RESUCITANDO EL AFFAIRE DE LOS PETROAUDIOS

¿UNA CORTINA DE HUMO MÁS?

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

Las ampliaciones en las investigaciones de la Comisión Tejada serían un distractor de la grave realidad del sector de hidrocarburos que se relaciona con la indebida prórroga contractual por 10 años en los contratos próximos a su vencimiento, la indefinición respecto al futuro de PetroPerú y la modernización de la refinería de Talara, y los retrocesos en el Gaseoducto del Sur petroquímica incluida. En política no existen casualidades.

El acucioso periodista Gustavo Gorriti está en deuda con sus lectores pues luego de la publicación de su libro “PETROAUDIOS; Políticos, espías, y periodistas detrás del escándalo” Ed. Planeta, agosto del 2009 primera parte, no se ha publicado lo que sería la segunda entrega. A pesar de la rica información proveniente de dos sendas comisiones investigadoras conformadas a inicios del 2009 y 2010, (Abugattás y Jhony Peralta), más el expediente policial sobre el espionaje industrial acumulado entre el 2008 y 2013.

Se recordará el escándalo que sacudió al segundo gobierno del Dr. Alan García hecho público en el mes de octubre del 2008 con las intercepciones telefónicas a políticos, empresarios, y que trajo consigo la renuncia de medio gabinete, en especial del presidente del Consejo de ministros y del ministro de energía y minas de ese entonces entre otros altos funcionarios de organismos públicos como PerúPetro y PetroPerú.

He sido testigo de excepción de las varias comisiones de investigación formadas en el Congreso de la República siendo la más relevante para el caso la Comisión presidida por el congresista del partido de gobierno Daniel Abugattás, teniendo como asesor principal al hoy también congresista Manuel Dammert. Los resultados y conclusiones de dichas investigaciones están publicados en los archivos digitales del Congreso de la República y en verdad luego de meses de pesquisas, interrogatorios, confrontaciones, la Comisión encontró indicios razonables de corrupción, de asociación ilícita contra los intereses del Estado, que fueron materia de un juicio político y denunciados ante las diversas instancias del poder judicial.

Coincido con el periodista Gorriti cuando denomina como escándalo las diversas acciones llevadas a cabo por una serie de personajes ligados al entonces partido de gobierno, empresarios y lobistas, si por ello entendemos “dicho o hecho reprensible que es ocasión de daño y ruina espiritual en el prójimo” En todo caso, las conversaciones telefónicas intervenidas ilícitamente  por la empresa de seguridad Business Track demuestran la pobreza moral de nuestra clase política como las filmaciones del asesor Montesinos en el fujimorismo, y  la vigencia del concepto patrimonialista sobre el estado, al cual hay que asaltar utilizando el poder del gobierno de turno.

En verdad, el affaire de los petroaudios mostraron la desvergüenza moral de una serie de personajes pretendiendo hacer negocios especulativos que no comprometían ninguna reserva probada de petróleo ni de gas, pues en el caso específico de la licitación de los lotes del Zócalo Continental se trataba de contratos de exploración/explotación, donde en primer lugar había que invertir cuantiosos montos de capital para realizar estudios de sísmica, perforación exploratoria para descubrir reservas. En el mar las inversiones requeridas se incrementan, así los mayores volúmenes de inversión para la perforación de un pozo de riesgo podría superar los 50 millones de dólares, con resultados inciertos.

Este sería el caso de los lotes petroleros que fueron materia del llamado “faenón petrolero” en la licitación convocada por PerúPetro a mediados del 2008. Éste es el organismo estatal responsable de la promoción de la inversión en el sector y de la supervisión de los contratos y uno de sus directores que fue nombrado directamente por la Presidencia de la República concertaba negocios privados para favorecer a terceros, como parte de un loby que repito no comprometía reservas probadas de hidrocarburos.

