¿UNA CORTINA DE HUMO MÁS?
ESCRIBE:
JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)
Las
ampliaciones en las investigaciones de la Comisión Tejada serían un distractor
de la grave realidad del sector de hidrocarburos que se relaciona con la
indebida prórroga contractual por 10 años en los contratos próximos a su
vencimiento, la indefinición respecto al futuro de PetroPerú y la modernización
de la refinería de Talara, y los retrocesos en el Gaseoducto del Sur
petroquímica incluida. En política no existen casualidades.
El acucioso periodista Gustavo Gorriti está
en deuda con sus lectores pues luego de la publicación de su libro
“PETROAUDIOS; Políticos, espías, y periodistas detrás del escándalo” Ed.
Planeta, agosto del 2009 primera parte, no se ha publicado lo que sería la
segunda entrega. A pesar de la rica información proveniente de dos sendas
comisiones investigadoras conformadas a inicios del 2009 y 2010, (Abugattás y
Jhony Peralta), más el expediente policial sobre el espionaje industrial
acumulado entre el 2008 y 2013.
Se recordará el escándalo que sacudió al
segundo gobierno del Dr. Alan García hecho público en el mes de octubre del
2008 con las intercepciones telefónicas a políticos, empresarios, y que trajo
consigo la renuncia de medio gabinete, en especial del presidente del Consejo
de ministros y del ministro de energía y minas de ese entonces entre otros
altos funcionarios de organismos públicos como PerúPetro y PetroPerú.
He sido testigo de excepción de las varias
comisiones de investigación formadas en el Congreso de la República siendo la
más relevante para el caso la Comisión presidida por el congresista del partido
de gobierno Daniel Abugattás, teniendo como asesor principal al hoy también
congresista Manuel Dammert. Los resultados y conclusiones de dichas
investigaciones están publicados en los archivos digitales del Congreso de la
República y en verdad luego de meses de pesquisas, interrogatorios,
confrontaciones, la Comisión encontró indicios razonables de corrupción, de
asociación ilícita contra los intereses del Estado, que fueron materia de un
juicio político y denunciados ante las diversas instancias del poder judicial.
Coincido con el periodista Gorriti cuando
denomina como escándalo las diversas acciones llevadas a cabo por una serie de
personajes ligados al entonces partido de gobierno, empresarios y lobistas, si
por ello entendemos “dicho o hecho reprensible que es ocasión de daño y ruina
espiritual en el prójimo” En todo caso, las conversaciones telefónicas
intervenidas ilícitamente por la empresa
de seguridad Business Track demuestran la pobreza moral de nuestra clase
política como las filmaciones del asesor Montesinos en el fujimorismo, y la vigencia del concepto patrimonialista sobre
el estado, al cual hay que asaltar utilizando el poder del gobierno de turno.
En verdad, el affaire de los petroaudios
mostraron la desvergüenza moral de una serie de personajes pretendiendo hacer
negocios especulativos que no comprometían ninguna reserva probada de petróleo
ni de gas, pues en el caso específico de la licitación de los lotes del Zócalo
Continental se trataba de contratos de exploración/explotación, donde en primer
lugar había que invertir cuantiosos montos de capital para realizar estudios de
sísmica, perforación exploratoria para descubrir reservas. En el mar las
inversiones requeridas se incrementan, así los mayores volúmenes de inversión
para la perforación de un pozo de riesgo podría superar los 50 millones de
dólares, con resultados inciertos.
Este sería el caso de los lotes petroleros
que fueron materia del llamado “faenón petrolero” en la licitación convocada
por PerúPetro a mediados del 2008. Éste es el organismo estatal responsable de
la promoción de la inversión en el sector y de la supervisión de los contratos
y uno de sus directores que fue nombrado directamente por la Presidencia de la
República concertaba negocios privados para favorecer a terceros, como parte de
un loby que repito no comprometía reservas probadas de hidrocarburos.
Al mismo tiempo se debiera recordar que uno
de los actores centrales en este escándalo era el consorcio conformado por la
empresa noruega Discover Petroleum en asociación con la petrolera estatal
PetroPerú que no tiene presencia en las actividades de exploración/explotación;
el referido consorcio había desplazado en algunos lotes licitados a la
cuestionada empresa Petro Tech Peruana, que prácticamente tenía la mayor
cantidad de lotes licitados en el mar.
