PERÚ: APOSTAR POR LAS POSIBILIDADES DE CRECIMIENTO
ECONÓMICO.
ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI
En términos marxistas los esquemas de reproducción capitalista nos
exponen la producción y reproducción de una economía capitalista simplificada,
donde solamente existen dos sectores, y se muestran las condiciones de (des)
equilibrio intersectorial que debieran cumplirse, para superar las crisis de
sobreproducción a un alto nivel de abstracción teórica.
El Sector Uno, productor de medios de producción, es decir “máquinas
para producir máquinas”, lo cual supone un nivel de industrialización que no
tenemos en el país. El Sector Dos, es el sector productor de “medios de
consumo” para la clase capitalista y los trabajadores, básicamente alimentos.
En el Perú, al no tener una industria pesada que produzca maquinaria y
equipo, en la práctica ese rol lo cumple la actividad minería por medio de las
divisas que genera, que en nuestro país promedian históricamente el 60 % de las
exportaciones.
Por tanto, con las divisas, estos ingresos obtenidos por las ventas al
exterior, con los dólares que generan los residentes en la economía peruana
(empresas), se compran, es decir, se
importan máquinas, insumos, petróleo y derivados, fertilizantes, maíz, alimentos,
remedios entre otros.
DIVISAS MINERAS
En tal sentido, quienes se oponen a las inversiones mineras, y por tanto
a los ingresos de exportación sean cuales fueren las razones, están condenando
a los más pobres, a las clases trabajadores y medias que supuestamente
representan políticamente a la subsistencia, pues la minería genera una riqueza
que debe ser redistribuida con políticas sociales y una mayor participación
fiscal.
Por ejemplo, el 95 % de los fertilizantes como la urea que se compra en
Ucrania exrepública socialista, la cual permite enriquecer las tierras de
exportación, es decir la agroindustria. Esta urea se importa y se paga con las
divisas que genera la minería.
Igualmente el maíz amarillo que se importa de los Estados Unidos, que
permite la alimentación de los pollos en las granjas, y que se constituye en un
alimento de consumo popular el mismo que en gran parte se convierte en los
“pollos a la brasa”, se financia con las divisas generadas por la minería.
Por tanto, al margen de las preferencias políticas y subjetivas, la
minería es el sector más importante de
la economía peruana que debe convertirse en el motor de crecimiento y
desarrollo de nuestro con la debida responsabilidad social, ambiental y
tributaria.
Lo cual supone superar la grave informalidad sobre todo en la producción
de oro, que contamina el medio ambiente y no abona impuestos en cifras
millonarias, pues como hemos señalado en artículos anteriores, más de 1´400 mil
onzas de oro en promedio anual no están registradas como producción fiscalizada
por el propio Ministerio de Energía y Minas. ¡De Ripley aunque usted no lo
crea!
De allí, la importancia que tienen las actividades extractivas en
general y mineras en particular, de generar el “poder de compra” de la
economía, al margen de nuestras preferencias. No hay otro sector económico que
convoque el interés de las empresas transnacionales y grupos mineros.
En tal sentido, el estado a través de la recaudación de impuestos por
las actividades directas e indirectas ligadas a la minería, más las empresas
industriales que abastecen al sector, los trabajadores y los agricultores que
pueden vender su producción al sector minero,
debieran ser los principales interesados en la promoción de las inversiones
mineras.
INVERSIONES EN EL SUR
El cuadro respectivo “Ranking de la Cartera de Inversiones en Proyectos
Mineros de Cobre en el Sur” expone el supuesto inicio de operaciones, los
proyectos mineros por departamento y el monto estimado de las inversiones.
Esta cartera de inversiones en los proyectos mineros de cobre en el sur
peruano, es decir, los departamentos de Moquegua, Apurímac, Ica, Arequipa,
Cusco, y Tacna representan más de US $ 18,195 millones de dólares de posibles
inversiones que tendrían un impacto positivo en la economía, si se enfrentan e
administran los denominados conflictos sociales provocados por la actividad
minera.