Al mismo tiempo se debiera recordar que uno de los actores centrales en este escándalo era el consorcio conformado por la empresa noruega Discover Petroleum en asociación con la petrolera estatal PetroPerú que no tiene presencia en las actividades de exploración/explotación; el referido consorcio había desplazado en algunos lotes licitados a la cuestionada empresa Petro Tech Peruana, que prácticamente tenía la mayor cantidad de lotes licitados en el mar.

Es decir, sin mayores inversiones Petro Tech hubiese resultado en la empresa que hubiese concentrado la mayoría de los lotes marinos de haber ganado la cuestionada licitación, lo cual hubiese otorgado un mayor valor de venta a sus acciones en una futura transferencia.

La empresa de W. Kallop  estaba siendo sujeta a investigación por la Sunat y por PerúPetro en la gestión de D. Saba, al punto que en el primer semestre del 2008 tuvo que abonar perentoriamente más de 35 millones de dólares por regalías dejadas de pagar por la extracción indebida de líquidos de gas natural del lote Z-2B, bajo la amenaza de una rescisión contractual relacionadas con la Planta de Procesadora de Gas Pariñas (PGP), empresa vinculada, por lo que existía una violación contractual.

A ello se sumarían otras acotaciones de impuestos dejados de pagar desde el inicio de sus operaciones en 1994. Por ello reproduzco la entrevista realizada al congresista por Piura, Jhony Peralta, presidente de otra Comisión Investigadora del Congreso de la República que tenía como objetivo central el análisis de la venta de la empresa Petro Tech Peruana S.A. adquirida a inicios del 2009 por el consorcio colombo/coreano Savia Perú; esta transferencia comprometía las reservas probadas y probables de hidrocarburos que por naturaleza del contrato de servicios y por la propia ley de hidrocarburos, las reservas de hidrocarburos “in situ” constituyen propiedad de la Nación.

Es más, el propietario de Petro Tech, W. Kallop también valorizó en la transferencia las plataformas marinas que eran y siguen siendo propiedad de la petrolera estatal PetroPerú. Se trata de un capital físico que debiera renegociarse a más tardar a fines del 2013 en razón que la tarifa pagada por el alquiler de las plataformas sigue siendo la vigente a la firma del contrato, 10 millones de dólares anuales, cuando el precio del crudo costaba menos de 20 dólares el barril y ahora se cotiza por encima de los 100 dólares el barril y se sigue abonando la misma tarifa.

La referida entrevista fue publicada en un medio como Expreso que no puede ser calificado de veleidades izquierdistas, ni remotamente socialista, y allí se resume la posición sobre los diversos adeudos tributarios que tenía Petro Tech con el estado peruano antes de la transferencia y venta de sus acciones de la empresa petrolera con las empresas vinculadas que operaban en el lote Z-2B y que además mantenía la titularidad sobre una serie de lotes ubicados en el Zócalo Continental.

Por tanto existían indicios razonables para suponer que la empresa financista interesada en el espionaje industrial detrás de Business Track fuera Petro Tech, pero las interceptaciones telefónicas captaron una malla de intereses cruzados sobre futuros negocios con los recursos del estado que sobrepasaban las actividades de hidrocarburos, pues abarcaban áreas como la salud, infraestructura, cementos, petroquímica, que operadores ofrecían en venta desde un año atrás al destape de octubre del 2008, y que diario El Comercio se negó a publicar en preservación de la gobernabilidad, según el libro “Petroaudios”.

UNA CORTINA DE HUMO MÁS: LA REAPERTURA DEL CASO BTR

En política no existen coincidencias ni casualidades por ello no debiera extrañar la reapertura de la investigación sobre el espionaje industrial relacionado con la empresa Business Track y los petroaudios después de casi cinco años, y denunciar las supuestas interferencias del ejecutivo sobre el poder judicial, fiscalía y la policía de investigaciones para encubrir, desviar y/o ocultar información en las incautaciones que se hicieron a los responsables del chuponeo telefónico, en una empresa formada por personal retirado de la Marina de Guerra, la misma que prestaba servicios especializados a las empresas mineras, petroleras, bancos y partidos políticos tal como se expone en el libro sobre los “Petroaudios”

En ese contexto existiendo problemas más graves que afectan al sector de hidrocarburos tales como el futuro de los lotes próximos a su vencimiento contractual tanto en las operaciones Talara (II, III, IV, VI/VII) y particularmente el lote 1-AB en la selva con más de 400 millones de reservas probadas y probables de crudo, las mismas que debieran servir como respaldo financiero para la modernización de PetroPerú que actualmente no tiene acceso a la renta petrolera.

