YANACOCHA NECESITA LA CONGA Y EL PERÚ TAMBIÉN

CANON SÍ, MINERÍA NO (Parte I)

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

Si hubiese una correcta y seria evaluación ambiental en especial de la valorización de los recursos naturales, especialmente de los no renovables como el oro, la plata, el cobre y los efectos de su explotación sobre el espacio, en la tierra, los recursos hídricos y la vida campesina, los acontecimientos vividos en las últimas semanas en Cajamarca hubiesen tenido otro final. El balance de los costos y beneficios de la explotación minera en el corto, mediano y largo plazo determinaría su viabilidad económica, social y ambiental

Es evidente que existe una posición contraria a la actividad minera especialmente en las cabeceras de cuenca hídrica, como también existe una radical oposición a la construcción de centrales hídricas en la Amazonía. En tal sentido, el discurso ambiental, en defensa del equilibrio hídrico, de las fuentes de agua naturales resulta fundamental para la reproducción en especial de las actividades agrarias y ganaderas.

Es más, resulta contradictoria la existencia de la riqueza natural y la pobreza social. Solo como información ilustrativa se puede señalar que el departamento de Cajamarca ocupa el puesto número 20 de los 25 departamentos (incluyendo la provincia constitucional del Callao), en la estimación del Índice de Desarrollo Humano (IDH), el indicador más completo para medir la pobreza, y también tiene el triste privilegio ser el departamento con menor cobertura eléctrica. Solamente el ingreso per cápita promedio en la provincia de Celendín es de 157 nuevos soles al mes, un poco menos de dos dólares diarios que podrían elevarse con los ingresos directos e indirectos que generaría el proyecto Minas Conga.

Desde nuestro punto de vista, la minería constituye una posibilidad de desarrollo por la demanda agregada que genera en su construcción y durante la vida útil de los yacimientos. A través de las inversiones, impuestos y sueldos y salarios de sus trabajadores genera “poder de compra” en la economía campesina, regional y nacional. Por ello, quienes se oponen a la actividad minera debieran señalar las fuentes alternativas de empleo e ingresos sobre los 4,000 metros.

En tal sentido, un estudio solvente del impacto ambiental de la actividad minera demostraría las ventajas económicas sobre las externalidades negativas. Sirva el caso de Mra. Antamina que para su construcción 1998-2001 se tuvo que desaguar una laguna parecida a las que rodean el proyecto de Minas Conga. Ello también exigía trasladar a la población de la comunidad de Ango Raju de sus tierras ancestrales, y en la hoya natural dejada por la laguna yacían las reservas de cobre, zinc y molibdeno que se obtienen.

Podemos discrepar si la Mra. Antamina abona lo suficiente al Estado en impuestos, dado que no abona regalías por estar blindada por los contratos de estabilidad jurídica. Se puede discutir la facilidad con la que el Estado transfirió un yacimiento por un valor de US$ 20 millones para privilegiar una inversión que fue equivalente a casi 2,300 millones de dólares.

Es decir, podemos tener puntos de vista divergentes sobre el débil valor de retorno de la actividad minera en nuestro país. Pero lo que habría que rescatar e interrogarse al respecto: ¿Cuál ha sido el impacto ambiental por haber trasladado toda una laguna? ¿Qué efectos nocivos y perniciosos ha tenido el traslado de una laguna donde ahora se desenvuelve la Mra. Antamina? Es más, algún organismo público o privado ha valorizado los efectos económicos, sociales del impacto ambiental. Ello ayudaría mucho para superar las objeciones sobre todo fundamentalistas a los proyectos mineros.

Esto es importante para un debate serio que al margen del legítimo interés privado de las empresas, se coloque por encima el interés público, los intereses del país frente a la explotación minera. Resulta obvio que los principales interesados son las poblaciones locales, cercanas al proyecto minero que demandan empleo, mayores ingresos para luchar contra la pobreza.

¿CÓMO ABORDAR EL PROBLEMA?

Lo que está pasando con la oposición al proyecto de Minas Conga debiera analizarse en perspectiva y desde los varios puntos de presión e intereses contrapuestos, para superar el “diálogo de sordos” imperante, la violencia desatada, donde los intereses campesinos, de autoridades locales, del gobierno regional, los frentes de defensa, la empresa, los trabajadores mineros, y del gobierno central, expresan posiciones divergentes, y hasta antagónicas.

Se sostienen versiones con medias verdades, que encubren aspiraciones de ganancias políticas y claro está, económicas. Para la empresa Mra. Yanacocha la producción futura de Minas Conga resulta esencial para compensar la menor producción aurífera que está obteniendo de sus operaciones a pesar de los altos precios del oro. Al margen del agotamiento natural y rendimientos marginales de sus primeros yacimientos, la gravedad de los conflictos sociales explica las limitaciones para su expansión y la drástica disminución de la producción aurífera tal como se puede observar en el cuadro “Minera Yanacocha Necesita La Conga”

En el 2005 Mra. Yanacocha producía un poco más de 3.3 millones de onzas finas de oro, que al 2008 disminuyó dramáticamente pasando a 1.8 millones, para luego alcanzar 1.4 millones de onzas en el 2010. Es decir, entre el 2005 al 2010 la producción ha disminuido en un 55%, es decir más de la mitad. De allí, el interés de Newmont y Mra. Buenaventura en el desarrollo de Minas Conga para compensar los menores ingresos y utilidades que no se están percibiendo a pesar de los astronómicos precios del oro.