Es decir, sin mayores inversiones Petro Tech
hubiese resultado en la empresa que hubiese concentrado la mayoría de los lotes
marinos de haber ganado la cuestionada licitación, lo cual hubiese otorgado un
mayor valor de venta a sus acciones en una futura transferencia.
La empresa de W. Kallop estaba siendo sujeta a investigación por la
Sunat y por PerúPetro en la gestión de D. Saba, al punto que en el primer
semestre del 2008 tuvo que abonar perentoriamente más de 35 millones de dólares
por regalías dejadas de pagar por la extracción indebida de líquidos de gas
natural del lote Z-2B, bajo la amenaza de una rescisión contractual
relacionadas con la Planta de Procesadora de Gas Pariñas (PGP), empresa
vinculada, por lo que existía una violación contractual.
A ello se sumarían otras acotaciones de
impuestos dejados de pagar desde el inicio de sus operaciones en 1994. Por ello
reproduzco la entrevista realizada al congresista por Piura, Jhony Peralta,
presidente de otra Comisión Investigadora del Congreso de la República que
tenía como objetivo central el análisis de la venta de la empresa Petro Tech
Peruana S.A. adquirida a inicios del 2009 por el consorcio colombo/coreano
Savia Perú; esta transferencia comprometía las reservas probadas y probables de
hidrocarburos que por naturaleza del contrato de servicios y por la propia ley
de hidrocarburos, las reservas de hidrocarburos “in situ” constituyen propiedad
de la Nación.
Es más, el propietario de Petro Tech, W.
Kallop también valorizó en la transferencia las plataformas marinas que eran y
siguen siendo propiedad de la petrolera estatal PetroPerú. Se trata de un
capital físico que debiera renegociarse a más tardar a fines del 2013 en razón
que la tarifa pagada por el alquiler de las plataformas sigue siendo la vigente
a la firma del contrato, 10 millones de dólares anuales, cuando el precio del
crudo costaba menos de 20 dólares el barril y ahora se cotiza por encima de los
100 dólares el barril y se sigue abonando la misma tarifa.
La referida entrevista fue publicada en un
medio como Expreso que no puede ser calificado de veleidades izquierdistas, ni
remotamente socialista, y allí se resume la posición sobre los diversos adeudos
tributarios que tenía Petro Tech con el estado peruano antes de la
transferencia y venta de sus acciones de la empresa petrolera con las empresas
vinculadas que operaban en el lote Z-2B y que además mantenía la titularidad
sobre una serie de lotes ubicados en el Zócalo Continental.
Por tanto existían indicios razonables para
suponer que la empresa financista interesada en el espionaje industrial detrás
de Business Track fuera Petro Tech, pero las interceptaciones telefónicas
captaron una malla de intereses cruzados sobre futuros negocios con los
recursos del estado que sobrepasaban las actividades de hidrocarburos, pues
abarcaban áreas como la salud, infraestructura, cementos, petroquímica, que
operadores ofrecían en venta desde un año atrás al destape de octubre del 2008,
y que diario El Comercio se negó a publicar en preservación de la
gobernabilidad, según el libro “Petroaudios”.
UNA
CORTINA DE HUMO MÁS: LA REAPERTURA DEL CASO BTR
En política no existen coincidencias ni casualidades
por ello no debiera extrañar la reapertura de la investigación sobre el
espionaje industrial relacionado con la empresa Business Track y los petroaudios
después de casi cinco años, y denunciar las supuestas interferencias del
ejecutivo sobre el poder judicial, fiscalía y la policía de investigaciones
para encubrir, desviar y/o ocultar información en las incautaciones que se
hicieron a los responsables del chuponeo telefónico, en una empresa formada por
personal retirado de la Marina de Guerra, la misma que prestaba servicios
especializados a las empresas mineras, petroleras, bancos y partidos políticos
tal como se expone en el libro sobre los “Petroaudios”
En ese contexto existiendo problemas más
graves que afectan al sector de hidrocarburos tales como el futuro de los lotes
próximos a su vencimiento contractual tanto en las operaciones Talara (II, III,
IV, VI/VII) y particularmente el lote 1-AB en la selva con más de 400 millones
de reservas probadas y probables de crudo, las mismas que debieran servir como
respaldo financiero para la modernización de PetroPerú que actualmente no tiene
acceso a la renta petrolera.
