Bitácora del Perú y del Mundo

PETROPERÚ Y PDVSA: SINERGIAS PETROLERAS

2012-01-20T05:01:00.000-08:00

LOS ACUERDOS ENERGÉTICOS CON VENEZUELA

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM y Consultor)

Desde todo punto de vista resulta positivo el acuerdo entre Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Petróleos del Perú (PetroPerú) expresado a través de la firma de un Memorando de Entendimiento entre ambas empresas, y que vendría a ser un acuerdo marco al cual hay que darle contenido real con proyectos rentables para las partes. El solo hecho de firmar tal documento resulta significativo para nuestro país, pues PDVSA es una empresa de dimensión mundial, que pertenece a las ligas mayores, que ocupa el tercer lugar en la producción de crudo, se constituye en la segunda potencia petrolera en cuanto reservas probadas, la cuarta empresa en lo referente a la capacidad de refinación y la octava a nivel global en cuanto a los ingresos por ventas.

Esta es una información auditada en su memoria al 2010, por ello el solo anuncio sobre la posibilidad de hacer sinergias y negocios conjuntos entre ambas empresas tiene un efecto positivo al margen de las ideologías. De igual forma en el pasado se han firmado acuerdos y participaciones conjuntas entre PetroPerú y Petrobras pero ahora la sensibilidad política ha cambiado fortaleciendo la presencia de la actividad estatal en sectores estratégicos como los hidrocarburos.

El solo hecho de la visita histórica del presidente Ollanta Humala y de los funcionarios de PetroPerú en Venezuela con los acuerdos firmados subirían los bonos de nuestra empresa, si esta por ejemplo esta listase en la Bolsa de Valores pues sería considerado como un hecho de importancia. Se debe recordar como dijera el Príncipe Otto Bismarck los “Estados no tienen amigos sino intereses”, y para el Perú, Venezuela siempre ha sido, al margen de los gobiernos de turno, un tradicional aliado y un país amigo, como Argentina hasta la desgraciada venta de armas en pleno conflicto con el Ecuador.

Por ello, la posibilidad de un afianzamiento de nuestras relaciones comerciales asegurando nuestras exportaciones no tradicionales por cinco años más libres de aranceles, el compromiso de pago de deudas comerciales a nuestros exportadores, la formalización de peruanos residentes en el país llanero y la proyección de negocios conjuntos en materia hidrocarburífera entre ambas empresas petroleras fortalece la capacidad negociadora de nuestro país desde todo punto de vista.

A ello debiera agregarse la importancia geopolítica que tiene para el Perú la cercanía de Venezuela ante un potencial conflicto con nuestro vecino del sur de resultar favorable a nuestros intereses el dictamen de la Corte Internacional de la Haya. Tener una correlación favorable con los países de América Latina potenciaría el aislamiento jurídico y político de los intereses belicistas de Chile.

DE LA MANO CON PDVSA

En lo estrictamente referido al sector lo fundamental radica en “aterrizar” y hacer caminar el Memorando de Entendimiento que con la transparencia del caso PetroPerú ha publicado en su página web y que en sus artículos primero y sexto señalan y resumen la naturaleza del acuerdo firmado entre PDVSA y PetroPerú.

Así en la cláusula primera se establece que las empresas debidamente representadas: “acuerdan establecer mecanismos de cooperación basados en principios de igualdad, reciprocidad y beneficio mutuo, con miras al desarrollo de actividades económicas de mutuo interés, en el área de los hidrocarburos, incluyendo las de exploración, explotación, transporte, almacenamiento, refinación y comercialización, así como las de servicios petroleros, petroquímica y de capacitación en el sector de los hidrocarburos”

Si se tiene presente que PDVSA con la producción propia y asociada ha producido en el 2010 un total de petróleo de 2.975 MB/DC es decir casi tres millones de barriles diarios de crudo y 147 MB/DC ( miles de barriles por día calendario) de líquidos de gas natural, lo que totaliza 3.122 MB/DC entre petróleo y LGN, con costos de producción menores a los US $ 6 dólares el barril, nos podemos imaginar la fabulosa renta petrolera que tiene dicho país, que puede darse el lujo de subsidiar los precios de los combustibles y el consumo como una decisión soberana de dicho país.

Si a ello se agrega las importantes reservas probadas de PDVSA al 2010 que se han incrementado en relación a las reservas existentes al 2000. Donde las reservas de crudo extrapesado superan los 256 mil millones de barriles. Las reservas probadas totales alcanzan los 296 mil millones de barriles superando las reservas estimadas de 78 mil millones de inicios del 2001.

Por ello, la oportunidad de hacer negocios conjuntos entre ambas empresas resulta interesante para nuestro país por la gran experiencia que tiene PVSA en las operaciones “Aguas Adentro” y Aguas Afuera”, de allí la necesidad de formar una asociación entre PDVSA y PetroPerú en la exploración y explotación de crudo, y en el tratamiento de crudos pesados donde la empresa estatal ha desarrollado tecnologías para la producción y transporte del crudo superpesado que exporta a los Estados Unidos de Norteamérica.

Existiendo un déficit de cuadros profesionales en PetroPerú pues en razón de la privatización de los lotes de explotación de Talara, Zócalo Continental y Selva se transfirieron al sector privado equipos de perforación, y lo más significativo, el capital humano que tanto le costó formar a PetroPerú en las actividades de exploración y explotación también fue “privatizado”, donde muchos técnicos e ingenieros despliegan sus capacidades profesionales en las más importantes petroleras del mundo.

De allí la necesidad de potenciar la capacitación de nuestros técnicos y profesionales en la Universidad del Petróleo que tiene Venezuela, sobre todo en las áreas de exploración y producción. Ello resulta estratégicamente importante y urgente en la medida que se requiere tener profesionales capacitados en PetroPerú para hacer realidad la integración vertical.

En las actividades petroquímicas es de interés de nuestro país asegurar las importantes inversiones agroexportadoras con un fertilizante como la úrea que importamos en volúmenes superiores a los 400 mil toneladas anuales desde la República de Ucrania para abastecer el mercado interno. De igual forma la necesidad de desarrollar el Polo Petroquímico en Ilo sería importante la participación de PDVSA que podría ir asociada con PetroPerú en la explotación de un lote petrolero cercano al Gran Camisea, para tener acceso al recurso y participar en el Gaseoducto del Sur.

En el mismo sentido la masificación del gas natural por medio del establecimiento de gaseocentros en el norte, centro y sur del país con el apoyo financiero y participación conjunta como socios PDVSA y PetroPerú aseguraría el acceso al crédito del sector financiero sin mayores problemas en razón de las franciscanas utilidades que tiene PetroPerú.

Es más, si se trata de fortalecer las relaciones entre de las petroleras estatales, otra posibilidad es el establecimiento de compras a futuro de crudo superando las ataduras fiscales que impiden a PetroPerú las compras a futuro, cuando esta es una norma del negocio petrolero ante la volatilidad de los precios del crudo. El tener un socio comercial que pueda abastecer en forma segura y oportuna a precios de mercado pero de manera directa de petróleo y derivados como el diesel sería una “ganancia” para PetroPerú pues nos ahorraría los sobrecostos de los traders y las compras de emergencia.

Por último, PDVSA puede financiar parte de las inversiones de la modernización de la Refinería de Talara que serán superiores a los 2,000 millones de dólares, y el repago de sus inversiones sería en derivados de petróleo como los mayores volúmenes de condensados que se producirían cuando la refinería de PetroPerú alcance la capacidad de producción 95 mil barriles diarios.

En verdad, las posibilidades de negocios conjuntos entre ambas empresas son amplias, ello requiere la voluntad política de los gobiernos, identificar los costos y beneficios para el mutuo aprovechamiento y sobre todo la plena soberanía del Estado peruano sobre la posesión, uso y usufructo de los hidrocarburos.

POSDATA

Como ilustración de la importancia de PDVSA en el sector de hidrocarburos me permito citar algunos párrafos de un libro de mi autoría “Las Políticas Energéticas en la Comunidad Andina” publicado en marzo del 2003 bajo los auspicios de PLADES un Organismo No Gubernamental y por el Consejo Consultivo Laboral Andino de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) que puede servir para entender la magnitud y las múltiples posibilidades del acuerdo firmado entre PDVSA y PetroPerú.

“La industria petrolera venezolana fue nacionalizada en 1975 – 1976, creándose así la empresa Petróleos de Venezuela S.A. (PdVSA), la cual es actualmente una de las empresas petroleras más grandes del mundo con refinerías y estaciones de expendio de combustibles en USA, Europa, y es de lejos el mayor empleador y comercializador en el país. La empresa controla los sectores de gas y petróleo en Venezuela así como la industria del carbón del país a través de su subsidiaria Carbouzulia.

Venezuela es un miembro fundador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), lo cual conlleva muchas veces a que altere su producción por intereses particulares y no por condiciones propias del mercado. En el pasado, PdVSA tuvo que ajustar su producción para alcanzar las metas trazadas por la OPEP. Este país cuenta con cuatro cuencas sedimentarias: Maracaibo, Falcón, Epures y Oriente. Estos campos contienen reservas por encima de los 77.7 mil millones de petróleo convencional, con una gravedad API menor a los 20º, haciendo a Venezuela un país con grandes cantidades de petróleo crudo pesado.

Venezuela posee miles de billones de barriles de petróleo crudo extra pesado, actualmente existen cuatro proyectos aprobados y bajo convenios de Joint Venture, entre PdVSA y sus similares extranjeras para explotar este tipo de petróleo; éstos convierten el crudo extra pesado en un crudo de 29º API, crudo sintético aligerado, conocido como Syncrude; estos proyectos producen normalmente cerca de 450 mil barriles día de petróleo crudo sintético (se espera que se incrementen a 700 mil barriles día para el año 2005). La gran mayoría de este petróleo es destinado al Golfo de EE.UU. El Syncrude es considerado por la EIA como un “petróleo crudo no convencional”.

Respecto a proyectos de exploración y producción, existen cuatro bajo convenios de Joint Venture con PdVSA en el cinturón del Orinoco. El primero de éstos, Petrozuata, produce petróleo crudo extra pesado en la región del Zuata y lo transporta a un complejo industrial en el puerto de José al norte costeño de Venezuela en el Estado de Anzoátegui. El segundo proyecto en el Orinoco, es de Joint Venture por los campos de petróleo pesado en Cerro Negro con Exxon – Mobil, cuya producción se inició en el año 2001, este petróleo extra pesado es diluido con condensados importados para convertir la producción de Río Negro en petróleo de 16º API. El tercer proyecto se desarrolla conjuntamente con TotalFinaElf y Statoil (proyecto Sincor), éste se inició en febrero de 2002 y se espera obtener 200 mil barriles día en los 35 años que dura el proyecto de operación, el petróleo obtenido de Sincor es de 30º API. El cuarto proyecto denominado Hamaca es con Texaco y Phillips, la producción se inició en noviembre del año 2001, alcanzando una producción pico de 190 mil barriles día, este crudo es de 26º API.

El consumo interno de petróleo en Venezuela, crece a un ritmo bastante lento pero de manera consistente (ver cuadro, Venezuela, producción y consumo de petróleo, 1990 – 2000). Así, la producción total de hidrocarburos pasa de 2.2 MMB/DC (millones de barriles por día calendario) en 1990 para llegar a los 3.1 MMB/DC, con un consumo que se incrementa de 396 MB/DC (miles de barriles por día calendario) a 466 MB/DC para el año 2000.

La empresa estatal PdVSA opera uno de los sistemas refineros más grandes del hemisferio occidental (el Complejo Industrial de José) y una de las más grandes refinerías del mundo. La capacidad de refinación doméstica de Venezuela está alrededor de los 1.3 millones de barriles diarios, y tiene complejos adicionales significativos en Curacao, los EE.UU y Europa (Alemania, Bélgica, Suecia). En los EE.UU., PdVSA es dueña del 100% de los 320 mil barriles día de Lake Charles (Louisiana), de 167 mil barriles día de Lemont (Illinois), de 150 mil barriles de Hábeas Christi (Texas), de 84 mil barriles de Paulsboro (New Jersey) y de 28 mil barriles de Savana y Georgia; además posee el 41 % de los 265 mil barriles de Houston (Texas) y el 50% de Chalmette (Lousiana). En Curacao posee el 100% de la refinería Isla que tiene una capacidad de 335 mil barriles día y se constituye como la segunda más grande refinería de PdVSA.

El más grande complejo refinero en Venezuela, y uno de los más grandes del mundo está localizado en la península de Paraguaná en el noroeste venezolano, cerca de la ciudad de Punta Fija, PdVSA integró las refinerías de Amuay y Cardón para crear el Centro Refinero del Paraguaná, el cual tiene una capacidad de refinación de 940 mil barriles día más de las tres cuartas partes del total de capacidad de refinación del país. Además esta empresa estatal cuenta con otras refinerías más pequeñas, como la refinería de Puerto La Cruz con una capacidad de refinación de 203 MB/DC (miles de barriles por día calendario), El Palito con una capacidad de 130 MB/DC, Bajo Grande de 16 MB/DC, y San Roque de 5 MB/DC.

A nivel de la producción de derivados de los hidrocarburos; es decir, de la refinación, la producción se ha incrementado de 978 MB/DC (miles de barriles por día calendario) en 1990, a 1.133 MMB/DC (millones de barriles por día calendario). El derivado de petróleo que muestra un mayor incremento relativo en el consumo es el gas licuado de petróleo (GLP), cuya demanda prácticamente se dobló en la década pasada, asimismo el consumo de gasolina pasó de 165 mil barriles día a 181 mil y la producción de gasolinas aumentó de 244 mil barriles día en 1990 a 402 mil en 1999. Le sigue en importancia para 1999 la producción de diesel con 278 MB/DC (miles de barriles por día calendario) y la producción de residuales con 230 MB/DC.”

PUNTOS DE VISTA SOBRE INTEGRACIÓN ENERGÉTICA

2012-01-11T11:27:00.000-08:00

Por Jorge Manco Zaconetti (publicado en "La República" el 10 de enero de 2012)

APROVECHAR LA EXPERIENCIA

“Los Estados no tienen amigos, los Estados tienen intereses”, según palabras de Bismarck. En ese sentido, para el Perú, que produce poco menos de 145 mil barriles diarios de hidrocarburos, firmar un acuerdo con PDVSA, que produce 2 millones y medio (barriles diarios), que tiene operaciones de refinación y tiene grifos en Europa y en EEUU, que es la quinta potencia petrolera en el mundo y en AL es el país que tiene mayores reservas de petróleo, no deja de ser importante para nuestro país, desde el punto de vista de las señales que quisiéramos dar al exterior. Podríamos aprovechar la experiencia técnica que tiene PDVSA en el tratamiento de crudos pesados, que son los crudos que más tenemos, y sería importante que técnicos peruanos vayan a hacer maestrías a la Universidad de Petróleo que tiene Venezuela. Pero pisando tierra, creo que lo más importante sería firmar compromisos de abastecimiento directo de empresa a empresa, evitando los intermediarios que encarecen el crudo.

Por Mirko Lauer (publicado en "La República" el 10 de enero de 2012)

Hugo Chávez puede no ser el más simpático de los presidentes para más de un gobierno del continente, pero gobernar un país con el calado de su país lo hace más o menos inevitable. No solo es un activista regional expansivo cuyo petróleo acopia votos en muchos organismos, sino además Venezuela es un socio comercial importante. Por ejemplo para el Perú.

La tirria de Washington frente a Caracas es notoria, pero las importaciones de petróleo venezolano la mantienen moderada, y le dan a Chávez lengua suelta en sus críticas al imperio. Aunque en estos últimos tiempos las ventas a EEUU han disminuido y las de China aumentado. Esto proporcionalmente, pues la producción de PDVSA en barriles de petróleo es hoy, por un problema de inversiones, la mitad que en los buenos tiempos.

El volumen del comercio Perú-Venezuela ha venido creciendo en estos años, con una balanza a favor nuestro. Esta realidad económica, en especial las de las exportaciones textiles, fue uno de los factores que mantuvieron en su sitio las relaciones bilaterales, a pesar de las distancias ideológicas de Alejandro Toledo y Alan García con el locuaz y por momentos incómodo colega.

Ollanta Humala ha heredado esta realidad económica, que inevitablemente tiene resonancias ideológicas. El gobierno mantiene sus amplia red de TLCs, e incluso trabaja para seguirla ampliando. Este factor es un claro impedimento para matricularse en el ALBA. Hacerlo obligaría al Perú a modificar todo su sistema comercial internacional, una iniciativa sin sentido por donde se le mire.

Pero hay otros factores, como el desarrollo de la relación estratégica con Brasil. Además es notorio que con el paso del tiempo los gobiernos amigos de Chávez han ido mezclando su bolivarianismo con crecientes dosis de pragmatismo dictado por las circunstancias. Chávez no ha hecho cuestión de Estado por este asunto, concentrado como está por ordenar la casa.

Lo más importante de la reciente visita de Humala a Venezuela ha sido la firma de un nuevo acuerdo comercial, que nos permite seguir vendiéndoles sin aranceles (al son de unos US$540 millones en el 2011, casi todo Gamarra productions) ahora que se han vencido los antiguos acuerdos de la Comunidad Andina. El Perú venía exportando en base a precarios acuerdos temporales.

La parte petrolera es interesante, pero más bien expectaticia.
En esta área Chávez ha demostrado ser un rico dadivoso, pero un socio más bien informal, como lo han descubierto varios países que iniciaron proyectos conjuntos. Con una deuda de US$22,000 millones con el banco central de su país, en una economía donde la inflación proyectada para el año es de 36.5% (Barclays Capital), PDVSA no parece el mejor socio para aventuras petroleras.

Por Carlos Herrera Descalzi (publicado en "La República" el 10 de enero de 2012)

ACUERDO POLÍTICO Y TÉCNICO

En los últimos 20 años tenemos un historial bastante pobre y somos un país que tiene riesgo geológico, desde el punto de vista de la explotación de petróleo. En cambio, Venezuela tiene un historial muy bueno, tiene las mayores reservas del mundo, disputa con Irak, Arabia Saudita, pero disputa el primer lugar con Canadá, en lo que se refiere a petróleo no convencional. En ese sentido, el acuerdo es conveniente para el Perú. Este acuerdo le puede permitir a Petroperú convocar a capitales extranjeros y con esos capitales ir allá (Venezuela). O sea, ser como un vehículo de entrada donde Petroperú se va a quedar con una parte y tendría la extraordinaria ventaja de ir como representante del Estado peruano. Entonces, cualquier dificultad con Venezuela es mucho más fácil abordarla cuando se es Estado peruano que cuando se es una compañía privada. Este acuerdo tiene los componentes políticos y técnicos, porque no creo que se hubiese dado en el gobierno anterior.

Por César Gutiérrez (publicado en el diario "La Razón" el 09 de enero de 2012)

Circo de fin de semana y de baja calidad, es el mostrado al alimón por Hugo Chávez y Ollanta Humala, en la visita de éste a tierras llaneras: incienso bilateral para usar el lenguaje diplomático, risibles anuncios de inversiones de la petrolera estatal peruana en la franja del Orinoco y la enésima promesa del comandante bolivariano a emprendimientos energéticos fuera de sus linderos, esta vez en tierras peruanas. Nada para ser tomado en cuenta, pero tampoco merecemos que nos tomen por tontos.

Las loas de ida y vuelta, ni los mismos protagonistas se las creen, el ex nacionalista, ahora es hombre de la patronal peruana y extranjera acantonada en nuestros predios y el natural de Barinas lo sabe; pero cuando de tribuna con caja de resonancia internacional se trata, no resiste a la tentación de decir presente, así debe entenderse las declaraciones conjuntas. Tratar de encontrar el mensaje cifrado, producto del encuentro, es perder el tiempo.

De otro lado, no es nada nuevo el anuncio que la petrolera estatal de una nación sudamericana, prometa invertir en la zona petrolífera de crudo pesado del Orinoco. Hace buen tiempo que ya sido dividida para entregar áreas a los países de la región, pero ninguno de los tenedores de estos lotes, ha hecho algo trascendente. Resulta poco serio y contraproducente anunciar que Petroperú va hacerlo, cuando acá ya tiene bastante con sacar con fórceps la modernización de la pequeña refinería de Talara, que es más que suficiente, con la poca espalda económica y financiera que tiene.

Dice mal de la gestión de una empresa que está haciendo malabares para intentar un financiamiento para modernizar su principal activo productivo, afirmaciones como las señaladas, queda el sinsabor de la falta de seriedad.

Como cierre del thriller, se anuncia cooperación venezolana en el sector de hidrocarburos peruano, tal como se prometió a Ecuador, Brasil y Argentina, para la construcción de refinerías de crudo o el ya olvidado gasoducto que se tendería entre Venezuela y Bolivia, haciendo escala por cuanto país se cruzara en el camino. Desde hace seis años estos recurrentes ofrecimientos sin efecto alguno se han venido haciendo, así que es uno más en la lista.

Probablemente, Humala esté pensando que con su foto chavista, recuperará algo de sus huestes que están en diáspora luego de su derechización, a lo que habría que decirle que la dirigencia ya no le cree.

LAS DISTORSIONES EN EL PRECIO DEL GLP

2012-01-09T18:32:00.000-08:00

LA VERDAD DE LA MILANESA

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

Lo que está sucediendo con los precios del gas licuado de petróleo (GLP) más conocido como gas doméstico que se expende en balones de 10 kilos y también en granel, es una comprobación más de las profundas distancias entre el discurso electoral y la realidad del mercado. De la demagogia política que ofrecía el balón a S/ 12 nuevos soles debemos transitar a la sensatez económica, donde el precio refleje la escasez o abundancia relativa de un bien para satisfacción del usuario en precio, calidad y oportunidad, regulando los abusos, las excesivas ganancias pero también evitando los subsidios indiscriminados que resultan perniciosos en última instancia. Sin subsidios a la boliviana pero tampoco con abusos al consumidor, por un balón que se vende en promedio sobre los S/ 35 nuevos soles, aunque no debiera costar más de 25 nuevos soles.

De allí la importancia de analizar las propuestas del gobierno para disminuir el precio del balón de GLP a través de PetroPerú, de un hidrocarburo que resulta de una mezcla del propano y butano, y que gracias al efecto Camisea por los líquidos de gas natural extraídos somos autosuficientes con pequeños márgenes de exportación un poco más de 7 mil barriles diarios del GLP de una producción total que bordea los 46 mil barriles diarios, por tanto la demanda interna se satisface con un poco más de 39 mil barriles diarios resultando Lima el principal mercado con una concentración del 54 % del mercado nacional.
La disminución anunciada de cinco nuevos soles en promedio en el balón de 10 Kg a partir del 25 de febrero próximo por las altas autoridades de PetroPerú no deja de ser una buena noticia para los consumidores, sin embargo consideramos la medida como limitada, temporal, de emergencia para presionar a la baja a un energético que desde la década de los noventa del siglo pasado ha tenido un comportamiento creciente para transitar de los 9 mil barriles diarios a casi 40 mil barriles, con tendencia al incremento.

Debemos asumir la medida como temporal por las dificultades que entrañaría la compra y el canje de un balón vacío por uno lleno en las estaciones de servicio de la cadena Petrored y otras. Es decir, para viabilizar la medida a través de la cadena de grifos de bandera que siendo estaciones de servicios privados, mantienen contratos de exclusividad en el abastecimiento de los combustibles producidos por PetroPerú. Evidentemente el usuario con movilidad propia podrá asumir el costo de transporte al grifo más cercano, pero a los ciudadanos de a pie que somos la mayoría, el transporte para el canje entrañaría un costo cercano o similar al ahorro del precio con el agravante de la seguridad.

Si se tiene presente que son más de 400 los grifos de bandera de la cadena Petrored que llevan el logo de PetroPerú, pues la petrolera estatal tuvo que transferir al sector privado sus 78 grifos en 1992 a precios castigados, estaciones que hoy serían de suma utilidad para regular el mercado de combustibles. De allí, la importancia de la integración vertical por medio de la reconstrucción de grifos y gaseocentros especialmente en provincias.

La propuesta de Petroperú consiste en reducir el costo de la distribución minorista mediante la colocación directa de balones en los grifos de Petroperú y cadenas de grifos afiliadas a Petroperú, disminuyendo la participación de los distribuidores minoristas de S/ 8.4 a S/ 3.5 nuevos soles como se podrá observar en el cuadro oficialmente distribuido. Donde se expone la formación del precio del gas licuado producido por PetroPerú a través de la refinería Talara, que puesto en el Callao tiene un precio de 18.1 nuevos soles por balón que sumado al IGV del 18%, resulta en un precio de refinería de S/ 21.6 por un balón de 10 kilos.

En verdad, una medida de esta naturaleza no resuelve el problema de fondo, pues si se tiene presente que PetroPerú a través de la refinería Talara con una producción de gas licuado de petróleo (GLP) a base del petróleo crudo resulta un productor marginal, con una producción diaria de gas licuado menor a los 4,500 barriles de una producción total de casi 46 mil barriles diarios. Esto significa en teoría económica que PetroPerú con los mayores costos de producción está determinando el precio interno del GLP, a pesar que Pluspetrol empresa operadora del Consorcio Camisea en los lotes 88 y 56 está produciendo mayores volúmenes de este derivado a partir de los líquidos de gas natural con menores costos de producción.

EL GLP OBTENIDO DE LOS LÍQUIDOS

Es por todos conocidos que el gas licuado de petróleo (GLP) se obtiene a través de las refinerías o partir de las plantas de fraccionamiento de gas natural, de donde proviene dicho sea de paso la mayor producción, constituyéndose en el mayor productor el Consorcio Camisea y la empresa operadora es Pluspetrol Perú Corporation (PPC), donde gracias a la productividad y eficiencia de los trabajadores se ha elevado significativamente la producción. Así, la producción de GLP provenientes de los campos de Camisea está sobre los 38 mil barriles diarios con tendencia al aumento en la medida que sea una realidad la ampliación de la Planta Malvinas.

En la estructura del precio del GLP obtenido a partir de la Planta de Fraccionamiento de Pisco, se puede observar en el cuadro que el precio de producción es de 11.3 nuevos soles por balón de 10 kilos, equivalente al 32% y en verdad con una efectiva regulación sería hasta menor, El margen de comercialización y distribución resulta ser de S/ 11.1, es decir casi como la participación al productor con (32%), y el Estado participa con S/ 6 nuevos soles en una balón de 10 kilos por concepto de regalías que equivalen al 17% y por concepto de impuestos un promedio de S/ 5.6 lo que representa una participación del 16%, lo que hace una participación total del 33%.

Con estas consideraciones se debe hacer transparente la estructura de costos en la producción de los líquidos de gas natural de Camisea y de los otros productores marginales como Repsol a través de La Pampilla, de las Plantas de Fraccionamiento de Gas Pariñas, Graña y Montero y Aguaytía, pero fundamentalmente del principal productor, el Consorcio Camisea, donde Repsol como accionista de los lotes 88 y 56 más su participación en el transporte, se lleva la parte de león, pues participa en el mercado de Lima con una producción de 11 mil barriles diarios, gracias al contrato de abastecimiento con su empresa vinculada Pluspetrol.

Si a ello se agrega que por medio de su empresa filial Solgás participa en el envasado, comercialización y distribución de gas licuado, con una concentración superior al 45%, se podrá observar la importancia que tienen los márgenes de distribución y comercialización.

Para enfrentar estas distorsiones la petrolera estatal PetroPerú debiera ser fortalecida y modernizada contando con una unidad de envasado y distribución mayorista-minorista de gas licuado de petróleo, es decir reconstruyendo lo que fue alguna vez Solgás.

Pero esto constituye un todo integral, pues lo que debiera hacerse en el sector de hidrocarburos tiene varias aristas, en especial en el mercado de combustibles para ganar en transparencia y modernidad, sin abusos al consumidor ni sobre ganancias indebidas con el beneplácito del organismo regulador. De allí, la necesidad de modificar la bendita teoría de la paridad de importación y exportación, pues siendo autosuficientes en la producción del gas licuado de petróleo se tenga que depender de referentes internacionales como el Mont Belvieu (Texas), que permite ganancias extraordinarias a las empresas del llamado consorcio Camisea, con el agravante de estar subsidiando a través del Fondo de Combustibles a los productores locales de GLP.

PETROPERÚ EN LA ENCRUCIJADA

2012-01-05T14:59:00.000-08:00

¡QUIÉN MUCHO ABARCA POCO APRIETA!

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (UNMSM Y Consultor)

Gracias a los héroes olvidados de PetroPerú, los 85 trabajadores despedidos en 1996 en Talara por defender la empresa ante una irracional privatización, que dicho sea de paso le están ganando un juicio internacional al Estado peruano, gracias a los cientos de peruanos que formaron el Frente de Defensa de PetroPerú cuya presidencia recayó en el extinto y recordado Ing. Gustavo Mohme Llona, a los diversos sindicatos organizados en la CGTP y a la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros (Fenpetrol), es que se pudo evitar la privatización total de todas las unidades de la petrolera, en especial las refinerías de Conchán y Talara más el Oleoducto Norperuano y las Plantas de Ventas.

Los más valiosos activos de PetroPerú fueron transferidos a precios subvaluados y con reservas de crudo estimadas a su mínima expresión. Los lotes 8/8X, los lotes X y los lotes marginales de Talara; las filiales de PetroPerú como Solgás empresa responsable del envasado, distribución y comercialización de gas licuado de petróleo (GLP) más conocido como gas doméstico que se expende en balones de 10 kilos fue privatizada en 1992 a un irrisorio precio de un poco más de US$ 7.5 millones de dólares, cuando la empresa Solgás participaba del 45 % del mercado de gas y generaba utilidades anuales superiores a los US$ 2 millones de dólares anuales. Hoy como filial de Repsol factura más de 120 millones de dólares anuales con crecientes márgenes de utilidad.

Las consecuencias de haber privatizado las diversas unidades y activos de PetroPerú entre 1991 y el 2000 las estamos pagando ahora, pues la petrolera no tiene grifos propios con los cuales regular con las reglas de la competencia el precio del GLP y trasladar a los consumidores las disminuciones en los precios de los combustibles. La principal refinería del país La Pampilla fue vendida a vil precio y ahora es controlada por la transnacional Repsol/YPF que se constituye en la principal competencia de PetroPerú en el mercado de combustibles.