Próximamente el pleno del Congreso de la República tendrá que votar sobre la prórroga contractual de los lotes de hidrocarburos por 10 años dejando de lado a la petrolera estatal que ni siquiera estaría considerada como socio minoritario en un conjunto de lotes cuyas reservas “in situ” corresponden a la Nación, y donde el partido de gobierno con el Presidente del Congreso y de la Comisión de Energía y Minas habrían comprometido su voto a favor con el fujimorismo, el aprismo y el resto de los partidos de la derecha económica.

Igualmente la secuela de los “petroaudios” encubre la indefinición sobre el futuro de PetroPerú y la modernización de la refinería de Talara, cuya inversión representa por ahora más de 2,730 millones de dólares bajo responsabilidad de la petrolera estatal y más de 800 millones de dólares a cargo de empresas privadas, valores necesarios para asegurar el crecimiento de la economía.

A pesar del discurso presidencial del 28 de julio pasado los ministros responsables de la Junta de Accionistas, Jorge Merino de Energía y Minas y Luis Castilla de Economía y Finanzas sabotean la decisión presidencial, a pesar del interés de los inversionistas y la necesidad de procesar internamente combustibles limpios a partir del 2016 en especial del diesel 2 con 50 partículas por millón de azufre.

Asimismo, el escándalo de los “petroaudios” distrae a la opinión pública sobre los retrocesos acerca de la viabilidad del Gaseoducto Andino del Sur, propuesta ganadora en la campaña electoral del presidente Ollanta Humala. Sencillamente el anunciado retiro de la petrolera brasileña Petrobras titular del lote 58 y socio minoritario con Repsol en el lote 57, posterga a la “calendas griegas” la realidad del gaseoducto para el macro sur del Perú.

Sin el carácter de reservas probadas los hidrocarburos de los lotes 58 y 57 difícilmente las empresas supuestamente interesadas en la participación del Gaseoducto del Sur podrán levantar financiamiento internacional. Ello se agrava con el desaire empresarial del Consorcio Camisea al Presidente de la República y la supuesta recuperación las reservas probadas del lote 88 comprometidas como respaldo al proyecto de exportación de gas licuefectado del Consorcio Perú LNG, estas reservas del orden de 2.4 trillones de pies cúbicos de gas natural sirven de garantía financiera.

Por ello, las sucesivas ampliaciones en el plazo en la Comisión Parlamentaria presidida por el congresista del oficialismo Sergio Tejada apuntan hacia una acusación constitucional al ex presidente Alan García que lo descalificaría como candidato a la Presidencia de la República en el 2016, encubriendo las promesas incumplidas y los graves problemas del sector de hidrocarburos.

