PIURA: URGENTE MASIFICACIÓN DEL GAS NATURAL

HAY QUE VALORIZAR LOS MÁS DE 5 TCF Trillones de Pies Cúbicos

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

El lunes 5 de diciembre pasado tuve la oportunidad de estar en Piura invitado por el Colegio Departamental de Ingenieros-Capítulo de Ingenieros Industriales y de Sistemas, como participante en el evento “Desarrollo Económico del Departamento de Piura por los Beneficios del Gas Natural”, donde expuse sobre la necesidad del “Cambio de la Matriz Energética y Nuevas Inversiones en la Cuenca Noroeste”, y el potencial gasífero que tiene el departamento de gas natural asociado al petróleo.

Según el Libro Blanco de Reservas de Gas Natural que publica el Ministerio de Energía y Minas al 2010, las reservas probadas, probables y posibles de gas natural en la región suman un poco más de 1.1 TCF (trillón de pies cúbicos en sus siglas en inglés). Sin embargo, las empresas productoras como Savia Perú señalan en función a sus pozos perforados un potencial en gas de 2 TCF en los lotes Z-2B y Z-6; otra empresa como Olympic Perú INC declara tener en el lote XIII más de 3 TCF en el subsuelo, y BPZ en el lote Z-1 también informa tener importantes reservas de gas natural, que hasta no hace mucho tenían un pobre valor económico.

Lo cierto y evidente es que en las operaciones de extracción de crudo tanto en la Cuenca Talara como el Zócalo Continental siempre se ha privilegiado el petróleo, y el gas asociado obtenido, estimado en millones pies cúbicos se reinyectaba a los pozos para mantener la presión de los mismos, se venteaba hasta no hace mucho tiempo y ahora se quema previa autorización de la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del Ministerio de Energía y Minas, con la fiscalización de Osinergmin.

Si bien oficialmente está prohibido el venteo de gas natural lo cual significaba liberar millones de pies cúbicos a la atmósfera, la salida legal ha sido la autorización del “quemado” del gas natural, lo cual significa en la práctica desperdiciar un valioso recurso natural que representa millones de dólares que se pierden, que se evaporan con el beneplácito del Estado. Esto constituye una cruel paradoja de un país rico en recursos naturales pero con una población pobre y un Estado con una débil capacidad reguladora.

También es verdad que a diferencia del gas de Camisea, el gas asociado que se extrae en Piura proviene de los cientos de pozos productores que por sus pequeños volúmenes extraídos resulta onerosa su reinyección y recolección, por ello debiera ser preocupación del Estado la promoción de la cultura del gas, fomentando la inversión en las reservas marginales, en los llamados horizontes profundos, y horizontes subexplorados, pero también se debiera prohibir taxativamente el venteo y el quemado de gas natural bajo cualquier circunstancia.

Los ingenieros de petróleo utilizan un balance entre el petróleo extraído y los volúmenes de gas natural, donde con la producción promedio de 40 mil barriles diarios en las operaciones de Talara y el Zócalo Continental, por lo menos se obtenían conservadoramente 150 millones de pies cúbicos diarios, de los cuales una parte se utilizaba como combustible en las operaciones propias, una parte se reinyectaba, otra se quema, y no más de 32 millones de pies cúbicos de gas natural diarios constituye la producción fiscalizada, es decir la producción que se valoriza comercialmente y que abona regalías al fisco que financian el canon de hidrocarburos.

Como ejercicio sería interesante estimar en los últimos 50 años los volúmenes de gas natural asociado venteado y quemado, liberado a la atmósfera por las operaciones de la IPC, PetroPerú y las empresas que asumieron después los lotes petroleros en la década del noventa del siglo pasado. Ello demostraría la irracionalidad de las políticas energéticas del pasado, la reciente preocupación ambiental ante el calentamiento global que prohíbe el venteo pero permite su quemado, y el creciente valor económico del gas natural como energético sustituto al petróleo.

Por ello si Piura es un departamento bendecido por la naturaleza con recursos naturales renovables y no renovables como el petróleo, gas natural, fosfatos con uranio, pesca y maricultura, los mejores vientos del país, un gran potencial minero de cobre y oro, excelentes playas para el surfismo, tierras agrícolas con su dotación de agua, y una reconocida gastronomía, nada de esto se podría explotar de manera sostenible si no se tiene la energía suficiente en oportunidad a precios competitivos. De allí la importancia en la masificación y valorización del gas natural que yace en su subsuelo.

Esto es más urgente y necesario en la medida que la cobertura de Piura en relación a la electrificación rural está por debajo del promedio nacional con una participación del 81% cuando el promedio nacional está sobre el 86%, y más del 90 % de las viviendas rurales de la provincia de Piura no cuenta con el servicio eléctrico y el 94% de las viviendas del campo no tienen agua. De allí, la necesidad de masificar el gas natural, para contar con energía barata, en el transporte público, para que las empresas pesqueras y de la agroexportación obtengan mayores ventajas, y la población en su conjunto se beneficie de un energético limpio no contaminante.

EXPERIENCIAS POSITIVAS

Si bien resulta pionera la participación de Petrolera Monterrico, empresa nacional que opera los lotes marginales II, XV, y XX, extrayendo petróleo y gas, su incursión en la producción de gas natural concentrado de uso vehicular en asociación con la empresa colombiana Gascop en Piura con una estación de servicios, y otra en Chiclayo, ha permitido demostrar el potencial y la oportunidad del negocio de gas. Siendo por ahora el único grifo de gas vehicular en la capital piurana se forman grandes colas para abastecerse ahorrándose los usuarios casi el 50% en relación a los precios de las gasolinas.

En el mismo sentido, la empresa norteamericana Olympic que opera el Lote XIII ha inaugurado en la fecha 9/12/11 su planta de generación térmica a gas natural de 30 MW con una inversión de más de 22 millones de dólares. La capacidad de sus ductos le permitiría comercializar 8 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, y con la generación eléctrica apuntala el sistema eléctrico interconectado, con la ventaja que la producción gasífera se valoriza y abona regalías.

En este contexto la empresa Savia Perú que opera los lotes Z-2B y Z-6 también aspira a la valorización del gas metano que tiene como reservas lo cual permitiría cambiar la matriz energética de Sechura y Piura pues con un potencial de casi 2 trillones en los pozos perforados (Esperanza, San Francisco y San Pedro Este) y en los pozos por perforar (Santa Teresa, Yasila, Puerto Nuevo) daría paso a una revolución gasífera que estaría al servicio de la población con una red domiciliaria de gas metano que sustituiría el gas licuado de petróleo (GLP) y la leña de algarrobo, pues su equivalente en energía calorífica costaría menos de la mitad de un balón de gas licuado que cuesta más de 36 nuevos soles. Así mismo se beneficiarían los usuarios del transporte público, mototaxis pues con el gas vehicular se reducirían los costos del transporte significativamente.

Esto se alcanzaría con la realización del proyecto Punta Lagunas que en esencia representa tender un gaseoducto submarino de 25 kilómetros con el mayor respeto ambiental, que permitiría transportar hasta 60 millones de pies cúbicos diarios, con una inversión de 12 millones de dólares, transportando un trillón de pies cúbicos durante 20 años, en un proyecto positivo para la región que posibilitaría la generación eléctrica a menores costos.

Este cambio de la matriz energética permitiría que las empresas ubicadas en la provincia de Sechura como Vale del Brasil que explota los fosfatos de Bayóvar, las diversas empresas pesqueras, y especialmente los pescadores artesanales de la maricultura se beneficien del gas natural, pues podría levantarse una planta de refrigeración con producción de hielo en medio del desierto que valorizaría las conchas de abanico extraídas por la mayor conservación en el tiempo.

En resumen, Piura está experimentando un crecimiento económico con mayores inversiones privadas que se reforzarán con la modernización de la Refinería de Talara de PetroPerú, ello demanda seguridad energética con una mayor producción de electricidad aprovechando los recursos como el gas asociado. Por tanto, con los mayores volúmenes comercializados de gas natural por empresas como Petrolera Monterrico, Olympic, Savia Perú, y otras como Petrobras, Graña y Montero, Sapet no solo se justifican las mayores inversiones en la generación eléctrica como las de Eléctrica de Piura (EEPSA) por 120 millones de dólares para la reserva en frío de una unidad con una potencia instalada de 200 megavatios (MW).