Repsol/YPF no solamente es la operadora de La Pampilla, es también propietaria de la empresa Solgás, tiene además una extensa cadena de estaciones de servicio de expendio de combustibles (grifos) en la capital y a nivel país; también explora en diversos lotes bajo contratos de licencia, y resulta el principal accionista del lote 57, y participa en el Consorcio Camisea en los lotes 88 y 56, y en el transporte del gas por medio de TGP; es más, es el responsable de la exportación del gas natural licuefectado procesado en Pampa Melchorita. Y, Repsol como miembro del Consorcio Perú LNG tiene la exclusividad en la exportación del gas natural proveniente del lote 56 que en promedio está sobre los 520 millones de pies cúbicos diarios a diversos mercados del mundo.

Esta introducción histórica es importante para situar los nuevos retos y desafíos que tiene PetroPerú en esta nueva administración donde por primera vez después de los gobiernos de los ex presidentes Alejandro Toledo y Alan García, existe la voluntad política por modernizar y fortalecer a la petrolera estatal como lo hacen los estados vecinos que operan en el Perú con sus empresa petroleras. Brasil a través de Petrobras, Colombia por intermedio de Ecopetrol en Savia Perú, Chile con Enap por medio de la cadena de grifos Primax y la importadora Manu Holding, y el Ecuador a través de PetroEcuador que se constituye en el principal abastecedor de petróleo en el país.

EVITAR LA DISPERSIÓN

Los duros años que experimentó PetroPerú prácticamente al borde del abismo de la privatización, con gobiernos que usaron y manosearon la empresa como caja chica y fuente de empleo partidario; con argollas burocráticas y prácticas no transparentes que lindan en la corrupción, con una aristocracia sindical que antepone sus objetivos gremialistas a los intereses del país y de la empresa, todo ello constituyen obstáculos internos que se deben superar, corregir y extirpar, de lo contrario el fortalecimiento y modernización de PetroPerú será un noble intento y una frustración más.

En esta línea de pensamiento el entusiasmo por recuperar el tiempo perdido y hacer varias cuestiones a la vez nos hace olvidar lo que constituye el a ,b, c del planeamiento estratégico y la teoría del costo/ beneficio en la dirección, gestión y administración de una empresa, donde parte de lo mejor de su personal como técnicos, ingenieros y supervisores también fueron privatizados en la transferencia de las diversas unidades de PetroPerú, de allí las varias limitaciones para tener una ruta crítica que nos permita evitar abrir varios frentes a la vez.

Si el objetivo estratégico de PetroPerú es la integración vertical y la modernización de la Refinería de Talara, los mayores esfuerzos debieran estar abocados a tales fines. Si bien resulta prioritario para PetroPerú y el país, el retorno a las operaciones de exploración/producción la petrolera estatal no tiene los recursos humanos ni financieros suficientes para arriesgar capitales en la perforación exploratoria, de allí la sensatez obliga reconocer como lo ha manifestado su Presidente del Directorio a la asociación con los privados.

Es decir, al establecimiento de contratos de “joint ventures”, de riesgo compartido, de asociación o participación en la producción o participación en las utilidades se deberá analizar y apostar por lo que mejor convenga etc., donde el abono de las regalías y el riesgo de inversión sea responsabilidad de los privados. Es el caso de los lotes cuyos contratos están por terminar tales como Interoil, Petrolera Monterrico, Sapet, Unipetro, Pluspetrol Norte, donde el interés de PetroPerú y del país debiera ser el comprometer los mayores montos de inversión para aumentar la producción y las reservas de hidrocarburos para superar el déficit comercial de la balanza de hidrocarburos.

Esta negociación estratégica de PetroPerú con la decisión y apoyo político del gobierno permitiría un incremento de la producción de crudo y gas natural en especial en el norte del país, para satisfacer los mayores requerimientos de la Refinería de Talara, y también mayores excedentes por medio de la participación en la producción.

Ello resulta fundamental para financiar la modernización de la Refinería de Talara cuyos montos de inversión de lejos superan los 2,000 millones de dólares pues se trata de una ampliación de la capacidad de tratamiento para refinar 90 mil barriles diarios, construir una planta de des sulfurización; es decir, extraer el azufre sobre todo del crudo pesado proveniente de las operaciones de la selva nor oriental, y del crudo ecuatoriano importado; a ello se debe sumar el levantamiento de una planta de tratamiento y transporte de los petróleos pesados por el Oleoducto Norperuano, que son los que más abundan en la selva norte. A ello se sumarían las diversas unidades complementarias como las pantas de energía, ampliación de terminales, de producción de ácido sulfúrico etc.

En este contexto de recesión económica internacional que puede desembocar en una crisis mundial, los países como España y Francia están siendo duramente golpeados con empresas y bancos privados al borde del colapso que están siendo oxigenados por sus gobiernos. Este factor afectará la modernización de la refinería en la medida que sus agentes estructuradores como la Societé Generale de Francia la segunda entidad financiera de dicho país prácticamente está en un proceso de insolvencia, y por contratos firmados por la anterior administración sería el agente estructurador para el financiamiento de la modernización de la refinería de Talara.

De otro lado, si bien resulta laudable la participación de PetroPerú como accionista en el Gaseoducto del Sur en el marco de la Ley Nº 29817 que declara de “Necesidad Pública e Interés Nacional la Construcción y Operación del Sistema de Transporte de Hidrocarburos (Gas Natural, Líquidos de Gas Natural y Derivados), y la Creación de un Polo Industrial Petroquímico, con Fines de Seguridad Energética Nacional” resulta contradictoria la presencia de PetroPerú en un negocio que valoriza las reservas de los lotes 58 y 57, donde la petrolera estatal no tiene ni ha negociado alguna participación en las reservas de hidrocarburos de los referidos lotes que abonarán 5% de regalías con precios de mercado cuando estén en operaciones.

La teoría del planeamiento estratégico y el costo/ beneficio exige priorizar los negocios en los cuales debiera participar PetroPerú asegurando la mayor utilidad social al país; por ello resulta por decir lo menos curioso, que nuestra empresa participe con sus escasos recursos y privatice en el mercado de la Bolsa el 20% de acciones para facilitar un negocio que interesa en lo fundamental a las empresas transnacionales como Repsol, Petrobras, Braskem y Odebrecht. ¿No sería esta la razón de fondo de la presencia del asesor palaciego brasileño Luis Favre?.

PIURA: URGENTE MASIFICACIÓN DEL GAS NATURAL

2011-12-09T15:18:00.000-08:00

HAY QUE VALORIZAR LOS MÁS DE 5 TCF Trillones de Pies Cúbicos

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

El lunes 5 de diciembre pasado tuve la oportunidad de estar en Piura invitado por el Colegio Departamental de Ingenieros-Capítulo de Ingenieros Industriales y de Sistemas, como participante en el evento “Desarrollo Económico del Departamento de Piura por los Beneficios del Gas Natural”, donde expuse sobre la necesidad del “Cambio de la Matriz Energética y Nuevas Inversiones en la Cuenca Noroeste”, y el potencial gasífero que tiene el departamento de gas natural asociado al petróleo.

Según el Libro Blanco de Reservas de Gas Natural que publica el Ministerio de Energía y Minas al 2010, las reservas probadas, probables y posibles de gas natural en la región suman un poco más de 1.1 TCF (trillón de pies cúbicos en sus siglas en inglés). Sin embargo, las empresas productoras como Savia Perú señalan en función a sus pozos perforados un potencial en gas de 2 TCF en los lotes Z-2B y Z-6; otra empresa como Olympic Perú INC declara tener en el lote XIII más de 3 TCF en el subsuelo, y BPZ en el lote Z-1 también informa tener importantes reservas de gas natural, que hasta no hace mucho tenían un pobre valor económico.

Lo cierto y evidente es que en las operaciones de extracción de crudo tanto en la Cuenca Talara como el Zócalo Continental siempre se ha privilegiado el petróleo, y el gas asociado obtenido, estimado en millones pies cúbicos se reinyectaba a los pozos para mantener la presión de los mismos, se venteaba hasta no hace mucho tiempo y ahora se quema previa autorización de la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del Ministerio de Energía y Minas, con la fiscalización de Osinergmin.

Si bien oficialmente está prohibido el venteo de gas natural lo cual significaba liberar millones de pies cúbicos a la atmósfera, la salida legal ha sido la autorización del “quemado” del gas natural, lo cual significa en la práctica desperdiciar un valioso recurso natural que representa millones de dólares que se pierden, que se evaporan con el beneplácito del Estado. Esto constituye una cruel paradoja de un país rico en recursos naturales pero con una población pobre y un Estado con una débil capacidad reguladora.

También es verdad que a diferencia del gas de Camisea, el gas asociado que se extrae en Piura proviene de los cientos de pozos productores que por sus pequeños volúmenes extraídos resulta onerosa su reinyección y recolección, por ello debiera ser preocupación del Estado la promoción de la cultura del gas, fomentando la inversión en las reservas marginales, en los llamados horizontes profundos, y horizontes subexplorados, pero también se debiera prohibir taxativamente el venteo y el quemado de gas natural bajo cualquier circunstancia.

Los ingenieros de petróleo utilizan un balance entre el petróleo extraído y los volúmenes de gas natural, donde con la producción promedio de 40 mil barriles diarios en las operaciones de Talara y el Zócalo Continental, por lo menos se obtenían conservadoramente 150 millones de pies cúbicos diarios, de los cuales una parte se utilizaba como combustible en las operaciones propias, una parte se reinyectaba, otra se quema, y no más de 32 millones de pies cúbicos de gas natural diarios constituye la producción fiscalizada, es decir la producción que se valoriza comercialmente y que abona regalías al fisco que financian el canon de hidrocarburos.

Como ejercicio sería interesante estimar en los últimos 50 años los volúmenes de gas natural asociado venteado y quemado, liberado a la atmósfera por las operaciones de la IPC, PetroPerú y las empresas que asumieron después los lotes petroleros en la década del noventa del siglo pasado. Ello demostraría la irracionalidad de las políticas energéticas del pasado, la reciente preocupación ambiental ante el calentamiento global que prohíbe el venteo pero permite su quemado, y el creciente valor económico del gas natural como energético sustituto al petróleo.

Por ello si Piura es un departamento bendecido por la naturaleza con recursos naturales renovables y no renovables como el petróleo, gas natural, fosfatos con uranio, pesca y maricultura, los mejores vientos del país, un gran potencial minero de cobre y oro, excelentes playas para el surfismo, tierras agrícolas con su dotación de agua, y una reconocida gastronomía, nada de esto se podría explotar de manera sostenible si no se tiene la energía suficiente en oportunidad a precios competitivos. De allí la importancia en la masificación y valorización del gas natural que yace en su subsuelo.

Esto es más urgente y necesario en la medida que la cobertura de Piura en relación a la electrificación rural está por debajo del promedio nacional con una participación del 81% cuando el promedio nacional está sobre el 86%, y más del 90 % de las viviendas rurales de la provincia de Piura no cuenta con el servicio eléctrico y el 94% de las viviendas del campo no tienen agua. De allí, la necesidad de masificar el gas natural, para contar con energía barata, en el transporte público, para que las empresas pesqueras y de la agroexportación obtengan mayores ventajas, y la población en su conjunto se beneficie de un energético limpio no contaminante.

EXPERIENCIAS POSITIVAS

Si bien resulta pionera la participación de Petrolera Monterrico, empresa nacional que opera los lotes marginales II, XV, y XX, extrayendo petróleo y gas, su incursión en la producción de gas natural concentrado de uso vehicular en asociación con la empresa colombiana Gascop en Piura con una estación de servicios, y otra en Chiclayo, ha permitido demostrar el potencial y la oportunidad del negocio de gas. Siendo por ahora el único grifo de gas vehicular en la capital piurana se forman grandes colas para abastecerse ahorrándose los usuarios casi el 50% en relación a los precios de las gasolinas.

En el mismo sentido, la empresa norteamericana Olympic que opera el Lote XIII ha inaugurado en la fecha 9/12/11 su planta de generación térmica a gas natural de 30 MW con una inversión de más de 22 millones de dólares. La capacidad de sus ductos le permitiría comercializar 8 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, y con la generación eléctrica apuntala el sistema eléctrico interconectado, con la ventaja que la producción gasífera se valoriza y abona regalías.

En este contexto la empresa Savia Perú que opera los lotes Z-2B y Z-6 también aspira a la valorización del gas metano que tiene como reservas lo cual permitiría cambiar la matriz energética de Sechura y Piura pues con un potencial de casi 2 trillones en los pozos perforados (Esperanza, San Francisco y San Pedro Este) y en los pozos por perforar (Santa Teresa, Yasila, Puerto Nuevo) daría paso a una revolución gasífera que estaría al servicio de la población con una red domiciliaria de gas metano que sustituiría el gas licuado de petróleo (GLP) y la leña de algarrobo, pues su equivalente en energía calorífica costaría menos de la mitad de un balón de gas licuado que cuesta más de 36 nuevos soles. Así mismo se beneficiarían los usuarios del transporte público, mototaxis pues con el gas vehicular se reducirían los costos del transporte significativamente.

Esto se alcanzaría con la realización del proyecto Punta Lagunas que en esencia representa tender un gaseoducto submarino de 25 kilómetros con el mayor respeto ambiental, que permitiría transportar hasta 60 millones de pies cúbicos diarios, con una inversión de 12 millones de dólares, transportando un trillón de pies cúbicos durante 20 años, en un proyecto positivo para la región que posibilitaría la generación eléctrica a menores costos.

Este cambio de la matriz energética permitiría que las empresas ubicadas en la provincia de Sechura como Vale del Brasil que explota los fosfatos de Bayóvar, las diversas empresas pesqueras, y especialmente los pescadores artesanales de la maricultura se beneficien del gas natural, pues podría levantarse una planta de refrigeración con producción de hielo en medio del desierto que valorizaría las conchas de abanico extraídas por la mayor conservación en el tiempo.

En resumen, Piura está experimentando un crecimiento económico con mayores inversiones privadas que se reforzarán con la modernización de la Refinería de Talara de PetroPerú, ello demanda seguridad energética con una mayor producción de electricidad aprovechando los recursos como el gas asociado. Por tanto, con los mayores volúmenes comercializados de gas natural por empresas como Petrolera Monterrico, Olympic, Savia Perú, y otras como Petrobras, Graña y Montero, Sapet no solo se justifican las mayores inversiones en la generación eléctrica como las de Eléctrica de Piura (EEPSA) por 120 millones de dólares para la reserva en frío de una unidad con una potencia instalada de 200 megavatios (MW).

Es también la oportunidad para sustituir la generación de electricidad térmica en la región como la Central Térmica de Piura que con una potencia instalada de 49.1 MW que utiliza petróleo residual, la Central Térmica de Sullana que tiene una potencia instalada de 8.5 MW y la de Paita de 5 MW que funcionan también a petróleo residual o diesel.

Se debe asumir que no puede existir una real política de inclusión social si la mayor parte de la población de un país y una región no cuentan con el servicio eléctrico adecuado con energía limpia y barata, que solamente se puede obtener con la masificación del gas natural.

FORO: "CAMBIO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA Y NUEVAS INVERSIONES EN LA CUENCA NOROESTE"

2011-12-07T15:40:00.000-08:00

Estimados amigos:

Comparto con ustedes la exposición que realicé el día 05 de diciembre de 2011 en el Colegio de Ingenieros de Piura.

Para acceder a dicho documento sírvase visitar el siguiente link:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B-hDwkHXhX1qNzEzMTViNjctMWRhNy00MzUzLWJmZjUtZTliOWM2MzJlYzBi&hl=en_US&pli=1

Agradeceremos sus comentarios y amable difusión

JMZ

CAJAMARCA: LA DELGADA LÍNEA ROJA

2011-11-26T09:53:00.000-08:00

¿AGUA SÍ, MINERÍA NO?

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM, y Consultor)

“(…) ¿Qué es más importante, el agua o el oro?… Ustedes no toman oro, no comen oro, pero nosotros tomamos agua y de ahí salen la leche, salen los quesos, sale la riqueza, la agricultura necesita el agua (…)” Discurso en la campaña electoral en Bambamarca de Ollanta Humala abril del 2011

Estas fueron las palabras que utilizó el candidato Ollanta Humala en la campaña electoral para ganar el voto campesino de uno de los departamentos más poblados y más pobres del Perú. En verdad, el apoyo reciente del Presidente al proyecto Conga ha generado una profunda decepción en los miles de ciudadanos que creyeron en la renovación de la política criolla, y el respeto al voto popular. Esta práctica es una larga tradición en la política peruana donde para llegar al poder se ofrece el “oro y moro”, pero una vez sentado en Palacio de Gobierno otra es la visión del interés público.

Lo que está pasando en Cajamarca con la oposición de la población campesina al proyecto Conga de Mra. Yanacocha tiende al desborde popular con efectos multiplicadores en otros departamentos que cuestionan en la base el modelo extractivo primario exportador, con pobre contribución tributaria, con un débil valor agregado, contaminante por la laxitud y relajo del propio Estado en la fiscalización y regulación ambiental, como que existen en el país más de 6,847 pasivos mineros que afectan 65 cuencas hidrológicas, siendo Cajamarca el más impactado con 976 pasivos, según la exposición del Ministro de Medio Ambiente del 22 de noviembre ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República.

Esta imagen negativa de la minería en Cajamarca se potencia por los pésimos antecedentes de la empresa acostumbrada a “la compra de tiempo y autoridades”, con un servicio de información y espionaje que constituye un poder paralelo al gobierno regional. Indebidamente blindada por los contratos de estabilidad jurídica y tributaria le debe al fisco más de 400 millones de nuevos soles por

regalías no pagadas desde el 2005 al 2011, que deben ser restituidas al departamento y al Tesoro Público.

La imagen de una empresa abusiva y prepotente que compró a inicios de los años noventa las tierras campesinas con un contenido de oro y plata a 100 dólares la hectárea, aprovechándose de la ignorancia de los pobres; que ha contaminado las aguas, los ríos y lagunas del entorno con sus operaciones, que ha generado desastres ecológicos como el de Choropampa con el derrame de mercurio donde nunca se sabrá la cantidad de mercurio vertido. Y, si a ello se agrega el resentimiento que sus actividades genera en el ámbito tradicional de Cajamarca, con los altos ingresos de sus trabajadores, con el cambio de la vida cotidiana donde la tranquilidad da paso a una vorágine urbana, donde el costo de vida se incrementa haciendo relativamente más pobres a los que perciben una remuneración estatal. Esta constituye una fórmula explosiva para los conflictos sociales recurrentes en el tiempo.

Todo este descontento se acumula y en un momento determinado las fuerzas explosionan, como la energía subterránea que hace posible la erupción en los volcanes. En tal sentido, estamos en un momento donde se ha llegado al pico del conflicto y se requiere el análisis frío para restaurar heridas, fomentar el diálogo y reconocer autocríticamente los múltiples errores cometidos por las partes, y buscar una salida donde todos ganen, un “win win”.

UN GOBIERNO DEBILITADO

En primer lugar, el gobierno debe reconocer que ha manejado mal el conflicto social. Se podría decir que todos han jugado para los intereses mineros, desde el empresario Ing. Salomón Lerner que no tiene la experiencia política necesaria, y pareciera que le queda grande la responsabilidad de Presidente del Consejo de Ministros. Sus afirmaciones al inicio del mes de noviembre contribuían al incendio de la pradera. Sin la revisión del estudio de impacto ambiental prometida por el titular de Medio Ambiente, decía el proyecto Minas Conga “va sí o sí”.

La solicitud de renuncia por pedido expreso del Presidente de la República en la última semana de noviembre al asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros, Carlos Tapia por su simpatía

declarada con las protestas cajamarquinas expone la fragilidad y susceptibilidad que provoca el asunto de Minas Conga a nivel oficial, donde no se aceptan disidencias y puntos de vista diferentes.

En la misma línea las múltiples declaraciones del ministro de Energía y Minas, Ing. Herrera Descalzi, que puede ser un excelente ingeniero especializado en generación eléctrica como que ha sido reconocido consultor del grupo Endesa, pero que desconoce de negociación estratégica y manejo de conflictos mineros. Es más, en el clímax del conflicto comete el error infantil de viajar en el mismo avión del inefable Roque Benavides, generando el desconcierto y el malestar de la población que percibe tales actos como la adopción de la posición de Yanacocha.

En el mismo sentido, los desacuerdos entre el titular del sector con la viceministra, Ing. Susana Vilca debilita la presencia del gobierno ante un conflicto que nunca debió desbordarse. Es más, la falta de transparencia de la viceministra en su declaración de alta funcionaria sobre sus concesiones mineras le resta credibilidad y confianza ante la opinión pública. A este nivel no tendría la autoridad moral para manejar los futuros conflictos mineros como ha sido la práctica en el Ministerio de Energía y Minas.

En el pasado los viceministros de minería han enfrentado en primera instancia los conflictos (R. Mucho, R. Padilla, F. Isasi, F. Gala) y después el titular del sector aparecía al final cuando la negociación estaba madura. Hoy la figura del ministro está “quemada” por no decir devaluada.

Al nivel de las autoridades de gobierno regional y local que también conforman parte del Estado, las responsabilidades son compartidas y se están jugando su futuro político. Si bien el Presidente Regional Gregorio Santos es un reconocido dirigente del Partido Comunista del Perú (Patria Roja), que tiene una larga tradición de lucha contra Mra. Yanacocha sus posturas radicales no tendrían el apoyo mayoritario de la población, y más tarde o temprano tendrá que sentarse a negociar. Por ello, la empresa apostó por otros candidatos pues en sus proyecciones sabía lo que representaba tener un candidato opositor y crítico del modelo extractivista.

En el frente antiminero ocupa un papel central del padre Marco Arana que ha presentado sus expectativas electorales aspirando a la formación del partido propio denominado “Tierra y Libertad”, con un sólido financiamiento internacional que van desde Oxfam, la fundación Soros y cooperantes, lo que le ha permitido constituirse en un referente nacional con su posición fundamentalista en la defensa del medio ambiente.

Prácticamente con su posición ambiental todo proyecto minero en cabecera de cuenca resultaría inviable por la supuesta afectación de ríos y lagunas, así se cumplan estrictas normas ambientales y se asegure el abastecimiento de agua. En otras palabras muchos de los proyectos mineros resultarían “per se” insostenibles en el tiempo. Por el número de pasivos mineros no tratados en nuestro país y la difusión de la minería informal, resulta legítima su preocupación ambiental.

Están otros actores que pugnan por el liderazgo regional alcaldes provinciales y distritales más dirigentes de los llamados Frentes de Defensa con movimientos campesinos que debieran conocer la relativa importancia que tiene la actividad minera en la generación de ingresos para Cajamarca por concepto de canon, regalías y derechos de vigencia. Es más, con la información proporcionada por el propio Ministro de Economía y Finanzas, el gobierno regional tendría más de 1,000 millones de nuevos soles no ejecutados, montos que resultan hartos necesarios para el desarrollo y lucha contra la pobreza.

¿QUÉ REPRESENTA LA MINERÍA?

Si bien en nuestro país la figura del canon minero ha sido metamorfoseada pues está en función del impuesto a la renta realmente abonado por la empresa minera. Así, por ley el 50% del impuesto a la renta se transforma en canon, ergo el canon no lo paga la empresa sino el Estado. A pesar de tal distorsión jurídica que se remonta al 2002, los ingresos por canon en Cajamarca entre el 2004 a octubre del 2011 ha transitado de los 182 millones a los 454 millones de nuevos soles, teniendo su pico en el 2007 cuando sumaron los 585 millones, a pesar de la pertinaz disminución de la producción aurífera de Mra. Yanacocha.

En el cuadro de los “Recursos Generados y Transferidos Gracias a la Actividad Minera Energética en Cajamarca” se exponen los montos transferidos por canon, regalías y derechos de vigencia más el canon hidroenergético, sin considerar el llamado Aporte Voluntario ni las remuneraciones pagadas por las mineras a sus trabajadores ni las compras locales. Se exponen los ingresos transferidos por el gobierno central a los gobiernos locales y al gobierno regional.

Si bien el canon minero resulta el recurso transferido más importante desde el 2009 las regalías mineras se incrementan gracias a la presencia de la minera australiana Gold Fields y al término de los contratos de estabilidad jurídica de los primeros yacimientos de Mra. Yanacocha. Por ello, las regalías en el 2009 representan 15 millones de nuevos soles para trepar a los 59 millones en el 2010 y al mes de octubre del 2011 suman los 68 millones.

Se debe tener presente que en la distribución del mal llamado canon minero el 10% le corresponde al distrito donde opera la mina, que en el caso de Mra. Yanacocha le correspondería el grueso al distrito de La Encañada; el 25% se distribuye a la provincia y sus distritos donde opera la empresa minera y el 25% le corresponde al gobierno regional.

A este nivel el 25% del canon minero que se distribuye al gobierno regional entre el 2004 al mes de octubre del 2011, resulta equivalente a 667 millones de nuevos soles, es decir un promedio de 83 millones de nuevos soles en casi 8 años. Un monto que de ninguna manera compensa el deterioro ambiental, con el agravante que siendo una participación sobre el impuesto a la renta, el canon no representa ningún costo adicional para la empresa, por ello gratuitamente y graciosamente sus voceros se atribuían el abono del canon minero.

A pesar de todas estas distorsiones los recursos transferidos a los gobiernos locales de Cajamarca, generados por la actividad minera energética constituyen más del 50% del total de transferencias realizadas por el gobierno central. Así, en el 2004 representaron el 48% del total transferido en el 2007 fueron equivalentes al 73% para disminuir a una participación del 53.7% en lo que va del 2011.

Por ello, siendo los recursos generados por la actividad minera los más importantes a pesar de todas sus distorsiones, bien vale la pena repensar sobre las fuentes alternativas si es que se asume la posición contraria a toda actividad minera en cabecera de cuenca hídrica. ¿De dónde se obtendrían los recursos para financiar el desarrollo regional y la construcción de ventajas competitivas?

A veces me interrogo si no fuese Mra. Yanacocha la empresa interesada en Minas Conga la oposición al proyecto tendría tanta rabia contenida, atravesaría al grueso de los sectores integrantes de la sociedad cajamarquina. En verdad, hay que restablecer el diálogo con el costo político que ello supone, y someter el estudio del impacto ambiental a consulta de una autoridad internacional competente, técnicamente calificada que no tenga ningún interés de parte.

LA CONGA CON YANACOCHA Y EL GOBIERNO PARTE II

2011-11-19T06:37:00.000-08:00

EN MENOS DE 5 AÑOS RECUPERÍA LA INVERSIÓN

ESCRIBE. JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

Desde la posición “agua o minería”, alimentada en la campaña electoral por el candidato Ollanta Humala en la propia provincia de Celendín-Cajamarca en abril pasado, donde afirmaba que “el oro no se come”, y asumía la posición de la población campesina, de las ONGs ambientalistas, y autoridades locales en un rechazo al proyecto Conga, hemos pasado a una toma de posición de “agua y minería”, como alternativas válidas sin exclusiones. Donde el proyecto si o si, de todas maneras se desarrolla, con previos ajustes al estudio de impacto ambiental, e incidiendo en la preocupación legítima sobre el futuro de los recursos hídricos.

Ello evidente no se resolvería en 15 días como afirmara a inicios de mes el titular de ministerio de medio ambiente, con las correcciones o maquillaje al estudio de impacto ambiental que tiene más dudas que certezas. De allí que el próximo 24 de noviembre se paralizará la región Cajamarca contra la minera Yanacocha, el gobierno central y el declarado apoyo al proyecto Conga.

En verdad, el problema es más complejo y debiera servir para resolver de una vez por todas, la debilidad del Estado frente a la promoción de la inversión minera, donde éste aparece subsumido por los intereses de las empresas transnacionales. En especial, los altos funcionarios como ministros, viceministros de minería, directores de asuntos ambientales, directores generales etc. han sido funcionarios privados que hacían un “stage” en el ministerio del sector, para luego regresar a la actividad privada.

En tal sentido, sería gravísimo para la credibilidad y legitimidad del nuevo gobierno la confirmación de la titularidad de la actual viceministra de minas en varias concesiones mineras. Ello se sumaría a la presencia de varios congresistas con intereses mineros informales en departamentos mineros como Madre de dios y Puno. Lo cual demostraría la fragilidad y la improvisación en la elección de los cuadros del partido de gobierno.

La debilidad del Estado en particular en ministerios claves como energía y minas, se agudiza cuando por un lado promocionan la inversión privada señalando cifras plenas de optimismo que no se condicen con la realidad. Importantes proyectos mineros como Quellaveco, Michiquillay, Rio Blanco, Tía María y otros se promocionan como en la década de los noventa del siglo pasado sin consulta previa y con estudios de impacto ambiental ad hoc.

El ministerio del sector por un lado promueve la inversión y de otro lado tiene que realizar el estudio de impacto ambiental, y la fiscalización de la actividad minera en condiciones precarias con crónicas faltas de presupuesto y personal. Por ello, los estudios de impacto ambiental son realizados por empresas especializadas cuyos honorarios son asumidos por las propias empresas mineras. Esto de por si debiera generar legítimas preocupaciones, pues hay un dicho popular de “quién paga, manda”.

En el mismo sentido, la propia información económica sobre los proyectos mineros, sea sobre producción, rentabilidad, reservas, impacto ambiental, empleo, tributos a pagar, lo realizan las propias empresas mineras, y el Estado solamente recepciona esta documentación, en particular la referente a las reservas y la vida útil de los yacimientos. Resulta curioso por ello que el titular de los recursos naturales a nombre de la Nación no tenga la capacidad de estimar autónomamente las reservas, igual sucede con las reservas gas natural de Camisea.

Si bien los estudios de impacto ambiental son tercerizados a empresas especializadas y registradas en el ministerio, sus servicios son abonados por las propias empresas y sometidos a una aprobación por parte de los funcionarios del sector de energía y minas. Al margen de la complejidad técnica, de los estudios de suelos, geología, recursos hídricos, aire, destino de relaves, dotación de energía etc expuestos en los estudios de impacto ambiental que pueden sumar varios tomos, existe una crónica debilidad de la direcciones ambientales del ministerio sea de personal, presupuesto, alta rotación de funcionarios, presencia de lobbys empresariales etc.

En un Estado fuerte y organizado los estudios económicos y ambientales los tendría que haber realizado el propio Estado, a través de sus ministerios de economía y finanzas, energía y minas y del medio ambiente respectivamente. Esta debilidad en la supervisión y fiscalización de parte del Estado le resta capacidad negociadora ante la propia empresa, la opinión pública y frente a la propia población campesina. A esta realidad, Jorge Basadre la denominaba ¡Estado Empírico!.

Por ello, se debiera regresar a la pregunta inicial sobre la valorización económica y social de los recursos naturales. Al no evaluarse adecuadamente los recursos naturales nos encontramos entre el fundamentalismo liberal de mercado, con el afán de explotar aceleradamente los recursos mineros en el menor tiempo posible, y el radicalismo ambiental, de oposición ideológica a toda actividad minera en cabecera de cuenca. Con tal posición se asume por principio la inviabilidad a los principales proyectos mineros que el crecimiento económico del país requiere.