En el presente este problema destaca social y políticamente, a pesar que
fue un tema ignorado en el Mensaje del 28 de julio por el Presidente de la
República, cuando en verdad se ha convertido en el principal escollo para la
materialización de las inversiones.
En este contexto, resulta evidente que el gobierno no tiene una
estrategia política de prevención frente a los conflictos y casi siempre
resulta reactivo frente al desarrollo del mismo, que está lejos de ser resuelto
en términos policíacos y represivos, con peruanos fallecidos que lamentar.
Desde nuestro punto de vista el problema no es solamente “Tía María” en
Arequipa que supone inversiones de US $ 1,400 millones de dólares por parte de
los accionistas del Grupo México en SPCC, sino también las inversiones en el
proyecto “Los Chancas” en el departamento de Apurímac por un monto de US $
2,800 millones de dólares de parte del mismo grupo mexicano.
Claramente destaca el proyecto de Tía María en la provincia de Islay en
Arequipa, en razón de la extensión y profundidad de los conflictos sociales,
por una fuerte oposición de los agricultores del valle del Tambo a la presencia
de la Southern Perú Copper Corporation (SPCC) y de grupos organizados de
izquierda, y ONGs ambientalistas, que
tienen una visión estratégica, de largo plazo para oponerse a la actividad
minera, con justificadas razones ambientales las mismas que no han sido
suficientemente explicadas ni difundidas por el propio gobierno, es decir el
Ministerio de Energía y Minas.
EFECTO DOMINÓ
En verdad, solamente en las inversiones cupríferas en el sur, estarían
comprometidos más de US $ 18,195 millones de dólares, sin considerar las
inversiones en oro, plata, zinc, plomo, lo cual daría un monto mucho mayor. ¡En
el país, no existe sector alguno que comprometa tales montos de inversiones!
El “efecto dominó” supone la extensión del conflicto en el departamento
de Moquegua, donde la transnacional Anglo American estima invertir US $ 5,300
millones para supuestamente entrar en operaciones en el 2022, con producción de
cobre, molibdeno y algo de plata.
Siempre hemos cuestionado la demora en el desarrollo de dicho proyecto
cuyo contrato con todos los beneficios tributarios otorgados, data de fines de
1992, cuando fue adquirido por apenas US $ 12.5 millones, un precio de ganga,
como todas las privatizaciones efectuadas por el fujimorismo.
¡Han debido pasar más de 20 años para que dicho proyecto sea una
realidad, sino se extienden los conflictos en la región!
Si a ello le sumamos los problemas de la Mra. Las Bambas en Apurímac
tendríamos un panorama más completo y complejo de lo que está pasando en el sur
peruano, donde el problema de los conflictos sociales tienden a la agudización
y lamentablemente el gobierno en representación del estado no tiene una
estrategia global y preventiva.
Es más, los conflictos sociales provocados por las industrias
extractivas en buena parte son explicados por los problemas ambientales ni
siquiera tienen un presupuesto específico para tales fines, a pesar de su
extensión y gravedad en los propios ministerios y diversas instancias de
gobierno.
EFECTO MULTIPLICADOR
En principio, siempre he sostenido que la minería y la agricultura no
son antagónicas, y que la minería para ser viable “debe sembrar agua” que en la
época de avenida inunda los valles y en las épocas de secano, y falta de
lluvias escasea, de allí la necesidad de respetar los pisos ecológicos y la
verticalidad andina, donde se deben hacer en las alturas reservorios, canales
para aprovechar el líquido elemento cuando falten las lluvias
Por ahora no existe en nuestro país ninguna actividad que genere un
interés por inversiones de esta magnitud. Sean los bajos costos de producción, la
riqueza de la ley de mineral, la permisiva tributación, lo real es que existe
un interés de los inversionistas internacionales por asumir riesgos y financiar
tales montos que entre el 2019 al 2024 superarían los US $ 18,195 millones de
dólares, solamente en inversiones cupríferas en el sur peruano.