Próximamente el pleno del Congreso de la
República tendrá que votar sobre la prórroga contractual de los lotes de
hidrocarburos por 10 años dejando de lado a la petrolera estatal que ni
siquiera estaría considerada como socio minoritario en un conjunto de lotes
cuyas reservas “in situ” corresponden a la Nación, y donde el partido de
gobierno con el Presidente del Congreso y de la Comisión de Energía y Minas
habrían comprometido su voto a favor con el fujimorismo, el aprismo y el resto
de los partidos de la derecha económica.
Igualmente la secuela de los “petroaudios”
encubre la indefinición sobre el futuro de PetroPerú y la modernización de la
refinería de Talara, cuya inversión representa por ahora más de 2,730 millones
de dólares bajo responsabilidad de la petrolera estatal y más de 800 millones
de dólares a cargo de empresas privadas, valores necesarios para asegurar el
crecimiento de la economía.
A pesar del discurso presidencial del 28 de
julio pasado los ministros responsables de la Junta de Accionistas, Jorge
Merino de Energía y Minas y Luis Castilla de Economía y Finanzas sabotean la
decisión presidencial, a pesar del interés de los inversionistas y la necesidad
de procesar internamente combustibles limpios a partir del 2016 en especial del
diesel 2 con 50 partículas por millón de azufre.
Asimismo, el escándalo de los “petroaudios” distrae
a la opinión pública sobre los retrocesos acerca de la viabilidad del
Gaseoducto Andino del Sur, propuesta ganadora en la campaña electoral del
presidente Ollanta Humala. Sencillamente el anunciado retiro de la petrolera
brasileña Petrobras titular del lote 58 y socio minoritario con Repsol en el
lote 57, posterga a la “calendas griegas” la realidad del gaseoducto para el
macro sur del Perú.
Sin el carácter de reservas probadas los
hidrocarburos de los lotes 58 y 57 difícilmente las empresas supuestamente
interesadas en la participación del Gaseoducto del Sur podrán levantar
financiamiento internacional. Ello se agrava con el desaire empresarial del
Consorcio Camisea al Presidente de la República y la supuesta recuperación las
reservas probadas del lote 88 comprometidas como respaldo al proyecto de
exportación de gas licuefectado del Consorcio Perú LNG, estas reservas del
orden de 2.4 trillones de pies cúbicos de gas natural sirven de garantía
financiera.
Por ello, las sucesivas ampliaciones en el
plazo en la Comisión Parlamentaria presidida por el congresista del oficialismo
Sergio Tejada apuntan hacia una acusación constitucional al ex presidente Alan
García que lo descalificaría como candidato a la Presidencia de la República en
el 2016, encubriendo las promesas incumplidas y los graves problemas del sector
de hidrocarburos.
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“Petro-Tech reconoció defraudación”
Lo
hizo al pagar US$ 11 millones por fallo de Tribunal Fiscal, señala
congresista.
El congresista Jhony
Peralta, presidente de la Comisión que investigó la venta de acciones de
Petro-Tech, sostuvo que la mencionada empresa petrolera cometió delito de
defraudación tributaria al haber obtenido indebidamente un crédito fiscal que
asciende a US$ 78 millones. “De ese monto, el Tribunal Fiscal ordenó a la
empresa US$ 11 millones y Petro-Tech, al pagar, tácitamente ha reconocido que
cometió el delito”, agregó.
Además señaló que la Ley
Penal Tributaria establece que la defraudación tributaria se reprime con una
pena privativa de libertad no menor de ocho años ni mayor de 12.
─
Usted sostuvo en el Pleno del Congreso que Petro-Tech incurrió en
defraudación tributaria. ¿Cómo se configuró este delito?