¿POR QUÉ LA CONGA?

En el caso de Mra. Yanacocha y el proyecto Conga se debe reconocer la importancia que tiene para Newmont y el grupo Buenaventura la explotación de minas Conga ante la pertinaz disminución de la producción aurífera de la minera. Al margen del agotamiento natural y rendimientos marginales en los primeros yacimientos de Mra. Yanacocha tales como San José, Carachugo, Maqui Maqui, la Quinua, el incremento de la producción constituye un imperativo categórico del capital de allí la importancia de la explotación de minas Conga.

El proyecto de minas Conga requiere de US$ 4,800 millones según las fuentes empresariales y aportaría a la empresa entre 600 a 700 mil onzas adicionales al año de oro y más de 100 mil toneladas de cobre en promedio durante los 17 años de duración de las operaciones, que serían rápidamente recuperados.

Ello significaría que con los precios actuales del oro por encima de los 1,721 dólares la onza y más de 7,500 dólares la tonelada de cobre, se tendrían ingresos anuales sobre los 1,900 millones de dólares y excedentes brutos o ganancias brutas de casi 1,400 millones de dólares por año, a los cuales habría que deducir los gastos administrativos, los gastos financieros y el abono del impuesto a la renta. Con todo, ello significaría que en menos de cinco años se recuperaría la inversión, y los doce años restantes constituirían ganancias líquidas, pero la pregunta relevante debiera ser: ¿y qué pasa con el costo ambiental?.

De allí la legítima preocupación ambiental sobre el destino de las aguas subterráneas, y las lagunas que serán licuadas y cuya hidrología se ha formado en cientos de años. Por tanto uno se interroga y después de la explotación minera ¿qué queda? Sobre todo si para obtener un poco más de un gramo de oro se remueve una tonelada de tierra con uso intensivo de agua.

Como resulta lógico el interés de la empresa es maximizar las utilidades, valorizar el capital con los menores costos de producción, obtener una mayor rentabilidad privada para sus accionistas y minimizar el abono de impuestos y regalías.

En este juego, cabe preguntarse si el Estado ha valorizado los costos y beneficios de la explotación de las reservas de Minas Conga de manera seria y sustentable. Por la información que se conoce sobre regalías e impuesto a la renta que generaría el proyecto al fisco sería un promedio anual de US$ 172 millones de dólares en los 17 años de duración del proyecto. Es decir, de la utilidad bruta anual de 1,400 millones de dólares el Estado apenas captaría el 12%, es decir 172 millones dólares.

Cabe interrogarse si un estimado de 2,230 millones por concepto de impuesto a la renta y aproximadamente 630 millones por regalías que serían los montos que percibiría el fisco durante la vida productiva del proyecto compensarían los daños ambientales, el secamiento de las lagunas, el destino de los relaves, la transformación del hábitat natural, y el comportamiento de las aguas subterráneas. Por ello, cabe preguntarse ¿Cuál sería el futuro de las cuencas hídricas y las zonas de influencia que se abastecen de tales aguas?, constituye una legítima preocupación al margen de cualquier radicalismo ambiental. Es de suponer que un sólido estudio de impacto ambiental debiera resolver tales cuestiones.

Con un estudio de impacto ambiental solvente realizado y pagado por el Estado o realizado por una autoridad internacional reconocida, con las acciones de mitigación ante los posibles efectos negativos de la irrupción minera, con la aplicación de la ciencia y tecnología se demostraría la viabilidad del proyecto de Minas Congas, y de otros proyectos mineros que se ubican en las cabeceras de cuenca hídrica. Sin embargo, debiera superarse la debilidad institucional del Estado en la promoción, fiscalización y supervisión minera, en particular la ridícula participación del fisco en la renta minera en relación a los ingresos y utilidades estimadas por Mra. Yanacocha.

YANACOCHA NECESITA LA CONGA Y EL PERÚ TAMBIÉN

2011-11-05T17:11:00.000-07:00

CANON SÍ, MINERÍA NO (Parte I)

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

Si hubiese una correcta y seria evaluación ambiental en especial de la valorización de los recursos naturales, especialmente de los no renovables como el oro, la plata, el cobre y los efectos de su explotación sobre el espacio, en la tierra, los recursos hídricos y la vida campesina, los acontecimientos vividos en las últimas semanas en Cajamarca hubiesen tenido otro final. El balance de los costos y beneficios de la explotación minera en el corto, mediano y largo plazo determinaría su viabilidad económica, social y ambiental

Es evidente que existe una posición contraria a la actividad minera especialmente en las cabeceras de cuenca hídrica, como también existe una radical oposición a la construcción de centrales hídricas en la Amazonía. En tal sentido, el discurso ambiental, en defensa del equilibrio hídrico, de las fuentes de agua naturales resulta fundamental para la reproducción en especial de las actividades agrarias y ganaderas.

Es más, resulta contradictoria la existencia de la riqueza natural y la pobreza social. Solo como información ilustrativa se puede señalar que el departamento de Cajamarca ocupa el puesto número 20 de los 25 departamentos (incluyendo la provincia constitucional del Callao), en la estimación del Índice de Desarrollo Humano (IDH), el indicador más completo para medir la pobreza, y también tiene el triste privilegio ser el departamento con menor cobertura eléctrica. Solamente el ingreso per cápita promedio en la provincia de Celendín es de 157 nuevos soles al mes, un poco menos de dos dólares diarios que podrían elevarse con los ingresos directos e indirectos que generaría el proyecto Minas Conga.

Desde nuestro punto de vista, la minería constituye una posibilidad de desarrollo por la demanda agregada que genera en su construcción y durante la vida útil de los yacimientos. A través de las inversiones, impuestos y sueldos y salarios de sus trabajadores genera “poder de compra” en la economía campesina, regional y nacional. Por ello, quienes se oponen a la actividad minera debieran señalar las fuentes alternativas de empleo e ingresos sobre los 4,000 metros.

En tal sentido, un estudio solvente del impacto ambiental de la actividad minera demostraría las ventajas económicas sobre las externalidades negativas. Sirva el caso de Mra. Antamina que para su construcción 1998-2001 se tuvo que desaguar una laguna parecida a las que rodean el proyecto de Minas Conga. Ello también exigía trasladar a la población de la comunidad de Ango Raju de sus tierras ancestrales, y en la hoya natural dejada por la laguna yacían las reservas de cobre, zinc y molibdeno que se obtienen.

Podemos discrepar si la Mra. Antamina abona lo suficiente al Estado en impuestos, dado que no abona regalías por estar blindada por los contratos de estabilidad jurídica. Se puede discutir la facilidad con la que el Estado transfirió un yacimiento por un valor de US$ 20 millones para privilegiar una inversión que fue equivalente a casi 2,300 millones de dólares.

Es decir, podemos tener puntos de vista divergentes sobre el débil valor de retorno de la actividad minera en nuestro país. Pero lo que habría que rescatar e interrogarse al respecto: ¿Cuál ha sido el impacto ambiental por haber trasladado toda una laguna? ¿Qué efectos nocivos y perniciosos ha tenido el traslado de una laguna donde ahora se desenvuelve la Mra. Antamina? Es más, algún organismo público o privado ha valorizado los efectos económicos, sociales del impacto ambiental. Ello ayudaría mucho para superar las objeciones sobre todo fundamentalistas a los proyectos mineros.

Esto es importante para un debate serio que al margen del legítimo interés privado de las empresas, se coloque por encima el interés público, los intereses del país frente a la explotación minera. Resulta obvio que los principales interesados son las poblaciones locales, cercanas al proyecto minero que demandan empleo, mayores ingresos para luchar contra la pobreza.

¿CÓMO ABORDAR EL PROBLEMA?

Lo que está pasando con la oposición al proyecto de Minas Conga debiera analizarse en perspectiva y desde los varios puntos de presión e intereses contrapuestos, para superar el “diálogo de sordos” imperante, la violencia desatada, donde los intereses campesinos, de autoridades locales, del gobierno regional, los frentes de defensa, la empresa, los trabajadores mineros, y del gobierno central, expresan posiciones divergentes, y hasta antagónicas.

Se sostienen versiones con medias verdades, que encubren aspiraciones de ganancias políticas y claro está, económicas. Para la empresa Mra. Yanacocha la producción futura de Minas Conga resulta esencial para compensar la menor producción aurífera que está obteniendo de sus operaciones a pesar de los altos precios del oro. Al margen del agotamiento natural y rendimientos marginales de sus primeros yacimientos, la gravedad de los conflictos sociales explica las limitaciones para su expansión y la drástica disminución de la producción aurífera tal como se puede observar en el cuadro “Minera Yanacocha Necesita La Conga”

En el 2005 Mra. Yanacocha producía un poco más de 3.3 millones de onzas finas de oro, que al 2008 disminuyó dramáticamente pasando a 1.8 millones, para luego alcanzar 1.4 millones de onzas en el 2010. Es decir, entre el 2005 al 2010 la producción ha disminuido en un 55%, es decir más de la mitad. De allí, el interés de Newmont y Mra. Buenaventura en el desarrollo de Minas Conga para compensar los menores ingresos y utilidades que no se están percibiendo a pesar de los astronómicos precios del oro.

Como resulta lógico el interés de la empresa es maximizar las utilidades, valorizar el capital, obtener una mayor rentabilidad privada para sus accionistas. En este juego, cabe preguntarse si el Estado ha valorizado los costos y beneficios de la explotación de las reservas de Minas Conga. Pues la información que se conoce sobre regalías e impuesto a la renta que generaría el proyecto al fisco sería un promedio anual de US$ 172 millones de dólares en los 17 años de duración del proyecto. Un estimado de 2,230 millones entre regalías y canon en la vida útil.

Esto es bajo el supuesto de la vida útil del proyecto, según la información proporcionada por la propia Mra. Yanacocha sobre el Proyecto Conga, que no puede ser contrastada por el propio Estado. Por ello, que falta hace el Instituto Nacional de Planificación para hacer planeamiento estratégico desde una visión de Estado moderno. Ver Cuadro: “Importancia del Proyecto Conga”

Lamentablemente esta información es de la propia empresa y no de los estudios económicos que tendría que haber realizado el propio Estado, a través de sus ministerios de economía y finanzas, energía y minas y del medio ambiente. Esta debilidad de la supervisión y fiscalización de parte del Estado le resta capacidad negociadora ante la propia empresa y ante la propia población campesina, en la misma línea de la torpeza del ministro de energía y minas de viajar en el avión privado de la empresa.

Por ello, se regresa a la pregunta inicial sobre la valorización económica y social de los recursos naturales. Al no evaluarse los recursos naturales nos encontramos entre el fundamentalismo liberal de mercado, con el afán de explotar aceleradamente los recursos mineros, y el radicalismo ambiental, de oposición ideológica a la actividad minera en cabecera de cuenca.

Este conflicto también es un tema que tiene réditos políticos, siendo uno de los actores la posición encarnada por el padre Arana y los organismos ambientalistas que han mostrado legítimos intereses políticos electorales, utilizando la bandera ambiental, desde Tierra y Libertad, y otros movimientos políticos de izquierda.

Cuenta a su favor la pésima imagen y los antecedentes negativos desde los pasivos ambientales a tragedias como la de Choropampa, Combayo, Cerro Quilish; con la presencia abusiva y prepotente de Mra Yanacocha en Cajamarca, comprando tiempo y autoridades, irrumpiendo la vida tradicional del departamento, con externalidades negativas, producto de la cercanía de la actividad minera con la capital (altos precios de alquileres, violencia urbana, agitada vida nocturna, etc.)

En este contexto también operan los representantes de los gobiernos locales y regionales que levantando la bandera de la imposibilidad de la inversión minera, que con o sin estudios geológicos serios, tratan de encubrir sus limitaciones en la gestión municipal y regional. Estas autoridades acostumbradas a la protesta y oposición, hoy son parte del gobierno, de un “estado burgués y burocrático”, que tienen que administrar con capacidad y eficiencia. En especial de los recursos generados por la minería en Cajamarca, sea por Mra. Yanacocha, Gold Fields y otras mineras. Después de todo, la cuestionada actividad minera en Cajamarca ha generado importantes recursos sea por canon, regalías y derechos de vigencia, al margen de las compras locales y remuneraciones pagadas. Si en el 2006, la suma del canon minero, regalías y derechos de vigencia significaban los 365 millones de nuevos soles, en el 2010 superaban los 498 millones, con tendencia al incremento en el marco del nuevo marco tributario donde Mra. Yanacocha tendrá que pagar un gravamen minero aplicado sobre la utilidad trimestral.

En tal sentido, la pregunta pertinente está en relación: ¿Cuántos de estos recursos mineros regresa a la población local, en especial del entorno a las operaciones mineras? En la misma línea ¿Cuál ha sido y cuál es el nivel de ejecución de las transferencias del gobierno central a los gobiernos locales y regional, que han pasado de 559 millones en el 2006 a más de 1,018 millones de nuevos soles para Cajamarca, considerando que los recursos mineros representan casi el 50% de las transferencias que perciben los gobiernos locales y la región?

Por ello, cabe preguntarse en el caso de la postergación del proyecto de Minas Conga, de Tía María, de la ampliación en la capacidad de planta de Southern Perú Copper y otros proyectos mineros: ¿Dónde está el interés público? Es posible el desenvolvimiento de la actividad minera, de un modelo primario exportador, con un pobre valor de retorno y altos costos ambientales. Esta cuestión es la que debiera estar en debate.

EPÍLOGO

Al presente gobierno le están pasando la factura las expectativas desatadas durante la campaña electoral, que en el caso minero transitaba desde el impuesto a las sobreganancias, la revisión de los contratos de estabilidad jurídica, el estricto respeto ambiental y la participación de la población en la llamada consulta previa a los pueblos impactados.

La postergación a las calendas griegas constituiría una expresión de la imposibilidad del desarrollo de nuevos proyectos mineros, sobre todo en las cabeceras de cuenca por la posición ideológica del radicalismo ambiental. Con la oposición a la actividad minera con o sin argumentos pierde no solamente la empresa minera. Resultan también perdedores, los gobiernos locales que requieren mayores recursos por canon y regalías, también pierden los propios campesinos que se reproducen en extrema pobreza, con ingresos menores a dos dólares diarios en Celendín.

También resultan afectados los trabajadores directos e indirectos, la industria que sirve con bienes y servicios a los proyectos mineros, y en su conjunto la sociedad de Cajamarca. Evidentemente se afecta el gobierno central por los menores efectos ingresos fiscales a futuro, y el mismo crecimiento económico en un contexto internacional amenazado por la recesión mundial.

Por ello, habría que preguntarse ¿cuántos puntos de crecimiento económico en el PBI se explicarían por la postergación indefinida de los proyectos mineros como: La Conga, Tantahuatay, Michiquillay, Galeno, Rio Blanco, Tía María, la ampliación de Southern, Quellaveco, etc.?

Los Desafíos de la Inversión Hidrocarburífera en Sechura

2011-11-02T11:20:00.000-07:00

POR LA MASIFICACIÓN DEL GAS NATURAL

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador de UNMSM)

El viernes 28 de octubre participé como expositor en el Fórum “El Desarrollo de Sechura y los Desafíos de la Inversión Regional”, evento organizado por la Municipalidad Provincial de Sechura, la Cámara de Comercio de la provincia y la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. La inauguración estuvo a cargo del señor alcalde provincial José Pazo Nunura, y contó además con la presencia del Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Regional, economista Froylán Ayala y el testimonio de David García Niño, Gerente General de Gastalsa empresa especializada en la distribución de gas natural en la ciudad de Talara, hasta que le fuera enajenada la concesión para favorecer a la Eléctrica de Piura del grupo Endesa.

La importancia de un evento se puede estimar por la difusión de las propuestas, la información expuesta, por la calidad y cantidad de los asistentes presentes en el acto, pero sobre todo por la capacidad de provocar en la opinión pública, autoridades y líderes regionales una serie de interrogantes, sobre la necesidad de cuestionar las ideas y conceptos tradicionales que obstaculizan alcanzar el crecimiento económico sostenido y la superación de la pobreza. ¡No hay nada más difícil que cambiar que las viejas ideas!.

En este caso, también expresaría la importancia que está adquiriendo Sechura como centro receptor de inversiones mineras con la presencia de la empresa brasileña Vale, de significativos ingresos obtenidos por las empresas pesqueras y de maricultura, pues esta provincia es la más importante productora de conchas de abanico, a nivel doméstico. A ello se debiera sumar el potencial hidrocarburífero (petróleo y gas) que yace en el subsuelo de su territorio, y la presencia de una serie de empresas petroleras con actividades de exploración, con una modesta producción de crudo y gas natural.

Al respecto se expone un cuadro de las empresas que despliegan actividades de explotación y exploración en Sechura con los montos de inversión realizados al 2010, destacando la presencia de Olympic Perú con una producción de 4,200 barriles diarios y un poco más de un millón de pies cúbicos diarios, y Savia Perú con las más importantes inversiones tanto en el lote Z-2B con 184 millones de dólares, como en el Z-6 por 76 millones de dólares entre el 2002 al 2010. Ver “Sechura: Inversiones en Exploración y Explotación de Hidrocarburos Costa Norte y Zócalo Norte”.

En Sechura con información preliminar habría más de 2.1 trillones de pies cúbicos de gas natural (TCF), es decir casi el equivalente a las reservas probadas del lote 56 (Pagoreni) de donde se están extrayendo más de 500 millones de pies cúbicos diarios de gas natural para la exportación. Ello significaría que la provincia podría convertirse en el nuevo centro gasífero del país si se promueven las inversiones exploratorias con el debido respeto ambiental y social, y se supera creativamente la legítima preocupación de los pescadores artesanales de la zona frente a la construcción de gaseoductos marinos.

En verdad, resultó ilustrativa la participación del gerente de la empresa Gastalsa sobre la importancia de la masificación del gas natural en Sechura, no solamente para atender a la industria pesquera, las actividades mineras, sino también para satisfacer las necesidades de la población por medio de una red de distribución residencial. Su experiencia empresarial en la red de distribución con asesoramiento colombiano en la ciudad de Talara, antes de la llegada de Lima del gas de Camisea, ilustró sobre las ventajas del gas natural como combustible en el transporte, en las tarifas eléctricas, y en el medio ambiente.

El gerente García Niño introdujo el tema sustancial sobre el calentamiento global que tendrá efectos desbastadores en la economía agrícola y pesquera del país en general y de Piura en particular, si no se adoptan las previsiones del caso. Está demostrado por la ciencia que cada 20 o 25 años, la temperatura se eleva un grado centígrado, y el fenómeno es más grave sea por nuestra cercanía a la línea ecuatorial, la intensa deforestación de los bosques naturales, y la minería informal contaminante. Por ello, su recomendación sobre el desarrollo de ventajas competitivas en la población sechurana, a través de la educación de calidad para elevar las capacidades de trabajo, y su adaptación a nuevas actividades productivas. De allí, la importancia de la dotación de energía segura, oportuna a precios competitivos que permita la reconversión laboral y la industrialización.

De otro lado, el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Regional de Piura señaló la metodología que deben respetar los gobiernos locales para hacer realidad los proyectos de inversión en el marco de las normas presupuestales y del sistema de inversión pública. Se debe destacar que los cuatro proyectos en ejecución en la provincia de Sechura (2011-2012) aplicados en saneamiento, construcción de la vía de evitamiento local, construcción de centro educativo y mejoramiento del sistema de riego, por más de 14 millones de nuevos soles, se financian en lo fundamental con los recursos del canon y sobrecanon petrolero que en el 2010 representaron casi 21 millones de nuevos soles.

¿QUÉ HACER?

En un artículo anterior hacía mención al gran potencial en recursos naturales de Sechura y la teoría de la “maldición de los recursos naturales”, donde la riqueza natural convive con la pobreza de los pueblos. Esta provincia norteña no escapa a esta realidad, pues los ingresos mensuales familiares no superan los 330 nuevos soles mensuales, y si bien es verdad existe una importante producción de conchas de abanico con una producción superior a las 44 mil toneladas de langostinos y exportaciones superiores a los 90 millones de dólares según fuentes regionales, esta producción reproduce un equilibrio precario, sea por la contaminación humana, la falta de energía y su vulnerabilidad ante el cambio climático.

De allí, la importancia del cambio de la matriz energética que tenga en el uso intensivo del gas natural su columna vertebral. Ello supone aprovechar con racionalidad el potencial de los diversos recursos naturales. Con la experiencia internacional se puede demostrar la viabilidad de la explotación conjunta de la pesca y maricultura con la actividad de hidrocarburos, en especial de un recurso limpio como el gas natural que la explotación de fosfatos requiere. Es también la oportunidad para que las empresas pesqueras se reconviertan y utilicen el gas natural en lugar de quemar petróleo residual o diesel en sus calderos.

En este nuevo esquema resultaría beneficiada la población en su conjunto con una distribución domiciliaria, y los mototaxistas consumirían gas natural concentrado en lugar de las gasolinas que dependen de los altos precios del petróleo. Las amas de casa en lugar de pagar por un balón de gas licuado de petróleo (GLP) más de S/ 35 nuevos soles, podrían usar el gas natural abonando la mitad de precio, como sucede en Lima con el gas de Camisea.

Es más, con la nueva ley de homologación del canon y sobrecanon de hidrocarburos ley Nº 29693 del 2 de julio del 2011 todas las provincias de Piura percibirán a partir del 2012 mayores recursos para beneficio de los gobiernos locales, universidades públicas, institutos pedagógicos y gobierno regional. Por tanto, con mayores inversiones exploratorias se podrá convertir las reservas posibles y probables de crudo y gas en reservas probadas, se aumentará la producción para reducir el déficit de la balanza comercial de hidrocarburos y superar la falta de energía.

En resumen, a una mayor producción fiscalizada de petróleo y gas, mayores serán los recursos del canon y sobrecanon, favoreciendo prioritariamente a las provincias productoras. En tal sentido, Sechura podría tener igual o más recursos por canon que Talara si se confirma su potencial gasífero y se masifica el gas natural en beneficio del norte del Perú.

SECHURA Y LA MALDICIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

2011-10-26T17:20:00.000-07:00

INCREMENTAR EL CANON PETROLERO, MINERO Y PESQUERO

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador de UNMSM)

La provincia piurana de Sechura, al norte del Perú, es tal vez la expresión más clara del cumplimiento de la teoría de la maldición de los recursos naturales, pues tiene una riqueza única que van desde los fosfatos de Bayóvar, una pesca y maricultura de exportación, las mejores playas del litoral para los surfistas, fuertes vientos para generar energía eólica, un potencial de petróleo y gas natural no aprovechado que podrían ser equivalentes al gas natural del lote 56 de exportación en Camisea. A ello debiera sumarse la típica gastronomía sechurana y el turismo en una histórica provincia.

Sin embargo, los indicadores sociales consideran a Sechura como pobre si se estima la pobreza por los niveles de ingreso, pues en promedio se percibe menos de 330 nuevos soles mensuales por concepto de ingreso familiar, donde el 72% de las viviendas rurales carecen de energía y más del 63% de las mismas no tienen servicio de agua potable. Esta realidad puede y debe cambiar si se modifica la matriz energética y se explotan racionalmente los recursos naturales.

La economía energética confirma que “sin energía no hay desarrollo”. En las costas de Sechura se cultivan y extraen de manera artesanal más de 40 mil toneladas de conchas de abanico, que en gran parte se exportan a los exquisitos mercados de Europa y Norteamérica, aprovechando las ventajas del encuentro de las aguas frías de la llamada Corriente de Humboldt con las aguas calientes de la Corriente del Niño. Ello determina un espacio natural único en el mundo que permite la crianza de conchas de abanico, langostinos; actividades que tienen un efecto importante en la generación de puestos de trabajo, con más de 27 mil empleo directos e indirectos.

Si en Piura la producción de conchas de abanico, en el 2005, representaban 1,949 toneladas métricas, al 2010 la producción se incrementó exponencialmente sobre los 45 mil toneladas, siendo más del 90 % de la producción extraída de las costas de Sechura, con ingresos de exportación superiores a los 90 millones de dólares, según la subgerencia del gobierno regional de Piura. Estos ingresos de exportación se podrían incrementar sobre los 300 millones de dólares anuales con una explotación racional y la dotación de energía barata basada en la generación eléctrica a gas natural, y un mejor aprovechamiento de los recursos transferidos por canon, regalías y sobrecanon.

Sin embargo, esta importante producción, todavía artesanal en su mayor parte, requiere el apoyo del Estado para incrementar la producción, con mejores tecnologías y normas ambientales que permitan la explotación racional de un recurso natural renovable requerido por los mercados externos y la gastronomía de nuestro país. Ello es más urgente en la medida que no se cuenta con la energía necesaria, sin equipos de refrigeración adecuados que permitan la conservación de un recurso que depende mucho de las variaciones de la demanda externa y de los precios.

Mientras, el departamento de Piura no cuente con el abastecimiento seguro, oportuno, eficiente y competitivo de energía, no se podrán aprovechar al máximo el enorme potencial pesquero y de la maricultura. Por ello, resulta penoso reconocer que dicho departamento tiene un coeficiente de electrificación por debajo del promedio nacional en cobertura, incluso menor en relación a Huancavelica y Ayacucho, los departamentos considerados más pobres del Perú.

En tal sentido, la generación de electricidad en Piura y Tumbes resulta no solamente cara, pues las empresas que abastecen de energía al departamento utilizan todavía las turbinas a petróleo residual para producir electricidad, encareciendo los servicios sin la disponibilidad de energía competitiva para el desarrollo de la industria en general, y pesquera en particular. Esta situación se agrava con el déficit energético que ha llevado a reconocer la necesidad de comprar energía al Ecuador a precios alzados.

Esta realidad resulta una cruel paradoja, pues en Sechura a pesar de su alto potencial en hidrocarburos solamente se producen, según la información oficial al 2010, no más de 4,243 barriles diarios y un poco más de un millón de pies cúbicos diarios de gas natural (1.028 MMPCD), sobre todo provenientes del lote XIII bajo responsabilidad de la empresa norteamericana Olympic Petroleum. Con la información de PerúPetro, en los lotes del Zócalo Continental, frente a sus costas habría un potencial de más de 2 trillones de pies cúbicos (TCF) en reservas de gas natural; es decir, similar como el lote 56 de Camisea, que no se está aprovechando.

¿CÚANTO PERCIBE SECHURA?

A pesar de ciertos sectores que se oponen a la actividad de hidrocarburos, se debiera reconocer la importancia de la actividad en la transferencia de los recursos para los gobiernos municipales y provincial. Así, la provincia de Sechura ha percibido por concepto de canon y sobrecanon petrolero un promedio anual de 16 millones de nuevos soles entre el 2004 al 2010, teniendo su pico más alto en el 2008, cuando el canon sumó los 25.5 millones de nuevos soles. En tal sentido, si Sechura quisiera percibir más recursos por canon, las empresas productoras tendrían que invertir mayores montos para incrementar la producción de petróleo y gas.

Debiera ser evidente que con la entrada en vigencia de la nueva ley del canon y sobrecanon de hidrocarburos ley Nº 29693 del 2 de julio del 2011, se eleva el canon de 10% del valor de la producción al 15% del valor de la producción de petróleo y gas, incorporando además el 50% del impuesto a la renta pagado por las empresas petroleras, más el 50% del impuesto a la renta abonado por las empresas de servicios auxiliares y complementarios; así, el canon de hidrocarburos se incrementará sustantivamente para Piura, especialmente a la provincia de Talara, captando el 20% como subregión productora por la distribución vigente.

De allí la importancia para Sechura el fomento de la inversión en hidrocarburos con responsabilidad ambiental, social y tributaria para aumentar los recursos del canon y sobrecanon que, de lejos, constituyen los recursos más importantes percibidos por los gobiernos locales. A más producción más regalías y otros impuestos, por tanto un mayor canon petrolero.

Una mayor actividad de explotación de los recursos hidrocarburíferos y mineros, con la importación de maquinaria y equipo, trae consigo que las rentas de aduanas se constituyan en la segunda fuente de ingresos para la provincia como resulta evidente en el cuadro respectivo: “Ingresos Transferidos a Sechura por la Explotación de Recursos Renovables y No Renovables 2008-2010”, obteniéndose más de 5.2 millones de nuevos soles en el 2010.

Aunque pareciera una cruel paradoja, la tercera fuente de ingresos para la provincia y los gobiernos locales de Sechura está constituida por los derechos de vigencia mineros, siendo aportados en su mayoría por la empresa minera Miski Mayo S.R.L., cuyo mayor accionista es la brasileña Vale, pagando un promedio de 2.7 millones de nuevos soles entre el 2008 y 2010 por la concesión minera de los fosfatos de Bayóvar. Estos montos transferidos constituyen el 75% del abono por concepto de los derechos de vigencia, la diferencia se destina al Ministerio del sector y el Ingemmet.

El canon pesquero ocupa el cuarto lugar de importancia, por los recursos transferidos, sumando 965 mil nuevos soles en el 2009 y un poco más de 844 mil nuevos soles en el 2010. Por ello, la necesidad de incrementar los recursos provenientes del canon pesquero que dependen de los derechos de pesca y del impuesto a la renta que abonan las empresas pesqueras.

En resumen, la provincia de Sechura tiene un enorme potencial pesquero y de maricultura que debe superar las limitaciones de energía, y la ausencia de un sistema de refrigeración que permita la conservación de los productos marinos. Por otro lado, el gran potencial de hidrocarburos sobre todo de gas natural, debiera ser aprovechado para cambiar la matriz energética en la región, generando electricidad de forma limpia y barata al departamento en su conjunto. Por ello, se impone la necesidad de sumar esfuerzos conjuntos, hacer sinergias que potencien el desarrollo de las ventajas competitivas de la provincia, con el debido respeto del equilibrio ambiental, elevando los niveles de empleo de calidad, aumentando los ingresos de la población, teniendo como base una nueva matriz energética, aprovechando el gas natural que abunda en la región.

PERÚ: REGRESIVIDAD EN LA DEFENSA DEL INTERÉS PÚBLICO

2011-10-19T20:25:00.000-07:00

El Nuevo Marco Tributario Minero Amigable

Escribe: Jorge Manco Zaconetti (Investigador UNMSM)

He sido testigo de excepción de lo mucho que se tuvo que trabajar para la vigencia de la ley de regalías mineras aplicadas sobre el valor de los concentrados o su equivalente, ley Nº 28258, recién aprobada en junio del 2004, cuando los proyectos de ley se redactaron en los primeros meses del 2002, en un horizonte deprimido de precios; y el objetivo fundamental de la misma era compensar a la Nación por la explotación de recursos naturales no renovables agotables en el tiempo.

