidas para las partes.

Por ello, trataré de resumir algunas ideas que se expusieron en el “Foro Económico: Conflictos Sociales en el Ámbito de la Minería Peruana” que tuvo como expositor central al Arq. Raúl Molina, Viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, contando en la mesa con la presencia de panelistas del ámbito privado y público, y expertos en la resolución de conflictos.

MÁS MINERÍA MÁS CONFLICTOS

Sin duda, el sector minero es el sector más importante de la economía peruana en lo referente a la generación de divisas,  en el monto de inversiones proyectadas, y en los ingresos regionales transferidos por concepto de canon y regalías mineras como se podrá observar en el cuadro “Distribución del Canon Minero y Regalías Mineras 2004/2018”, que lleva como subtítulo el sector minero es el principal generador de Renta Regional.

En el período mencionado 2004/2018 al margen de su determinación las regiones mineras han percibido por canon minero la suma de S/ 44, 266 millones de soles y por regalías entre el 2005 a setiembre del 2018 un valor de S/ 7,420 millones. Es decir, las regiones solamente por estos conceptos han percibido transferencias por S/ 51,686 millones de soles.

En verdad, cabría preguntarse sobre el destino de tales ingresos redistribuidos gracias a las actividades mineras al margen de otras transferencias como los derechos de vigencia y penalidades que en un porcentaje del 75 % se quedan en las regiones y gobiernos locales.

Por este concepto de los derechos de vigencia en el período de referencia se ha captado S/ 970 millones de soles, al margen del llamado “aporte voluntario minero” del segundo gobierno aprista 2006/2011 que llegó a un monto cercano a los S/ 2,400 millones de soles.

Tampoco se están considerando las diversas inversiones realizadas por las empresas mineras formales por concepto de responsabilidad social que lamentablemente no están sistematizadas por el Ministerio de Energía y Minas. Todo ello debería sumar como parte de la riqueza transferida a los gobiernos regionales, locales y universidades públicas.

LAS REGIONES CON MÁS CANON

En lo referente al canon minero las regiones mineras que más participación tienen en esta renta territorial son los departamentos de Ancash con el 25 % lo que representaría una distribución del canon por un valor de 11,066 millones de soles en el período 2004/2018, riqueza distribuida sobre todo por el impuesto abonado por la Mra. Antamina.

Al respecto el distrito de San Marcos (10%) de la provincia de Huari (25%) en la región de Ancash han percibido en dicho período la suma de S/ 1,110 millones de soles y S/2,766 millones respectivamente por la fórmula que rige la distribución del canon minero.

En la realidad el distrito de San Marcos  habría percibido un promedio anual de S/ 80 millones de soles en estos catorce años, sigue careciendo de servicios básicos y la mayor parte de sus autoridades tienen una serie de denuncias penales, como también las autoridades regionales, así el ex presidente regional César Álvarez estaría comprometido hasta el tuétano con una organización criminal, según una serie de denuncias presentadas ante el poder judicial.

En segundo lugar, el departamento de Arequipa ha captado el 11.76 % del canon distribuido lo que en cifras absolutas representa un valor de S/ 5,179 millones de soles, en lo fundamental explicado por el pago del impuesto a la renta de la Mra. Cerro Verde, y otras mineras auríferas que operan en la región.

En el tercer lugar está el departamento de Cajamarca con una participación del 10.99 % del canon distribuido a nivel nacional lo que en cifras absolutas representa una riqueza distribuida de S/ 4,824 millones de soles.

Estos montos resultan representativos de la riqueza distribuida solamente por concepto de canon minero,  poco o nada tienen que ver con el bienestar de los centros poblados o distritos que están cercanos o alrededor de la explotación minera por una serie de consideraciones como la corrupción, la ineficiencia e incapacidad de gasto de los gobiernos locales.

MAL USO CON CRECIENTES EXPECTATIVAS

Se reconoce a partir del expediente Odebrecht la corrupción galopante en los gobiernos regionales y locales sobre todo en las inversiones realizadas en transporte e infraestructura con sobrecostos, licitaciones dirigidas, obras mal hechas; en resumen la corrupción estaría explicando el mal uso de los recursos del canon y regalías mineras al margen de la ineficiencia de gasto en los gobiernos sub nacionales que dicho de paso también son parte del Estado.

Es más, en departamentos como Cajamarca o Arequipa amplios sectores de la población tienen una creciente oposición a las inversiones mineras y el Estado no tiene un planeamiento estratégico para enfrentar positivamente los conflictos sociales y éstos son utilizados políticamente por sectores ideologizados de la izquierda, que no asumen todavía las inversiones y al capital privado como parte sustancial de un programa de gobierno moderno.