Como resulta lógico el interés de la empresa es maximizar las utilidades, valorizar el capital, obtener una mayor rentabilidad privada para sus accionistas. En este juego, cabe preguntarse si el Estado ha valorizado los costos y beneficios de la explotación de las reservas de Minas Conga. Pues la información que se conoce sobre regalías e impuesto a la renta que generaría el proyecto al fisco sería un promedio anual de US$ 172 millones de dólares en los 17 años de duración del proyecto. Un estimado de 2,230 millones entre regalías y canon en la vida útil.

Esto es bajo el supuesto de la vida útil del proyecto, según la información proporcionada por la propia Mra. Yanacocha sobre el Proyecto Conga, que no puede ser contrastada por el propio Estado. Por ello, que falta hace el Instituto Nacional de Planificación para hacer planeamiento estratégico desde una visión de Estado moderno. Ver Cuadro: “Importancia del Proyecto Conga”

Lamentablemente esta información es de la propia empresa y no de los estudios económicos que tendría que haber realizado el propio Estado, a través de sus ministerios de economía y finanzas, energía y minas y del medio ambiente. Esta debilidad de la supervisión y fiscalización de parte del Estado le resta capacidad negociadora ante la propia empresa y ante la propia población campesina, en la misma línea de la torpeza del ministro de energía y minas de viajar en el avión privado de la empresa.

Por ello, se regresa a la pregunta inicial sobre la valorización económica y social de los recursos naturales. Al no evaluarse los recursos naturales nos encontramos entre el fundamentalismo liberal de mercado, con el afán de explotar aceleradamente los recursos mineros, y el radicalismo ambiental, de oposición ideológica a la actividad minera en cabecera de cuenca.

Este conflicto también es un tema que tiene réditos políticos, siendo uno de los actores la posición encarnada por el padre Arana y los organismos ambientalistas que han mostrado legítimos intereses políticos electorales, utilizando la bandera ambiental, desde Tierra y Libertad, y otros movimientos políticos de izquierda.

Cuenta a su favor la pésima imagen y los antecedentes negativos desde los pasivos ambientales a tragedias como la de Choropampa, Combayo, Cerro Quilish; con la presencia abusiva y prepotente de Mra Yanacocha en Cajamarca, comprando tiempo y autoridades, irrumpiendo la vida tradicional del departamento, con externalidades negativas, producto de la cercanía de la actividad minera con la capital (altos precios de alquileres, violencia urbana, agitada vida nocturna, etc.)

En este contexto también operan los representantes de los gobiernos locales y regionales que levantando la bandera de la imposibilidad de la inversión minera, que con o sin estudios geológicos serios, tratan de encubrir sus limitaciones en la gestión municipal y regional. Estas autoridades acostumbradas a la protesta y oposición, hoy son parte del gobierno, de un “estado burgués y burocrático”, que tienen que administrar con capacidad y eficiencia. En especial de los recursos generados por la minería en Cajamarca, sea por Mra. Yanacocha, Gold Fields y otras mineras. Después de todo, la cuestionada actividad minera en Cajamarca ha generado importantes recursos sea por canon, regalías y derechos de vigencia, al margen de las compras locales y remuneraciones pagadas. Si en el 2006, la suma del canon minero, regalías y derechos de vigencia significaban los 365 millones de nuevos soles, en el 2010 superaban los 498 millones, con tendencia al incremento en el marco del nuevo marco tributario donde Mra. Yanacocha tendrá que pagar un gravamen minero aplicado sobre la utilidad trimestral.

En tal sentido, la pregunta pertinente está en relación: ¿Cuántos de estos recursos mineros regresa a la población local, en especial del entorno a las operaciones mineras? En la misma línea ¿Cuál ha sido y cuál es el nivel de ejecución de las transferencias del gobierno central a los gobiernos locales y regional, que han pasado de 559 millones en el 2006 a más de 1,018 millones de nuevos soles para Cajamarca, considerando que los recursos mineros representan casi el 50% de las transferencias que perciben los gobiernos locales y la región?

Por ello, cabe preguntarse en el caso de la postergación del proyecto de Minas Conga, de Tía María, de la ampliación en la capacidad de planta de Southern Perú Copper y otros proyectos mineros: ¿Dónde está el interés público? Es posible el desenvolvimiento de la actividad minera, de un modelo primario exportador, con un pobre valor de retorno y altos costos ambientales. Esta cuestión es la que debiera estar en debate.

EPÍLOGO

Al presente gobierno le están pasando la factura las expectativas desatadas durante la campaña electoral, que en el caso minero transitaba desde el impuesto a las sobreganancias, la revisión de los contratos de estabilidad jurídica, el estricto respeto ambiental y la participación de la población en la llamada consulta previa a los pueblos impactados.

La postergación a las calendas griegas constituiría una expresión de la imposibilidad del desarrollo de nuevos proyectos mineros, sobre todo en las cabeceras de cuenca por la posición ideológica del radicalismo ambiental. Con la oposición a la actividad minera con o sin argumentos pierde no solamente la empresa minera. Resultan también perdedores, los gobiernos locales que requieren mayores recursos por canon y regalías, también pierden los propios campesinos que se reproducen en extrema pobreza, con ingresos menores a dos dólares diarios en Celendín.

También resultan afectados los trabajadores directos e indirectos, la industria que sirve con bienes y servicios a los proyectos mineros, y en su conjunto la sociedad de Cajamarca. Evidentemente se afecta el gobierno central por los menores efectos ingresos fiscales a futuro, y el mismo crecimiento económico en un contexto internacional amenazado por la recesión mundial.

Por ello, habría que preguntarse ¿cuántos puntos de crecimiento económico en el PBI se explicarían por la postergación indefinida de los proyectos mineros como: La Conga, Tantahuatay, Michiquillay, Galeno, Rio Blanco, Tía María, la ampliación de Southern, Quellaveco, etc.?