La ley de regalías mineras que fijaba un máximo de 3% sobre el valor de ventas de los concentrados mayores a los 120 millones de dólares al año se concibió como una contraprestación económica, y no para captar las sobreganancias, producto de los altos precios que se dispararon a partir del 2004, en especial del oro, cobre y plata. Ello, por ejemplo, permitió la recuperación de la inversión de Mra. Antamina por 2,290 millones de dólares antes de tiempo. Así, iniciando operaciones comerciales en octubre del 2001; en el año 2005, había recuperado el íntegro de su inversión pagando el respectivo impuesto a la renta, base del canon minero.

La oposición de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía a la ley de regalías mineras fue fundamentalista, de interés de parte, quienes la señalaban como antitécnica, un impuesto ciego, regresiva, que afectaba la competitividad, etc. Sus representantes usaron todas las artes y mecanismos posibles, fácticos y mediáticos para rechazar y mandar al archivo los proyectos de ley. No lo pudieron lograr y la ley entró en vigencia de manera mediatizada.

Así, las empresas del llamado “cogollo minero”, tales como Mra. Yanacocha, Mra. Cerro Verde, Mra. Tintaya, Mra. Barrick y Mra. Antamina, escudadas en los llamados contratos de estabilidad jurídica, tributaria y administrativa argumentaron que no les correspondía abonar las regalías pues afectaba el “flujo de caja” y la rentabilidad.

En tal sentido, resulta dramático y hasta cierto punto de vista trágico, que un nuevo gobierno nacionalista, defensor de la soberanía y el interés nacional haya modificado la ley de regalías, bastardeando la esencia de la ley de regalías al gusto e interés de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. ¡Ni el entreguismo del Dr. Alan García Pérez se atrevió a tanto, y prefirió pasar el sombrero con el óbolo voluntario!

Por ello, llama la atención el rápido acuerdo entre la Sociedad Minera y los representantes del nuevo gobierno, donde la voz cantante lo ha tenido el ministro de Economía y Finanzas, en un acuerdo que él mismo denominó “amigable”. Sin debate en el pleno del Congreso de la República, una semana fue suficiente para una sesión conjunta de la comisión de Economía y de Energía y Minas, con una exposición digna de mejor causa, donde se expuso las bondades del nuevo marco tributario minero. Tan convincente fue la exposición que un viejo abogado de las mineras señaló que hemos aprobado tres proyectos “que no se entendían”.

LA MADRE DEL CORDERO

En esencia la nueva ley de regalías mineras Nº 29788, la ley del impuesto especial a la minería ley Nº 29789 y la ley del gravamen especial a la minería, ley Nº 29790 tienen como base común la tasa de la rentabilidad operativa; es decir, el cociente que resulta de la división de la utilidad trimestral entre los ingresos obtenidos en cada trimestre. A partir de allí, se fijan tasas marginales progresivas y acumulativas, que con el margen operativo particular minero, permitirán la estimación de una tasa efectiva que se aplicará sobre la utilidad operativa trimestral de cada empresa.

Es decir, las tres leyes promulgadas se aplican sobre la utilidad operativa, que es resultado de la deducción a los ingresos por ventas los costos de ventas y los gastos operativos que incluyen los gastos de ventas y administrativos, según el ordenamiento legal. Aunque, se señala que en el costo de venta no se reconoce la participación de las utilidades distribuidas a los trabajadores.

También tienen de común que los ingresos obtenidos por el Estado sea por las nuevas regalías, el impuesto especial que pagarían las empresas sin contratos de estabilidad tributaria y el gravamen especial que solamente abonarán las empresas con contratos de estabilidad, serán considerados “como gasto para efectos del Impuesto a la Renta en el ejercicio correspondiente”. Entiéndase que el monto efectivamente pagado es deducible del impuesto y por tanto afectará la distribución del canon minero para los gobiernos locales y regiones.

Estas serían las características comunes más importantes en las tres leyes aprobadas, que se resumen en el: “Nuevo Esquema Fiscal del Sector Minero”, donde se establece en la nueva regalía una tasa mínima de 1% “de los ingresos generados por las ventas realizadas en el trimestre calendario” ¡Si esta regalía mínima hubiese sido del 2% otra hubiese sido la historia, pero los padres de la patria estaban en las nubes!

Las diferencias entre la “vieja regalía y la nueva regalía” son de esencia. Existe mucha diferencia entre aplicar las regalías sobre el valor de las ventas y sobre la utilidad operativa. El argumento supuestamente técnico expuesto por el titular de Economía y Finanzas era que la regalía aplicada sobre las ventas resultaba regresiva, pues gravaba relativamente más a las de mayores costos y menor rentabilidad; en cambio, la carga para las empresas con mayor rentabilidad el efecto regalía era menor.

Textualmente, se sostenía que las regalías aplicadas sobre las ventas “resulta regresivo, pues afecta con una mayor carga a las empresas mineras que tienen menor rentabilidad y con una menor carga a aquellas que enfrentan menores costos y gastos en su proceso productivo”

En verdad, al margen de definir los intereses que defiende el ministerio de Economía y Finanzas, bastaría recordar la concepción de renta diferencial expuesta por David Ricardo en “Principios de Economía Política y Tributación” (1821) para reconocer las distintas calidades y diferencias de costos en las distintas minas que van desde la ley de mineral, distancia a los mercados y costos de producción para identificar la falsedad de esta información oficial.

Que escribía Ricardo: “(…) Si hubiese abundancia de minas igualmente fértiles, que cualquiera pudiera apropiarse, no produciría renta; el valor de su producto dependería de la cantidad de trabajo necesario para extraer el metal de la mina y colocarlo en el mercado… Pero hay minas de distintas calidades, que proporcionan resultados muy diferentes, con las mismas cantidades de trabajo (...)”

Por tanto, una tasa de regalía aplicada sobre las ventas siempre afectará de diverso grado a cada unidad minera por su diversa estructura de costos. Incluso oficialmente lo reconocen cuando se establece una regalía mínima del 1% sobre el valor de ventas.

Si bien la “vieja y nueva regalía” concebida como contraprestación económica para los productos mineros metálicos y no metálicos, la ley que crea el impuesto especial a la minería, ley Nº 29789 reduce el universo de su aplicación a la explotación de recursos mineros metálicos, dejando de lado a la minería no metálica (cementeras, caleras, extracción de mármol, arcilla etc…). Interesada concesión tributaria a las empresas cementeras que también han obtenido extraordinarias ganancias.

Por último, la ley 29790 que crea el gravamen especial minero solamente se aplica a las empresas que tienen firmados contratos de estabilidad tributaria y en la práctica sustituye al cuestionado “Aporte Voluntario” que se planteó como un acuerdo de 500 millones de nuevos soles anuales entre 2007/2011.

¿CUÁNTO SIGNIFICA EL ACUERDO MINERO?

En verdad, el Presidente del Consejo de Ministros (empresario él mismo) ha expresado una media verdad, al señalar que el acuerdo llevado a cabo con la poderosa Sociedad Nacional de Minería significará casi 3,000 millones de nuevos soles anuales que representarían montos de 15 mil millones durante el gobierno del Presidente Ollanta Humala. Ello, se expone en el cuadro presentado por el ministro de Economía y Finanzas el 19 de septiembre del presente. Es más, con este acuerdo se asegurarían inversiones por más de 58 mil millones de dólares en el sector minero (según fuentes oficiales), lo cual resultaría como diría el vals del Felipe Pinglo ¡Sueños de Opio!

Haciendo un somero análisis en el primer año, se esperan obtener de los proyectos actuales 2,540 millones de nuevos soles, 140 millones por concepto de regalías aplicadas a la utilidad operativa, 900 millones del impuesto extraordinario y 1,500 millones de nuevos soles por la aplicación del gravamen especial minero.

Esto significa que de las empresas mineras sin contratos de estabilidad, se esperan obtener por la nueva regalía y el impuesto especial, un total de 1,040 millones de nuevos soles (140 más 900), donde habría que restar más de 606 millones de nuevos soles por regalías en el marco de la ley 28258. Donde, evidentemente, los montos por la vieja regalía hubiesen sido mayores en la medida de la finalización de los contratos de estabilidad en el 2011.

Por lo tanto, el adicional de la nueva regalía sería menos de 444 millones de nuevos soles, que resultan de la resta de los ingresos fiscales esperados por la nueva regalía y el impuesto extraordinario unos 1,040 millones de nuevos soles menos los ingresos que se hubiesen obtenido por las viejas regalías, más de 606 millones de nuevos soles. Con el agravante que los 1,040 millones de nuevos soles están considerados como gasto tributario; es decir, son deducibles del impuesto a la renta y afectarían gravemente la distribución del canon minero en el 2013.

Con respecto al esperado gravamen especial minero que supone la firma de un contrato con las empresas que tienen firmados contratos de estabilidad tributaria, según la exposición del cajero del MEF, se esperan obtener 1,500 millones de nuevos soles en el primer año, a los cuales habría que restar los 500 millones de nuevos soles del aporte voluntario si este se hubiese prorrogado. Por tal, el efecto neto por el concepto del gravamen sería de 1,000 millones adicionales.

Con el agravante que los 1,500 millones esperados por gravamen especial minero también son considerados gasto tributario, deducibles del impuesto a la renta. Lo novedoso es que dichos ingresos los administraría el gobierno central para la promoción de la inversión pública en los departamentos que no tienen los ingresos por canon, sobrecanon y regalías.

Por tanto, de los 2,540 millones de nuevos soles que se esperan obtener en el primer año por regalías, impuesto especial y gravamen especial, el incremento adicional sería menos de 1,440 millones. Con el agravante que los 2,540 millones de nuevos soles son deducibles del impuesto a la renta, cuestión que no sucedía con la vieja regalía ni el óbolo voluntario.

Por último, los futuros ingresos por regalías, impuesto especial y gravamen de los nuevos proyectos están estimados en 400 millones de nuevos soles, que en la práctica están supeditados a la solución de los conflictos sociales y a los buenos precios de los metales que exigen un estudio especial.

En verdad, creo que se ha perdido una oportunidad histórica para cambiar las condiciones de explotación minera en nuestro país. A mi concepto, el nuevo marco tributario en el sector ha sido un mal negocio para el Estado, que agravará los conflictos sociales y pondrá en riesgo la gobernabilidad, en especial cuando los gobiernos locales y regionales protesten por los menores recursos provenientes del canon y regalías. En todo caso desgraciadamente los hechos confirman a plenitud la tesis del premio nobel Joseph Stiglitz.

PERÚ: LA MODERNIZACIÓN DE LA REFINERÍA DE TALARA

2011-10-10T09:01:00.000-07:00

Un imperativo categórico a pesar de la crisis

Escribe: Jorge Manco Zaconetti (Investigador UNMSM)

No debiera estar en discusión la urgencia de la modernización de la más importante refinería que tiene PetroPerú en la ciudad de Talara-Piura, a casi 1,200 kilómetros de la ciudad capital, y que a pesar de la distancia todavía compite con la transnacional española Repsol que administra la otra refinería significativa como La Pampilla en el distrito de Ventanilla a las afueras de Lima, en lo que he denominado un duopolio curioso público/privado, donde ambas unidades controlan más del 87% de la producción interna de combustibles.

El problema es cualitativo más que cuantitativo, cifras más, montos menos a nivel internacional se tienen parámetros conocidos sobre lo que costaría en el tiempo una refinería nueva. En tal sentido, la necesidad de modernizar la Refinería de Talara debiera ser un imperativo categórico que debe procesarse con la debida transparencia, cuestión que está en la agenda de la nueva administración de la petrolera estatal.

En el discurso refinero se afirma que la inversión en una nueva refinería bordea los 25 mil dólares por barril, así una refinería moderna con una capacidad de procesamiento de 100 mil barriles diarios saldría costando unos 2,500 millones de dólares. Esto constituye un referente pues las experiencias de México y Brasil señalan costos mayores.

En el caso de la refinería de Talara que está lejos de ser una “refinería amarrada con pita” como sostenía el discurso privatizador de los años noventa, es una unidad rentable y eficiente que acaba de ser reconocida con el Premio Nacional a la Calidad como empresa Líder, esto demuestra lo que pueden hacer los peruanos cuando existe vocación nacional de desarrollo, y trabajadores identificados con su empresa.

Debo presumir que el Comité de Gestión a la Calidad conformado por 20 instituciones del gobierno, educativas y gremios empresariales han sido objetivos, exigentes e imparciales en el reconocimiento a la Refinería de Talara como modelo de excelencia, lo cual dista mucho del discurso privatizador que “a priori” califica de ineficiente la gestión estatal. Por tanto, este es un mérito sobre todo de la administración anterior que fue duramente cuestionada por el llamado “escándalo de los petroaudios”

El problema central es de fondo, y se relaciona con la evolución de la crisis financiera mundial, donde dos empresas responsables una de la construcción como Técnicas Reunidas de España y la Societé Generale de Francia encargado de buscar el financiamiento y establecer los mecanismos del mismo, están experimentando fuertes problemas económicos, a tal punto que la Societé Generale, el segundo banco francés más importante de dicho país está al borde la quiebra.

Evidentemente, al margen de los montos requeridos de más de 1,700 millones de dólares, los costos de la modernización de la Refinería de Talara tenderán a subir en la medida que la crisis financiera afecte el costo del capital, se incremente el riesgo, sea mayor la incertidumbre y los pedidos de construcción en el tiempo se hagan más exigentes.

Esta realidad se dificulta con la propia situación económica financiera de PetroPerú que con utilidades netas menores a los 400 millones de nuevos soles no tendría las espaldas financieras para costear los más de 1,700 millones de dólares, al menos que exista la decisión política de modernizar la Refinería de Talara.

TALARA MÁS EFICIENTE

Las ventajas de la modernización de la refinería están asociadas a la ampliación de su capacidad de tratamiento de 65 mil barriles diarios a 95 mil barriles, a la existencia de una planta de desulfurización la unidad más costosa que permitirá la producción de combustibles limpios con 50 partes por millón de azufre; es decir, combustibles de acuerdo a las normas ambientales que deberán acatarse a nivel del país en el 2015. Y por último, una unidad de tratamiento de crudos pesados, que hará posible el refinado de los crudos densos provenientes de la selva nor oriental, que dicho sea de paso son los más abundantes.

Con una refinería modernizada en Talara, la capacidad de producción de diesel el combustible más utilizado después del gas natural, pasaría de los casi 22 mil barriles diarios a producir 40 mil barriles diarios; es decir, se incrementaría en un 82.69%. Las gasolinas de diverso octanaje que en promedio se han producido en unos 9,400 barriles diarios pasarían a 20 mil barriles diarios.

El gas licuado de petróleo (GLP) que se expende básicamente en balones, la capacidad de producción evolucionaría de los 4,800 barriles diarios a 7,400 mil barriles; es decir, se incrementaría la capacidad en un 54%. En el mismo sentido, se aumentaría la capacidad de producción del combustible de aviación más conocido como turbo A1, de los 4,100 barriles diarios a los 10,500 barriles. Y se reduciría drásticamente la producción de naftas que es lo más abundante como parte del efecto Camisea.

En verdad, el incremento de la capacidad de producción en los diversos combustibles haría más eficiente y competitiva la presencia de PetroPerú en el mercado de combustibles, siempre y cuando los precios de los mismos no se manejen con criterios políticos para no afectar la imagen del gobernante de turno. Después de todo un promedio de 40% del precio final en los combustibles está constituido por impuestos indirectos (rodaje, selectivo al consumo e IGV) que encarecen los derivados del petróleo.

Por ello, si el Fondo de Estabilización de los Combustibles que constituye un perverso subsidio que en última instancia hemos financiado todos los peruanos con nuestros impuestos se hubiese invertido en financiar la modernización de la Refinería de Talara, durante el período 2006-2010, esta sería una realidad, pues el subsidio prácticamente superaría los 1,500 millones de dólares.

Si existe la voluntad política del nuevo gobierno a pesar de los avatares del mercado financiero mundial, de modernizar y potenciar PetroPerú se asegurará el crecimiento económico con las nuevas inversiones en el marco de las asociaciones públicas- privadas. Capitalizar la petrolera estatal con transparencia y eficiencia es un imperativo nacional que será más fuerte aún con una inteligente integración vertical con participación del capital privado, que debiera asumir los riesgos en la producción y exploración.

CAMISEA: LAS "CUESTIONADAS" REGALÍAS DE EXPORTACIÓN

2011-10-03T13:25:00.000-07:00

Lote 88 y 56 con una acelerada explotación

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador de UNMSM)

Las más altas autoridades del sector de energía y minas con la evidencia empírica correspondiente, tendrán que reconocer que al mes de julio del 2011, las regalías pagadas por la exportación del gas natural proveniente del lote 56 resultan muy superiores a las regalías por el gas natural del lote 88 consumido por el mercado interno. Este gas tiene un precio regulado absurdamente deprimido, y es utilizado sobre todo en la generación eléctrica cuyas empresas “compran gas barato y venden energía cara”.

Así, en el acumulado enero a julio, la producción fiscalizada de gas natural de lote 88representó un promedio diario de 419 millones de pies cúbicos (MMPCDC) con regalías de US$ 61 millones de dólares. Mientras la producción del gas licuefectado para la exportación proveniente del lote 56 significó un promedio de 567 millones de pies cúbicos diarios (MMPCDC), generando para el fisco más de US$ 167 millones de dólares.

Al margen de los mayores volúmenes de gas exportados en relación al gas destinado al mercado interno, debemos destacar las mayores regalías obtenidas por la exportación que realiza el Consorcio Perú LNG que conforman el núcleo duro del llamado Consorcio Camisea, liderados por Repsol y Hunt Oil.

Las exportaciones de gas licuefectado del lote 56 procesado en Pampa Melchorita y exportado por la transnacional Repsol a Japón, España, Corea del Sur, Canadá, a precios mayores respecto al marcador Henry Hub, ha significado superiores ingresos fiscales mediante las regalías pagadas. Esta es una verdad que se tiene que reconocer por los distintos precios que tiene este energético en los diversos mercados.

El problema se presentará en el segundo semestre del 2012 cuando el Consorcio Perú LNG tenga que cumplir los compromisos del contrato de exportación hacia México vía el puerto Manzanillo con la agencia de energía de dicho país. Los precios de exportación para México tendrán como marcador el precio Henry Hub con un castigo del 9% menos. Es decir, a precios deprimidos y con regalías de exportación franciscanas.

Hasta antes de la crisis norteamericana cuyo pico se alcanzó en septiembre del 2008, los precios del gas estaban sobre niveles de 10 a 12 dólares el millón de BTU (unidad de medida calorífica), y a partir del 2009 se derrumban los precios en la esfera de influencia del Gran Norte (USA, México y Canadá). En el 2010 por la desaceleración de la economía norteamericana los precios del gas han sido menores a 4.70 dólares por millón de BTU y todo hace pensar que los precios no se levantarán. De allí, que los compromisos de exportación del gas proveniente del lote 56 que serán de 520 millones de pies cúbicos diarios hacia México tendrán un horizonte de precios deprimidos.

REGALÍAS EN CUESTIÓN

El cuadro respectivo nos presenta las regalías pagadas por el Consorcio Camisea al Estado vía PerúPetro entre el 2004 a julio del 2011. Desde mediados del 2004, cuando se inició las operaciones el lote 88, resulta evidente que lo más importante proviene de las regalías pagadas por la explotación de los líquidos de gas natural, y las regalías del gas natural resultan una fracción de los líquidos. En el caso del lote 56, la explotación de los líquidos se inicia recién en septiembre del 2008 y la producción de gas para la exportación a mediados del 2010.

Por eso, nosotros podemos afirmar que en Camisea el “lomo fino” está constituido por la explotación acelerada de los líquidos de gas natural y el gas natural sería el “hueso”, que se reinyectaba en grandes volúmenes. Laproducción fiscalizada de gas natural del lote 88 con precios regulados absurdamente baratos abona regalías mínimas como se puede observar en el cuadro respectivo.

En el 2005, mientras las regalías del lote 8obtenidas por la explotación de los líquidos cuyos precios tienen referentes internacionales un poco menores al WTI resultaban equivalentes a US$ 176.5 millones de dólares, las regalías de gas apenas sumaban los US$ 14.5 millones. Es decir, apenas constituían el 8.2% de las mismas.

Se debiera tener presente que en el 2005 la producción de los líquidos era en promedio de 32,140 barriles diarios y la producción diaria de gas resultaba equivalente a 103 millones de pies cúbicos de gas. Es sobre esta producción valorizada en boca de pozo que se fija la tasa de regalías del 37.24 %.

En el 2007 mientras las regalías de los líquidos se elevaban sobre los US$ 260 millones de dólares, las regalías obtenidas por el gas natural eran un poco más de US$ 41.4 millones; es decir, representaban el 16% de las regalías por los líquidos. Con la salvedad que la producción diaria de líquidos era de 33,760 barriles diarios y la producción diaria de gas natural equivalía a 189 millones de pies cúbicos.

Para el 2009 mientras las regalías de los líquidos se elevaban sobre los US$ 207 millones de dólares, las regalías obtenidas por el gas natural eran un poco más de US$ 62.6 millones; es decir, representaban el 30% de las regalías por los líquidos. Con la salvedad que la producción diaria de líquidos superó los 36,590 barriles diarios y la producción diaria de gas natural era de 273 millones de pies cúbicos.

La evidencia empírica me demuestra que cada vez se utilizó más gas natural para obtener crecientes volúmenes de líquidos en el lote 88, pues el interés de las empresas del Consorcio Camisea es la explotación acelerada de los líquidos que dicho sea de paso generan los mayores márgenes de utilidad. En cambio, como los precios del gas natural están regulados los volúmenes se queman irracionalmente en la generación eléctrica de ciclo simple por Edegel, Kallpa y Enersur.

En septiembre del 2008, se inició la explotación de los líquidos de gas natural del lote 56 con volúmenes promedio de 30,300 barriles diarios y el abono de regalías de US$ 54.4 millones de dólares, que resultaban casi equivalentes al total de regalías del gas natural del lote 88 que alcanzaron los US$ 58.2 millones durante todo el año.

Para el 2010 las regalías de los líquidos de gas sumaron los US$ 378.8 millones por el lote 88 y la suma de US$ 287.7 millones por el lote 56. En su conjunto la explotación de los líquidos en ambos lote significó para el fisco más de US$ 666.5 millones de dólares.

Si bien la producción de gas natural para la exportación del lote 56 empezó en julio del 2010 con los primeros embarques de gas licuefectado, las regalías de dicho lote sumaron los US $ 54 millones ;mientras, las regalías del lote 88 por todo el año pagaron US$ 87 millones de dólares.

En lo que va de enero a julio del 2011, las regalías obtenidas por el gas de exportación del lote 56 sumaron los US$ 167 millones frente a la regalías del gas del lote 88 destinado al mercado interno que arribó a los US$ 60.7 millones de dólares. Esto significa que estamos despilfarrando un recurso que pertenece a todos los peruanos con un precio regulado que favorece principalmente a las empresas eléctricas de generación.

EPÍLOGO

Esta lectura me permite señalar una serie de distorsiones que los críticos de la exportación en el pasado y supuestos defensores del abastecimiento para el mercado interno, hoy en el gobierno tendrán que resolver. No resulta sostenible en el tiempo un precio del gas natural irracionalmente barato que distorsiona los precios relativos frente a otros energéticos, y que desestimula la inversión en centrales hidráulicas, la energía más limpia después de la eólica.

Las menores regalías que se están obteniendo del gas natural proveniente del lote 88 constituyen una descapitalización fiscal, que significan menores recursos para el desarrollo de las ventajas competitivas en el país y lucha contra la pobreza. Los bajos precios del gas natural de este lote fomentan la inversión en centrales térmicas cerca a Lima en Lurín o Chilca agudizando la concentración industrial.

La explotación acelerada de los líquidos de gas natural de los lotes 88 y 56 que representan en el período enero-julio 47,760 barriles en el primero y 33,300 barriles en el segundo, es decir más de 81,060 barriles diarios tienen acaso una efectiva regulación por parte de PerúPetro en lo referente a las presiones en los pozos de explotación que permitan una explotación racional a futuro de las reservas de gas.

Me interrogo si existen estudios de parte de los organismos reguladores sobre el futuro de las regalías de los hidrocarburos en general y del gas natural en particular. ¿Qué pasará con las regalías del gas que se exporta proveniente del lote 56 cuando el Consorcio Perú LNG tenga que cumplir sus compromisos del contrato con la agencia de energía de México a precios deprimidos con regalías castigadas?

Si los contratos de los lotes 57 y 58 pagarán regalías del 5% con precios de mercado, con reservas de gas que deben ser verificadas como reservas probadas ¿Cuál debiera ser el rol del Estado en la regulación? Si uno se pregunta que resulta más conveniente para el país: quemar el gas en la generación eléctrica, su exportación a precios deprimidos hacia México, o su uso industrial básicamente en la petroquímica. Es evidente que la tercera opción es la más razonable, al menos que los intereses privados estén por encima del interés público.

PERÚ: LA REVOLUCIÓN DEL GAS NATURAL

2011-09-28T08:15:00.000-07:00

EXPLOSIVO CRECIMIENTO DE LAS VENTAS INTERNAS

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

A pesar de los críticos del pasado reciente que, sostenían interesadamente restricciones para el consumo interno del gas natural, con el argumento de la falta de gas natural para el mercado doméstico, la evidencia empírica demuestra todo lo contrario. Se verifica un crecimiento explosivo de las ventas internas que resultan equivalentes a la demanda interna del gas, que expresada en volúmenes de barriles por día calendario se ha convertido en el principal energético consumido, desplazando al diesel o mejor al biodiesel, tal como se puede observar en el cuadro“Venta Interna de Combustibles Derivados de los Hidrocarburos 2006 al I semestre del 2011”.

El hecho económico que explica el posicionamiento de gas natural como el combustible de mayor demanda se explica, sobre todo, por el llamado “efecto Camisea”, que con el gas natural del lote 88 que se vende a un precio en boca de pozo absurdamente barato, a un precio regulado que en la práctica constituye un subsidio que favorece principalmente a las empresas de generación eléctrica que el ministro del sector pareciera interesadamente ignorar.

En verdad, la re negociación de los precios del gas natural efectuada en el segundo semestre del 2006, durante el gobierno del presidente Alan García, modificó la determinación de los precios del gas natural del lote 88, que en el contrato original dependían de una canasta de precios de los llamados petróleos industriales. Si se hubiera respetado la fórmula original el precio del gas natural de dicho lote sería de casi US$ 4 dólares por millón de BTU para la generación eléctrica, y no estaría por debajo de los US$ 1.70 que abonan las empresas eléctricas, que compran “gas barato para vender energía cara”.

Con la conversión efectuada, las ventas internas de gas natural expresadas en miles de barriles por día calendario se han disparado. Así, en el 2006 se vendían 30 mil barriles diarios de gas natural, este se elevó en el 2007 para alcanzar los 42 mil barriles diarios (MB/DC), para llegar a los 59 mil barriles en el 2009 y trepar a los 80 mil barriles diarios en el primer semestre del 2011.

Si bien a mediados del 2010 se inició el proceso de exportación de gas natural licuefectado en Pampa Melchorita, con el gas natural del lote 56, a través del Consorcio Perú LNG, siendo la transnacional Repsol la empresa responsable de la exportación, para la determinación de las ventas de gas natural en el mercado doméstico solamente se ha considerado la producción fiscalizada del lote 88, los volúmenes de gas asociado de la Cuenca de Talara y de la Selva Central.

El tránsito de una demanda interna en gas natural de 30 mil barriles diarios en el 2006 para trepar a los 80 mil barriles diarios al primer semestre del 2011 sería positivo si el consumo estuviese concentrado en las empresas industriales que ganarían competitividad, en el consumo residencial que permitiese a las familias ahorros en la utilización de un energético limpio, o en la sustitución del parque automotor de servicio público a diesel a cambio del gas natural.

Pero no es el caso, pues el mayor porcentaje de los 80 mil barriles diarios que constituyen las ventas de gas en el primer semestre del presente se destinan a las plantas de generación térmica que, con excepción de la unidad de generación de Ventanilla del grupo Edegel-Endesa, se utilizan en plantas de ciclo simple lo cual constituye un desperdicio por el bajo nivel de eficiencia energética (unidad Santa Rosa de Edegel, Kallpa, Enersur y Eléctrica de Piura).

En tal sentido, la quema de gas natural para la generación eléctrica tenía sentido en el despegue de una nueva industria, pero se convierte en un contrasentido cuando la rápida madurez y la proyectada masificación interna del gas se coloca en la agenda política. Peor aun cuando se postergan a la calendas griegas las posibilidades de la petroquímica básica para producir urea y nitratos.

Todos debiéramos recordar el “sesgo eléctrico” que se impuso en la década de los noventa del siglo pasado ante la debilidad del mercado interno para absorber los volúmenes de gas natural de Camisea. Incluso se prohibieron por decreto supremo la construcción de centrales hídricas, y se obligó a la empresa estatal ElectroPerú, que no tenía centrales térmicas, a la compra de más de 70 millones de pies cúbicos diarios de gas proveniente del lote 88 para asegurar una demanda mínima.

Todo ello explica ahora que la demanda interna de gas natural se ubique en el primer lugar de las ventas internas de los combustibles de hidrocarburos en el período 2006 al primer semestre del 2011, desplazando en su crecimiento al gas licuado de petróleo y al diesel que ahora ha sido sustituido por el biodiesel, como se puede observar en el cuadro respectivo.

En resumen, el efecto Camisea ha convertido al gas natural en el combustible más importante en el mercado interno desplazando al biodiesel que se importa en una gran proporción y ha ubicado al gas licuado de petróleo (GLP) en el tercer combustible en importancia con una participación en las ventas al mercado interno de 40 mil barriles diarios.

Por tanto, el crecimiento de la demanda interna de los combustibles derivados de los hidrocarburos constituye una expresión de la expansión de la economía en su conjunto, pues en el 2006 se consumían internamente 162 mil barriles diarios, en el 2008 las ventas internas subían a los 212 mil barriles diarios y a pesar de la des aceleración mundial del 2009 la demanda interna de combustibles se elevó a los 230 mil barriles diarios para trepar a los 257 mil barriles por día al primer semestre.