Si por cada dos mil millones de dólares de inversiones en el sector
minero, el producto bruto interno bruto (PBI) aumenta un punto (1% del PBI),
por los efectos expansivos que tienen las inversiones mineras. Por tanto no
resulta temerario afirmar que si las inversiones mineras fueran una realidad,
podríamos estar creciendo por encima del 5 % anual, en conjunción con las
inversiones públicas y en otros sectores.
La construcción de un proyecto minero al margen de la importación de
equipo y maquinaria que no producimos, demanda cemento, acero, ladrillo lo cual
influye con un efecto multiplicador en el sector de la construcción que
prácticamente está paralizado por el efecto de la corrupción del expediente
“Lava Jato”
Un proyecto minero para ser una realidad, demanda electricidad, es decir
las empresas eléctricas que generan electricidad darían uso a la sobrecapacidad
de planta que tienen actualmente. Es más, tendrían que comprar combustibles a
PetroPerú o Repsol La Pampilla para sus operaciones, con el efecto expansivo
que ello tiene, pues en el precio de los combustibles más del 30% del precio
final está constituido por impuestos.
En relación a la demanda de fuerza de trabajo, habría una demanda
directa e indirecta de miles de puestos de trabajo para reactivar la economía
del país, en especial del sur peruano. Normalmente los salarios en el sector
minero se ubican por encima del promedio local, en razón de la productividad de
trabajador minero, el riesgo de sus operaciones y al hecho que casi siempre las
operaciones se ubican por encima de los 4,000 metros de altura.
La demanda de un puesto de trabajo en las operaciones directas por lo
menos tiene un efecto multiplicador en cinco puestos de trabajo en los
servicios transporte, hotelería, alimentación, comercio, agricultura,
restaurantes de allí la importancia de las inversiones para superar la virtual
parálisis que experimenta la economía peruana.
UN RICO VALLE
Por las propias actividades extractivas en el departamento de Arequipa,
pero fundamentalmente por las operaciones de la Mra. Cerro Verde, y la
distribución del canon minero entre las diversas provincias, entre ellas Islay
que conforman la región, a las cuales les corresponde el 40 % del canon entre
todas las provincias, una vez restado el canon para el distrito(10%) y la
provincia productora (25%), el gobierno regional (20%) y la universidad
nacional de San Agustín (5%)
Es decir, la provincia de Islay con los diversos distritos que la
conforman tales como la capital Islay/ Mollendo, Cocachacra, Dean Valdivia,
Islay, Mejía, y la Punta de Bombón entre el
2008 al 2019 a julio, es decir en 12 años han percibido un total de
S/ 112 millones de soles, sin la
presencia de la explotación minera. Solamente en el mejor año como fue el 2012,
la provincia de Islay percibió por canon minero según las fuentes oficiales del
ministerio de economía y finanzas un total de S/ 16 millones.
Si Tía María fuera una realidad solamente por concepto de canon minero y
de mantenerse los buenos precios del cobre, Islay podría estar percibiendo más
de S/ 100 millones de soles por año, es decir más de 10 veces de lo que
percibió en el 2018 que sumó los S/ 10.3 millones de soles.
Con tales ingresos por concepto de canon minero se podrían realizar
inversiones diversas en apoyo a la agricultura siempre y cuando exista un
respeto y estricto cumplimiento a las normas ambientales, como existen en otras
partes del mundo, donde la agricultura y la minería caminan juntas.
Es de público conocimiento que la población del rico Valle del rio Tambo
está conformada por agricultores con una larga tradición de lucha y autonomía
en la pequeña producción de cebollas, ajos, arroz, verduras, sin acumulación de
capital en un valle de un poco más de 14 mil hectáreas, en lo que se podría
denominar reproducción de subsistencia, de allí la necesidad de elevar la
productividad en unidades productoras que no superan las 5 hectáreas.
En tal sentido la falta de confianza y diálogo con la población de la
zona, más las debilidades del estado que no tiene una estrategia de negociación
frente a los conflictos está llevando a un entrampamiento de las inversiones
que tendrían un efecto dominó en el sur peruano, afectando el futuro
crecimiento económico del país.
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