Es también la oportunidad para sustituir la generación de electricidad térmica en la región como la Central Térmica de Piura que con una potencia instalada de 49.1 MW que utiliza petróleo residual, la Central Térmica de Sullana que tiene una potencia instalada de 8.5 MW y la de Paita de 5 MW que funcionan también a petróleo residual o diesel.

Se debe asumir que no puede existir una real política de inclusión social si la mayor parte de la población de un país y una región no cuentan con el servicio eléctrico adecuado con energía limpia y barata, que solamente se puede obtener con la masificación del gas natural.

FORO: "CAMBIO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA Y NUEVAS INVERSIONES EN LA CUENCA NOROESTE"

Estimados amigos:

Comparto con ustedes la exposición que realicé el día 05 de diciembre de 2011 en el Colegio de Ingenieros de Piura.

Para acceder a dicho documento sírvase visitar el siguiente link:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B-hDwkHXhX1qNzEzMTViNjctMWRhNy00MzUzLWJmZjUtZTliOWM2MzJlYzBi&hl=en_US&pli=1

Agradeceremos sus comentarios y amable difusión

JMZ

CAJAMARCA: LA DELGADA LÍNEA ROJA

¿AGUA SÍ, MINERÍA NO?

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM, y Consultor)

“(…) ¿Qué es más importante, el agua o el oro?… Ustedes no toman oro, no comen oro, pero nosotros tomamos agua y de ahí salen la leche, salen los quesos, sale la riqueza, la agricultura necesita el agua (…)” Discurso en la campaña electoral en Bambamarca de Ollanta Humala abril del 2011

Estas fueron las palabras que utilizó el candidato Ollanta Humala en la campaña electoral para ganar el voto campesino de uno de los departamentos más poblados y más pobres del Perú. En verdad, el apoyo reciente del Presidente al proyecto Conga ha generado una profunda decepción en los miles de ciudadanos que creyeron en la renovación de la política criolla, y el respeto al voto popular. Esta práctica es una larga tradición en la política peruana donde para llegar al poder se ofrece el “oro y moro”, pero una vez sentado en Palacio de Gobierno otra es la visión del interés público.

Lo que está pasando en Cajamarca con la oposición de la población campesina al proyecto Conga de Mra. Yanacocha tiende al desborde popular con efectos multiplicadores en otros departamentos que cuestionan en la base el modelo extractivo primario exportador, con pobre contribución tributaria, con un débil valor agregado, contaminante por la laxitud y relajo del propio Estado en la fiscalización y regulación ambiental, como que existen en el país más de 6,847 pasivos mineros que afectan 65 cuencas hidrológicas, siendo Cajamarca el más impactado con 976 pasivos, según la exposición del Ministro de Medio Ambiente del 22 de noviembre ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República.

Esta imagen negativa de la minería en Cajamarca se potencia por los pésimos antecedentes de la empresa acostumbrada a “la compra de tiempo y autoridades”, con un servicio de información y espionaje que constituye un poder paralelo al gobierno regional. Indebidamente blindada por los contratos de estabilidad jurídica y tributaria le debe al fisco más de 400 millones de nuevos soles por

regalías no pagadas desde el 2005 al 2011, que deben ser restituidas al departamento y al Tesoro Público.

La imagen de una empresa abusiva y prepotente que compró a inicios de los años noventa las tierras campesinas con un contenido de oro y plata a 100 dólares la hectárea, aprovechándose de la ignorancia de los pobres; que ha contaminado las aguas, los ríos y lagunas del entorno con sus operaciones, que ha generado desastres ecológicos como el de Choropampa con el derrame de mercurio donde nunca se sabrá la cantidad de mercurio vertido. Y, si a ello se agrega el resentimiento que sus actividades genera en el ámbito tradicional de Cajamarca, con los altos ingresos de sus trabajadores, con el cambio de la vida cotidiana donde la tranquilidad da paso a una vorágine urbana, donde el costo de vida se incrementa haciendo relativamente más pobres a los que perciben una remuneración estatal. Esta constituye una fórmula explosiva para los conflictos sociales recurrentes en el tiempo.

Todo este descontento se acumula y en un momento determinado las fuerzas explosionan, como la energía subterránea que hace posible la erupción en los volcanes. En tal sentido, estamos en un momento donde se ha llegado al pico del conflicto y se requiere el análisis frío para restaurar heridas, fomentar el diálogo y reconocer autocríticamente los múltiples errores cometidos por las partes, y buscar una salida donde todos ganen, un “win win”.

UN GOBIERNO DEBILITADO

En primer lugar, el gobierno debe reconocer que ha manejado mal el conflicto social. Se podría decir que todos han jugado para los intereses mineros, desde el empresario Ing. Salomón Lerner que no tiene la experiencia política necesaria, y pareciera que le queda grande la responsabilidad de Presidente del Consejo de Ministros. Sus afirmaciones al inicio del mes de noviembre contribuían al incendio de la pradera. Sin la revisión del estudio de impacto ambiental prometida por el titular de Medio Ambiente, decía el proyecto Minas Conga “va sí o sí”.

La solicitud de renuncia por pedido expreso del Presidente de la República en la última semana de noviembre al asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros, Carlos Tapia por su simpatía

declarada con las protestas cajamarquinas expone la fragilidad y susceptibilidad que provoca el asunto de Minas Conga a nivel oficial, donde no se aceptan disidencias y puntos de vista diferentes.

En la misma línea las múltiples declaraciones del ministro de Energía y Minas, Ing. Herrera Descalzi, que puede ser un excelente ingeniero especializado en generación eléctrica como que ha sido reconocido consultor del grupo Endesa, pero que desconoce de negociación estratégica y manejo de conflictos mineros. Es más, en el clímax del conflicto comete el error infantil de viajar en el mismo avión del inefable Roque Benavides, generando el desconcierto y el malestar de la población que percibe tales actos como la adopción de la posición de Yanacocha.

En el mismo sentido, los desacuerdos entre el titular del sector con la viceministra, Ing. Susana Vilca debilita la presencia del gobierno ante un conflicto que nunca debió desbordarse. Es más, la falta de transparencia de la viceministra en su declaración de alta funcionaria sobre sus concesiones mineras le resta credibilidad y confianza ante la opinión pública. A este nivel no tendría la autoridad moral para manejar los futuros conflictos mineros como ha sido la práctica en el Ministerio de Energía y Minas.

En el pasado los viceministros de minería han enfrentado en primera instancia los conflictos (R. Mucho, R. Padilla, F. Isasi, F. Gala) y después el titular del sector aparecía al final cuando la negociación estaba madura. Hoy la figura del ministro está “quemada” por no decir devaluada.

Al nivel de las autoridades de gobierno regional y local que también conforman parte del Estado, las responsabilidades son compartidas y se están jugando su futuro político. Si bien el Presidente Regional Gregorio Santos es un reconocido dirigente del Partido Comunista del Perú (Patria Roja), que tiene una larga tradición de lucha contra Mra. Yanacocha sus posturas radicales no tendrían el apoyo mayoritario de la población, y más tarde o temprano tendrá que sentarse a negociar. Por ello, la empresa apostó por otros candidatos pues en sus proyecciones sabía lo que representaba tener un candidato opositor y crítico del modelo extractivista.

En el frente antiminero ocupa un papel central del padre Marco Arana que ha presentado sus expectativas electorales aspirando a la formación del partido propio denominado “Tierra y Libertad”, con un sólido financiamiento internacional que van desde Oxfam, la fundación Soros y cooperantes, lo que le ha permitido constituirse en un referente nacional con su posición fundamentalista en la defensa del medio ambiente.

Prácticamente con su posición ambiental todo proyecto minero en cabecera de cuenca resultaría inviable por la supuesta afectación de ríos y lagunas, así se cumplan estrictas normas ambientales y se asegure el abastecimiento de agua. En otras palabras muchos de los proyectos mineros resultarían “per se” insostenibles en el tiempo. Por el número de pasivos mineros no tratados en nuestro país y la difusión de la minería informal, resulta legítima su preocupación ambiental.

Están otros actores que pugnan por el liderazgo regional alcaldes provinciales y distritales más dirigentes de los llamados Frentes de Defensa con movimientos campesinos que debieran conocer la relativa importancia que tiene la actividad minera en la generación de ingresos para Cajamarca por concepto de canon, regalías y derechos de vigencia. Es más, con la información proporcionada por el propio Ministro de Economía y Finanzas, el gobierno regional tendría más de 1,000 millones de nuevos soles no ejecutados, montos que resultan hartos necesarios para el desarrollo y lucha contra la pobreza.