En tal sentido, la recuperación plena de la soberanía sobre las reservas de gas natural del lote 88 debiera asegurar en el largo plazo la autonomía energética y la masificación del gas natural hacia el sur peruano. Pero ello no justifica que se venda a precio vil el gas natural del lote 88, situación que distorsiona los precios relativos en los energéticos, subsidiando intereses privados que gozan de los favores del gobierno de turno.

PERÚ: GRAN EMPRESA PEQUEÑA NACIÓN

2011-09-12T12:38:00.000-07:00

TRANSNACIONALIZACIÓN DE LA MINERÍA EN EL PERÚ

ESCRIBE: MANCO ZACONETTI (INVESTIGADOR UNMSM)

Un célebre ensayo escrito por Jorge Bravo Bresani, “Gran empresa pequeña nación” en la década de los años sesenta del siglo pasado, inauguró en nuestro país las investigaciones sobre la naturaleza del poder, sus orígenes, los mecanismos de dominación. Como investigador y maestro universitario en las universidades de La Molina, Ingeniería y San Marcos, y en el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), fomentó tales investigaciones. Por ello, Carlos Malpica le dedicó su libro primigenio “Los Dueños del Perú”, cuya actualización resulta una necesidad fundamental.

Frente a la crisis del poder oligárquico, el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado y las reformas estructurales que concentró las decisiones del poder en el Estado, demostró la debilidad de los grupos empresariales nacionales, sobre todo industrial, y la fragilidad de la llamada oligarquía agro exportadora. Los empresarios nativos tuvieron que convivir con el militarismo, haciendo grandes negocios a partir de la cercanía al poder. Ello que se denominó graciosamente como políticas mercantilistas, que los gobiernos de los últimos años elevaron a la décima potencia, con altas dosis de corrupción, sobresaliendo los gobiernos del Dr. García Pérez y el fujimorismo.

En la historia, como en los negocios, se cuenta casi siempre la historia oficial. La otra, o resulta peligrosa o se difunde a nivel de cenáculos de estudiosos y políticos. Por ello, difícilmente escucharemos lo mucho que le deben al modelo de acumulación estatal de la Junta Militar de Gobierno 1968/1980, el surgimiento y/o fortalecimiento de familias con poder económico como el llamado grupo Romero, Brescia, Benavides de la Quintana y otros que supieron aprovechar las oportunidades y hacer estupendos negocios con el Estado, que el régimen fujimorista acrecentó con la privatización de las empresas públicas sobre todo del sector minero energético.

Esta entrada sobre el poder resulta necesaria para entender la presencia de los representantes de las principales empresas mineras que operan en nuestro país, aprovechando el magno evento minero más importante en esta parte del mundo denominado: “Perumin Convención Minera 30”, que se lleva a cabo en la presente semana en la ciudad de Arequipa.

Así, en el cuadro “Accionistas de las Compañías que Explotan Nuestros Recursos Mineros”, resulta evidente la presencia dominante de las más importantes empresas transnacionales en la actividad minera que se desenvuelve en el Perú.

QUIÉN ES QUIÉN

Las principales transnacionales del mundo minero operan en nuestro país, atraídos por las ventajas comparativas ricardianas, las leyes de nuestros minerales, bajos costos de producción y sobre todo un marco tributario promotor sumamente favorable para las empresas.

La presencia de estas transnacionales como Xstrata, BHP Billiton, Teck Cominco, Mitsubishi, Grupo México, Freeport Mc Moran, Sumitomo, Newmont, Barrick, Votorantim, Shougang, Votorantim, Glencore, Mitsui, Gold Fields, sumada a las operaciones de grupos nacionales como el grupo Buenaventura de los Benavides de la Quintana, de los Brescia en Minsur y Letts Colmenares de Volcan, debe plantear una serie de interrogantes sobre la naturaleza del poder y los mecanismos por los cuales se ejerce el mismo.

Muchas de estas empresas transnacionales tienen ingresos a nivel corporativos superiores al presupuesto de la República del Perú y de nuestro PBI, y los impuestos que dejan de pagar en nuestro país son recaudados en sus países de origen USA, Suiza o Canadá lo cual resulta ilógico para nuestros intereses.

Como economistas debemos reconocer que la lógica de las empresas, es la valorización del capital, es decir la maximización de los beneficios lo que supone la minimización del pago de impuestos, y la depredación ambiental, lo que constituye tarea del Estado es el ejercicio de la más efectiva regulación y fiscalización de las actividades mineras formales e informales.

Una evidente constatación de la realidad se relaciona con la debilidad de la acción del Estado frente a una efectiva regulación y fiscalización cuestión que explica en gran parte los llamados conflictos sociales. En general, las empresas mineras no contribuyen con el fisco en proporción a la riqueza obtenida. Evidentemente, ello es mucho más grave con la minería ilegal e informal que depreda y contamina evadiendo el abono de impuestos.

CRECIMIENTO EMPOBRECEDOR

Durante el llamado “boom minero” 2004 al 2010 los precios de los minerales aumentaron significativamente, sin embargo el fisco por concepto de impuesto a la renta, regalías mineras, aporte voluntario, y derechos de vigencia mineros percibió en dicho período un poco más de US$ 12,512 millones de dólares, frente a los ingresos de exportación que sumaron los 84 mil millones de dólares entre el 2004 al 2010.

Esto significa que el fisco en el Perú de cada 100 dólares de ingresos de exportación percibió apenas 15 dólares, es decir el 15% de los ingresos de exportación en el período de bonanza. Evidentemente con tales recursos el Estado nacional, regional y local no tiene los ingresos suficientes para asegurar la educación y salud de calidad de la población, para desarrollar proyectos de infraestructura y conectividad regional y lucha contra la pobreza.

Elevar esta participación resulta un imperativo si de verdad se aspira al fomento de políticas económicas que privilegien la inclusión social. Para ello, debemos incrementar las regalías mineras al 6%, duplicarlas como recomienda el profesor James Otto especialmente para el caso del oro, plata y cobre, sobre el valor de la producción, incrementar los derechos de vigencia, y mantener el 3.75% de la utilidad neta del aporte voluntario como un fondo de responsabilidad social empresarial.

No somos un país reconocido como petrolero como Colombia o Ecuador, sin embargo las empresas de hidrocarburos abonan un promedio del 30% de regalías que se deducen como gasto, y los contratos de explotación tienen un período de vigencia que alcanzan los 25 años en el caso del crudo y 40 años en el gas natural.

En cambio en el mundo minero el Perú es un importante productor minero ocupando los primeros lugares en la producción de plata, cobre, plomo, zinc, oro etc., como se puede observar en el cuadro “Perú: Posición de Liderazgo Mundial en la Producción de los Principales Minerales”, y los contratos mineros, es decir, las concesiones mineras son indefinidas, es decir, hasta el límite económico, hasta el agotamiento del mineral, lo cual resulta lesivo al interés nacional.

En verdad, esta ubicación de privilegio en lugar de complacernos debiera preocuparnos, pues en el largo plazo estos recursos naturales no renovables no existirán. Y debiera ser labor del Estado realizar una debida valorización de los recursos naturales renovables y no renovables. Por tal motivo el Estado debiera estimar el factor agotamiento (depletion) como parte de un costo natural que debiera ser pagado al fisco, reconocido por las empresas.

Es más, con el cierre del complejo metalúrgico de La Oroya bajo responsabilidad de Doe Run, el país ha perdido lo más avanzado que se tiene en valor agregado, pues en dicho complejo los concentrados de cobre, plomo, zinc, plata y oro se convertían en finos y se obtenían más de 18 subproductos producto de la actividad y refino, que incluso se cotizan a mejores precios que los propios concentrados.

Por ello, nuestros gobernantes debieran preguntarse con la exportación de concentrados que realizan las empresas mineras como Antamina, Tintaya, Cerro Verde, Newmont, Barrick etc ¿cuántos subproductos están obteniendo afuera las refinerías que procesan dichos minerales. Alguna institución ha valorizado lo que significan las pérdidas para el país por esta descapitalización, pues hoy día se exportan más concentrados que en la década de los sesenta del siglo pasado.

En verdad, las ventajas de la inversión transnacional y nacional en el sector minero y en la economía del país en general, deben relacionarse con el llamado “valor de retorno” o retenido por la economía, a través de los impuestos realmente pagados, sueldos y salarios remunerados, y sobre todo compras a la industria local y regional. De allí, la necesidad de incrementar la participación del fisco en la riqueza minera, “sin dudas ni murmuraciones”, ni lobbys.

SHOUGANG: LEVANTANDO LAS CADENAS DE HIERRO

2011-09-06T07:26:00.000-07:00

LA HUELGA POR UN TARRO DE LECHE

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

Estamos en el siglo XXI pero la poderosa empresa estatal china Shougang que extrae el hierro en Marcona-Ica, trata a sus trabajadores como “coolies”, es decir como modernos esclavos, con derechos laborales y sociales conculcados. Lo curioso es que se trata de una empresa del llamado paraíso socialista, que ocupa un importante lugar en la economía china, donde se prohíben las prácticas sindicales y se controla el salario. En la China los salarios mineros bordean los 100 dólares al mes equivalentes en su moneda “yuan”, y por tanto abonar en el Perú el equivalente a 1,000 dólares mensuales, les parece un exceso.

Si se tiene presente que el Estado chino asume los gastos de educación, salud, seguridad, e incluso la vivienda se puede entender la capacidad de ahorro que puede tener el trabajador minero de la China. En cambio, en las operaciones de hierro en Marcona, buena parte de los trabajadores tienen que resolver directamente sus necesidades de vivienda, siendo testigos de la destrucción o del tapiado de cientos de viviendas que la empresa ordenó desde 1992 a la fecha.

La defensa del punto de vista del trabajo lamentablemente no debiera limitarse al problema de los salarios y su determinación, soslayando la importancia que tienen las condiciones laborales, la seguridad y el medio ambiente. En tal sentido, una de las cuestiones que más debiera extrañar en la demanda de los trabajadores a su empresa en el pliego de reclamos 2011, sea la exigencia de dotar al conjunto de trabajadores de un tarro de leche por la jornada de trabajo.

Resulta increíble que este derecho solamente esté restringido a una minoría de trabajadores y sea uno de los pedidos de los trabajadores obreros de la empresa Shougang Hierro Perú, la única empresa productora de hierro en el país, que tiene relaciones de privilegio con su matriz, y extraordinarias utilidades que remesa a la China, negando a sus trabajadores la posibilidad de una relación moderna en las relaciones entre el capital y el trabajo.

Por estas razones desde el 1 de setiembre del presente los trabajadores del hierro se encuentran en huelga general indefinida exigiendo la solución a su pliego de reclamos que consiste en un incremento remunerativo al básico de S/ 8.50 nuevos soles diarios, la nivelación salarial del conjunto de los trabajadores, pues aunque parezca increíble existen trabajadores categoría A (435) y trabajadores B (689). Es decir, trabajadores que realizan el mismo trabajo, la misma actividad, en las operaciones de Marcona, pero que tienen ingresos altamente diferenciados. Evidentemente ello violenta el principio fundamental del derecho laboral internacional de “a igual trabajo igual remuneración”.

En otras palabras existen trabajadores con más derechos que otros que constituyen la mayoría, de allí la rabia y el resentimiento de más de 1,124 trabajadores obreros que acatan disciplinadamente la huelga general indefinida, paralizando las operaciones y los embarques de hierro.

La empresa Shougang Hierro Perú S.A.A. que ya no tiene los privilegios políticos del regimen fujimontesinista, ha publicado un aviso dirigido a la opinión pública el 4/09/11, donde presenta a sus trabajadores como prácticamente los mejores pagados no solamente de la actividad minera sino del conjunto del país. Esto constituye una mentira más grande que la propia “Muralla China”, fácilmente rebatible.

En promedio el ingreso del trabajador según la empresa estaría sobre los S/ 3,811 nuevos soles mensuales, cifra por encima de los S/ 2,421 del promedio del ingreso minero y muy superior a los S/ 1,096 del ingreso promedio del departamento de Ica.

Solamente una mente afiebrada e incondicional de los intereses chinos puede comparar el ingreso de un trabajador minero de hierro, que asume riesgos, que muere cada día gracias a la contaminación y el polvillo que respira, con el ingreso de una región inminentemente agrícola como el departamento de Ica. El dicho popular de estar comparando “papas con camotes”, es más cierto que nunca.

¿Qué sentido puede tener el comparar el ingreso de un jornalero agrícola de exportación, con el ingreso de un trabajador del hierro? Ninguno. Los salarios y las partidas que dependen de los salarios básicos, que conforman los ingresos y las remuneraciones debieran estimarse entre los iguales, es decir entre los más homogéneos.

Por ello, no tiene ningún fundamento comparar el supuesto ingreso del trabajador de Shougang (S/ 3,811) que resulta una cocina estadística de un promedio de los ingresos de los obreros, empleados, funcionarios frente a los ingresos promedio de la actividad minera en el país (S/ 2,421 mensuales).

En principio, las nociones básicas de la estadística nos enseñan sobre lo engañoso que pueden ser los promedios. De allí, la necesidad de comparar lo que puede ser medible. Por tanto, lo correcto debiera haber sido comparar los ingresos que perciben los trabajadores de la gran minería en relación a los ingresos de Shougang. Sí, ello sería lo positivo pues Shougang por los niveles de producción, ingresos y utilidades pertenece a la “gran minería” gracias a sus trabajadores.

Solamente la comparación entre los ingresos promedio de los trabajadores de la gran minería que están por encima de los S/ 5,500 mensuales, podrían estimar el rezago salarial que tienen los trabajadores, especialmente obreros de Shougang Hierro Perú.

Si a ello se agrega las medias verdades que se esgrimen en el comunicado público donde sibilinamente se trata de sorprender a la opinión pública atribuyendo al conjunto de los trabajadores el beneficio de 16 bonos que dependen del básico, cuando esto constituye un derecho ganado por los trabajadores denominados A, que no son extensivos a la mayoría de los obreros B, podemos entender las razones económicas, sociales y morales que justifican la defensa de los derechos de los trabajadores mediante la huelga general, el único instrumento que otorga la democracia cuando se cierran las puertas de la negociación directa.

Por tanto, esta primera huelga minera del nuevo gobierno del Presidente Ollanta Humala, exige y supone un nuevo trato entre el capital y el trabajo, donde los incrementos salariales estén fundamentados en las ganancias extraordinarias que tiene la actividad minera en el país, sumada a los múltiples beneficios tributarios, las relaciones privilegiadas que tiene Shougang Hierro Perú con su matriz y la internalización de costos que incrementan artificialmente los costos de venta , políticas todas que esquilman no solamente a sus trabajadores sino también a la economía regional y nacional.

PERÚ: GRAVAMEN CON APORTE Y REGALÍAS

2011-09-03T12:31:00.000-07:00

EN UNA NEGOCIACIÓN MINERA MUY AMIGABLE

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM y Consultor)

“Es una negociación que se está dando de manera muy amigable y es un tema que tenemos que ver a largo plazo. Porque cuando hablamos de cargas impositivas y rentabilidades, estamos hablando en ese horizonte, y no de un esquema que va a ir cambiando de un año a otro. Queremos que haya más partícipes de la gran rentabilidad que las empresas mineras han recibido en los últimos años. Debemos corregir disuasivamente el sistema donde las empresas menos rentables pagan más impuestos, y las más rentables pagan menos. De cierta forma, esto aumentará los recursos en las regiones que no reciben canon. Todo esto, sin romper la competitividad. Estamos sumamente conscientes de que no queremos matar a la gallina de los huevos de oro´” (Declaraciones del ministro de economía y finanzas, El Comercio 11/08/11)

Este párrafo del ministro de economía y finanzas resume lo que han sido las negociaciones con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, con los “dueños de las minas”, amigables y cordiales a tal punto que revisan y pretenden superar la ley de regalías mineras todavía vigente, subsumir el llamado “óbolo voluntario”, y anunciar al país una negociación exitosa mediante la aplicación de un gravamen variable (%) que será aplicado sobre las tasas de las utilidades operativas del universo de las empresas mineras tengan o no contratos de estabilidad jurídica y tributaria.

El acuerdo arribado significará supuestamente 3 mil millones de nuevos soles anuales y por lo menos 15 mil millones en el quinquenio que dependerían del comportamiento de los precios internacionales y de la discrecionalidad de las empresas en la presentación de sus costos de ventas, gastos de venta y administrativos.

Aritméticamente los 3 mil millones de nuevos soles resultan mayores a los 606 millones obtenidos por el abono de regalías en el 2010 y a los 401 millones del aporte voluntario, pero lamentablemente no se mencionan los más de 3,500 millones de nuevos soles que han dejado de pagar desde el 2005 al 2010 por regalías las empresas mineras conformantes del “cogollo minero”, tales como Mra. Yanacocha, Mra. Antamina, Mra. Cerro Verde, Mra. Barrick Misquichilca y Mra. Tintaya, que se han beneficiado de los precios extraordinarios y del blindaje indebido de los llamados contratos de estabilidad jurídica.

Este arreglo que ha sido celebrado con “bombos y platillos”, desde mi punto de vista constituye un pésimo negocio para el país. Al margen de la falta de información oficial, de las contradicciones entre los voceros, pues el ministro de energía y minas sostendría que tal gravamen sería al margen del abono de las regalías; en cambio el ministro de economía y finanzas, que lleva la voz cantante, ha señalado que el gravamen acordado sustituye las regalías mineras y el aporte voluntario.

En un artículo anterior afirmaba que: “la aplicación de las regalías sobre las utilidades operativas será positiva para las empresas mineras que podrán cargar a los costos de venta, gastos de venta y administrativos una serie de partidas que reducen artificialmente la utilidad operativa y el impuesto a la renta. Por tanto, el sentido común, el principio de la realidad y el interés público recomiendan el incremento de las tasas de las regalías aplicadas sobre el valor de la producción”.

En tal sentido, nos ratificamos en la responsabilidad del Congreso de la República para superar los “entuertos, vicios y perversidades” tributarias de este arreglo que constituye un retroceso, a pesar de la imagen de los mayores ingresos que se obtendrían a futuro. Frente a ello, se debieran duplicar las tasas de regalías mineras vigentes para asegurar mayores ingresos fiscales.

EL MEOLLO DE LA CUESTIÓN

La satisfacción de los representantes de las mineras es de fondo, es decir económica, pues pretenden dejar sin efecto el espíritu y los alcances de la ley de regalías mineras del 2004, que obligaría en un futuro próximo al pago de la contraprestación de hasta el 3% sobre el valor de la producción de concentrados y/o su equivalente a las empresas del “cogollo minero”, que tienen fecha de término de sus contratos de estabilidad tributaria por diversas unidades, tal como se puede observar en el cuadro “ Contratos de Estabilidad Tributaria Suscritos con el Estado Peruano”.

Así, principalmente empresas como Mra. Yanacocha por la unidad de Maqui Maqui (2011) y Cerro Yanacocha (2014); Sociedad Minera Cerro Verde (2013), Minera Barrick Misquichilca por la unidad de Pierina (2013), Mra. Antamina (2015), Mra. Milpo, por la unidad El Porvenir (2012), Refinería de Zinc de Cajamarquilla (2011) y otras, tienen fecha de término y estarán obligadas al pago de regalías en el quinquenio del gobierno del “Gana Perú”.

En tal sentido, el acuerdo arribado por los más altos representantes del gobierno, sea el Presidente de Consejo de Ministros, de Economía y Finanzas y de Energía y Minas, de aplicar un gravamen variable sobre las tasas de rentabilidad operativa constituye un paso hacia atrás frente al espíritu de la ley de regalías mineras establecidas en el Perú (ley Nº 28258 en el 2004), durante el gobierno del Presidente Alejandro Toledo, y su respectivo reglamento, que considera a las regalías como una contraprestación por la explotación de recursos naturales no renovables, deducible como gasto, que se aplica sobre los ingresos obtenidos por la venta de concentrados descontados los gastos directos e indirectos.

Es importante recordar que esta ley se basó en los proyectos presentados en el 2002 por la bancada del partido de gobierno de ese entonces Perú Posible, por parte del congresista Alejandro Oré y del APRA por medio del congresista Carrasco Távara, y fue aprobado por el pleno del Congreso de la República en junio del 2004, a pesar de la fuerte resistencia de los voceros empresariales que presagiaban un cataclismo en el sector, alarmando que se perdería la competitividad en la atracción de la inversión minera y que por último las inversiones se irían a Chile.

Nada esto ha sucedido, y es importante recordar que la ley de regalías todavía vigente fue justificada como una “contraprestación” por la explotación de recursos naturales agotables en el tiempo, al margen de los altos precios. Es decir, no fue pensada para captar el exceso de renta y las utilidades extraordinarias que desde el 2004 están obteniendo las empresas mineras en razón del llamado “boom minero”.

Por tanto, el gravamen cuya fecha de aplicación también es motivo de diferencia, debiera ser considerado al margen de la vigencia de lo que se obtendría por el concepto de regalías mineras en los próximos años bajo el fundamento de la ley Nº 28258. No hacerlo así sería un faenón tributario del gobierno nacionalista del Presidente Ollanta Humala, y una traición a la propuesta electoral del llamado “impuesto a las sobreganancias”.

Los Retos de Hoy

2011-08-22T07:59:00.000-07:00

Estimados amigos, comparto con ustedes la nota periodística del diario La República del día de hoy.

Numerosos los retos enfrenta la administración de Ollanta Humala, pero dos tienen especial relevancia de cara a las expectativas de los movimientos sociales y para poder llevar adelante los compromisos electorales de promover un crecimiento con inclusión social y verdadero desarrollo para todos.

Por un lado, la Ley de Consulta Previa. Aprobada por el anterior Parlamento el 19/5/10, en cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y luego de largas tratativas con las organizaciones de pueblos indígenas y originarios movilizados, el gobierno del Perro del Hortelano la observó y trabó, en complicidad con el Legislativo aprofujimorista. Este se negó a insistir ante al poderoso lobby de las industrias mineras, petroleras, gasíferas y extractivas que quieren cancha libre para actuar sin respeto a los pueblos y al medioambiente. Gana Perú intentó poner en agenda del nuevo Congreso, prioritariamente, la autógrafa del 19 de mayo, pero encontró la oposición de los miembros del Consejo Directivo de las otras fuerzas políticas. Una nueva traba que puso en alerta a los pueblos amazónicos y andinos y provocó inmediatos pronunciamientos de la Coordinadora de DDHH, la Defensoría del Pueblo y llamados a la acción de las organizaciones sociales que han batallado y derramado su propia sangre por hacer valer sus derechos.

Felizmente, aunque frustró la sesión de Congreso, la reconsideración de la decisión parece abrirse paso entre sectores sensatos y responsables. Frente a quienes quieren otra maniobra dilatoria con un largo proceso de debate en comisiones –lo que es intolerable después 7 años de debates– una mayoría le daría curso a este proceso esta semana. Caso contrario pocos dudan de que esta chispa encenderá una amplia movilización social.

El otro reto lo encara el gabinete Lerner: recuperar una importante parte de la enorme renta de la gran minería, fundamentalmente extranjera, para atender, con esos fondos, los planes de desarrollo comprometidos. Recordemos que el Estado apenas recauda entre 14% y 15% del PBI en tributos. Brasil recauda un 35%, Argentina supera el 30%, y Bolivia llega al 20%.

Adicionalmente, varias grandes mineras no le pagan el país las regalías, el derecho por hacer uso de nuestros recursos naturales, que la ley establece y que el TC falló que debían pagar. Ello –a pesar de que las regalías solo oscilan entre 1 y 3% del valor del mineral con un primer nivel de procesamiento–gracias a sus poderosos lobbies y arreglos con anteriores gobiernos.

Diez grandes empresas obtienen más del 80% de las enormes utilidades mineras que el país genera. Antamina, por ejemplo, tuvo ventas por unos $ 3,000 millones el 2010 y sus costos operativos fueron $ 600 millones de dólares, lo que le deja una utilidad bruta (previa al pago de impuestos) de ¡$ 2,400 millones! El caso de Barrick es similar: $1,200 millones en ventas y apenas unos ¡$200 millones! en costos de operaciones y $1,000 millones de utilidades brutas. Pero varias de estas y sus felipillos nacionales se oponen a que aporten más. No recaudamos los años anteriores porque García incumplió con cobrar regalías y con la ley a las sobreganancias mineras y la canjeó por un óbolo minero que apenas generó S/.450 millones (unos $170 millones) al año, frente a lo que pudo ser miles de millones al año. No perdamos otra oportunidad de hacer justicia.

El Perú debería recaudar unos $2,000 millones de dólares adicionales de renta minera para atender urgentes necesidades de servicios fundamentales, infraestructura y desarrollo que todos conocemos. Las grandes mineras, de las que provendría el grueso del aporte, pues sería vía una regalía extraordinaria para quienes tienen mayores ventas, andan negociando migajas: unos S/.1,000 millones. Inaceptable. Pretenden que la regalía se pague sobre las utilidades, que siempre pueden maquillar, y no sobre las ventas o producción para reducir los montos. El gobierno debe ser firme y no apurar las cosas para anunciar un arreglo débilmente negociado o una decisión que no esté a la altura de lo que el país requiere.

REGALÍAS: EN LAS VENTAS O LAS UTILIDADES OPERATIVAS

2011-08-20T10:59:00.001-07:00

ENTRE CHILE Y PERÚ CODELCO MARCA LA DIFERENCIA

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (INVESTIGADOR UNMSM)

A diferencia de Chile donde todas las empresas mineras abonan el royalty aplicado sobre las utilidades operativas, tengan firmados o no contratos de estabilidad tributaria, en nuestro país las más importantes mineras se eximen indebidamente de abonar las regalías mineras.

Con excepción de la agricultura en nuestro país la tasa del impuesto a la renta del sector minero como del conjunto de la empresas extractivas, servicios e industriales es del 30% de la utilidad imponible. Sin embargo, existen una serie de beneficios tributarios que reducen la participación del Estado en la riqueza minera. Por ello, se debieran considerar las diversas deducciones y beneficios tributarios que disminuyen el monto del impuesto a la renta realmente pagado.

El beneficio de la reinversión de utilidades permite deducir hasta el 80% del abono del impuesto a la renta con el objeto de incrementar la producción en por lo menos el 10% y la ampliación de la capacidad de planta. Lo cual representa en la práctica que el Estado resulta financiando las inversiones mineras con una menor participación fiscal. Este beneficio lo han aplicado últimamente en plena bonanza de precios Mra. Antamina y Mra. Cerro Verde.

Al margen del beneficio de la depreciación acelerada, se debe tener presente a una serie de partidas que son deducibles del impuesto a la renta. Así, por ejemplo, los necesarios gastos de exploración que realizan las mineras son considerados gastos deducibles del impuesto a la renta. Es más, se cargan a los costos de ventas, la amortización de intangibles y las sumas por depreciación lo cual reduce la utilidad operativa y evidentemente la utilidad imponible.

En el mismo sentido, las utilidades distribuidas a los trabajadores con una participación del 8% de la utilidad antes de impuesto, son también consideradas como gasto y, por tanto, deducible del impuesto a la renta. Es más, con la última legislación de la contabilidad internacional, los montos distribuidos a los trabajadores se cargan a partir del 2012 a los costos de venta.

Una forma perversa de sacarle la “vuelta al fisco” constituye el mecanismo de las ventas a futuro, donde se concertan precios mínimos de cobre y oro en pleno boom de precios de los metales, con traders internacionales, afectando no solamente la recaudación fiscal sin o también los intereses laborales.

Así, por ejemplo, Mra. Condestable del Grupo Trafigura vende su producción de cobre a precios menores a los 4,000 dólares la tonelada desde el 2006 cuando los precios de mercado del metal rojo se mantienen por encima de los 9,000 dólares. Esta es una forma reiterada de disminuir los montos del impuesto a la renta por pagar, que se suman a los diversos mecanismos de devolución de impuestos bajo el concepto que no se pueden exportar impuestos (IGV).

Si a ello sumamos los mínimos costos laborales pagados por concepto de remuneraciones y beneficios, con el agravante que muchas empresas mineras asumen como parte de la remuneración anual la partida correspondiente a la distribución de utilidades a sus trabajadores, que, repetimos, se deduce como gasto a cuenta del impuesto a la renta.

Por tanto podemos afirmar que la actividad minera que se desenvuelve en el país tiene uno de los costos de producción más bajos del mundo, propios de un país africano, sin considerar los significativos daños ambientales que tiene que asumir el Estado, bajo el nombre de pasivos ambientales. Ello permite asumir y recomendar una elevación de las tasas de regalías que se aplican en el Perú.

En tal sentido, si una tasa de regalía del 3% aplicada sobre el valor de concentrado de cobre para una empresa con ingresos por ventas superiores a los 120 millones de dólares, como, por ejemplo, Southern Perú Copper Corporation (SPCC) con ingresos de exportación de 2,869 millones de dólares en el 2010 y con una producción superior a los 334 mil toneladas de cobre fino, abona una regalía al Fisco de 65 millones de dólares, lo cual representaría una tasa de regalía efectiva de 2.26%, la misma que resultaría irrisoria frente a las utilidades obtenidas.

Si se tiene presente que los costos de producción directos de SPCC en el cobre resultan menores a los 55 centavos la libra frente a precios internacionales superiores a los US$ 4 la libra, se puede tener una idea clara del margen para elevar las tasas de regalías a 6% sobre el valor de producción, sean altos o bajos los precios internacionales del cobre. Por ello, si se trata de elevar los ingresos fiscales en el largo plazo las nuevas regalías debieran aplicarse sobre los ingresos.

Si se aplicase esta nueva tasa de regalías de 6% sobre los ingresos de Mra. Cerro Verde, Mra. Antamina y Mra. Tintaya, los ingresos fiscales se incrementarían sustantivamente para poder financiar los programas sociales prometidos en la campaña electoral por el Comandante (r) Ollanta Humala.

En el mismo sentido en el caso del oro con costos de producción menores a los 400 dólares la onza de oro y precios internacionales que superan ya los 1,800 dólares con tendencia al incremento, resulta evidente el grueso margen para incrementar las regalías sobre el valor de las ventas, deducidos los costos directos e indirectos como los considera el reglamento de la ley de regalías todavía vigente.

En verdad, la debilidad en el monto de las regalías abonadas al fisco en el Perú tal como se pude observar en el cuadro “Perú: Regalías Mineras Versus Exportaciones Mineras 2006/2010” (cuadro Nº 01) se explica por el blindaje de las empresas mineras conformantes del “cogollo” como Mra. Antamina, Mra. Tintaya, Mra. Cerro Verde, Mra. Barrick, Mra. Yanacocha, que, preservados en los contratos de estabilidad jurídica, tributaria y administrativa, se exoneran indebidamente del abono de regalías desde el 2005.

