ESCRIBE: Jorge Manco Zaconetti (Investigador UNMSM)
Aunque parezca contradictorio el Premio Nóbel de
Economía 2001 y ex Vicepresidente del Banco Mundial en la década de los noventa
del siglo pasado, profesor Joseph Stiglitz recomendaba para los países en vías
de desarrollo la presencia de empresas estatales en los sectores estratégicos
como los hidrocarburos y la minería, pues constituyen “los casos más eficientes
en proveer ingresos para los ciudadanos probablemente sean los de las empresas
estatales” (Recursos Naturales,
Desarrollo y Democracia 2008)
Por ello no constituye una casualidad histórica que más
del 78 por ciento de la producción y de las reservas de hidrocarburos a nivel
mundial correspondan a poderosas empresas estatales. Sin embargo en nuestro
país Petroléos del Perú en razón de un cuestionado proceso de privatización no
explota ni un solo barril de petróleo ni procesa una molécula de gas natural,
sin embargo tiene que asumir una serie de “cargas excepcionales”, partidas inusuales,
y respetar contratos lesivos a sus intereses por mandato de los gobiernos de
turno, que van desde la dictatura fujimontesinista al gobierno del presidente
Humala y su consorte.
Estas partidas inusuales constituyen parte de la
rentabilidad social que genera PetroPerú al país, en una empresa que tiene el
imperativo de satisfacer de manera segura y eficiente el mercado interno de
combustibles, cubriendo un 48 por ciento de la demanda doméstica en competencia
desigual con empresas del sector privado.
La petrolera estatal es un enérgico contribuyente
fiscal tanto por los ingresos tributarios recaudados por la empresa en los
precios de los combustibles que sumaron en el 2013 más de 4,072 millones de
nuevos soles, y por los ingresos generados para el fisco por las operaciones
propias como empresa. Así para el mismo año abonó más de 137 millones en
especial por impuesto a la renta superando la contribución de la competencia
(Refinería La Pampilla)
En el mismo sentido forma parte de esta rentabilidad
social el abono de las pensiones de jubilación a sus extrabajadores en el marco
de la ley 20530 particularmente. Por ello, PetroPerú para cumplir con estas
obligaciones pensionarias tiene que asumir como pasivo corriente un promedio
anual de 76 millones de nuevos soles, que debieran formar parte del excedente
económico.
Si se tiene presente que tales obligaciones
pensionarias corresponden en su mayoría a trabajadores de las diversas unidades
de PetroPerú que fueron privatizadas absurdamente tales como los lotes
petroleros, las filiales y en especial la refinería La Pampilla. Es decir, con
la privatización se vendió el “lomo fino” y la petrolera estatal asumió la
obligación del pago de las pensiones.
Así, por mandato legal PetroPerú tiene que asumir una
deuda, como una obligación de largo plazo, es decir como pasivo no corriente un
fondo jubilatorio superior a los 600 millones de nuevos soles que no asume
ninguna empresa petrolera en el mundo.
Es más, como si ello no fuera suficiente PetroPerú para
abastecer la demanda de combustibles en la Amazonía tiene que vender los
derivados sin recuperar el impuesto general a las ventas (IGV 18%) ni siquiera
como crédito fiscal como es usual en materia tributaria, y como lo practican las
empresas mineras en la recuperación del IGV por sus exportaciones.
Como se debe recordar la venta de los derivados del
petróleo en la Amazonía (Loreto, Ucayali, Madre de Dios etc. ) está exonerada
de los impuestos como el rodaje, selectivo al consumo y del IGV. Sin embargo,
PetroPerú para poder cubrir la demanda regional tiene que asumir en las compras
de crudo que realizan sus refinerías de Iquitos, y El Milagro (Bagua), el IGV
correspondiente sin poder recuperarlo.
Es decir, compra el principal insumo, el crudo con IGV
y vende los combustibles en la Amazonía sin IGV lo cual significa un promedio
anual de 224 millones de nuevos soles en promedio que se dejan de percibir. Con
el agravante que ni siquiera el MEF con Castilla o sin Castilla le permite usar
dichos montos como crédito fiscal, es decir
que le permitan ser deducibles del impuesto a la renta por pagar, lo
cual constituye una discriminación tributaria por su naturaleza de empresa
pública.
Por tanto, estos 224 millones de nuevos soles anuales que
no son recuperados por las ventas de combustibles en la Amazonía debieran
formar parte de excedente económico, de la rentabilidad social que hace
PetroPerú como contribución al país.
En el mismo sentido, debiera ser evidente que su
rentabilidad empresarial sería mayor si cobrase “precios de mercado” por el
alquiler de sus activos, bienes y equipos que son operados por terceros, como
la merced conductiva por las plataformas marinas del Z-2B, el alquiler de los
terminales o de los campos petroleros de Ucayali incluida las tarifas
subvaluadas de la refinería de Pucallpa y su planta de venta.
Sirva de ejemplo el caso del alquiler por las
plataformas marinas del Z-2B, Zócalo Continental frente a las costas de Talara,
alquiladas primero a Petrotech desde
1994 y luego a Savia desde el 2009 al presente.
Si se tiene presente que Savia está conformada por dos
empresas estatales exitosas, tales como Ecopetrol de Colombia y KNOC de Corea
del Sur, con regímenes políticos liberales pero que asumen el carácter
estratégico de los hidrocarburos para sus estados negando en la práctica el
fundamentalismo económico del “libre mercado”.
Las plataformas marinas, las embarcaciones marinas,
equipos usados en el Z-2B son propiedad
de PetroPerú que percibe un ingreso por el alquiler de tales activos de 10
millones de dólares anuales. Se debiera tener presente que las plataformas son
vitales pues a partir de allí se extrae el crudo contenido en los pozos. De
allí que un ejercicio económico debiera determinar ¿Cuál es el costo de
oportunidad de dichos activos?
Al respecto Savia por la explotación de crudo, gas y
líquidos de gas natural obtiene ingresos superiores a los 370 millones de
dólares y utilidades netas por encima de los 70 millones, y paga un ridículo
alquiler de 10 millones de dólares por año por unos activos que no perciben el debido mantenimiento lo
cual constituye una violación contractual.
Debiera ser evidente que la rentabilidad económica de
PetroPerú sería más importante si la petrolera estatal tuviese acceso a la
renta petrolera a partir de la explotación directa o asociada con terceros de
las reservas probadas de los lotes petroleros que debe devolver Interoil
enTalara III y IV o de la Selva Norte lote 64, lote cedido por Talisman sin
costo a PetroPerú.
Sin embargo, el sesgo ideológico, el dogma liberal y los
intereses privados que hacen estupendos negocios con los recursos naturales que
corresponden a todos los peruanos argumentarán que PetroPerú es ineficiente,
que no tiene capital ni experiencia ni
personal calificado en las áreas de explotación y producción.
Al respecto sería interesante recordar que en la
privatización de las reservas del lote Z-2B la empresa ganadora fue la
norteamericana PetroTech que no calificaba como empresa petrolera pues no
operaba lote alguno ni acreditaba reservas probadas. En su origen Petrotech era
una empresa de transporte marítimo que operaba las barcazas llevando personal y
equipo para la Belco Corporation, y a partir de las operaciones marinas sin
invertir un monto significativo pues asumió la producción en marcha con
reservas probadas se capitalizó, creando una serie de empresas filiales y
vinculadas para maximizar utilidades y minimizar los pagos al fisco.