¿QUÉ REPRESENTA LA MINERÍA?

Si bien en nuestro país la figura del canon minero ha sido metamorfoseada pues está en función del impuesto a la renta realmente abonado por la empresa minera. Así, por ley el 50% del impuesto a la renta se transforma en canon, ergo el canon no lo paga la empresa sino el Estado. A pesar de tal distorsión jurídica que se remonta al 2002, los ingresos por canon en Cajamarca entre el 2004 a octubre del 2011 ha transitado de los 182 millones a los 454 millones de nuevos soles, teniendo su pico en el 2007 cuando sumaron los 585 millones, a pesar de la pertinaz disminución de la producción aurífera de Mra. Yanacocha.

En el cuadro de los “Recursos Generados y Transferidos Gracias a la Actividad Minera Energética en Cajamarca” se exponen los montos transferidos por canon, regalías y derechos de vigencia más el canon hidroenergético, sin considerar el llamado Aporte Voluntario ni las remuneraciones pagadas por las mineras a sus trabajadores ni las compras locales. Se exponen los ingresos transferidos por el gobierno central a los gobiernos locales y al gobierno regional.

Si bien el canon minero resulta el recurso transferido más importante desde el 2009 las regalías mineras se incrementan gracias a la presencia de la minera australiana Gold Fields y al término de los contratos de estabilidad jurídica de los primeros yacimientos de Mra. Yanacocha. Por ello, las regalías en el 2009 representan 15 millones de nuevos soles para trepar a los 59 millones en el 2010 y al mes de octubre del 2011 suman los 68 millones.

Se debe tener presente que en la distribución del mal llamado canon minero el 10% le corresponde al distrito donde opera la mina, que en el caso de Mra. Yanacocha le correspondería el grueso al distrito de La Encañada; el 25% se distribuye a la provincia y sus distritos donde opera la empresa minera y el 25% le corresponde al gobierno regional.

A este nivel el 25% del canon minero que se distribuye al gobierno regional entre el 2004 al mes de octubre del 2011, resulta equivalente a 667 millones de nuevos soles, es decir un promedio de 83 millones de nuevos soles en casi 8 años. Un monto que de ninguna manera compensa el deterioro ambiental, con el agravante que siendo una participación sobre el impuesto a la renta, el canon no representa ningún costo adicional para la empresa, por ello gratuitamente y graciosamente sus voceros se atribuían el abono del canon minero.

A pesar de todas estas distorsiones los recursos transferidos a los gobiernos locales de Cajamarca, generados por la actividad minera energética constituyen más del 50% del total de transferencias realizadas por el gobierno central. Así, en el 2004 representaron el 48% del total transferido en el 2007 fueron equivalentes al 73% para disminuir a una participación del 53.7% en lo que va del 2011.

Por ello, siendo los recursos generados por la actividad minera los más importantes a pesar de todas sus distorsiones, bien vale la pena repensar sobre las fuentes alternativas si es que se asume la posición contraria a toda actividad minera en cabecera de cuenca hídrica. ¿De dónde se obtendrían los recursos para financiar el desarrollo regional y la construcción de ventajas competitivas?

A veces me interrogo si no fuese Mra. Yanacocha la empresa interesada en Minas Conga la oposición al proyecto tendría tanta rabia contenida, atravesaría al grueso de los sectores integrantes de la sociedad cajamarquina. En verdad, hay que restablecer el diálogo con el costo político que ello supone, y someter el estudio del impacto ambiental a consulta de una autoridad internacional competente, técnicamente calificada que no tenga ningún interés de parte.

LA CONGA CON YANACOCHA Y EL GOBIERNO PARTE II

EN MENOS DE 5 AÑOS RECUPERÍA LA INVERSIÓN

ESCRIBE. JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

Desde la posición “agua o minería”, alimentada en la campaña electoral por el candidato Ollanta Humala en la propia provincia de Celendín-Cajamarca en abril pasado, donde afirmaba que “el oro no se come”, y asumía la posición de la población campesina, de las ONGs ambientalistas, y autoridades locales en un rechazo al proyecto Conga, hemos pasado a una toma de posición de “agua y minería”, como alternativas válidas sin exclusiones. Donde el proyecto si o si, de todas maneras se desarrolla, con previos ajustes al estudio de impacto ambiental, e incidiendo en la preocupación legítima sobre el futuro de los recursos hídricos.

Ello evidente no se resolvería en 15 días como afirmara a inicios de mes el titular de ministerio de medio ambiente, con las correcciones o maquillaje al estudio de impacto ambiental que tiene más dudas que certezas. De allí que el próximo 24 de noviembre se paralizará la región Cajamarca contra la minera Yanacocha, el gobierno central y el declarado apoyo al proyecto Conga.

En verdad, el problema es más complejo y debiera servir para resolver de una vez por todas, la debilidad del Estado frente a la promoción de la inversión minera, donde éste aparece subsumido por los intereses de las empresas transnacionales. En especial, los altos funcionarios como ministros, viceministros de minería, directores de asuntos ambientales, directores generales etc. han sido funcionarios privados que hacían un “stage” en el ministerio del sector, para luego regresar a la actividad privada.

En tal sentido, sería gravísimo para la credibilidad y legitimidad del nuevo gobierno la confirmación de la titularidad de la actual viceministra de minas en varias concesiones mineras. Ello se sumaría a la presencia de varios congresistas con intereses mineros informales en departamentos mineros como Madre de dios y Puno. Lo cual demostraría la fragilidad y la improvisación en la elección de los cuadros del partido de gobierno.

La debilidad del Estado en particular en ministerios claves como energía y minas, se agudiza cuando por un lado promocionan la inversión privada señalando cifras plenas de optimismo que no se condicen con la realidad. Importantes proyectos mineros como Quellaveco, Michiquillay, Rio Blanco, Tía María y otros se promocionan como en la década de los noventa del siglo pasado sin consulta previa y con estudios de impacto ambiental ad hoc.

El ministerio del sector por un lado promueve la inversión y de otro lado tiene que realizar el estudio de impacto ambiental, y la fiscalización de la actividad minera en condiciones precarias con crónicas faltas de presupuesto y personal. Por ello, los estudios de impacto ambiental son realizados por empresas especializadas cuyos honorarios son asumidos por las propias empresas mineras. Esto de por si debiera generar legítimas preocupaciones, pues hay un dicho popular de “quién paga, manda”.

En el mismo sentido, la propia información económica sobre los proyectos mineros, sea sobre producción, rentabilidad, reservas, impacto ambiental, empleo, tributos a pagar, lo realizan las propias empresas mineras, y el Estado solamente recepciona esta documentación, en particular la referente a las reservas y la vida útil de los yacimientos. Resulta curioso por ello que el titular de los recursos naturales a nombre de la Nación no tenga la capacidad de estimar autónomamente las reservas, igual sucede con las reservas gas natural de Camisea.

Si bien los estudios de impacto ambiental son tercerizados a empresas especializadas y registradas en el ministerio, sus servicios son abonados por las propias empresas y sometidos a una aprobación por parte de los funcionarios del sector de energía y minas. Al margen de la complejidad técnica, de los estudios de suelos, geología, recursos hídricos, aire, destino de relaves, dotación de energía etc expuestos en los estudios de impacto ambiental que pueden sumar varios tomos, existe una crónica debilidad de la direcciones ambientales del ministerio sea de personal, presupuesto, alta rotación de funcionarios, presencia de lobbys empresariales etc.

En un Estado fuerte y organizado los estudios económicos y ambientales los tendría que haber realizado el propio Estado, a través de sus ministerios de economía y finanzas, energía y minas y del medio ambiente respectivamente. Esta debilidad en la supervisión y fiscalización de parte del Estado le resta capacidad negociadora ante la propia empresa, la opinión pública y frente a la propia población campesina. A esta realidad, Jorge Basadre la denominaba ¡Estado Empírico!.

Por ello, se debiera regresar a la pregunta inicial sobre la valorización económica y social de los recursos naturales. Al no evaluarse adecuadamente los recursos naturales nos encontramos entre el fundamentalismo liberal de mercado, con el afán de explotar aceleradamente los recursos mineros en el menor tiempo posible, y el radicalismo ambiental, de oposición ideológica a toda actividad minera en cabecera de cuenca. Con tal posición se asume por principio la inviabilidad a los principales proyectos mineros que el crecimiento económico del país requiere.