Por tanto, empresas mineras como la Mra. Antamina con ingresos en el 2010 superiores a los 2,614 millones de dólares y una producción de cobre de 325 mil toneladas finas, Sociedad Minera Cerro Verde con ingresos totales de 2,369 millones y una producción de 312 mil TMF, Mra. Yanacocha con 1,852 millones o Minera Barrick Misquichilca con 1,200 millones no abonan regalías, con el agravante que algunas de ellas asumen el pago de regalías como parte del costo de producción, aplican el factor agotamiento (depletion) a los costos de producción, además que cargan el costo de los programas de cierre de minas a los gastos de venta y/o administrativos.

Por ello, la negociación interesada del ex presidente Alan García y del ex presidente del Consejo de Ministros de ese entonces en el segundo semestre del 2006 con estas mineras terminó en el cuestionado aporte voluntario más conocido como “óbolo minero”. En este acuerdo, las principales contribuyentes fueron justamente las mineras que no pagaban regalías. Es decir, se sustituyó el abono de regalías por un aporte voluntario de cuestionable aplicación y efectividad, que también reemplazó al prometido impuesto extraordinario a las ganancias extraordinarias.

REGALÍAS EN CHILE (2)-PERÚ (1)

La evolución de las regalías en el Perú no ha sido significativa como se puede observar en el cuadro respectivo, representando el 1% de los ingresos de exportación entre el 2006 al 2010. El nivel más elevado sucedió en el 2010 cuando sumaron los 214 millones de dólares, monto superior a los 174 millones alcanzados en el 2008, hasta entonces, el mejor año.

En Chile el royalty ha sido fluctuante representando un promedio del 2.16% de los ingresos de exportación, y como se podrá observar en el 2006, eran equivalentes a mil millones de dólares y en el 2010 se ha mantenido sobre los 1,119 millones de dólares a pesar que los precios promedio se incrementaron de 3.05 dólares la libra de cobre en el 2006 a 3.42 en el 2010.

Sería un error metodológico comparar los montos absolutos obtenidos por regalías en el Perú con Chile, pues la minería chilena exporta un poco más del doble que la minería que se desenvuelve en el Perú. Por ello, lo conveniente es comparar la participación relativa de las regalías en Perú y Chile frente a los ingresos de exportación. Por tanto, si la participación es del 1% frente al 2% en Chile un incremento de las tasas de regalías en el Perú significaría mayores ingresos fiscales.

La gran diferencia entre la minería de Chile y Perú al margen de la importancia de los volúmenes producidos de cobre, y el carácter polimetálico de la minería en nuestro país es la presencia de la actividad estatal a través de la Corporación del Cobre (Codelco) la principal productora mundial del metal rojo.

Por ello, en el cuadro de “Chile: Pago de las Empresas Afectas al Impuesto Específico a la Actividad Minera (Royalty)” (cuadro 3) en el período 2006 al 2010, resulta evidente la importancia fundamental que tiene la estatal Codelco en el abono de las regalías que en dicho país se denominan “royalty”. Así en el 2006 frente a un royalty total de mil millones de dólares Codelco participó con 440 millones y en el 2010 de un total de 1,116 millones contribuyó con 305 millones de dólares.

Por tanto, si se desea copiar el modelo chileno en aras de la coherencia, bien haríamos en tener una empresa estatal para captar la mayor participación en la renta minera, lo cual no sería el caso. Sin embargo, ello no debiera estar en agenda por tanto la forma más segura de incrementar los ingresos fiscales y captar una mayor parte de la renta minera sería incrementando las tasas de regalías.

En resumen, la aplicación de las regalías sobre las utilidades operativas será positiva para las empresas mineras que podrán cargar a los costos de venta, gastos de venta y administrativos una serie de partidas que reducen artificialmente la utilidad operativa y el impuesto a la renta. Por tanto, el sentido común, el principio de la realidad y el interés público recomiendan el incremento de las tasas de las regalías aplicadas sobre el valor de la producción.

Esta es la forma más segura de incrementar los recursos fiscales en el tiempo, sean altos o bajos los precios de los minerales, y constituye la forma más equitativa de asegurar en el tiempo una mayor participación del Estado en la riqueza minera.

SHOUGANG HIERRO PERÚ Y EL DESPOTISMO ORIENTAL

2011-08-15T08:18:00.000-07:00

LAS SOBREUTILIDADES DE HIERRO CON SALARIOS MÍSEROS

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

Una de las privatizaciones más cuestionadas durante el régimen del fujimorismo ha sido la transferencia de la única empresa productora de hierro la estatal Hierro Perú en 1992 a la filial de la poderosa empresa estatal de la China Popular, Shougang Corporation, una de las más importantes empresas de la China en cuanto generación de ingresos y líder mundial en la producción de acero ocupando el noveno lugar con más de 23.3 millones de toneladas de acero a fines de la década pasada.

Solamente en gobiernos autoritarios como el de Fujimori-Montesinos se pudo rematar rentables empresas públicas para favorecer la valorización de capitales privados en un proceso que el nobel de economía (2001) Joseph Stiglitz ha denominado un proceso de sobornización, pues la experiencia internacional reproduce en varios países una subvaluación de activos, altos niveles de corrupción estatal y prácticas antidemocráticas, evidentemente el Perú no resulta la excepción.

Lo curioso del caso en referencia fue la transferencia de Hierro Perú S.A. a una empresa estatal de la China, privatizando más de 1,600 millones de toneladas de hierro con reservas de cobre adicionales lo cual asegura más de cien años de explotación, al mismo tiempo se transfirieron los servicios públicos de agua y electricidad que afectan al distrito de Marcona, a ello se agrega las facilidades del puerto de San Nicolás, el más importante en cuanto profundidad en esta parte del Pacífico.

Es decir, con la privatización de Hierro Perú el Estado peruano no solamente asumió los diversos pasivos que tenía la empresa estatal con la Sunat, aduanas, la seguridad social y proveedores, por más de 300 millones de dólares. A ello, se debieran agregar los perversos intereses que valorizaron los activos, reservas y capital humano por un poco más de 22 millones de dólares.

En esas circunstancias la empresa china Shougang Corporation resultó ganadora de un concurso internacional ofreciendo pagar más de 120 millones de dólares por la mayoría accionaria (98%), asumiendo pasivos con proveedores por 42 millones y el compromiso de inversión por 150 millones de dólares en tres años (1993-1995), para supuestamente elevar la producción a los 10 millones de toneladas de hierro.

Lamentablemente la empresa china incumplió reiteradamente sus compromisos de inversión motivando la conformación de varias comisiones investigadoras en el Congreso de la República y del ministerio del sector con resultados insatisfactorios. Ante los incumplimientos de los compromisos de inversión la Shougang prefería abonar las multas y penalidades lo cual afectaba la necesaria modernización de la industria del hierro en el Perú.

SOBREGANANCIAS DEL HIERRO

Desde el 2004 el conjunto de las empresas mineras están obteniendo ganancias extraordinarias con tasas de rentabilidad neta por encima del 40% (utilidad neta/ingresos), y Shougang Hierro Perú no es la excepción, a pesar que la atención se centra en las cupríferas, argentíferas y auríferas. En resumen, a los altos precios del hierro que superan los 90 dólares la tonelada se suma el incremento de la producción gracias a la productividad de los trabajadores.

Esta elevada rentabilidad de Shougang se puede observar en el cuadro donde las utilidades netas se han disparado de los 19 millones de dólares en el 2004, elevándose sobre los 72 millones en el 2006 para seguir aumentando y sumar los 142 millones de dólares en el 2008, disminuir en el 2009 a 49 millones, recuperarse en el 2010 con 290 millones y en el primer semestre del 2011 alcanzar los 260 millones de dólares. Es decir, en el primer semestre de este año se ha alcanzado el 92% del total obtenido el año pasado, lo cual permite proyectar un incremento de las utilidades netas a fin de año por encima de los 400 millones de dólares

Esta elevada rentabilidad se incrementa si se suman los montos obtenidos por depreciación y amortización que constituyen sumas que se cargan a los costos pero que no constituyen salidas reales de capital sino un recupero de la inversión en el caso de las depreciaciones, y en el caso de las amortizaciones sobre todo de intangibles, resultan deducciones por los gastos de exploración que se cargan a costos. Si se tiene presente que la maquinaria y equipo de Shougang Hierro Perú ha sido largamente depreciado en el tiempo, pues se opera en muchos casos con maquinaria adquirida en la época de la Marcona Mining empresa norteamericana de los años sesenta del siglo pasado y cuando era una empresa del ámbito del estado peruano.

Por ello consideramos que el mejor indicador de la rentabilidad empresarial está en relación a la Generación Interna de Recursos (GIR) que suma la utilidad operativa más los montos deducidos por la depreciación y amortización. En tal sentido, la rentabilidad del GIR bordea el 50%, pues el 2007 alcanzó la tasa de 50%, en el 2008 fue equivalente al 54%, para disminuir en el 2009 al 38% y volver a elevarse sobre el 66%.

En todo caso las utilidades netas de Shougang Hierro Perú han tenido un vertiginoso crecimiento en especial entre el 2008 y el primer semestre del 2011. Con las utilidades netas obtenidas y los montos de la depreciación y amortización de lejos se financian las inversiones realizadas que han sido modestas entre el 2000 y el 2008 como se podrá observar en el cuadro respectivo.

En verdad, la realidad de Shougang Hierro Perú constituye un caso especial donde la expansión del gigante asiático reproduce las viejas prácticas del colonialismo europeo. Si se tiene presente que más del 85% de la producción y de sus ingresos se explican por sus “exportaciones” hacia China, a su matriz se puede afirmar que se tiene un mercado asegurado, ajeno a los vaivenes de la crisis norteamericana, en una relación comercial entre una filial y su matriz.

Si a ello se agrega las políticas de internalización de costos con empresas vinculadas como la empresa eléctrica Shougang S.A., o de servicios portuarios Agnav, se puede afirmar que Shougang Hierro Perú maximiza sus ingresos y utilidades a costa de la sobre explotación de sus trabajadores expresada esta realidad por los miserables salarios pagados, en especial de sus trabajadores obreros, a quienes en su gran mayoría se les niega un tarro de leche en su jornada operativa.

Con negativas prácticas empresariales, con altos niveles de contaminación en las operaciones, con utilidades que se remesan a su matriz Shougang Corporation y que retornan como préstamos de la matriz a su filial, con una destrucción sistemática de los derechos de los trabajadores a la salud y vivienda decentes, con una sobreexplotación de la fuerza de trabajo, el Sindicato de Trabajadores Obreros han decidido como una única alternativa la Huelga General Indefinida en defensa de sus salarios, condiciones de trabajo e higiene, y contra el despotismo oriental que los trata como modernos “coolies”.

De allí que resulta fundamental la intervención del Estado rescatando el rol tuitivo del Ministerio de Trabajo y Promoción Social para evitar la que podría ser la primera huelga minera del gobierno del Presidente Ollanta Humala que ofreció terminar con los abusos de las empresas en especial de la mineras que con sobreutilidades ofrecen migajas a sus trabajadores.

OPORTUNIDAD HISTÓRICA: LA REFUNDACIÓN DE PETROPERÚ

2011-08-11T02:51:00.000-07:00

CON INTEGRACIÓN VERTICAL

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

Desde el 9 de agosto del presente PetroPerú la principal empresa del país tiene un nuevo directorio presidido por el ing. Humberto Campodónico Sánchez ex decano de la facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM, y conformado por los economistas Fernando Sánchez Alvabera ex ministro de energía y minas, y Germán Alarco Tosoni investigador de Centro de Negocios de la PUC, el ing. José Robles Freire ex director de la DGH, el abogado Ramiro Portocarrero Lanatta y el sindicalista Juan Castillo More. Este directorio será responsable de las principales decisiones que deberá adoptar la petrolera estatal en el próximo quinquenio para hacer realidad su modernización y fortalecimiento.

Hemos señalado en un artículo anterior la presencia de distintas petroleras estatales de terceros países que operan eficientemente y rentablemente en el Perú, tales como Petrobras, Ecopetrol, Enap de Chile, Sapet de China, Sonatrach de Argelia, KNOC de Corea del Sur, etc. De allí que constituye una necesidad su modernización para una positiva regulación en el mercado de combustibles, por estrategia nacional de desarrollo, alcanzar la seguridad energética, maximizar su rentabilidad y acumulación interna, más razones ambientales.

El nuevo directorio tiene la obligación histórica de promover la integración vertical de las diversas actividades petroleras que van desde la exploración, explotación, refinación, transporte, distribución mayorista y minorista. Este será un proceso difícil, paulatino que exige la necesaria voluntad política de los gobernantes para capitalizar a la petrolera estatal, fomentando las asociaciones público/privada, los joint ventures, donde el riesgo corresponda al capital privado, pues PetroPerú todavía no tiene las espaldas financieras suficientes para invertir 20 o 50 millones de dólares en la perforación de un pozo exploratorio, actividad que conlleva un alto riesgo.

¿CÓMO SUPERAR LA PRIVATIZACIÓN FRAGMENTADA?

Lamentablemente la privatización fragmentada de PetroPerú iniciada en los primeros años de la década de los noventa del siglo pasado con la entrega de los llamados “campos marginales” al sector privado, no solamente significó la fractura de la unidad técnica material de las diversas operaciones que tenía PetroPerú, transfiriendo filiales rentables como Solgás, Transoceánica, Petromar, Terminales.

Se debe tener presente que no solamente se transfirieron al sector privado lotes petroleros con reservas probadas, las mismas que fueron subvaluadas en su momento por falta de inversiones para convertir las reservas probables y posibles en reservas probadas.

En un proceso privatizador auspiciado por el Banco Mundial y el FMI, con altas dosis de corrupción, el país perdió la capacidad de acceder a la renta petrolera, percibiendo solamente regalias e impuesto a la renta de la actividad; donde los resultados exploratorios estimados en la perforación de pozos exploratorios que conllevan riesgo han sido absolutamente mezquinos.

Así, en la década de los noventa del siglo pasado y en la primera década del presente siglo el promedio de pozos perforados era de casi cinco pozos por año, cuando en la década de los setenta con PetroPerú como contratante se perforaraban en promedio veinticinco pozos por año y en los años ochenta un promedio de diecinueve pozos exploratorios.

Con la privatización también se transfirió la principal refinería del país “La Pampilla” en 1996 a un ridículo precio a la transnacional española Repsol/YPF (185 millones dólares) suma que recuperó en menos de tres años, pues como unidad de Petroperú antes de su privatización generaba utilidades antes de impuestos del orden de 600 millones de dólares.

Al margen de las diversas unidades transferidas al sector privado, se descapitalizó a PetroPerú con la privatización del “capital humano” de decenas de ingenieros y técnicos que fueron a laborar en diversas empresas del país y del mundo petrolero. También constituyó una versión malsana de este proceso, el despido de cientos de trabajadores de la empresa, muchos de los cuales fueron reasorbidos en el mercado laboral mediante políticas de contratación o services con menores salarios.

La descapitalización de capital humano en PetroPerú constituye un aspecto soslayado en los análisis de la privatización y sus efectos. Ello significó que PetroPerú invirtió miles de horas-hombre en la formación de excelentes técnicos que despliegan sus capacidades en empresas petroleras que operan en el país y en el mundo tales como de Venezuela, México, Estados Unidos, Arabia, Argentina, etc.

Esta privatización del “capital humano” debe ser superada mediante las alianzas estratégicas que pueda forjar PetroPerú con la petrolera de la Universidad Nacional de Ingeniería (Unipetro), que dicho sea de paso abona las tasas de regalias equivalentes más elevadas en el mercado, conjuntamente con acuerdos con las facultades de ingeniería de petróleo y geología de las principales universidades del país, para reconstruir la unidad o departamento de exploración-produccción que antes tenía PetroPerú.

Una prueba de la elevada capacidad técnica y productividad de sus trabajadores lo demuestra la ampliación de la capacidad refinera de Conchán efectuada en la década pasada. La partida de nacimiento de esta pequeña refinería data desde los inicios de los años sesenta cuando tenía como principales accionistas al grupo Prado y a la transnacional Chevron. Su capacidad de refino era de 9 mil barriles diarios, y como unidad de PetroPerú desde 1974 resultaba el complemento de La Pampilla, mas desde los años noventa del siglo pasado privilegiaba la producción de asfaltos, que tienen un mercado asegurado en Bolivia y en la construcción de las redes carreteras del Perú.

Por ello, ante la supuesta imposibilidad técnica de ampliar sus operaciones cxon los plqanos originales, fueron los técnicos de PetroPerú los que hicieron posible el aumento de la capacidad de refino a casi 15 mil barriles diarios con una minima inversión que fue rápidamente recuperada. Esta gran obra de ingeniería lamentablemente no ocupa las primeras páginas de la prensa pero expresa la capacidad de una empresa al servicio del país.

En el mismo sentido la refinería de Conchán en el mes de Julio pasado antes del discurso presidencial, se ha conectado al gas natural de Camisea disminuyendo significativamente sus costos de energía en la refinación lo cual representará mayores utilidades para PetroPerú y para el país.

EPÍLOGO

La nueva administración tiene el desafío de alcanzar la integración vertical de PetroPerú mediante una asociación en participación con las diversas empresas privadas en los lotes cuyos contratos están cercanos al vencimiento. También deberá apostar por la continuidad del proceso de modernización de la refinería de Talara que implicará el tratamiento de crudos pesados, la unidad de desulfurización y la ampliación de la capacidad de refino.

En el mismo sentido, la integración vertical supone la participación de PetroPerú en la distribución minorista con estaciones de servicios propios en especial de gaseocentros en provincias si es que de verdad se aspira a la masifiacción del gas natural.

Sin embargo, tan importante como la integración vertical es la limpieza moral que debiera efectuarse en PetroPerú, de allí lo signficativo de restaurar el comité de ética y de las buenas prácticas empresariales donde la transparencia sea una práctica cotidiana. El estigma de los “petroaudios” y la mala imagen de la empresa estatal se supera con resultados: con mayores utilidades, mejores precios y combustibles de calidad al servicio de los consumidores.

PERÚ: EL ROL EMPRESARIAL DEL ESTADO

2011-08-04T07:59:00.000-07:00

Contra El Fundamentalismo Liberal

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM y Consultor)

El mensaje presidencial del 28 de julio pasado sobre el rol empresarial del Estado y la necesidad de fortalecimiento y modernización de las empresas públicas ha suscitado polémica entre quienes persisten en el viejo dogma liberal de reducir la participación estatal a lo mínimo indispensable como lo pensará Adam Smith en “La Riqueza de las Naciones” (1776), bajo el argumento del rol subsidiario del Estado, dedicado a satisfacer las necesidades de educación, salud, seguridad e infraestructura básica. El paraguas constitucional de tal posición se fundamenta en la Constitución de 1993 identificada con el régimen dictatorial del ex presidente Alberto Fujimori. En tal sentido, tenemos la única carta constitucional en el mundo que reconoce expresamente el rol subsidiario del Estado en la economía, lo cual constituye un extraño privilegio.

De otro lado, estamos quienes apostamos por una participación moderna del Estado en la economía superando en la práctica el dogma liberal del rol subsidiario con empresas públicas para que se comporten en el mercado como empresas eficientes, rentables, abiertas al mercado con listado de sus acciones en la bolsa. Es decir, reclamamos la participación de las empresas del Estado lejos de las políticas mercantilistas que conciben a las mismas como fuente de enriquecimiento privado, cotos de corrupción y botín de los gobiernos de turno.

Esta posición no constituye una ilusión teórica, su antecedente intelectual se identifica con las ideas del economista post keynesiano Paul Samuelson con su tesis de la “economía mixta”, en esta asociación inteligente entre el Estado y mercado, donde se fortalezca la acumulación interna, el ahorro nacional, la regulación del mercado sin distorsiones ni abusos del dominio en el mercado, lejos de las discriminaciones y subsidios indebidos. Donde las empresas públicas no dependan de las decisiones ni humor del Presidente de la República.

Para ello es importante señalar la participación de diversas empresas estatales de terceros países que operan exitosamente en el Perú, generando ingresos y utilidades, comportándose en el mercado como cualquier empresa en sectores rentables y estratégicos como los hidrocarburos y la energía.

EMPRESAS ESTATALES EN PERÚ

Empezando por nuestros vecinos destaca en primer lugar Petrobras del Brasil, empresa estatal de hidrocarburos que tiene como accionista principal al estado brasileño, a la banca de desarrollo de dicho país, y un 49% de accionariado difundido cuyas acciones se cotizan en las principales bolsas del mundo. En nuestro país opera el viejo lote X en Talara que antes perteneció a la IPC, entre 1969 y 1996 lo administró PetroPerú, y que redimensionado en 1992 fue transferido mediante el proceso privatizador en diciembre de 1996 a la empresa privada argentina Pérez Companc.

Petrobras en el marco de su política de expansión en América Latina en el 2002 compró la mayoría accionaria de la petrolera Pérez Companc haciéndose de sus activos en Argentina, Venezuela, Ecuador y Perú. De allí, que desde el 2003 a la fecha opera exitosamente el lote X superando la tendencia natural de los viejos pozos a la declinación productiva. Este lote con una producción cercana a los 13 mil barriles diarios no solamente abastece a la refinería de Talara de PetroPerú, sino que con sus excedentes alcanzados ha financiado las actividades de exploración en diversos lotes, en especial en el lote 58 ubicado en el Gran Camisea que tiene importantes reservas de gas natural.

En el lote Z-2B en el zócalo continental desde el 2009 operan dos empresas estatales que han sustituido a la cuestionada empresa Petro Tech Peruana S.A. Se trata de Ecopetrol de Colombia con su primera incursión internacional y KNOC la petrolera estatal de Corea del Sur. En este lote la producción es superior a los 12 mil barriles diarios de un crudo de alta calidad que abastece también a la refinería de Talara, con una importante producción de gas natural fiscalizado superior a los 15 millones de pies cúbicos diarios que alimentan las turbinas de la empresa Eléctrica de Piura (EEPSA).

Es más, tienen el compromiso de invertir montos mayores a los 1,500 millones de dólares en dicho lote para el desarrollo de actividades de exploración que conllevan riesgo y la construcción de nuevas plataformas marinas. Debemos tener presente que los últimos gobiernos colombianos destacan por su ideario liberal, pero ello no impide promover a sus empresas estatales como Ecopetrol que ha podido financiar el 50% de los 900 millones de dólares pagados a los accionistas de Petro Tech, sino también los compromisos de inversión en los diversos lotes que tienen en el Perú.

Desde Chile destacan las operaciones de la petrolera estatal Enap que ha logrado la integración vertical en nuestro país. Aquí opera en la distribución mayorista y minorista a través de la cadena de grifos “Primax” asociada con el grupo Romero. Con la mayoría accionaria esta distribuidora se constituye en el principal distribuidor mayorista y minorista del país, comprando derivados de petróleo a PetroPerú.

Al mismo tiempo Enap de Chile a través de una empresa subsidiaria como Manu Holdings realiza actividades de exportación e importación, comprando en dicho país volúmenes de diesel y gasolinas producidos por sus refinerías que fueron modernizadas en la década pasada para producir combustibles de acuerdo a exigentes normas ambientales con 50 partes de millón de azufre por galón. De allí, que constituye una paradoja ejemplar que Chile siendo un importador de crudo, pues compra al Ecuador y Venezuela el 95% de sus requerimientos de crudo, tenga la posibilidad de exportar hacia nuestro país más de 6 mil barriles diarios de derivados utilizando a la subsidiaria Manu Holdings.

La lista de empresas petroleras y eléctricas que operan en el Perú es más larga, pues se debe mencionar a la estatal Sapet de la China Popular que extrae crudo y gas de los lotes VI/VII, y su matriz CNOC la Compañía China de Petróleo resulta asociada en Pluspetrol Norte en las operaciones del lote 8. También se debiera mencionar la presencia de la estatal argelina de Sonatrach en la producción, transporte de gas y líquidos de gas natural de los lotes 88 y 56 en Camisea.

En el sector eléctrico nuevamente destaca la presencia colombiana por medio de ISA responsable de la transmisión eléctrica en el sistema integrado nacional con una mayoría accionaria superior al 55%, y del estado italiano con una importante participación accionaria superior al 22% en el grupo Enel Energy de Italia principal accionista del grupo Endesa que en nuestro país resulta responsable de las empresas de generación Edegel la principal empresa de generación eléctrica en el mercado nacional y de Eléctrica de Piura, más la mayoría accionaria en Edelnor empresa de distribución eléctrica de Lima norte.

La lista sería mayor si se analizara la participación del Estado de manera directa e indirecta en otras empresas estatales del sector, y ello nos demuestra la capacidad de otros estados de gestionar y promover empresas públicas eficientes y rentables que se comportan en el mercado como cualquier empresa en nuestro país. Por ello, la modernización de empresas estatales como PetroPerú y ElectroPerú resulta un imperativo moderno, que debiera ser ajena a la participación populista y al dogma liberal. Ello significa que PetroPerú para alcanzar la eficiencia económica debe volver a la integración vertical como lo ha afirmado el nuevo presidente del directorio Ing. Humberto Campodónico.

Hora de fortalecer empresas estatales

2011-08-03T08:43:00.000-07:00

Comparto con ustedes la entrevista que se me realizó el día 03 de agosto de 2011, para el diario La República.

"Posiciones. Confiep dice que no se debe arriesgar dinero público. Investigador de la UNMSM Jorge Manco Zaconetti manifiesta que las empresas estatales sí son autosostenibles y rentables.

Por: Enrique Larrea.

El fortalecimiento de empresas estatales como Electroperú y Petroperú resulta necesario para asegurar el ahorro interno y ubicar al Perú en línea con el Estado mixto (no solo subsidiario) que promueven diversos países, expresó Jorge Manco Zaconetti, investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

“El fortalecimiento de las empresas estatales resulta una necesidad moderna, sobre todo para asegurar el ahorro interno”, señaló.

Asegurar la energía

Manco agregó que las empresas estatales son rentables y por ende autosostenibles. Sin embargo, existen barreras que les impiden reinvertir sus utilidades.

Mencionó que en la actualidad Electroperú obtiene una rentabilidad de US$ 115 millones anuales aproximadamente, pero que éstas se utilizan para pagar las pensiones del Fondo Nacional de Ahorro Público (Fonahpu). “Esta partida debería ser asumida por la ONP”, detalla el investigador de la UNMSM.

Esta atadura ha impedido que Electroperú invierta para desarrollar toda su potencia instalada. “Electroperú es responsable del 25% de la producción eléctrica, pero tiene un potencial desaprovechado de 600 megavatios que no los puede potenciar por falta de recursos para invertir, pese a que existe déficit de energía en el norte y el sur del país”, afirmó Manco.

Una situación similar ocurre con Petroperú. Esta empresa hasta mayo de este año habría obtenido S/. 385 millones en utilidades netas, sin embargo nada puede invertir sin la licencia del Ministerio de Economía, sostiene el profesor de San Marcos. El cálculo de Manco proyecta que al final de este año obtendrá utilidades netas por más de S/. 400 millones

Oposición del sector empresarial

En tanto, el presidente de la Confiep, Humberto Speziani, manifestó que no debería profundizarse en la participación general del Estado en la economía. “¿Para qué arriesgar el dinero del Estado cuando hay tantos pobres que atender? No se puede meter en una aventura empresarial”, afirmó. Asimismo se mostró en contra del cambio constitucional. “Podría causar incertidumbre en el mercado pues hay una serie de contratos basados en ella”, dijo.

Datos

1) Aerolínea. César Peñaranda, economista de la CCL, sostuvo que la creación de una línea de bandera desviaría recursos de las prioridades del Estado como son la pobreza y la educación.

2) negativo. Asimismo, se mostró en contra de recuperar la flota mercante nacional, reflotar las empresas públicas existentes como Enapu, Electroperú o potenciar Agrobanco. “Eso implica utilizar fondos del erario fiscal hacia actividades de riesgo”, dijo."

Petroperú debe embargar a Primax si no paga deuda

2011-08-03T08:32:00.000-07:00

Comparto con ustedes la nota periodística del diario La Primera, del día 02 de agosto de 2011.

"El congresista de Alianza Parlamentaria Yonhy Lescano sostuvo ayer que la empresa PetroPerú debe entablar de inmediato las acciones legales pertinentes para cobrar la cuantiosa deuda que Primax, la cadena de grifos del Grupo Romero y Enap de Chile, tiene con el estado peruano.

Según un informe de PetroPerú, esta empresa estatal experimentó un incremento de sus cuentas comerciales por cobrar debido al aumento de las deudas de sus clientes mayoristas, las cuales a fines de junio eran de S/. 279.9 millones.

El principal deudor es Primax, que tenía hasta la fecha indicada un saldo por pagar de S/. 216.6 millones.

PROCEDE EMBARGO

Para Lescano, los procuradores de la petrolera estatal deben actuar lo antes posible para que la citada cadena de grifos cumpla con pagar la mencionada deuda.

El congresista agregó que los defensores del Estado están en condiciones de pedir un embargo de los bienes de Primax, de tal manera que se asegure la cancelación de las facturas de PetroPerú que tiene por pagar.

De acuerdo con el informe de la petrolera estatal, el consolidado de los saldos de cuentas por cobrar comerciales corresponde a facturas en soles y dólares, originadas en su mayoría por la venta de productos refinados.

Estas cuentas por cobrar, conforme a políticas internas de PetroPerú, están garantizadas por cartas fianza, otros instrumentos del sistema financiero y facilidades aprobadas por la gerencia general y autorizadas por el directorio de la petrolera estatal.

Lescano señaló que esta situación desventajosa para Petroperu, que perjudica al Estado en sus recursos, se habría producido por la desidia de las autoridades peruanas de la anterior gestión gubernamental.

El legislador no descartó, además, que haya habido una preferencia indebida para favorecer a la cadena de grifos del Grupo Romero y sus socios Chilenos.

POTENCIAR PETROPERÚ

De otro lado, el especialista en Hidrocarburos e investigador de la Universidad de San Marcos, Jorge Manco Zaconetti, consideró que si existe una deuda como la que tiene Primax con PetroPerú, ésta debe de pagarse con los intereses correspondientes, como ocurre entre dos empresas comerciales.

El experto refirió, sin embargo, que hay que tener cuidado con presentar a la petrolera estatal como ineficiente, cuando al año reporta ingresos por S/.10 mil millones.

Agregó que el reto es potenciar a la empresa nacional, que debe operar en la producción de combustible, así como en la comercialización.

Citó el caso de Enap, la empresa estatal de Chile que tiene 56% de las acciones de Primax (el porcentaje restante es del Grupo Romero), que no solo participa en la comercialización sino que exporta al Perú diésel para distribuirlo.