Frente a ello existe un desborde de expectativas de la población organizada e informada gracias a la revolución tecnológica en los medios de trasmisión vía internet, telefonía celular, y de apertura al  mundo en tiempo real en los distritos y provincias.

Éstas le exigen al capital privado en especial a las empresas mineras formales la satisfacción de una serie de necesidades sociales que constituyen una obligación del Estado central, regional y local resolver. Por ello los gobiernos regionales tienen una débil o nula participación en la solución de conflictos, y las poblaciones desbordadas exigen la presencia del ministro del sector o del premier como exigencia de solución.

Esta debilidad histórica del Estado republicano, empírico le llamaba el historiador sanmarquino Jorge Basadre, todavía con recursos monetarios  ha sido incapaz de resolver, a pesar de significativos avances en la reducción de la pobreza sobre todo campesina, los problemas de inseguridad ciudadana, salud y educación de calidad, y una infraestructura decente en las 196 provincias que se distribuyen a nivel país.

EL PROBLEMA ES POLÍTICO

Siendo el sector minero el más conflictivo en términos sociales y el que genera una mayor oposición, sobre todo de las comunidades campesinas, frentes organizados y de mayor aprovechamiento político para  liderazgos regionales y nacionales.

Gracias a la oposición a la actividad minera formal resulta explicable el liderazgo del “Goyo Santos” en Cajamarca militante expulsado del Partido Comunista Patria Roja, o del ex cura Arana que llegó al Congreso de la República bajo las banderas ambientalistas contra el proyecto Conga en Cajamarca. Hoy Cajamarca está conjuntamente con Huancavelica y Ayacucho considerada como una de las regiones con mayor pobreza.

¡Es decir, la oposición a la actividad minera rinde un rédito político, que se exacerba en coyunturas políticas!

La lista sería larga pero lo sustantivo es el pensamiento tradicional de cierta dirigencia de izquierda para asumir de forma responsable la necesidad promover la generación de riqueza no solamente en las actividades extractivas como la minería, que se constituye en el motor del crecimiento económico del país y de la riqueza regional que se distribuye con todas las limitaciones, como canon, regalías, derechos de vigencia, e inversiones de responsabilidad social por mencionar algunas.

El reconocido líder socialista, ex miembro del movimiento insurgente de los tupamarus, y expresidente del Uruguay en una gestión exitosa, Pepe Mujica diría que es una responsabilidad de la izquierda moderna promover la creación de la riqueza, que es una función de los capitalistas para luego una vez creada la riqueza apostar por la lucha redistributiva. ¡De lo contrario se distribuye pobreza entre una mayor población!

En tal sentido, se debe aspirar por una nueva minería que  debe respetar el equilibrio del medio ambiente y ser responsable en términos sociales y tributarios, pues la minería formal es una “oportunidad de desarrollo” en razón que las inversiones generan un efecto multiplicador y expansivo hacia otros sectores tales como la industria, energía, servicios, agricultura, etc.

GENERAR CONFIANZA

Una de las conclusiones del evento realizado en la facultad de economía de la UNMSM es la necesidad de generar confianza con las comunidades campesinas, los frentes de defensa que se oponen a la actividad minera, en un diálogo respetuoso no ofreciendo magia a través de las “mesas de diálogo” con las autoridades del gobierno de turno, que asumen el cumplimiento de una serie de compromisos fantásticos con la finalidad de levantar una medida de lucha como podría ser la toma de carreteras, un puente o una instalación minera.

Los conflictos sociales deben ser percibidos como oportunidades para establecer un diálogo social entre la población organizada, el Estado y las empresas, frente a un incumplimiento y olvido histórico con las provincias del interior sobre todo andinas del país.

De allí, la necesidad de organizar un “fondo social” en las localidades donde se ha adoptado la decisión de llevar a cabo la explotación minera, como un adelanto del canon minero esperado que pueda ser descontado con los impuestos cuando la empresa minera esté en la fase de explotación.

Un mejor uso y racionalidad en la ejecución de los recursos del canon y regalías más otros ingresos supone la modernización de la administración de los gobiernos locales y regionales que muchas veces ignoran los simples trámites para la ejecución del gasto y de las inversiones, de allí el grave retardo en la inversión pública en los gobiernos sub nacionales.

Lo cierto y evidente es que se experimenta un desborde de expectativas, por un progreso material por parte de los centros poblados y comunidades campesinas que aspiran a un mayor bienestar ante un Estado débil e incapacitado de resolver los conflictos sociales, actuando como  bombero que apaga temporalmente el fuego social de un Perú profundo que vive su pobreza sentado en un “banco de oro”.