¿POR QUÉ LA CONGA?

En el caso de Mra. Yanacocha y el proyecto Conga se debe reconocer la importancia que tiene para Newmont y el grupo Buenaventura la explotación de minas Conga ante la pertinaz disminución de la producción aurífera de la minera. Al margen del agotamiento natural y rendimientos marginales en los primeros yacimientos de Mra. Yanacocha tales como San José, Carachugo, Maqui Maqui, la Quinua, el incremento de la producción constituye un imperativo categórico del capital de allí la importancia de la explotación de minas Conga.

El proyecto de minas Conga requiere de US$ 4,800 millones según las fuentes empresariales y aportaría a la empresa entre 600 a 700 mil onzas adicionales al año de oro y más de 100 mil toneladas de cobre en promedio durante los 17 años de duración de las operaciones, que serían rápidamente recuperados.

Ello significaría que con los precios actuales del oro por encima de los 1,721 dólares la onza y más de 7,500 dólares la tonelada de cobre, se tendrían ingresos anuales sobre los 1,900 millones de dólares y excedentes brutos o ganancias brutas de casi 1,400 millones de dólares por año, a los cuales habría que deducir los gastos administrativos, los gastos financieros y el abono del impuesto a la renta. Con todo, ello significaría que en menos de cinco años se recuperaría la inversión, y los doce años restantes constituirían ganancias líquidas, pero la pregunta relevante debiera ser: ¿y qué pasa con el costo ambiental?.

De allí la legítima preocupación ambiental sobre el destino de las aguas subterráneas, y las lagunas que serán licuadas y cuya hidrología se ha formado en cientos de años. Por tanto uno se interroga y después de la explotación minera ¿qué queda? Sobre todo si para obtener un poco más de un gramo de oro se remueve una tonelada de tierra con uso intensivo de agua.

Como resulta lógico el interés de la empresa es maximizar las utilidades, valorizar el capital con los menores costos de producción, obtener una mayor rentabilidad privada para sus accionistas y minimizar el abono de impuestos y regalías.

En este juego, cabe preguntarse si el Estado ha valorizado los costos y beneficios de la explotación de las reservas de Minas Conga de manera seria y sustentable. Por la información que se conoce sobre regalías e impuesto a la renta que generaría el proyecto al fisco sería un promedio anual de US$ 172 millones de dólares en los 17 años de duración del proyecto. Es decir, de la utilidad bruta anual de 1,400 millones de dólares el Estado apenas captaría el 12%, es decir 172 millones dólares.

Cabe interrogarse si un estimado de 2,230 millones por concepto de impuesto a la renta y aproximadamente 630 millones por regalías que serían los montos que percibiría el fisco durante la vida productiva del proyecto compensarían los daños ambientales, el secamiento de las lagunas, el destino de los relaves, la transformación del hábitat natural, y el comportamiento de las aguas subterráneas. Por ello, cabe preguntarse ¿Cuál sería el futuro de las cuencas hídricas y las zonas de influencia que se abastecen de tales aguas?, constituye una legítima preocupación al margen de cualquier radicalismo ambiental. Es de suponer que un sólido estudio de impacto ambiental debiera resolver tales cuestiones.

Con un estudio de impacto ambiental solvente realizado y pagado por el Estado o realizado por una autoridad internacional reconocida, con las acciones de mitigación ante los posibles efectos negativos de la irrupción minera, con la aplicación de la ciencia y tecnología se demostraría la viabilidad del proyecto de Minas Congas, y de otros proyectos mineros que se ubican en las cabeceras de cuenca hídrica. Sin embargo, debiera superarse la debilidad institucional del Estado en la promoción, fiscalización y supervisión minera, en particular la ridícula participación del fisco en la renta minera en relación a los ingresos y utilidades estimadas por Mra. Yanacocha.

YANACOCHA NECESITA LA CONGA Y EL PERÚ TAMBIÉN

CANON SÍ, MINERÍA NO (Parte I)

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

Si hubiese una correcta y seria evaluación ambiental en especial de la valorización de los recursos naturales, especialmente de los no renovables como el oro, la plata, el cobre y los efectos de su explotación sobre el espacio, en la tierra, los recursos hídricos y la vida campesina, los acontecimientos vividos en las últimas semanas en Cajamarca hubiesen tenido otro final. El balance de los costos y beneficios de la explotación minera en el corto, mediano y largo plazo determinaría su viabilidad económica, social y ambiental

Es evidente que existe una posición contraria a la actividad minera especialmente en las cabeceras de cuenca hídrica, como también existe una radical oposición a la construcción de centrales hídricas en la Amazonía. En tal sentido, el discurso ambiental, en defensa del equilibrio hídrico, de las fuentes de agua naturales resulta fundamental para la reproducción en especial de las actividades agrarias y ganaderas.

Es más, resulta contradictoria la existencia de la riqueza natural y la pobreza social. Solo como información ilustrativa se puede señalar que el departamento de Cajamarca ocupa el puesto número 20 de los 25 departamentos (incluyendo la provincia constitucional del Callao), en la estimación del Índice de Desarrollo Humano (IDH), el indicador más completo para medir la pobreza, y también tiene el triste privilegio ser el departamento con menor cobertura eléctrica. Solamente el ingreso per cápita promedio en la provincia de Celendín es de 157 nuevos soles al mes, un poco menos de dos dólares diarios que podrían elevarse con los ingresos directos e indirectos que generaría el proyecto Minas Conga.

Desde nuestro punto de vista, la minería constituye una posibilidad de desarrollo por la demanda agregada que genera en su construcción y durante la vida útil de los yacimientos. A través de las inversiones, impuestos y sueldos y salarios de sus trabajadores genera “poder de compra” en la economía campesina, regional y nacional. Por ello, quienes se oponen a la actividad minera debieran señalar las fuentes alternativas de empleo e ingresos sobre los 4,000 metros.

En tal sentido, un estudio solvente del impacto ambiental de la actividad minera demostraría las ventajas económicas sobre las externalidades negativas. Sirva el caso de Mra. Antamina que para su construcción 1998-2001 se tuvo que desaguar una laguna parecida a las que rodean el proyecto de Minas Conga. Ello también exigía trasladar a la población de la comunidad de Ango Raju de sus tierras ancestrales, y en la hoya natural dejada por la laguna yacían las reservas de cobre, zinc y molibdeno que se obtienen.

Podemos discrepar si la Mra. Antamina abona lo suficiente al Estado en impuestos, dado que no abona regalías por estar blindada por los contratos de estabilidad jurídica. Se puede discutir la facilidad con la que el Estado transfirió un yacimiento por un valor de US$ 20 millones para privilegiar una inversión que fue equivalente a casi 2,300 millones de dólares.

Es decir, podemos tener puntos de vista divergentes sobre el débil valor de retorno de la actividad minera en nuestro país. Pero lo que habría que rescatar e interrogarse al respecto: ¿Cuál ha sido el impacto ambiental por haber trasladado toda una laguna? ¿Qué efectos nocivos y perniciosos ha tenido el traslado de una laguna donde ahora se desenvuelve la Mra. Antamina? Es más, algún organismo público o privado ha valorizado los efectos económicos, sociales del impacto ambiental. Ello ayudaría mucho para superar las objeciones sobre todo fundamentalistas a los proyectos mineros.

Esto es importante para un debate serio que al margen del legítimo interés privado de las empresas, se coloque por encima el interés público, los intereses del país frente a la explotación minera. Resulta obvio que los principales interesados son las poblaciones locales, cercanas al proyecto minero que demandan empleo, mayores ingresos para luchar contra la pobreza.

¿CÓMO ABORDAR EL PROBLEMA?

Lo que está pasando con la oposición al proyecto de Minas Conga debiera analizarse en perspectiva y desde los varios puntos de presión e intereses contrapuestos, para superar el “diálogo de sordos” imperante, la violencia desatada, donde los intereses campesinos, de autoridades locales, del gobierno regional, los frentes de defensa, la empresa, los trabajadores mineros, y del gobierno central, expresan posiciones divergentes, y hasta antagónicas.