Añadió que PetroPerú necesita una cadena propia de grifos, especialmente en provincias, para expender el combustible y no tercerizar su servicio a través de 400 grifos de las diferentes distribuidoras como Primax, Repsol, Schell y Pecsa, como ocurre hasta ahora

“En 1991, PetroPerú tenía 78 grifos que los vendió a precio de huevo roto, los que hoy necesita para no depender de terceros”, concluyó."

Helio Ramos

Redacción

PERÚ: DISTORSIONES DEL CANON MINERO

2011-07-07T09:57:00.000-07:00

Errática Distribución Departamental del Canon

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM y Consultor)

A fines de junio pasado el Ministerio de Economía y Finanzas ha publicado en su portal la nueva distribución del canon minero para los gobiernos locales y regionales, que tiene su fundamento en el impuesto a la renta abonado por los titulares mineros correspondiente al ejercicio fiscal del 2010. Como se podrá observar en el cuadro respectivo “Perú: Distribución del Canon Minero” a nivel global este será de 4,048 millones de nuevos soles, superando los montos anteriores que sumaron los 3,591 millones de nuevos soles. Es decir, el incremento ha sido de 458 millones más, lo que representa una variación del 12.7%

En un artículo anterior señalamos que el canon minero no constituye propiamente un verdadero canon a diferencia del canon petrolero, en razón de su dependencia del impuesto a la renta. Así, el Estado transforma el 50% del impuesto a la renta efectivamente pagado como canon minero. Ver “Perú: Un Canon que no es Canon”.

Por la forma como se distribuye el canon minero, el impuesto a la renta abonado en el 2010, se reparte entre todos los gobiernos regionales y gobiernos locales donde se realizan operaciones mineras. El abono se efectúa en una sola armada en las cuentas de los gobiernos municipales y regionales, los cuales serán gastados según las normas presupuestales, con la presentación de proyectos o perfiles según los montos para las inversiones sociales o de infraestructura, pasando por el Sistema de Inversión Pública (SNIP) solamente los grandes proyectos de inversión.

La propia naturaleza del canon minero está distorsionada como hemos señalado en más de una oportunidad, tan es así que el canon minero a pesar de su incremento en el 2010 en relación al 2009, representa el 6.9% del total de los ingresos de exportación minera, cuando en el 2009 significaban el 8%, y el 2007 equivalían al 11%. Es más, mientras los ingresos de exportación generados por la minería aumentaron en un 32%, pasando de los 44,669 millones de nuevos soles en el 2009 a más de 58,844 mil millones en el 2010, mientras el canon minero se incrementó en 12.7%

Sin embargo, a pesar de todas sus limitaciones en un análisis con perspectiva se debe reconocer el significado e importancia que tiene el canon minero para los departamentos mineros, en relación a los departamentos que no perciben esta renta territorial. Este problema alcanza mayor trascendencia con los acontecimientos de Puno donde sectores críticos a la minería exigen la nulidad y el término de las concesiones mineras.

A pesar de no ser un departamento minero por excelencia Puno entre el 2006 al 2010 ha percibido por canon más de 940 millones de nuevos soles, y en el 2010 estos montos superan los 263 millones, superando a departamentos mineros como Pasco, Cusco, Junín. Evidentemente una minería responsable en términos ambientales y sociales que abone regalías y el impuesto a la renta, incrementaría los recursos mineros para los gobiernos regionales y locales.

EL CANON PARA ANCASH

Este es el canon que corresponde al período julio 2011 hasta junio 2012, y el departamento que encabeza la lista es Ancash con 992 millones de nuevos soles, lo que significa apenas un incremento de 68 millones de nuevos soles es decir el 7.4% más de lo percibido en relación al canon del 2009 que representó los 924 millones de nuevos soles.

En el período 2006- 2010 el departamento de Ancash ha percibido por concepto de canon minero más de 5,265 millones de nuevos soles, constituyéndose en el departamento con más recursos a nivel país por este concepto. Esto no es ningún privilegio sino una responsabilidad para ejecutar con inteligencia estos recursos, pues los mismos no se tendrán cuando se agote la riqueza minera.

Los montos del canon para Ancash si bien resultan superiores a los 2009, están muy por debajo a los montos redistribuidos en el 2008 que sumaron los 1,372 millones y en el 2007 que sumaron los 1,628 millones de nuevos soles. Otra manera de captar su disminución relativa consiste en identificar su participación frente al total del canon minero.

Así, en el 2007 la participación del canon percibido por Ancash significaba el 31.5% del total del canon minero distribuido, en el 2008 representa el 30% mientras en el 2010 participa con el 24.5%. Evidentemente ello tendría una explicación.

Una las razones por las cuales Ancash tiene un menor canon minero en el 2010 en términos relativos a pesar de los altos precios del cobre, oro y zinc, cuyos precios superan a los vigentes del 2007 sobre todo en el metal rojo y amarillo, se explica por los beneficios tributarios de Mra. Antamina como el de la reinversión a costa de un menor impuesto a la renta, lo cual le ha permitido deducir hasta el 80% del impuesto a la renta con el objeto de financiar el incremento de su capacidad de tratamiento.

De otro lado, el otro factor explicativo de un menor canon minero está en relación a los menores volúmenes producidos por la unidad de Pierina de la Barrick Misquichilca en razón de los rendimientos marginales decrecientes, que si no fuera por altos precios del oro que superan los 1,448 dólares la onza habría estado en cierre, lo que ha permitido el alargamiento de su explotación económica.

LA LIBERTAD CON AREQUIPA

El segundo departamento en percibir los mayores montos de canon minero es La Libertad con 544 millones de nuevos soles, superando la distribución del 2009 de 376 millones de nuevos soles. Este departamento norteño está percibiendo 167 millones de nuevos soles adicionales, lo que representa un incremento de 44.5%

Esta mayor participación se explica por los altos precios del oro, y la producción de aurífera de la unidad de Lagunas Norte de la transnacional Barrick, por la presencia de Mra. Horizonte, Mra. Retama, Mra. Poderosa, Mra. Santa Rosa, San Simón y otras.

Si se tiene en consideración que la distribución del canon minero para La Libertad fue de 283 millones en el 2007, de 273 millones en el 2008, para subir a 375 millones en el 2009 y trepar a 543 millones en el 2010, debiera resultar evidente la importancia creciente que tiene el canon minero en este departamento. Así, se puede estimar en más de 1,530 millones de nuevos soles el canon minero transferido entre el 2006 al 2010.

El tercer lugar en cuanto al canon distribuido a nivel país para el 2010 lo tiene Arequipa con 524 millones de nuevos soles lo que constituye un retroceso en relación a lo percibido en el 2009 que sumó los 538 millones de nuevos soles. Debiera ser evidente que ello tiene su explicación por los menores valores abonados por concepto del impuesto a la renta producto de la actividad de la Mra. Cerro Verde y los beneficios de la reinversión a costa del impuesto a la renta, que no se compensa lo suficiente con la producción de oro y plata que se explota en la región por parte de otras empresas mineras.

A nivel acumulado Arequipa ha percibido por canon más de 1,750 millones de nuevos soles entre el 2006 al 2010, lo cual lo posiciona como el departamento con mayores recursos. En especial si se tiene presente que los montos transferidos eran de 157 millones de nuevos soles en el 2007 para incrementarse a 459 millones en el 2008 trepar a los 538 millones en el 2009 y mantenerse sobre los 523 millones en el 2010. Evidentemente la expansión de Cerro Verde con una producción cuprífera de 300 mil toneladas anuales y los altos precios del cobre explican especialmente este comportamiento.

CAJAMARCA SUBE EL CANON

El departamento de Cajamarca ocupa el cuarto lugar en las transferencias del canon minero percibiendo 426 millones de nuevos soles, lo cual significa un incremento absoluto de 194 millones adicionales en relación a lo percibido por el canon del 2009. Esto significa una variación positiva de 84%, pues el canon del 2009 fue de 232 millones de nuevos soles, y lo correspondiente al 2008 apenas llegó a los 187 millones de nuevos soles.

Sin embargo el canon minero distribuido por el ejercicio fiscal del 2010 de 426 millones resulta menor a lo distribuido en el 2007 que alcanzó la suma de 586 millones de nuevos soles. Evidentemente la menor producción de Mra. Yanacocha que está extrayendo cada vez menos con una producción inferior a los 2 millones de onzas cuando podría producir el doble, en razón de la fuerte oposición de las comunidades campesinas a su expansión.

Por ello, los mayores montos distribuidos por concepto de canon se explican sobre todo por los altos precios del oro, que en promedio el 2010 alcanzaron niveles de 1,225 dólares la onza muy por encima de los precios del 2007 que promediaron los 604 dólares la onza. Por tanto, gracias a los mayores precios y a la presencia de nuevos operadores como Gold Fields La Cima es que el canon minero se incrementa a pesar de los mayores conflictos sociales.

A nivel acumulado Cajamarca entre el 2006 al 2010 ha percibido por canon más de 1,787 millones de nuevos soles, y dichos montos debieran ser mayores si se resuelve positivamente la oposición a la actividad minera en el marco de la responsabilidad social, ambiental y tributaria con ganancias compartidas entre la población, los gobiernos locales y gobierno regional.

TACNA CON MOQUEGUA HACIA ABAJO

A pesar de la fuerte oposición de las comunidades andinas de los departamentos del sur, los recursos del canon minero se explican en lo fundamental por la presencia de Southern Perú Copper Corporation, con las unidades de Cuajone en Moquegua y Toquepala en Tacna. Ello explica que Moquegua esté percibiendo 351 millones de nuevos soles y Tacna 293 millones. En ambos casos se verifica una disminución en relación al período anterior donde el canon representó 399 millones y 342 millones respectivamente.

Si bien Tacna percibía en el 2007 un canon de 773 millones de nuevos soles, en el 2008 se mantiene sobre los 743 millones en el 2009 disminuye a los 342 millones para llegar a los 293 millones de nuevos soles. Esta tendencia decreciente no solamente tiene que ver con la nueva metodología de cálculo del canon minero que enfrentó a los departamentos, en especial se explica por los rendimientos decrecientes y menores leyes de mineral de las operaciones de Toquepala que tienen más de 50 años de explotación.

EPÍLOGO

Si bien los primeros 8 departamentos perceptores del canon minero concentran el 84 por ciento del total distribuido, las tendencias decrecientes de Cajamarca, Tacna y Moquegua nos demuestran la relatividad de dichos recursos al margen del uso eficiente de los mismos. Los recursos del canon y regalías provenientes de la explotación minera se agotarán en algún momento en la medida de la continuidad en el tiempo de su explotación.

Por ello, el Estado debe tener una mayor participación en la renta minera y promover la explotación racional de los recursos no renovables, valorizando en mejores términos los recursos naturales, en razón del gran potencial todavía no explotado y los crecientes conflictos sociales. De allí, la necesidad de incrementar las tasas de regalías, los derechos de vigencia y el establecimiento del Fondo de Responsabilidad Social a partir del aporte minero.

PERÚ: UN CANON QUE NO ES CANON

2011-07-04T09:01:00.000-07:00

POR UNA MINERÍA RESPONSABLE CON MÁS REGALÍAS

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM y Consultor)

A diferencia del sector petrolero donde el canon se fija como una participación aplicado sobre el valor de la producción descontando los costos de transporte y distribución hasta el punto de fiscalización donde se valoriza el petróleo; el canon petrolero en la práctica se financia con los diversos impuestos generados en la cadena de valor, que van desde las regalías, impuesto a la renta, aranceles y otros. Donde gracias a la ley Nº 29693, el canon petrolero se ha incrementado del 10% del valor de la producción de crudo al 15%, y el sobrecanon del 2.5% al 3.75%, favoreciendo a los departamentos de Piura, Loreto, Ucayali y Tumbes.

En cambio el canon minero depende del impuesto a la renta abonado por las empresas mineras, por ello está sujeto a una serie de deducciones propias de las partidas que conforman el costo de ventas, de los gastos de venta y administrativos como de los gastos financieros.

Así, por ley el Estado ha determinado que el 50% del impuesto a la renta pagado por las empresas mineras se transforma en canon minero que se distribuye en un 10% en el distrito productor donde opera la unidad minera, 25% entre los municipios distritales de la provincia donde se extraen los recursos mineros, un 25% para el gobierno regional que incorpora el 5% para la universidad pública, y el resto un 40% entre los gobiernos locales del departamento donde se explotan los recursos mineros.

Por ello afirmamos que el canon minero no constituye un real canon pues su fuente es el impuesto a la renta, es decir una renta derivada, que está sujeta a una serie de deducciones y beneficios que tienen las empresas mineras en razón del marco atractivo para atraer la inversión privada sobre todo transnacional, en un modelo que está siendo cuestionado por la propia realidad, a través de los numerosos conflictos sociales, en especial por las externalidades negativas, es decir las faltas ambientales que no tienen un correlato efectivo en la remediación (pasivos ambientales) como las pobres penalidades a los infractores, que duermen el “sueño de los justos” en el poder judicial.

Así, los varios beneficios tributarios que van desde la reinversión de utilidades que permite deducir hasta el 80% del impuesto a la renta con fines de reinversión (Mra. Antamina, Mra. Cerro Verde), la depreciación acelerada, la capacidad de deducir los gastos de exploración del impuesto a la renta como las utilidades laborales distribuidas. La exoneración del pago del selectivo al consumo a los combustibles residuales o diesel utilizados en la generación eléctrica al servicio de las empresas mineras.

A ello debe sumarse el blindaje de los llamados contratos de estabilidad jurídica, tributaria y administrativa que justifica indebidamente el no pago de las regalías mineras al llamado “cogollo minero” desde el 2005 con un alto costo fiscal que el gobierno saliente del Dr. García Pérez negoció con el llamado Aporte Voluntario más conocido como óbolo minero que debía sumar los 2,500 millones nuevos soles entre el 2006 al 2011.

Este llamado “aporte de solidaridad con el pueblo peruano” constituyó la salida política que sustituyó al llamado “impuesto extraordinario a las ganancias extraordinarias”, propuesta que se levantó como bandera electoral en las campañas del 2006 y del 2011, en especial por el Comandante Ollanta Humala. En este punto se debiera reconocer la coherencia en el tiempo de la plataforma de “Gana Perú” respecto a la necesidad de incrementar la participación del Estado en la riqueza minera.

MÁS REGALÍAS

Si bien las regalías mineras no resultan significativas como el canon minero, el comportamiento del 2010 en relación al 2009 ha sido de un aumento significativo al pasar de 339 millones de nuevos soles a 605 millones en el 2010 con tendencia al aumento, pues en la medida que finalicen los contratos de estabilidad tributaria las empresas estarían obligadas a pagar las llamadas regalías mineras. Ver cuadro sobre “Total de Transferencias de Regalías Mineras por Departamentos”

Por estas consideraciones resulta un imperativo nacional la necesidad de una mayor participación del Estado en la renta minera, ante los mayores ingresos y beneficios que están obteniendo las empresas mineras, que explotan recursos naturales no renovables. Esto se puede alcanzar por diversos mecanismos, sea a través de un incremento de las tasas de regalías mineras pasando del 3% al 6% a las empresas donde el valor de los concentrados supera los 120 millones de dólares anuales. En el mismo sentido, las empresas que abonan actualmente el 2% donde el valor del concentrado es superior a los 60 millones de dólares por año pero inferior a los 120 millones pasarían a pagar el 4%, y las empresas donde el valor del concentrado resulta menor a los 60 millones de dólares anuales abonarían el 2% en lugar de pagar el 1%.

En este contexto debiera revisarse la exoneración del abono de regalías que goza la pequeña y minería artesanal, pues allí existe un mundo real de la informalidad donde se abonan regalías privadas de hasta el 40% del valor extraído sobre todo en la explotación de oro, con condiciones lesivas al equilibrio ambiental.

Por los transcendidos periodísticos se tiene conocimiento que el profesor James Otto de la Universidad de Colorado, experto mundial en sistemas tributarios mineros comparados en reuniones llevadas a cabo en el Ministerio de Economía y Finanzas y también con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, habría recomendado duplicar las tasas de regalías vigentes como una forma efectiva, relativamente sencilla de incrementar la participación del Estado en la renta minera.

Es decir, mediante este mecanismo elevando las tasas de regalías el Estado obtendría mayores ingresos aprovechando el ciclo todavía boyante de los precios internacionales. A ello debiera agregarse la necesidad de negociar con todas las empresas mineras en especial del “cogollo minero” (Mra. Antamina, Mra. Cerro Verde, Mra. Barrick Mra. Tintaya, Mra. Yanacocha) para el abono de regalías que adeudan al Estado desde el 2005.

Este sería un mecanismo efectivo para incrementar los ingresos fiscales que debieran ir de la mano con un sustancial aumento de los derechos de vigencia en las concesiones mineras que al fijarse a 3 dólares por hectárea resultan relativamente baratas para una serie de empresas de la gran y mediana minería y sobre todo a los especuladores que con mínimos programas de inversión minera pueden retener los derechos mineros sobre las concesiones por más de 15 años.

Se trata de elevar los derechos de vigencia para que constituya una barrera de entrada en un sector donde las concesiones mineras se han incrementado superando los 23 millones de hectáreas a nivel país, constituyéndose en una fuente renovada de conflictos por la ausencia de la necesaria zonificación del espacio territorial respondiendo dónde se puede desarrollar actividad minera y dónde debiera evitarse su presencia.

El incremento de las tasas de regalías aplicadas sobre el valor de la producción de los concentrados y/o su equivalente, más el aumento sustantivo de los derechos de vigencia no restaría competitividad a la minería que se desenvuelve en el país, pues existe un techo tributario a nivel comparativo con países como Canadá, Australia, o el mismo vecino del sur Chile, donde operan las mismas transnacionales que están en el Perú.

Los representantes del capital representados en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía debieran entender que el problema sustancial de la actividad minera no es un problema de competitividad internacional; en verdad se trata de algo más profundo a nivel social, de las mentalidades andinas, de la falta de reciprocidad y de la redistribución del excedente, del Estado fallido y ausente, de la permisibilidad contaminante del medio ambiente; de allí el generalizado rechazo a la minería a nivel país, donde Puno constituye la expresión más descarnada y brutal.

¿QUÉ HACER CON EL APORTE?

En verdad, el nuevo gobierno debe negociar con inteligencia con las empresas mineras para enfrentar y resolver positivamente los graves conflictos sociales relacionados realmente o artificialmente con la actividad minera. Superar la oposición minera será un largo proceso de aprendizaje mutuo entre las comunidades andinas, las poblaciones locales que perciben el canon y las regalías, de los liderazgos regionales y los llamados frentes de defensa que están destinados a florecer en el próximo período por las expectativas desatadas.

Una minería responsable a nivel social, ambiental y tributario constituye un factor de desarrollo no solamente por la generación de ingresos directos e indirectos, los efectos multiplicadores en la inversión y el empleo sino por las posibilidades que se podrían obtener en una visión de largo plazo para industrializar los productos mineros, con un mayor agregado. Así, en lugar de exportar barras de oro se debería exportar joyería de oro y plata como lo hace Italia. En lugar de exportar cobre fino transformar industrialmente este producto en una serie de derivados.

En tal sentido, la experiencia del llamado aporte voluntario no debiera perderse, por ello sería importante su formalización para todas las empresas mineras sin excepción. Así, el 3.75% de la utilidad neta sería denominado el “Fondo de Responsabilidad Social” que debiera invertirse prioritariamente en las comunidades del entorno minero para elevar los índices de desarrollo humano, con educación y salud de calidad, infraestructura y conectividad vial para el desarrollo de los mercados locales etc.

Por tanto si existe un real interés de la Sociedad de Minería por mantener el aporte voluntario, se debiera aprovechar la experiencia acumulada, a través del fondo local y regional, bajo las condiciones en que ha venido operando. Esto sería parte de un paquete para cambiar el rostro de la minería ante la opinión pública.

En resumen, con la renegociación de los convenios de estabilidad tributaria, con mayores tasas de regalías, elevando sustantivamente los derechos de vigencia a los nuevos proyectos mineros, y estabilizando el aporte minero como el 3.75% de la utilidad neta, el Estado tendría una mayor participación en la renta minera.

Las ventajas de este esquema radicaría en el principio de la simplicidad tributaria, donde la fiscalización sobre la recaudación de las regalías mineras debiera ajustarse pues existe una experiencia acumulada. En el mismo sentido, la aplicación del 3.75% sobre la utilidad neta como un fondo de responsabilidad social resulta relativamente fácil de ser identificada, como también los petitorios mineros.

En cambio, la propuesta del impuesto a las sobreganancias o un impuesto extraordinario a las utilidades extraordinarias tiene una limitante temporal en su justificación que podría atenuarse con una caída o retracción de los precios internacionales producida por un recrudecimiento de la recesión de la economía norteamericana o un menor crecimiento de la China. Para ello bastaría con modificar las tasas del impuesto a la renta no solamente para la minería sino para el conjunto de actividades, con un carácter progresivo, bajo el principio de “quién gana más paga más” lo cual tomaría su tiempo en razón de polarización y dispersión de los partidos en el Congreso de la República para el período 2011-2016.

Desde el punto de vista de la economía política resultaría más factible el abono general de las regalías pues existe una justificación económica y moral, pues las más importantes empresas mineras no están pagando por la explotación de los recursos naturales no renovables, que se extinguen en el tiempo, y que pertenecen a la Nación, es decir a todos los peruanos.

PetroPerú: Los retos de la integración vertical

2011-06-28T10:01:00.000-07:00

ASOCIADO EN EL UPSTREAM

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM y Consultor)

El nuevo gobierno que preside el comandante Ollanta Humala, en el subsector de hidrocarburos tendrá que enfrentar y resolver múltiples problemas, herencias no resueltas y “bombas de tiempo”, que van desde los conflictos socio-ambientales, la revisión de contratos lesivos, los subsidios a los combustibles, las tarifas del gas natural y del gas licuado de petróleo (GLP), la modernización de la refinería de Talara-PetroPerú, la masificación del gas natural con la prioridad del mercado interno, el desarrollo de la petroquímica y el cambio de la matriz energética, entre otros.

La interrogante más importante debiera estar relacionada con la necesidad de tener una política energética firme que nos permita alcanzar la autonomía haciendo un uso racional de nuestros recursos energéticos a precios competitivos, es decir, lejos de los subsidios indiscriminados como Bolivia y Venezuela que limitan la inversión privada con una presencia sobredimensionada del Estado.

De igual forma se debieran evitar los abusos de mercado con la presencia de posiciones de dominio de empresas transnacionales que afectan los intereses de los consumidores y restan competitividad a la economía en su conjunto. De allí, la necesidad de una moderna regulación de los precios de los combustibles, lo cual supone transparencia y conocimiento en la formación de los costos, precios y márgenes.

Alcanzar la autonomía energética y superar el creciente déficit de nuestra balanza comercial de hidrocarburos, es un problema de largo plazo, ello significa que desde 1988 importamos más crudo y derivados de lo que exportamos; y en la presente coyuntura se expresan las consecuencias de las decisiones que se adoptaron en el pasado, o que por inacción de las autoridades se dejaron de hacer. Por ello, la objetividad de la realidad, al margen de nuestros deseos nos muestra sus efectos con mayor crudeza: Una dramática caída de la producción interna de crudo sobre todo de la selva norte, y una tendencia creciente dependencia del petróleo importado.

En tal sentido, si se hiciera abstracción de los efectos positivos del proyecto Camisea que antes del 2015 estará extrayendo más de 1,500 millones de pies cúbicos diarios de gas natural y 120 mil barriles diarios de líquidos que se fraccionarían en Pisco, la realidad petrolera sería crítica por no decir dramática, de allí la necesidad de modernizar y potenciar de verdad a PetroPerú S.A.

PETROPERÚ ASOCIADO

La petrolera estatal en el presente está reducida a las actividades de refino con las operaciones de Talara, las refinerías de Conchán, Iquitos, El Milagro y el arrendamiento de la refinería de Pucallpa, sumada a su participación como distribuidor mayorista de combustibles con una participación del 47% en el mercado de derivados.

A ello se debe agregar el Oleoducto Norperuano que con una capacidad de transporte de 200 mil barriles diarios, hoy está transportando menos de 30 mil barriles diarios en razón de la caída de la producción del lote 8, operado por la empresa Pluspetrol Norte donde se obtuvo un promedio de 11,710 barriles diarios en el 2010, cuando en el año 2000 era responsable de una producción diaria de 25,490 barriles. Ver cuadro de producción diaria de petróleo crudo.

En el mismo sentido, el lote 1-AB, también operado por Pluspetrol Norte, que a inicios de la década producía un promedio de 36,490 barriles, en el 2010 era responsable de una extracción comercial de 18,700 barriles diarios. Esto significa que PetroPerú tiene que asumir los altos costos de mantenimiento del gran Oleoducto Norperuano para utilizar solamente el 15% de su capacidad, y transportar el crudo pesado de Pluspetrol Norte hacia Bayóvar para su exportación pues dichos hidrocarburos no pueden ser tratados en la refinería de Talara por su pesada densidad.

Agrava esta realidad el anuncio empresarial de limitar las inversiones en exploraciones y perforaciones de pozos en desarrollo ante el anuncio fallido de PerúPetro, organismo responsable de promover las inversiones en el sector y de la fiscalización de los contratos. En el pasado reciente el presidente de PerúPetro Ing. Daniel Saba declaró sobre la necesidad de incorporar en un concurso público los contratos de licencia sobre los lotes en explotación que vencen entre los años 2012 y 2015 conjuntamente con otros lotes de exploración antes del 28 de julio del 2011, lo cual evidentemente constituía un despropósito.

Por esta razón el gobierno de “Gana Perú” en relación al sector de hidrocarburos heredará una fuerte disminución de la producción doméstica de crudo, pues las empresas antes del término de sus contratos explotarán intensamente las reservas sin realizar las necesarias inversiones para mantener o incrementar la producción, sobre todo en los viejos campos de Talara que tienen más de 100 años de explotación.

En la presente coyuntura se impone la necesidad de una negociación estratégica para que PetroPerú regrese a las operaciones de exploración/explotación de manera consorciada con las empresas petroleras accediendo a una participación accionaria de por lo menos 25%. Ello supone la necesaria voluntad política para tender a la integración vertical de nuestra empresa que constituye la forma más eficiente de operar en el mercado de hidrocarburos.

Si bien las utilidades netas de PetroPerú bordean los 300 millones de nuevos soles, estas resultan insuficientes para financiar una actividad de riesgo exploratorio que debiera ser responsabilidad privada. Se debe tener presente que los costos de la perforación exploratoria de un pozo en la selva resultan superiores a los 50 millones de dólares, y por lo menos la mitad en la costa.

Por tanto, una participación accionaria del 25% le daría derecho a PetroPerú a una presencia en el directorio, participación proporcional en la renta petrolera y otorgaría estabilidad juridica y política a las empresas privadas como socio estratégico. Es decir, las empresas y el Estado representado por PerúPetro ganarían con el retorno de PetroPerú a las operaciones de exploración y explotación de petróleo (upstream), salvo mejor parecer.

Así, en la negociación estratégica de los lotes en explotación ubicados en Piura II, III y IV, VI y VII reconocidos como lotes marginales por los altos costos de producción, se condicionaría la extensión y/o prórroga de los contratos por 10 años a importantes compromisos de inversión, con el objetivo central de levantar la producción de crudo y gas, y poder abastecer los mayores requerimientos de la refinería de Talara, que cuando esté modernizada demandará 95 mil barriles diarios de petróleo.

En el caso del lote 1-AB cuyo contrato vence en el 2015 resulta urgente negociar la participación de PetroPerú como socio de Pluspetrol Norte con la finalidad de asegurar mayores inversiones para incrementar la producción y posibilitar la salida comercial del potencial de hidrocarburos que subyace en el lote 67 bajo responsabilidad de Perenco, del lote 64 de Talisman y el 39 de Repsol, que debieran conectarse con fuertes inversiones al Oleoducto Norperuano.

PetroPerú tiene el gran activo del Oleoducto que valoriza la producción de un conjunto de lotes ubicados en la selva norte de allí la necesidad de negociar con estrategia buscando satisfacer el interés nacional. Ello supone e impone la presencia integrada de la petrolera estatal en la actividad de exploración/producción como socio estratégico y en la distribución minorista de combustibles, a pesar del discurso liberal.

Superar nuestra dependencia del crudo importado, promover la inversión de riesgo, incrementar la producción interna de crudo para satisfacer los futuros requerimientos de la modernización de la refinería de Talara-PetroPerú constituye un imperativo nacional.