“Petro-Tech reconoció defraudación” Lo hizo al pagar US$ 11 millones por fallo de Tribunal Fiscal, señala congresista.  El congresista Jhony Peralta, presidente de la Comisión que investigó la venta de acciones de Petro-Tech, sostuvo que la mencionada empresa petrolera cometió delito de defraudación tributaria al haber obtenido indebidamente un crédito fiscal que asciende a US$ 78 millones. “De ese monto, el Tribunal Fiscal ordenó a la empresa US$ 11 millones y Petro-Tech, al pagar, tácitamente ha reconocido que cometió el delito”, agregó.   Además señaló que la Ley Penal Tributaria establece que la defraudación tributaria se reprime con una pena privativa de libertad no menor de ocho años ni mayor de 12. ─ Usted sostuvo en el Pleno del Congreso que Petro-Tech incurrió en defraudación tributaria. ¿Cómo se configuró este delito? La cláusula Nº 10 del contrato firmado entre Petro Perú, Perupetro y Petro-Tech establecía que el IGV a la importación y los aranceles que utilice Petro-Tech para poder comprar o importar equipos desde el exterior para poder incrementar su producción en los pozos, ésos impuestos eran pagados por el Estado, es decir por Perupetro. ─ ¿Cómo operaba esto? Petro-Tech desde el año 1994 hasta el 2008 ha venido importando equipos, entonces, con la orden de compra de esos equipos iba a Perupetro y les decía ‘señores de Perupetro, de acuerdo a la cláusula 10 quiero que me paguen los impuestos y los aranceles’ y Perupetro procedía a girar un cheque a nombre de Petro-Tech que iba, hacía la compra e importaba los equipos. Pero, como esa compra venía a nombre de Petro-Tech y no de Perúpetro ellos utilizaban esas facturas como un gasto, lo cual tenía impacto en la utilidad. A mayor gasto, menor utilidad y, por lo tanto, menor pago de Impuesto a la Renta. Pero también utilizaban este IGV a la importación como crédito fiscal. La Sunat hizo una evaluación tanto a Perupetro como a Petro-Tech y encontró que  Petro-Tech había venido utilizando indebidamente el crédito fiscal por ese IGV, de tal forma que le hizo reparos en varias resoluciones. Nosotros hemos llegado a calcular, de acuerdo a las cifras que hemos tenido, que el crédito fiscal obtenido indebidamente por Petro-Tech asciende a US$ 78 millones. ─ ¿Y cómo se sanciona a quienes incurren en este delito? La Ley Penal Tributaria establece que la defraudación tributaria se reprime con una pena privativa de libertad no menor de ocho años ni mayor de 12, es decir carcelería efectiva. Es más, la Constitución y la Ley Penal sostienen que cuando este delito se da en contra del patrimonio del Estado la sanción se duplica. Pero como este ‘modus operandi’ de Petro-Tech se ha dado hasta años recientes, este delito no ha prescrito y está vigente. Es más, de esos US$ 78 millones que hemos llegado a determinar como crédito fiscal indebidamente obtenido por Petro-Tech –al que tienen que aplicársele los intereses y las multas del caso–, Petro-Tech debe devolverle al Estado US$ 78 millones. ─ ¿Y ante esto qué ha hecho la Sunat? La Sunat ya se ha pronunciado en varias resoluciones y ha fallado que se ha cometido el delito tributario y, por lo tanto, Petro-Tech debe restituir ese pago al Estado. Petro-Tech apeló esas resoluciones de la Sunat pero a fines del año pasado nos enteramos que ya el Tribunal Fiscal ha resuelto tres de los casos y en los tres falló a favor de la Sunat, por lo que Petro Tech ya ha pagado  US$ 11 millones por ese concepto. ─ El hecho que Petro-Tech haya pagado ¿no implica un tácito reconocimiento de que sí cometió delito de defraudación tributaria? Por supuesto. Creo que la resolución de la Sunat es evidente y cualquier abogado o tributarista, con sólo ver la atrocidad que han cometido, notará que se trata de un delito tributario. Al pagar, Petro-Tech está reconociendo el delito y por eso en las conclusiones de nuestro informe no sólo la comisión dice que debemos recuperar esos US$ 78 millones sino que también hay que castigar a quienes cometieron delito. ─ ¿Cuántos casos sobre Petro-Tech faltan resolverse en el Tribunal Fiscal? Falta resolverse tres casos más los que en conjunto suman un total de US$ 67 millones, cuyos fallos saldrían próximamente. LAS RESPONSABILIDADES ─ ¿Se han individualizado las responsabilidades en este caso específico de defraudación tributaria? Nosotros hemos hallado como responsables al dueño de la empresa, William Kallop, y a las dos personas que eran los instrumentos legales y operativos de Kallop que son el señor Alberto Varillas Cueto y la señorita Rossy Gadea, que eran prácticamente los apoderados y las personas que sustituían a Kallop y lo representaban ante Perupetro y las demás instituciones del Estado. Expreso 23 de mayo del 2010