Se sostienen versiones con medias verdades, que encubren aspiraciones de ganancias políticas y claro está, económicas. Para la empresa Mra. Yanacocha la producción futura de Minas Conga resulta esencial para compensar la menor producción aurífera que está obteniendo de sus operaciones a pesar de los altos precios del oro. Al margen del agotamiento natural y rendimientos marginales de sus primeros yacimientos, la gravedad de los conflictos sociales explica las limitaciones para su expansión y la drástica disminución de la producción aurífera tal como se puede observar en el cuadro “Minera Yanacocha Necesita La Conga”

En el 2005 Mra. Yanacocha producía un poco más de 3.3 millones de onzas finas de oro, que al 2008 disminuyó dramáticamente pasando a 1.8 millones, para luego alcanzar 1.4 millones de onzas en el 2010. Es decir, entre el 2005 al 2010 la producción ha disminuido en un 55%, es decir más de la mitad. De allí, el interés de Newmont y Mra. Buenaventura en el desarrollo de Minas Conga para compensar los menores ingresos y utilidades que no se están percibiendo a pesar de los astronómicos precios del oro.

Como resulta lógico el interés de la empresa es maximizar las utilidades, valorizar el capital, obtener una mayor rentabilidad privada para sus accionistas. En este juego, cabe preguntarse si el Estado ha valorizado los costos y beneficios de la explotación de las reservas de Minas Conga. Pues la información que se conoce sobre regalías e impuesto a la renta que generaría el proyecto al fisco sería un promedio anual de US$ 172 millones de dólares en los 17 años de duración del proyecto. Un estimado de 2,230 millones entre regalías y canon en la vida útil.

Esto es bajo el supuesto de la vida útil del proyecto, según la información proporcionada por la propia Mra. Yanacocha sobre el Proyecto Conga, que no puede ser contrastada por el propio Estado. Por ello, que falta hace el Instituto Nacional de Planificación para hacer planeamiento estratégico desde una visión de Estado moderno. Ver Cuadro: “Importancia del Proyecto Conga”

Lamentablemente esta información es de la propia empresa y no de los estudios económicos que tendría que haber realizado el propio Estado, a través de sus ministerios de economía y finanzas, energía y minas y del medio ambiente. Esta debilidad de la supervisión y fiscalización de parte del Estado le resta capacidad negociadora ante la propia empresa y ante la propia población campesina, en la misma línea de la torpeza del ministro de energía y minas de viajar en el avión privado de la empresa.

Por ello, se regresa a la pregunta inicial sobre la valorización económica y social de los recursos naturales. Al no evaluarse los recursos naturales nos encontramos entre el fundamentalismo liberal de mercado, con el afán de explotar aceleradamente los recursos mineros, y el radicalismo ambiental, de oposición ideológica a la actividad minera en cabecera de cuenca.

Este conflicto también es un tema que tiene réditos políticos, siendo uno de los actores la posición encarnada por el padre Arana y los organismos ambientalistas que han mostrado legítimos intereses políticos electorales, utilizando la bandera ambiental, desde Tierra y Libertad, y otros movimientos políticos de izquierda.

Cuenta a su favor la pésima imagen y los antecedentes negativos desde los pasivos ambientales a tragedias como la de Choropampa, Combayo, Cerro Quilish; con la presencia abusiva y prepotente de Mra Yanacocha en Cajamarca, comprando tiempo y autoridades, irrumpiendo la vida tradicional del departamento, con externalidades negativas, producto de la cercanía de la actividad minera con la capital (altos precios de alquileres, violencia urbana, agitada vida nocturna, etc.)

En este contexto también operan los representantes de los gobiernos locales y regionales que levantando la bandera de la imposibilidad de la inversión minera, que con o sin estudios geológicos serios, tratan de encubrir sus limitaciones en la gestión municipal y regional. Estas autoridades acostumbradas a la protesta y oposición, hoy son parte del gobierno, de un “estado burgués y burocrático”, que tienen que administrar con capacidad y eficiencia. En especial de los recursos generados por la minería en Cajamarca, sea por Mra. Yanacocha, Gold Fields y otras mineras. Después de todo, la cuestionada actividad minera en Cajamarca ha generado importantes recursos sea por canon, regalías y derechos de vigencia, al margen de las compras locales y remuneraciones pagadas. Si en el 2006, la suma del canon minero, regalías y derechos de vigencia significaban los 365 millones de nuevos soles, en el 2010 superaban los 498 millones, con tendencia al incremento en el marco del nuevo marco tributario donde Mra. Yanacocha tendrá que pagar un gravamen minero aplicado sobre la utilidad trimestral.

En tal sentido, la pregunta pertinente está en relación: ¿Cuántos de estos recursos mineros regresa a la población local, en especial del entorno a las operaciones mineras? En la misma línea ¿Cuál ha sido y cuál es el nivel de ejecución de las transferencias del gobierno central a los gobiernos locales y regional, que han pasado de 559 millones en el 2006 a más de 1,018 millones de nuevos soles para Cajamarca, considerando que los recursos mineros representan casi el 50% de las transferencias que perciben los gobiernos locales y la región?

Por ello, cabe preguntarse en el caso de la postergación del proyecto de Minas Conga, de Tía María, de la ampliación en la capacidad de planta de Southern Perú Copper y otros proyectos mineros: ¿Dónde está el interés público? Es posible el desenvolvimiento de la actividad minera, de un modelo primario exportador, con un pobre valor de retorno y altos costos ambientales. Esta cuestión es la que debiera estar en debate.

EPÍLOGO

Al presente gobierno le están pasando la factura las expectativas desatadas durante la campaña electoral, que en el caso minero transitaba desde el impuesto a las sobreganancias, la revisión de los contratos de estabilidad jurídica, el estricto respeto ambiental y la participación de la población en la llamada consulta previa a los pueblos impactados.

La postergación a las calendas griegas constituiría una expresión de la imposibilidad del desarrollo de nuevos proyectos mineros, sobre todo en las cabeceras de cuenca por la posición ideológica del radicalismo ambiental. Con la oposición a la actividad minera con o sin argumentos pierde no solamente la empresa minera. Resultan también perdedores, los gobiernos locales que requieren mayores recursos por canon y regalías, también pierden los propios campesinos que se reproducen en extrema pobreza, con ingresos menores a dos dólares diarios en Celendín.

También resultan afectados los trabajadores directos e indirectos, la industria que sirve con bienes y servicios a los proyectos mineros, y en su conjunto la sociedad de Cajamarca. Evidentemente se afecta el gobierno central por los menores efectos ingresos fiscales a futuro, y el mismo crecimiento económico en un contexto internacional amenazado por la recesión mundial.

Por ello, habría que preguntarse ¿cuántos puntos de crecimiento económico en el PBI se explicarían por la postergación indefinida de los proyectos mineros como: La Conga, Tantahuatay, Michiquillay, Galeno, Rio Blanco, Tía María, la ampliación de Southern, Quellaveco, etc.?

Los Desafíos de la Inversión Hidrocarburífera en Sechura

POR LA MASIFICACIÓN DEL GAS NATURAL

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador de UNMSM)

El viernes 28 de octubre participé como expositor en el Fórum “El Desarrollo de Sechura y los Desafíos de la Inversión Regional”, evento organizado por la Municipalidad Provincial de Sechura, la Cámara de Comercio de la provincia y la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. La inauguración estuvo a cargo del señor alcalde provincial José Pazo Nunura, y contó además con la presencia del Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Regional, economista Froylán Ayala y el testimonio de David García Niño, Gerente General de Gastalsa empresa especializada en la distribución de gas natural en la ciudad de Talara, hasta que le fuera enajenada la concesión para favorecer a la Eléctrica de Piura del grupo Endesa.

La importancia de un evento se puede estimar por la difusión de las propuestas, la información expuesta, por la calidad y cantidad de los asistentes presentes en el acto, pero sobre todo por la capacidad de provocar en la opinión pública, autoridades y líderes regionales una serie de interrogantes, sobre la necesidad de cuestionar las ideas y conceptos tradicionales que obstaculizan alcanzar el crecimiento económico sostenido y la superación de la pobreza. ¡No hay nada más difícil que cambiar que las viejas ideas!.

En este caso, también expresaría la importancia que está adquiriendo Sechura como centro receptor de inversiones mineras con la presencia de la empresa brasileña Vale, de significativos ingresos obtenidos por las empresas pesqueras y de maricultura, pues esta provincia es la más importante productora de conchas de abanico, a nivel doméstico. A ello se debiera sumar el potencial hidrocarburífero (petróleo y gas) que yace en el subsuelo de su territorio, y la presencia de una serie de empresas petroleras con actividades de exploración, con una modesta producción de crudo y gas natural.