Entrevista al economista Manfred Max Neef

2011-06-15T08:17:00.000-07:00

AMY GOODMAN: En Bonn, Alemania tuve oportunidad de conversar con Manfred Max-Neef, el reconocido economista chileno que ganó en 1983 el Right Livelihood Award, dos años después de haber publicado su libro Economía Descalza: Señales desde el Mundo Invisible. Empezé preguntándole que explique el concepto de la economía descalza.
MANFRED MAX-NEEF: Bueno, es una metáfora, pero es una metáfora que se originó en una experiencia concreta. Yo trabajé alrededor de diez años de mi vida en áreas de pobreza extrema, en las sierras, en la jungla, en áreas urbanas en distintas partes de Latinoamérica. Al comienzo de este periodo, estaba un día en una aldea indígena en la sierra de Perú. Era un día horrible; había estado lloviendo todo el tiempo. Estaba parado en una zona muy pobre y enfrente de mí estaba otro hombre parado sobre el lodo (no en el barrio pobre sino en el lodo). Y bueno, nos miramos. Este era un hombre de corta estatura, delgado, con hambre, desempleado, cinco hijos, una esposa y una abuela. Yo era el refinado economista de Berkeley, maestro de Berkeley, etc. Nos mirábamos frente a frente y de pronto me di cuenta de que no tenía nada coherente que decirle en esas circunstancias; que todo mi lenguaje de economista era obsoleto. ¿Debería decirle que se pusiera feliz porque el producto interno bruto había subido un 5% o algo así? Todo era completamente absurdo. Entonces descubrí que no tenía un lenguaje para ese ambiente y que teníamos que inventar un idioma nuevo. Ese es el origen de la metáfora “barefoot economy” o economía descalza, que, en concreto, significa la economía que un economista usa cuando se atreve a meterse en los barrios bajos. El punto es que los economistas estudian y analizan la pobreza desde sus oficinas lujosas, poseen todas las estadísticas desarrollan todos los modelos y están convencidos de que saben todo lo que hay que saber sobre la pobreza. Pero ellos no entienden la pobreza. Ese es el gran problema. Y es también el motivo por el cual la pobreza aún existe. Esto cambió completamente mi vida como economista. Inventé un lenguaje coherente para esas condiciones de vida.
AMY GOODMAN: ¿Y cuál es ese idioma? ¿Cómo aplicas un sistema económico o haces que las circunstancias expliquen esos cambios?
MANFRED MAX-NEEF: No, la cosa es mucho más profunda. Es decir, no es como una típica receta que te da alguien de tu país, en donde te dicen "te garantizamos quince clases o la devolución de tu dinero." Ese no es el punto. Deja ponértelo de esta manera. Hemos alcanzado un punto en nuestra evolución en el que sabemos muchas cosas. Sabemos muchísimo pero entendemos muy poco. Nunca en la historia de la humanidad ha habido tanta acumulación de conocimiento como en los últimos cien años. Mira cómo estamos. ¿Para qué nos ha servido el conocimiento? El punto es que el conocimiento por sí mismo no es suficiente. Carecemos de entendimiento. La diferencia entre conocimiento y entendimiento te la puedo explicar con un ejemplo. Vamos a pensar que tú has estudiado todo lo que puedes estudiar desde una perspectiva teológica, sociológica, antropológica, bioquímica y biológica sobre un fenómeno llamado amor. El resultado es que tú sabrás todo sobre el amor, pero tarde o temprano te vas a dar cuenta de que nunca entenderás el amor a menos de que te enamores. ¿Qué significa esto? Que sólo puedes llegar aspirar a entender aquello de lo que te vuelves parte. Como dice la canción latina, somos mucho más que dos. Cuando perteneces, entiendes. Cuando estás separado, solo acumulas conocimiento. Y esa ha sido la función de la ciencia. Ahora bien, la ciencia se divide en partes pero el entendimiento es completo. Holistico. Eso sucede con la pobreza. Yo entendí la pobreza porque estuve allí; viví con ellos comí con ellos y dormí con ellos. Entonces comienzas a entender que en ese ambiente hay distintos valores, y diferentes principios-–comparados con los que existen allí de donde tú provienes y te das cuenta de que puedes aprender cosas fantásticas de la pobreza. Lo que he aprendido de los pobres supera lo que aprendí en la universidad. Pero pocas personas tienen esa oportunidad, ¿te das cuenta? Ellos ven la pobreza desde afuera en lugar de estarla viviendo desde adentro. Aprendes cosas extraordinarias. Lo primero que aprendes y que los que quieren mejorar el sistema de vida de los pobres no saben, es que dentro de la pobreza hay mucha creatividad. No puedes ser un tonto si quieres sobrevivir. Cada minuto tienes que estar pensando, ¿qué sigue? ¿qué puedo hacer aquí? ¿qué es esto y lo otro y lo otro? Así que el estado creativo es constante. Además, están los contactos, las cooperativas, la ayuda mutua y toda una gama de cosas extraordinarias que ya no se encuentran en las sociedades dominantes, las cuáles, son individualistas, avaras, egocentristas, etc. Allá encuentras exactamente lo opuesto de lo que ves acá. Y es sorprendente porque a veces llegas a encontrar gente más feliz entre los pobres que la que encontrarías en tu propio ambiente. Lo que ya te dice que la pobreza no solo es una cuestión de dinero. Es algo mucho más complejo.
AMY GOODMAN: ¿Qué crees que debamos cambiar?
MANFRED MAX-NEEF: ¡Oh!, casi todo. Somos dramáticamente idiotas. Actuamos sistemáticamente en contra de las de las evidencias que tenemos. Conocemos todo lo que no debemos hacer. No hay nadie que no sepa esto. Especialmente los grandes políticos saben exactamente lo que no se debe hacer. Y aún así lo hacen. Después de lo que pasó en octubre del 2008, tú pensarías que van a cambiar porque se han dado cuenta de que el modelo económico no funciona. Que incluso tiene un alto nivel de riesgo. Es drásticamente peligroso. Y uno se pregunta:¿Cuál fue el resultado de la última reunión de la Comunidad Europea? Ahora son más fundamentalistas que antes. De tal modo que de lo único de lo que se puede estar seguro es de que ya viene la próxima crisis y que será mucho más fuerte que la actual. Pero para entonces ya no habrá suficiente dinero. Esas son las consecuencias de la estupidez humana.
AMY GOODMAN: Si tú estuvieras al cargo de la economía ¿qué harías para evitar otra catástrofe?
MANFRED MAX-NEEF: Primero que nada, necesitamos economistas más cultos, que sepan historia, de dónde vienen, cómo se originan las ideas, quién hizo qué y así sucesivamente. Lo segundo es que un economista se percibe como un subsistema dentro de un sistema más grande que es finita: la biosfera. También entiende que el crecimiento económico es imposible. En tercer lugar, un sistema que entiende lo anterior sabe que no puede funcionar sin tomar en serio los ecosistemas. Pero los economistas no saben nada de ecosistemas. No saben nada de termodinámica, ¿sabes? Nada de biodiversidad. Quiero decir, son totalmente ignorantes con respecto a estos temas y otra cosa así. Realmente no entiendo en qué puede dañar a un economista saber que si los animales desaparecen, él también desaparecerá porque entonces ya no habrá qué comer. Pero él no lo sabe, que dependemos completamente de la naturaleza ¿te das cuenta? Sin embargo, para los economistas que tenemos hoy en día, la naturaleza es un subsistema de la economía. Es completamente absurdo. Además, debemos acercar al productor con el consumidor. Yo vivo en el sur de Chile y ésa es una zona fantástica, tenemos toda la tecnología para la creación de productos lácteos de calidad. Hace unos meses estaba en un hotel desayunando. Noté estos paquetitos de mantequilla sobre la mesa. Tomé uno y descubrí que la mantequilla venía de Nueva Zelanda. Es absurdo ¿sabes? ¿y por qué sucede una cosa así? Porque los economistas no saben calcular costos. Traer mantequilla desde un lugar que queda a 20,000 kilómetros a un lugar en donde se produce la mejor mantequilla bajo el pretexto de que es más barato es una estupidez descomunal. ¿No toman en cuenta el impacto que causan esos 20,000 km de transporte sobre la naturaleza? Por si fuera poco, es más barato porque está subsidiado. Es un caso muy claro en el que los precios no revelan la verdad. Todo tiene un doble fondo ¿sabes? Pero ésos causan mucho daño. Si se acerca al productor con el consumidor, uno comerá mejor, tendremos mejores alimentos y sabremos de dónde vienen. Incluso podrías llegar a conocer a la persona que lo produjo. Se humaniza el proceso ¿sabes? Pero hoy en día lo que los economistas hacen está totalmente deshumanizado.
AMY GOODMAN: ¿No crees que la misma tierra nos forzará a actuar de diferente modo? ¿Estamos llegando al fin?
MANFRED MAX-NEEF: Sí claro. Ya algunos científicos lo están diciendo pero yo aún no he llegado a ese punto. Pero muchos lo creen y piensan que es definitivo: estamos fritos. Dentro de algunas décadas no habrá más humanos. Yo personalmente no creo haber llegado a ese punto, pero si diré que ya cruzamos el primero de los tres ríos. Y si observas lo que está pasando en todos lados, sí es alarmante cómo la cantidad de catástrofes ha ido en aumentando. Y se manifiestan de todas formas: tormentas, terremotos, erupciones volcánicas. El número de eventualidades crece dramáticamente y nosotros seguimos haciendo lo mismo.
AMY GOODMAN: ¿Qué has aprendido en las comunidades en las que has trabajado que te de esperanza?
MANFRED MAX-NEEF: La solidaridad de la gente. El respeto por los otros. Ayuda mutua. Nada de avaricia. Éste es un valor inexistente dentro de la pobreza. Y uno pensaría que allí es donde estaría más presente. Que la avaricia la poseen los que menos tienen. No, al contrario, entre más tienes más quieres. Esta crisis es el producto de la avaricia. La avaricia es el valor dominante del mundo actual. Mientras persista, estamos acabados.
AMY GOODMAN: ¿Cuáles serían los principios que enseñarías a los jóvenes economistas?
MANFRED MAX-NEEF: Los principios de los economistas deberían estar fundamentados en cinco postulados y un valor esencial.
Primero: la economía está para servir a las personas y no las personas para servir a la economía.
Segundo: el desarrollo es para las personas, no para las cosas.
Tercero: crecimiento no es lo mismo que desarrollo y el desarrollo no necesariamente requiere de crecimiento.
Cuarto: no hay economía que sea posible en la ausencia de servicios de ecosistema.
Quinto: la economía es un subsistema de un sistema mayor y finito: la biosfera. Por ende, el crecimiento permanente es imposible.
Y el valor esencial para sostener una nueva economía debería ser que ningún interés económico, bajo ninguna circunstancia, puede estar por encima de la reverencia de la vida.
AMY GOODMAN: Explica lo que acabas de mencionar.
MANFRED MAX-NEEF: Nada puede ser más importante que la vida. Y digo vida, no seres humanos porque, para mí, el centro es el milagro de la vida en todas sus manifestaciones. Pero hay un interés económico, es decir, uno no solo se olvida de la vida y otros seres vivientes sino, de los humanos. Si recorres esta lista que acabo de mencionar, uno a uno, verás que lo que tenemos ahora es exactamente lo contrario.
AMY GOODMAN: Ve al tercer punto, crecimiento y desarrollo y explícalo por favor.
MANFRED MAX-NEEF: El crecimiento es una acumulación cuantitativa. Desarrollo es la liberación de posibilidades creativas. Cada sistema vivo de la naturaleza crece hasta cierto punto y para de crecer. Tú ya no estás creciendo, ni él ni yo. Pero continuamos desarrollándonos. De otro modo no estaríamos dialogando en este momento. El desarrollo no tiene límites pero el crecimiento sí. Y este es un concepto muy importante que políticos y economistas no entienden. Están obsesionados con el crecimiento económico. He estado trabajando a lo largo de varias décadas y se han hecho muchos estudios. Soy el autor de una famosa hipótesis: la hipótesis liminal, que dice que en cada sociedad hay un periodo de crecimiento económico-–entendido convencionalmente o no-–que trae una mejora en la calidad de vida ; pero sólo hasta cierto punto, el punto liminal, a partir del cuál, si hay crecimiento, la calidad de vida comienza a decaer. Esta es la situación en la que nos encontramos actualmente. Es decir, tu pais es el ejemplo más extremo que puedes encontrar. En una parte de un capítulo de mi libro que saldrá publicado el próximo mes en Inglaterra, titulado La economía desenmascarada-–se encuentra un capítulo llamado " Estados Unidos, una nación en vías de subdesarrollo" la cuál es una nueva categoría. Tenemos el concepto de desarrollado, subdesarrollado y en vías de desarrollo. Ahora tenemos el nuevo concepto de en vías de subdesarrollo y tu país es el mejor ejemplo. El 1% de los americanos cada vez están mejor y el 99% va en decadencia y se refleja en todo tipo de manifestaciones. Las personas que viven en sus autos, ahora duermen en sus carros, ¿sabes? estacionados enfrente de la casa que fue suya. Millones de personas que uno conoce han perdido todo. Pero aquellos que especularon, los que trajeron consigo todo el problema, esos están muy bien. Para ellos no hay problemas.
AMY GOODMAN: ¿Entonces, cómo cambiarías las cosas?
MANFRED MAX-NEEF: Bueno, no sé cómo cambiarlas. Es decir, solitas van a cambiar ¿sabes? pero de forma catastrófica. No entiendo cómo no hay millones de personas en las calles de Estados Unidos destruyendo las cosas. Pero podría suceder. No lo sé. La situación es dramáticamente mala. Se supone que es el país más poderoso del mundo. Y a pesar de las condiciones, siguen con sus guerras absurdas gastando miles de milliones y billones. Trece billones de dólares se especularon y ¡ni un centavo se fue para las personas que perdieron sus casas! ¿Qué tipo de lógica es esa?

Los Dueños de las Minas y el Estado Cautivo

2011-06-13T10:58:00.000-07:00

SOBRE EL IMPUESTO A LAS UTILIDADES

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (INVESTIGADOR UNMSM)

En los primeros años de la Conquista fue una política de los reyes de España hacer respetar el famoso “quinto real” como una regalía que le pertenecía a la Corona de todo el oro y la plata que se obtuviese del saqueo, llámase rescate del Inca, de la violación en la ciudad religiosa de Pachacamac o del templo del Sol, llamado Coricancha en el Cusco. Los conquistadores, en especial, Francisco Pizarro, tenían sus contables de la Universidad de Salamanca para hacer respetar escrupulosamente que de cada 100 piezas de oro o plata ensayada el 20% le pertenecía por derecho a los reyes de España. Es más, cuando se estableció la explotación sistemática de las minas de plata sea en Potosí, Puno, Pasco, Tarapacá, los mineros estaban obligados al pago del “quinto real” aplicado directamente sobre la producción, bajo pena de apercibimiento y cárcel de probarse su incumplimiento. ¡Era una falta grave evadir los pagos a la corona española!

Siempre resulta ilustrativo recurrir a la historia para analizar el régimen tributario en un sector que explota recursos naturales no renovables como la plata, oro, cobre, zinc, plomo, estaño, hierro que nos ubica como un importante productor mundial con los costos de producción más bajos del mundo. A ello debiera agregarse la débil propensión tributaria de las empresas, con un Estado que no percibe las rentas extraordinarias producto de la bonanza de precios, con mayores utilidades que están obteniendo las empresas mineras durante el período 2004-2011, con excepción del bache de octubre del 2008 y un bajón del cobre y zinc que duró menos de seis meses en razón de la crisis financiera internacional, mientras que los precios del oro y plata seguían su vorágine alcista.

El nuevo gobierno liderado por el comandante Ollanta Humala tiene el compromiso de aplicar el llamado “impuesto a las ganancias extraordinarias” en el sector minero que tiene las tasas de rentabilidad operativa y neta que no tienen comparación a nivel internacional. Se supone que con tales nuevos ingresos el gobierno de “Gana Perú” financiará parte de sus programas sociales como la Pensión 65, Cuna Más, Beca 18, etc.

En principio siempre hemos sido críticos del modelo de crecimiento minero vigente sin responsabilidad ambiental, social y tributaria que hoy cosecha con creces los diversos conflictos sociales y una radical oposición de la población, ante una actividad extractiva que no contribuye con el desarrollo local y regional, generando más bien cuantiosos pasivos ambientales y externalidades negativas; caracterizándose por un “pobre valor de retorno”, entendido este por los bajos salarios pagados a los trabajadores y una sobreexplotación de la mano de obra particularmente de contrata, con una serie beneficios tributarios que se cargan o descuentan del impuesto a la renta, más una débil articulación con la industria manufacturera.

A diferencia del sector de hidrocarburos que abona al margen del impuesto a la renta definido como el 30% de la utilidad antes de impuesto o renta neta, las regalías sobre el petróleo crudo, gas y condensados que superan en promedio el 29% sobre el valor de la producción. Solamente el Consorcio Camisea paga el 37.24% de regalías, empresas que operan en Talara como la noruega Interoil o la empresa nacional Petrolera Monterrico pagan al Fisco casi el 50% de regalías. Ello significa que de cada 100 dólares de ingresos el Estado capta 50 dólares al margen del impuesto a la renta.

Debiera ser evidente que en la actividad minera las regalías mineras están limitadas pues el Estado no percibe más de 600 millones de nuevos soles en el mejor año (2010) promediando los 500 millones de nuevos soles, es decir menos de 200 millones de dólares por año desde el 2005. Ello en razón de la estabilidad jurídica, tributaria y administrativa de los contratos mineros que ha blindado al llamado “cogollo minero” conformado por empresas tales como: Mra. Antamina, Mra.Yanacocha, Mra. Barrick, Mra. Tintaya, Mra. Cerro Verde.

Evidentemente la aplicación del impuesto a las sobreganancias requiere criterios claros, indiscutibles, que resulten los más transparentes para el organismo recaudador que será la SUNAT, sirvan para ello algunos mecanismos que debieran considerarse, que la propia realidad proporciona.

¿DÓNDE ESTÁN LAS SOBREGANANCIAS?

El candidato a la Presidente de la República, Dr. Alan García en la campaña electoral del 2006 ofreció en diversos mítines la aplicación del impuesto a las sobreganancias mineras en una coyuntura que había empezado a fines del 2003, y que por ejemplo permitió a los accionistas de la Mra. Antamina recuperar su inversión de 2,300 millones de dólares en menos de tres años. Una vez ganada la elección, el nuevo Presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros negociaron el llamado “aporte minero de solidaridad con el pueblo” a cambio del impuesto a las sobreganancias. Este compromiso era especialmente con todas aquellas empresas del “cogollo minero” que no le pagaban al fisco las llamadas regalías, significaba una inversión de 2,500 millones de nuevos soles durante el próximo quinquenio, 2006-2011 a razón de 500 millones de nuevos soles.

Por tanto, no resulta una casualidad histórica que las empresas Mra. Antamina, Mra. Yanacocha, Mra. Cerro Verde resultasen las mayores aportantes del óbolo minero, cuya gestión y aplicación es enteramente de responsabilidad privada, reproduciéndose los problemas de ejecución en el gasto.

Al margen de los cuestionamientos de lo que significaba el aporte minero, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía contrató los servicios de la consultora Apoyo S.A. para estimar los parámetros, en especial la evolución de los precios de los metales que sirvieran de base para la efectividad del aporte.
Así para octubre del 2006 se fijaron los precios promedios anuales en los diversos metales, que debieran entenderse como los precios mínimos para esa fecha, así las empresas mineras cuya producción tuviesen precios menores a los vigentes estaban eximidas del llamado “aporte voluntario”. Un ejercicio de actualización de los precios de los metales al 2011 considerando la evolución del índice de precios mayorista de los Estados Unidos de Norteamérica elevaría en parte el piso para la actualidad.

Si consideramos que los precios de referencia en el cuadro citado, están para el cobre sobre los 179 centavos la libra de cobre, en el caso del oro los 537 dólares la onza troy , de la plata sobre los 7.69 dólares la onza, el hierro sobre los 33.56 dólares la tonelada, resulta evidente que con los precios vigentes en el 2010 y en lo que va del 2011 las empresas mineras que operan en el Perú están obteniendo sobreganancias, utilidades extraordinarias que no están siendo compartidas con el Estado.

En la actualidad si se realiza la comparación con precios del oro que están por encima de los 1,500 dólares la onza, en el caso de la plata con precios superiores a los 35 dólares la onza, la tonelada de estaño por encima de los 20 mil dólares, en el caso del hierro con precios mayores a los 88 dólares la tonelada, es evidente que las utilidades extraordinarias no se explican por la innovación tecnológica en el sentido schumpeteriano, ni por una mayor productividad del capital.

En particular, se debiera rescatar la titularidad de la Nación sobre los recursos naturales no renovables, y tener una óptima valorización de su explotación desde el punto de vista del interés público, en especial de las comunidades campesinas y nativas. Tengo la impresión que no bastará con mejorar los ingresos fiscales vía impuesto a las sobreganancias, un mayor abono de las regalías y/o el incremento del impuesto a la renta con tasas variables.

Hacer viable la actividad minera en el Perú en el mediano y largo plazo obliga a una serie de políticas sociales, ambientales y de responsabilidad social, ambiental y tributaria que debiera ser el compromiso del nuevo gobierno. Va más allá de una serie de políticas que superan la zonificación territorial del qué hacer minero. En tal sentido, hacer a las comunidades andinas en socias capitalistas y accionistas de las empresas mineras debiera estar en la nueva agenda minera.

MÁS CANON PARA PIURA, LORETO, TUMBES Y UCAYALI

2011-05-30T10:59:00.001-07:00

LOS PERROS DEL HORTELANO EN EL MEF

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

Mediante oficio Nº 119-2011-DP/SCM dirigido a la presidencia del Congreso de la República, el Poder Ejecutivo del 26 de mayo pasado expone las observaciones a la ley aprobada por el poder legislativo “Ley que homologa el canon y sobrecanon por la explotación del gas natural y condensados en los departamentos de Piura, Tumbes, Loreto, Ucayali y en la provincia de Puerto Inca del departamento de Huanuco al canon a la explotación del gas natural y condensados” que por ahora lo viene percibiendo solamente el Cusco.

Los argumentos del Ejecutivo son cuestionables y superables si de verdad se apuesta por la descentralización fiscal reconociendo el mandato legal sobre el justo aprovechamiento de los pueblos en la riqueza que se genera por la actividad de hidrocarburos. En verdad, los burócratas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), no solamente desconocen la realidad petrolera sino que mediante la exposición de “medias verdades” inducen al Presidente de la República y a la Presidencia de Consejo de Ministros a error, afectando los intereses regionales en una coyuntura difícil para el país.

En tal sentido, es objeto del presente artículo desvirtuar las principales observaciones del Ejecutivo sobre una ley absolutamente favorable para los departamentos citados, que no representa mayores cargas pues está financiado con los diversos ingresos fiscales que la actividad de hidrocarburos genera en el conjunto de la cadena de valor. Ello significa que el Estado percibe por la explotación de los hidrocarburos no solamente regalías si no también, impuesto a la renta, impuestos por las importaciones y el impuesto general a las ventas (IGV). A ello se debiera sumar el impuesto a la renta de las diversas empresas de servicios especializados, que realizan en verdad las labores de exploración, mantenimientos de pozos, reservorios etc.

La primera observación está referida al “costo de la medida propuesta”, señalando que “la aprobación de la Autógrafa de Ley tiene un costo anual estimado para el Tesoro Público de aproximado de S/ 600 millones de nuevos soles, monto que afecta la disponibilidad para el financiamiento del presupuesto público en cuanto a necesidades de gasto prioritario para otros departamentos” (página 1).

En verdad esta observación debiera reconocer que la Autógrafa de Ley aprobada por el Congreso está financiada, y que no representa ningún costo adicional, ajeno al presupuesto en razón que se trata de una redistribución de los diversos ingresos que percibe el fisco producto de la actividad de hidrocarburos. Así, el cuadro” Recaudación del Estado por la Actividad del Sector Hidrocarburos en millones de nuevos soles entre el 2004 al 2010” demuestra las regalías más los diversos impuestos que percibe el Estado tanto en la actividad extractiva (upstream) como en la actividad refinera.

En tal sentido, considerando solamente la recaudación fiscal por la actividad extractiva se puede observar el incremento de los diversos ingresos entre el 2004 al 2010 pasando de los 2,153 millones de nuevos soles a más de 6,602 millones sea por concepto de regalías, impuesto a la renta, impuesto a las ventas e impuesto a las importaciones. Si a ello se agregan los diversos ingresos fiscales obtenidos por la actividad refinera se incrementan para el 2010 a más de 3,547 millones de nuevos soles, totalizando los 10,149 millones de nuevos soles.

Es decir, tomando en consideración el conjunto de la cadena de valor los ingresos fiscales obtenidos por la actividad de hidrocarburos entre el 2004 al 2010 se han incrementado de los 7,451 millones de nuevos soles a más de 10,149 millones, de los cuales solo una parte es redistribuida como canon y sobrecanon petrolero para los departamentos de Piura, Loreto, Tumbes, Ucayali y la provincia Puerto Inca de Huanuco”.

Por tanto, el costo anual de la propuesta de 600 millones de nuevos soles está financiado, pues se trata de una redistribución de los ingresos fiscales generados en el conjunto de la cadena de valor sin contar los impuestos que abonan las diversas empresas “contratistas” de servicios especializados que son las que operan en la actividad extractiva.

Es más, la preocupación que pueda tener la promulgación de esta norma en el presupuesto sobre otros departamentos que carecen de estos ingresos hubiese sido discutida previamente con la disminución del 1% del IGV, pasando este impuesto de 19% a 18%, y cuyo efecto fiscal supera los 2,500 millones de nuevos soles anuales que se dejan de percibir, rebaja que dicho sea de paso no se ha trasladado a los consumidores.

Si bien la coyuntura de los precios internacionales resulta favorable en el sentido que los precios del petróleo no volverán a ser de 20 dólares el barril, lamentablemente no se confirman las afirmaciones sobre la existencia de “políticas adecuadas de promoción de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos (que permitan) vislumbrar que los recursos del canon y sobrecanon petrolero pueden continuar incrementándose en el futuro, lo que hace innecesaria la modificación de la normativa vigente” (página 3-4).

La prueba de ello está en relación al número limitado de pozos exploratorios una actividad de riesgo para incrementar las reservas probadas de hidrocarburos, con un promedio menor a 5 pozos por año en la década pasada. A ello debiera agregarse la falta de agresividad en la promoción de la inversión privada para el incremento de la producción. En tal sentido con la excepción de la ley de reservas marginales aplicada en los viejos campos del noroeste de Talara-Piura que ha permitido un incremento de casi 10 mil barriles diarios de crudo de alta calidad no se vislumbra “una política adecuada de las actividades de exploración y explotación…”, tan es así que en la actualidad importamos más de 130 mil barriles diarios de petróleo, agravándose el déficit comercial de la balanza de hidrocarburos.

MEZCLANDO PAPAS CON CAMOTES

Una observación adicional está referida a que “ En el período 2001-2010, Loreto y Piura ocupan los lugares sexto y sétimo entre los departamentos más beneficiados de las transferencias descritas (….) ,con lo que un incremento de los recursos para estos departamentos podría agudizar las inequidades geográficas en la distribución del canon” (página 2)

Los burócratas del MEF comparan abusivamente el canon y sobrecanon petrolero percibido por Piura y Loreto desde el 2001 al 2010 con los recursos del canon minero, canon gasífero, canon hidroenergético, canon pesquero, canon forestal, regalías mineras y el Focam, definido este último como Fondo de Desarrrollo de Camisea, percibido por Ayacucho, Huancavelica, Ica, Región Lima y Ucayali.

Lamentablemente están mezclando “papas con camotes” no solo por las diversas fuentes que determinan los diversos ingresos regionales por concepto de canon, sobrecanon, regalías, participaciones y Focam. En verdad, por la naturaleza de hidrocarburos que engloba tanto al petróleo crudo, los líquidos de gas y gas natural, solamente cabría hacer la comparación con los recursos del canon gasífero que por ahora solamente los percibe el departamento del Cusco.

El canon gasífero está determinado por el 50% de regalías y el 50% del impuesto a la renta que paga el Consorcio Camisea al Estado. Como se podrá observar en el cuadro “Canon y Sobrecanon Petrolero en relación al Canon Gasífero 2001-2010” expresado en miles de nuevos soles. Mientras el canon petrolero está determinado por el 10% del valor de la producción y el sobrecanon por 2,5% de la producción valorizada.

Considerando que las operaciones Camisea lote 88 recién se inician oficialmente a mediados del 2004 y en setiembre del 2008 se suma el aporte del lote 56, se ha creído conveniente subdividir en dos períodos los recursos del canon y sobrecanon petrolero y del canon gasífero, el período del presidente A. Toledo (2001-2005) y el período del presidente A.García (2006-2010)

El análisis del cuadro nos presenta las desigualdades entre lo percibido por concepto de canon petrolero por Loreto y Piura desde el 2001 al 2005 en relación al canon gasífero que realmente empezó a percibirse a mediados del 2004. Así, mientras Loreto recibió 957 millones de nuevos soles, Piura recibió 658 millones de nuevos soles, el departamento del Cusco obtuvo 372 millones de nuevos soles prácticamente en menos de dos años de operaciones.

Estas inequidades se profundizan en el período 2006-2010, donde Loreto y Piura por canon petrolero perciben 1,200 millones y 1,612 millones respectivamente frente a los 3,747 millones de nuevos soles percibidos por el Cusco por concepto de canon gasífero. Es decir, el canon gasífero es mucho mayor al canon petrolero en razón de considerar las regalías y el impuesto a la renta.

Por tanto, es frente a esta realidad que la Autógrafa de ley considera como un principio re distributivo y de justicia incrementar el canon petrolero de 10% sobre el valor de la producción a 15%, y el sobrecanon de 2.5% a 3.75%; insistiendo en el financiamiento apropiado del referido incremento si se considera la cadena de valor de las actividades extractivas y de refino, lo cual no irrogaría mayor gasto al Tesoro Público.

Evidentemente a futuro la distancia entre el canon petrolero y canon gasífero se profundizará en la medida que antes del 2014 el Consorcio Camisea tiene previsto incrementar la producción de los líquidos de gas natural sobre los 120 mil barriles diarios con regalías del 37.24% y un mejoramiento de las regalías por la exportación de gas natural proveniente del lote 56.

SOBRE UNA ESCASA EJECUCIÓN PRESUPESTAL

En verdad resulta contradictorio responsabilizar a los gobiernos regionales y locales de una escasa ejecución presupuestal que al mes de mayo alcanzaría el 24% de los recursos transferidos por canon, sobrecanon, regalías y participaciones, que estarían por debajo de un supuesto teórico del 40%. Ello les permite a los burócratas del MEF afirmar que “la tendencia del gasto en estas zonas del país no ameritaría una mayor asignación de recursos”.

Ello constituye una afirmación de oprobio para los gobiernos locales y regionales de Piura y Loreto que perciben el canon petrolero desde la década de los ochenta del siglo pasado desarrollando ventajas competitivas en las capacidades de gasto. A ello debiera agregarse el destino de los recursos del canon petrolero básicamente identificados con inversiones en infraestructura, electrificación, saneamiento etc.

Si a ello se suman las limitaciones del DU 012-2011 promulgado el 31 de marzo del presente, que afectan la capacidad de gasto de los gobiernos locales y regionales no solo sobre los recursos ordinarios sino también sobre las transferencias por concepto de canon, sobrecanon, regalías y participaciones que constituyen rentas territoriales inalienables e intangibles de los gobiernos municipales y regionales.

En verdad, la explicación central del Ejecutivo lamentablemente inducido a error por PerúPetro y el MEF radica en la interpretación sesgada del ente estatal sobre el financiamiento del canon petrolero reducido al abono de regalías, dejando de lado el espíritu de la ley del canon petrolero como la ley Nº 23630 donde se define como “participación de la zona que integran los Departamentos de de Piura y Tumbes el diez por ciento (10%) de la renta que producen la explotación del petróleo y gas en dichos Departamentos, hasta la extinción total de tales recursos”.

Por todo ello, en vista de la debilidad de las observaciones del Ejecutivo el Congreso de la República debiera ratificarse en la aprobación de una ley absolutamente favorable para el país y las regiones bajo el principio de la descentralización fiscal. Al mismo tiempo, urge la necesidad de promover la inversión de riesgo en el sector para incrementar la producción y reservas de hidrocarburos, con ello no solamente se asegurarán más recursos para el fisco sino también del canon y sobrecanon petrolero.