La cláusula Nº 10 del
contrato firmado entre Petro Perú, Perupetro y Petro-Tech establecía que el
IGV a la importación y los aranceles que utilice Petro-Tech para poder
comprar o importar equipos desde el exterior para poder incrementar su
producción en los pozos, ésos impuestos eran pagados por el Estado, es decir
por Perupetro.
─
¿Cómo operaba esto?
Petro-Tech desde el año
1994 hasta el 2008 ha venido importando equipos, entonces, con la orden de
compra de esos equipos iba a Perupetro y les decía ‘señores de Perupetro, de
acuerdo a la cláusula 10 quiero que me paguen los impuestos y los aranceles’
y Perupetro procedía a girar un cheque a nombre de Petro-Tech que iba, hacía
la compra e importaba los equipos.
Pero, como esa compra
venía a nombre de Petro-Tech y no de Perúpetro ellos utilizaban esas facturas
como un gasto, lo cual tenía impacto en la utilidad. A mayor gasto, menor
utilidad y, por lo tanto, menor pago de Impuesto a la Renta.
Pero también utilizaban
este IGV a la importación como crédito fiscal. La Sunat hizo una evaluación
tanto a Perupetro como a Petro-Tech y encontró que Petro-Tech había venido utilizando
indebidamente el crédito fiscal por ese IGV, de tal forma que le hizo reparos
en varias resoluciones.
Nosotros hemos llegado a
calcular, de acuerdo a las cifras que hemos tenido, que el crédito fiscal
obtenido indebidamente por Petro-Tech asciende a US$ 78 millones.
─
¿Y cómo se sanciona a quienes incurren en este delito?
La Ley Penal Tributaria
establece que la defraudación tributaria se reprime con una pena privativa de
libertad no menor de ocho años ni mayor de 12, es decir carcelería efectiva.
Es más, la Constitución y la Ley Penal sostienen que cuando este delito se da
en contra del patrimonio del Estado la sanción se duplica. Pero como este ‘modus
operandi’ de Petro-Tech se ha dado hasta años recientes, este delito no ha
prescrito y está vigente.
Es más, de esos US$ 78
millones que hemos llegado a determinar como crédito fiscal indebidamente
obtenido por Petro-Tech –al que tienen que aplicársele los intereses y las
multas del caso–, Petro-Tech debe devolverle al Estado US$ 78 millones.
─
¿Y ante esto qué ha hecho la Sunat?
La Sunat ya se ha
pronunciado en varias resoluciones y ha fallado que se ha cometido el delito
tributario y, por lo tanto, Petro-Tech debe restituir ese pago al Estado.
Petro-Tech apeló esas resoluciones de la Sunat pero a fines del año pasado
nos enteramos que ya el Tribunal Fiscal ha resuelto tres de los casos y en
los tres falló a favor de la Sunat, por lo que Petro Tech ya ha pagado US$ 11 millones por ese concepto.
─
El hecho que Petro-Tech haya pagado ¿no implica un tácito reconocimiento de
que sí cometió delito de defraudación tributaria?
Por supuesto. Creo que la
resolución de la Sunat es evidente y cualquier abogado o tributarista, con
sólo ver la atrocidad que han cometido, notará que se trata de un delito
tributario. Al pagar, Petro-Tech está reconociendo el delito y por eso en las
conclusiones de nuestro informe no sólo la comisión dice que debemos
recuperar esos US$ 78 millones sino que también hay que castigar a quienes
cometieron delito.
─
¿Cuántos casos sobre Petro-Tech faltan resolverse en el Tribunal Fiscal?
Falta resolverse tres
casos más los que en conjunto suman un total de US$ 67 millones, cuyos fallos
saldrían próximamente.
LAS
RESPONSABILIDADES
─
¿Se han individualizado las responsabilidades en este caso específico de
defraudación tributaria?
Nosotros hemos hallado
como responsables al dueño de la empresa, William Kallop, y a las dos
personas que eran los instrumentos legales y operativos de Kallop que son el
señor Alberto Varillas Cueto y la señorita Rossy Gadea, que eran
prácticamente los apoderados y las personas que sustituían a Kallop y lo
representaban ante Perupetro y las demás instituciones del Estado.
Expreso 23 de mayo del
2010
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