Al respecto se expone un cuadro de las empresas que despliegan actividades de explotación y exploración en Sechura con los montos de inversión realizados al 2010, destacando la presencia de Olympic Perú con una producción de 4,200 barriles diarios y un poco más de un millón de pies cúbicos diarios, y Savia Perú con las más importantes inversiones tanto en el lote Z-2B con 184 millones de dólares, como en el Z-6 por 76 millones de dólares entre el 2002 al 2010. Ver “Sechura: Inversiones en Exploración y Explotación de Hidrocarburos Costa Norte y Zócalo Norte”.

En Sechura con información preliminar habría más de 2.1 trillones de pies cúbicos de gas natural (TCF), es decir casi el equivalente a las reservas probadas del lote 56 (Pagoreni) de donde se están extrayendo más de 500 millones de pies cúbicos diarios de gas natural para la exportación. Ello significaría que la provincia podría convertirse en el nuevo centro gasífero del país si se promueven las inversiones exploratorias con el debido respeto ambiental y social, y se supera creativamente la legítima preocupación de los pescadores artesanales de la zona frente a la construcción de gaseoductos marinos.

En verdad, resultó ilustrativa la participación del gerente de la empresa Gastalsa sobre la importancia de la masificación del gas natural en Sechura, no solamente para atender a la industria pesquera, las actividades mineras, sino también para satisfacer las necesidades de la población por medio de una red de distribución residencial. Su experiencia empresarial en la red de distribución con asesoramiento colombiano en la ciudad de Talara, antes de la llegada de Lima del gas de Camisea, ilustró sobre las ventajas del gas natural como combustible en el transporte, en las tarifas eléctricas, y en el medio ambiente.

El gerente García Niño introdujo el tema sustancial sobre el calentamiento global que tendrá efectos desbastadores en la economía agrícola y pesquera del país en general y de Piura en particular, si no se adoptan las previsiones del caso. Está demostrado por la ciencia que cada 20 o 25 años, la temperatura se eleva un grado centígrado, y el fenómeno es más grave sea por nuestra cercanía a la línea ecuatorial, la intensa deforestación de los bosques naturales, y la minería informal contaminante. Por ello, su recomendación sobre el desarrollo de ventajas competitivas en la población sechurana, a través de la educación de calidad para elevar las capacidades de trabajo, y su adaptación a nuevas actividades productivas. De allí, la importancia de la dotación de energía segura, oportuna a precios competitivos que permita la reconversión laboral y la industrialización.

De otro lado, el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Regional de Piura señaló la metodología que deben respetar los gobiernos locales para hacer realidad los proyectos de inversión en el marco de las normas presupuestales y del sistema de inversión pública. Se debe destacar que los cuatro proyectos en ejecución en la provincia de Sechura (2011-2012) aplicados en saneamiento, construcción de la vía de evitamiento local, construcción de centro educativo y mejoramiento del sistema de riego, por más de 14 millones de nuevos soles, se financian en lo fundamental con los recursos del canon y sobrecanon petrolero que en el 2010 representaron casi 21 millones de nuevos soles.

¿QUÉ HACER?

En un artículo anterior hacía mención al gran potencial en recursos naturales de Sechura y la teoría de la “maldición de los recursos naturales”, donde la riqueza natural convive con la pobreza de los pueblos. Esta provincia norteña no escapa a esta realidad, pues los ingresos mensuales familiares no superan los 330 nuevos soles mensuales, y si bien es verdad existe una importante producción de conchas de abanico con una producción superior a las 44 mil toneladas de langostinos y exportaciones superiores a los 90 millones de dólares según fuentes regionales, esta producción reproduce un equilibrio precario, sea por la contaminación humana, la falta de energía y su vulnerabilidad ante el cambio climático.

De allí, la importancia del cambio de la matriz energética que tenga en el uso intensivo del gas natural su columna vertebral. Ello supone aprovechar con racionalidad el potencial de los diversos recursos naturales. Con la experiencia internacional se puede demostrar la viabilidad de la explotación conjunta de la pesca y maricultura con la actividad de hidrocarburos, en especial de un recurso limpio como el gas natural que la explotación de fosfatos requiere. Es también la oportunidad para que las empresas pesqueras se reconviertan y utilicen el gas natural en lugar de quemar petróleo residual o diesel en sus calderos.

En este nuevo esquema resultaría beneficiada la población en su conjunto con una distribución domiciliaria, y los mototaxistas consumirían gas natural concentrado en lugar de las gasolinas que dependen de los altos precios del petróleo. Las amas de casa en lugar de pagar por un balón de gas licuado de petróleo (GLP) más de S/ 35 nuevos soles, podrían usar el gas natural abonando la mitad de precio, como sucede en Lima con el gas de Camisea.

Es más, con la nueva ley de homologación del canon y sobrecanon de hidrocarburos ley Nº 29693 del 2 de julio del 2011 todas las provincias de Piura percibirán a partir del 2012 mayores recursos para beneficio de los gobiernos locales, universidades públicas, institutos pedagógicos y gobierno regional. Por tanto, con mayores inversiones exploratorias se podrá convertir las reservas posibles y probables de crudo y gas en reservas probadas, se aumentará la producción para reducir el déficit de la balanza comercial de hidrocarburos y superar la falta de energía.

En resumen, a una mayor producción fiscalizada de petróleo y gas, mayores serán los recursos del canon y sobrecanon, favoreciendo prioritariamente a las provincias productoras. En tal sentido, Sechura podría tener igual o más recursos por canon que Talara si se confirma su potencial gasífero y se masifica el gas natural en beneficio del norte del Perú.

SECHURA Y LA MALDICIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

INCREMENTAR EL CANON PETROLERO, MINERO Y PESQUERO

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador de UNMSM)

La provincia piurana de Sechura, al norte del Perú, es tal vez la expresión más clara del cumplimiento de la teoría de la maldición de los recursos naturales, pues tiene una riqueza única que van desde los fosfatos de Bayóvar, una pesca y maricultura de exportación, las mejores playas del litoral para los surfistas, fuertes vientos para generar energía eólica, un potencial de petróleo y gas natural no aprovechado que podrían ser equivalentes al gas natural del lote 56 de exportación en Camisea. A ello debiera sumarse la típica gastronomía sechurana y el turismo en una histórica provincia.

Sin embargo, los indicadores sociales consideran a Sechura como pobre si se estima la pobreza por los niveles de ingreso, pues en promedio se percibe menos de 330 nuevos soles mensuales por concepto de ingreso familiar, donde el 72% de las viviendas rurales carecen de energía y más del 63% de las mismas no tienen servicio de agua potable. Esta realidad puede y debe cambiar si se modifica la matriz energética y se explotan racionalmente los recursos naturales.

La economía energética confirma que “sin energía no hay desarrollo”. En las costas de Sechura se cultivan y extraen de manera artesanal más de 40 mil toneladas de conchas de abanico, que en gran parte se exportan a los exquisitos mercados de Europa y Norteamérica, aprovechando las ventajas del encuentro de las aguas frías de la llamada Corriente de Humboldt con las aguas calientes de la Corriente del Niño. Ello determina un espacio natural único en el mundo que permite la crianza de conchas de abanico, langostinos; actividades que tienen un efecto importante en la generación de puestos de trabajo, con más de 27 mil empleo directos e indirectos.

Si en Piura la producción de conchas de abanico, en el 2005, representaban 1,949 toneladas métricas, al 2010 la producción se incrementó exponencialmente sobre los 45 mil toneladas, siendo más del 90 % de la producción extraída de las costas de Sechura, con ingresos de exportación superiores a los 90 millones de dólares, según la subgerencia del gobierno regional de Piura. Estos ingresos de exportación se podrían incrementar sobre los 300 millones de dólares anuales con una explotación racional y la dotación de energía barata basada en la generación eléctrica a gas natural, y un mejor aprovechamiento de los recursos transferidos por canon, regalías y sobrecanon.

Sin embargo, esta importante producción, todavía artesanal en su mayor parte, requiere el apoyo del Estado para incrementar la producción, con mejores tecnologías y normas ambientales que permitan la explotación racional de un recurso natural renovable requerido por los mercados externos y la gastronomía de nuestro país. Ello es más urgente en la medida que no se cuenta con la energía necesaria, sin equipos de refrigeración adecuados que permitan la conservación de un recurso que depende mucho de las variaciones de la demanda externa y de los precios.

Mientras, el departamento de Piura no cuente con el abastecimiento seguro, oportuno, eficiente y competitivo de energía, no se podrán aprovechar al máximo el enorme potencial pesquero y de la maricultura. Por ello, resulta penoso reconocer que dicho departamento tiene un coeficiente de electrificación por debajo del promedio nacional en cobertura, incluso menor en relación a Huancavelica y Ayacucho, los departamentos considerados más pobres del Perú.

En tal sentido, la generación de electricidad en Piura y Tumbes resulta no solamente cara, pues las empresas que abastecen de energía al departamento utilizan todavía las turbinas a petróleo residual para producir electricidad, encareciendo los servicios sin la disponibilidad de energía competitiva para el desarrollo de la industria en general, y pesquera en particular. Esta situación se agrava con el déficit energético que ha llevado a reconocer la necesidad de comprar energía al Ecuador a precios alzados.

Esta realidad resulta una cruel paradoja, pues en Sechura a pesar de su alto potencial en hidrocarburos solamente se producen, según la información oficial al 2010, no más de 4,243 barriles diarios y un poco más de un millón de pies cúbicos diarios de gas natural (1.028 MMPCD), sobre todo provenientes del lote XIII bajo responsabilidad de la empresa norteamericana Olympic Petroleum. Con la información de PerúPetro, en los lotes del Zócalo Continental, frente a sus costas habría un potencial de más de 2 trillones de pies cúbicos (TCF) en reservas de gas natural; es decir, similar como el lote 56 de Camisea, que no se está aprovechando.

¿CÚANTO PERCIBE SECHURA?

A pesar de ciertos sectores que se oponen a la actividad de hidrocarburos, se debiera reconocer la importancia de la actividad en la transferencia de los recursos para los gobiernos municipales y provincial. Así, la provincia de Sechura ha percibido por concepto de canon y sobrecanon petrolero un promedio anual de 16 millones de nuevos soles entre el 2004 al 2010, teniendo su pico más alto en el 2008, cuando el canon sumó los 25.5 millones de nuevos soles. En tal sentido, si Sechura quisiera percibir más recursos por canon, las empresas productoras tendrían que invertir mayores montos para incrementar la producción de petróleo y gas.

Debiera ser evidente que con la entrada en vigencia de la nueva ley del canon y sobrecanon de hidrocarburos ley Nº 29693 del 2 de julio del 2011, se eleva el canon de 10% del valor de la producción al 15% del valor de la producción de petróleo y gas, incorporando además el 50% del impuesto a la renta pagado por las empresas petroleras, más el 50% del impuesto a la renta abonado por las empresas de servicios auxiliares y complementarios; así, el canon de hidrocarburos se incrementará sustantivamente para Piura, especialmente a la provincia de Talara, captando el 20% como subregión productora por la distribución vigente.

De allí la importancia para Sechura el fomento de la inversión en hidrocarburos con responsabilidad ambiental, social y tributaria para aumentar los recursos del canon y sobrecanon que, de lejos, constituyen los recursos más importantes percibidos por los gobiernos locales. A más producción más regalías y otros impuestos, por tanto un mayor canon petrolero.

Una mayor actividad de explotación de los recursos hidrocarburíferos y mineros, con la importación de maquinaria y equipo, trae consigo que las rentas de aduanas se constituyan en la segunda fuente de ingresos para la provincia como resulta evidente en el cuadro respectivo: “Ingresos Transferidos a Sechura por la Explotación de Recursos Renovables y No Renovables 2008-2010”, obteniéndose más de 5.2 millones de nuevos soles en el 2010.

Aunque pareciera una cruel paradoja, la tercera fuente de ingresos para la provincia y los gobiernos locales de Sechura está constituida por los derechos de vigencia mineros, siendo aportados en su mayoría por la empresa minera Miski Mayo S.R.L., cuyo mayor accionista es la brasileña Vale, pagando un promedio de 2.7 millones de nuevos soles entre el 2008 y 2010 por la concesión minera de los fosfatos de Bayóvar. Estos montos transferidos constituyen el 75% del abono por concepto de los derechos de vigencia, la diferencia se destina al Ministerio del sector y el Ingemmet.

El canon pesquero ocupa el cuarto lugar de importancia, por los recursos transferidos, sumando 965 mil nuevos soles en el 2009 y un poco más de 844 mil nuevos soles en el 2010. Por ello, la necesidad de incrementar los recursos provenientes del canon pesquero que dependen de los derechos de pesca y del impuesto a la renta que abonan las empresas pesqueras.

En resumen, la provincia de Sechura tiene un enorme potencial pesquero y de maricultura que debe superar las limitaciones de energía, y la ausencia de un sistema de refrigeración que permita la conservación de los productos marinos. Por otro lado, el gran potencial de hidrocarburos sobre todo de gas natural, debiera ser aprovechado para cambiar la matriz energética en la región, generando electricidad de forma limpia y barata al departamento en su conjunto. Por ello, se impone la necesidad de sumar esfuerzos conjuntos, hacer sinergias que potencien el desarrollo de las ventajas competitivas de la provincia, con el debido respeto del equilibrio ambiental, elevando los niveles de empleo de calidad, aumentando los ingresos de la población, teniendo como base una nueva matriz energética, aprovechando el gas natural que abunda en la región.

PERÚ: REGRESIVIDAD EN LA DEFENSA DEL INTERÉS PÚBLICO

El Nuevo Marco Tributario Minero Amigable

Escribe: Jorge Manco Zaconetti (Investigador UNMSM)

He sido testigo de excepción de lo mucho que se tuvo que trabajar para la vigencia de la ley de regalías mineras aplicadas sobre el valor de los concentrados o su equivalente, ley Nº 28258, recién aprobada en junio del 2004, cuando los proyectos de ley se redactaron en los primeros meses del 2002, en un horizonte deprimido de precios; y el objetivo fundamental de la misma era compensar a la Nación por la explotación de recursos naturales no renovables agotables en el tiempo.

La ley de regalías mineras que fijaba un máximo de 3% sobre el valor de ventas de los concentrados mayores a los 120 millones de dólares al año se concibió como una contraprestación económica, y no para captar las sobreganancias, producto de los altos precios que se dispararon a partir del 2004, en especial del oro, cobre y plata. Ello, por ejemplo, permitió la recuperación de la inversión de Mra. Antamina por 2,290 millones de dólares antes de tiempo. Así, iniciando operaciones comerciales en octubre del 2001; en el año 2005, había recuperado el íntegro de su inversión pagando el respectivo impuesto a la renta, base del canon minero.

La oposición de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía a la ley de regalías mineras fue fundamentalista, de interés de parte, quienes la señalaban como antitécnica, un impuesto ciego, regresiva, que afectaba la competitividad, etc. Sus representantes usaron todas las artes y mecanismos posibles, fácticos y mediáticos para rechazar y mandar al archivo los proyectos de ley. No lo pudieron lograr y la ley entró en vigencia de manera mediatizada.

Así, las empresas del llamado “cogollo minero”, tales como Mra. Yanacocha, Mra. Cerro Verde, Mra. Tintaya, Mra. Barrick y Mra. Antamina, escudadas en los llamados contratos de estabilidad jurídica, tributaria y administrativa argumentaron que no les correspondía abonar las regalías pues afectaba el “flujo de caja” y la rentabilidad.

En tal sentido, resulta dramático y hasta cierto punto de vista trágico, que un nuevo gobierno nacionalista, defensor de la soberanía y el interés nacional haya modificado la ley de regalías, bastardeando la esencia de la ley de regalías al gusto e interés de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. ¡Ni el entreguismo del Dr. Alan García Pérez se atrevió a tanto, y prefirió pasar el sombrero con el óbolo voluntario!

Por ello, llama la atención el rápido acuerdo entre la Sociedad Minera y los representantes del nuevo gobierno, donde la voz cantante lo ha tenido el ministro de Economía y Finanzas, en un acuerdo que él mismo denominó “amigable”. Sin debate en el pleno del Congreso de la República, una semana fue suficiente para una sesión conjunta de la comisión de Economía y de Energía y Minas, con una exposición digna de mejor causa, donde se expuso las bondades del nuevo marco tributario minero. Tan convincente fue la exposición que un viejo abogado de las mineras señaló que hemos aprobado tres proyectos “que no se entendían”.

LA MADRE DEL CORDERO

En esencia la nueva ley de regalías mineras Nº 29788, la ley del impuesto especial a la minería ley Nº 29789 y la ley del gravamen especial a la minería, ley Nº 29790 tienen como base común la tasa de la rentabilidad operativa; es decir, el cociente que resulta de la división de la utilidad trimestral entre los ingresos obtenidos en cada trimestre. A partir de allí, se fijan tasas marginales progresivas y acumulativas, que con el margen operativo particular minero, permitirán la estimación de una tasa efectiva que se aplicará sobre la utilidad operativa trimestral de cada empresa.

Es decir, las tres leyes promulgadas se aplican sobre la utilidad operativa, que es resultado de la deducción a los ingresos por ventas los costos de ventas y los gastos operativos que incluyen los gastos de ventas y administrativos, según el ordenamiento legal. Aunque, se señala que en el costo de venta no se reconoce la participación de las utilidades distribuidas a los trabajadores.

También tienen de común que los ingresos obtenidos por el Estado sea por las nuevas regalías, el impuesto especial que pagarían las empresas sin contratos de estabilidad tributaria y el gravamen especial que solamente abonarán las empresas con contratos de estabilidad, serán considerados “como gasto para efectos del Impuesto a la Renta en el ejercicio correspondiente”. Entiéndase que el monto efectivamente pagado es deducible del impuesto y por tanto afectará la distribución del canon minero para los gobiernos locales y regiones.

Estas serían las características comunes más importantes en las tres leyes aprobadas, que se resumen en el: “Nuevo Esquema Fiscal del Sector Minero”, donde se establece en la nueva regalía una tasa mínima de 1% “de los ingresos generados por las ventas realizadas en el trimestre calendario” ¡Si esta regalía mínima hubiese sido del 2% otra hubiese sido la historia, pero los padres de la patria estaban en las nubes!

Las diferencias entre la “vieja regalía y la nueva regalía” son de esencia. Existe mucha diferencia entre aplicar las regalías sobre el valor de las ventas y sobre la utilidad operativa. El argumento supuestamente técnico expuesto por el titular de Economía y Finanzas era que la regalía aplicada sobre las ventas resultaba regresiva, pues gravaba relativamente más a las de mayores costos y menor rentabilidad; en cambio, la carga para las empresas con mayor rentabilidad el efecto regalía era menor.

Textualmente, se sostenía que las regalías aplicadas sobre las ventas “resulta regresivo, pues afecta con una mayor carga a las empresas mineras que tienen menor rentabilidad y con una menor carga a aquellas que enfrentan menores costos y gastos en su proceso productivo”

En verdad, al margen de definir los intereses que defiende el ministerio de Economía y Finanzas, bastaría recordar la concepción de renta diferencial expuesta por David Ricardo en “Principios de Economía Política y Tributación” (1821) para reconocer las distintas calidades y diferencias de costos en las distintas minas que van desde la ley de mineral, distancia a los mercados y costos de producción para identificar la falsedad de esta información oficial.

Que escribía Ricardo: “(…) Si hubiese abundancia de minas igualmente fértiles, que cualquiera pudiera apropiarse, no produciría renta; el valor de su producto dependería de la cantidad de trabajo necesario para extraer el metal de la mina y colocarlo en el mercado… Pero hay minas de distintas calidades, que proporcionan resultados muy diferentes, con las mismas cantidades de trabajo (...)”

Por tanto, una tasa de regalía aplicada sobre las ventas siempre afectará de diverso grado a cada unidad minera por su diversa estructura de costos. Incluso oficialmente lo reconocen cuando se establece una regalía mínima del 1% sobre el valor de ventas.

Si bien la “vieja y nueva regalía” concebida como contraprestación económica para los productos mineros metálicos y no metálicos, la ley que crea el impuesto especial a la minería, ley Nº 29789 reduce el universo de su aplicación a la explotación de recursos mineros metálicos, dejando de lado a la minería no metálica (cementeras, caleras, extracción de mármol, arcilla etc…). Interesada concesión tributaria a las empresas cementeras que también han obtenido extraordinarias ganancias.

Por último, la ley 29790 que crea el gravamen especial minero solamente se aplica a las empresas que tienen firmados contratos de estabilidad tributaria y en la práctica sustituye al cuestionado “Aporte Voluntario” que se planteó como un acuerdo de 500 millones de nuevos soles anuales entre 2007/2011.

¿CUÁNTO SIGNIFICA EL ACUERDO MINERO?

En verdad, el Presidente del Consejo de Ministros (empresario él mismo) ha expresado una media verdad, al señalar que el acuerdo llevado a cabo con la poderosa Sociedad Nacional de Minería significará casi 3,000 millones de nuevos soles anuales que representarían montos de 15 mil millones durante el gobierno del Presidente Ollanta Humala. Ello, se expone en el cuadro presentado por el ministro de Economía y Finanzas el 19 de septiembre del presente. Es más, con este acuerdo se asegurarían inversiones por más de 58 mil millones de dólares en el sector minero (según fuentes oficiales), lo cual resultaría como diría el vals del Felipe Pinglo ¡Sueños de Opio!

Haciendo un somero análisis en el primer año, se esperan obtener de los proyectos actuales 2,540 millones de nuevos soles, 140 millones por concepto de regalías aplicadas a la utilidad operativa, 900 millones del impuesto extraordinario y 1,500 millones de nuevos soles por la aplicación del gravamen especial minero.

Esto significa que de las empresas mineras sin contratos de estabilidad, se esperan obtener por la nueva regalía y el impuesto especial, un total de 1,040 millones de nuevos soles (140 más 900), donde habría que restar más de 606 millones de nuevos soles por regalías en el marco de la ley 28258. Donde, evidentemente, los montos por la vieja regalía hubiesen sido mayores en la medida de la finalización de los contratos de estabilidad en el 2011.

Por lo tanto, el adicional de la nueva regalía sería menos de 444 millones de nuevos soles, que resultan de la resta de los ingresos fiscales esperados por la nueva regalía y el impuesto extraordinario unos 1,040 millones de nuevos soles menos los ingresos que se hubiesen obtenido por las viejas regalías, más de 606 millones de nuevos soles. Con el agravante que los 1,040 millones de nuevos soles están considerados como gasto tributario; es decir, son deducibles del impuesto a la renta y afectarían gravemente la distribución del canon minero en el 2013.

Con respecto al esperado gravamen especial minero que supone la firma de un contrato con las empresas que tienen firmados contratos de estabilidad tributaria, según la exposición del cajero del MEF, se esperan obtener 1,500 millones de nuevos soles en el primer año, a los cuales habría que restar los 500 millones de nuevos soles del aporte voluntario si este se hubiese prorrogado. Por tal, el efecto neto por el concepto del gravamen sería de 1,000 millones adicionales.

Con el agravante que los 1,500 millones esperados por gravamen especial minero también son considerados gasto tributario, deducibles del impuesto a la renta. Lo novedoso es que dichos ingresos los administraría el gobierno central para la promoción de la inversión pública en los departamentos que no tienen los ingresos por canon, sobrecanon y regalías.

Por tanto, de los 2,540 millones de nuevos soles que se esperan obtener en el primer año por regalías, impuesto especial y gravamen especial, el incremento adicional sería menos de 1,440 millones. Con el agravante que los 2,540 millones de nuevos soles son deducibles del impuesto a la renta, cuestión que no sucedía con la vieja regalía ni el óbolo voluntario.

Por último, los futuros ingresos por regalías, impuesto especial y gravamen de los nuevos proyectos están estimados en 400 millones de nuevos soles, que en la práctica están supeditados a la solución de los conflictos sociales y a los buenos precios de los metales que exigen un estudio especial.

En verdad, creo que se ha perdido una oportunidad histórica para cambiar las condiciones de explotación minera en nuestro país. A mi concepto, el nuevo marco tributario en el sector ha sido un mal negocio para el Estado, que agravará los conflictos sociales y pondrá en riesgo la gobernabilidad, en especial cuando los gobiernos locales y regionales protesten por los menores recursos provenientes del canon y regalías. En todo caso desgraciadamente los hechos confirman a plenitud la tesis del premio nobel Joseph Stiglitz.