miércoles, 29 de agosto de 2012

PETROPERÚ: APROBACIÓN MAYORITARIA PESE A LA DBA


ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

Pese a la campaña infame contra la modernización y fortalecimiento empresarial de PetroPerú de parte de los felipillos de la DBA (Derecha Bruta y Achorada), un mayoritario 72% de los encuestados por Ipsos Apoyo está de acuerdo con el fortalecimiento empresarial y se identifica con la empresa por representar la esencia de la peruanidad que no se contrapone con la globalización de las relaciones sociales. Ello coloca como problema esencial las relaciones del Estado y mercado, es decir ¿cómo resolver y administrar el conflicto entre el interés público y privado?

Con refinados métodos estadísticos de muestreo y teoría de probabilidades, con una muestra representativa en todos los niveles socioeconómicos se puede estimar con un mínimo de error más o menos cinco por ciento, la aprobación, la aceptación o rechazo a una propuesta. Es como si al ser humano con el análisis de una célula se le puede diagnosticar el tipo de enfermedad que adolece.

Así, la última encuesta de Ipsos Apoyo Opinión y Mercado S.A. ante la pregunta a 1,200 ciudadanos, a lo largo y ancho del país, sobre si está de acuerdo o en desacuerdo con el fortalecimiento de PetroPerú, el 72% de la muestra respondió positivamente, siendo en el norte del Perú donde se alcanzó el porcentaje más alto un 79% y el centro aprobó con el 64%, mientras Lima expresó un 71% de aprobación.

Es más, fue  el nivel socioeconómico B, es decir la llamada clase media que tiene ingresos menores a los 3,000 nuevos soles mensuales y un mayor acceso a la información, el que expresó la aprobación más alta 79%, ello refuerza la tesis de la identidad con el sentido de lo nacional, como sucede en la identificación del ecuatoriano con Petroecuador, el chileno con ENAP, el colombiano con Ecopetrol, el brasileño con Petrobras, todas empresas petroleras estatales en América Latina. 

En la opinión pública se ha internalizado la idea legítima sobre la presencia en nuestro país de eficientes empresas estatales de hidrocarburos y de la energía de terceros países que operan desde hace años, a pesar del discurso liberal y dogmático que se impuso en América Latina en los años noventa del siglo pasado, que dicho sea de paso Brasil, Colombia, Ecuador y Chile no asumieron, a diferencia de Argentina, Bolivia y el Perú.

Una lectura crítica de los resultados de la encuesta empezaría por cuestionar la misma identidad de la empresa consultora, Apoyo S.A., identificada desde los años noventa del siglo pasado con la privatización de la actividad empresarial del Estado al igual que Macroconsult y otras consultoras que realizaron pingues negocios con la dictadura fujimontesinista, pues no solamente asesoraban a las instituciones públicas, en especial a la COPRI responsable de la privatización sino también a los intereses privados, todo en nombre de la modernidad y libertad de los mercados.

Sin embargo el rigor estadístico aplicado en la encuesta permite reconocer una objetividad, una realidad sobre cómo es percibida la petrolera estatal a nivel nacional, a pesar de las limitaciones impuestas por la privatización y los principios constitucionales vigentes sobre el rol subsidiario del Estado en la economía que constituyen una camisa de fuerza para el fortalecimiento de PetroPerú y ElectroPerú.

La privatización de los activos de PetroPerú, tales como lotes petroleros, filiales (Petromar, Solgás, Transoceánica, grifos, Petrolube, etc.), refinería La Pampilla, terminales etc. empezó en 1991 con la transferencia de los llamados lotes marginales de Talara al sector privado, alcanzando su punto más alto en 1996 cuando se privatizaron los lotes de hidrocarburos 8/8X (Trompeteros) y X (Talara), y la refinería La Pampilla, la más importante unidad de procesamiento de crudo que abastece preferentemente al mercado de la capital.

En tal sentido, es urgente y necesario realizar un balance económico financiero y social de la privatización de los lotes de hidrocarburos que fueron privatizados en especial de los contratos próximos a su vencimiento. De igual forma se debe estimar cuál fue el monto de las regalías y del impuesto a la renta pagado al Estado, las inversiones efectuadas en las unidades privatizadas  y los volúmenes de reservas de hidrocarburos existentes a la fecha.

Ello es más urgente y necesario en razón del interés de la transnacional  Repsol de España de transferir sus activos en América Latina, luego de la estatización de YPF por el gobierno argentino, que representaba el 50% de los activos de la transnacional en la región. Si a ello se suma los problemas financieros de España y los fabulosos niveles de endeudamiento público privado de empresas y bancos afectando a los principales accionistas de la transnacional española.

Como inferencia habría el interés de Repsol de vender los grifos de bandera que tienen en el Perú y su participación en la Refinería La Pampilla que fue privatizada a precio vil en 1996. En tal sentido, las inversiones necesarias para reducir el azufre en el diesel a 50 partes por millón costarían más de US$ 1,000 millones de dólares en la refinería, por ello las mismas no estarían en los planes de la empresa a pesar del discurso de sus más altos funcionarios.

¿POR QUÉ EL APOYO?
A pesar del tiempo transcurrido la encuesta de Apoyo debe ser analizada desde varios enfoques. Uno de ellos tiene que ver con la identidad nacional y la peruanidad. La empresa PetroPerú a pesar de sus 43 años de permanencia disminuida en el mercado de combustibles pues no extrae ningún barril de crudo ni produce una molécula de gas natural, está ligada a la peruanidad, a la forma y esencia de ser peruano, con todas sus virtudes y defectos.

Es una de las pocas empresas peruanas con las cuales se identifica la población, después de la defección de las tiendas Wong adquirida por capitales chilenos, o la captura de la Inka Kola por capitales transnacionales. En cierta medida está en el subconsciente colectivo como el cebiche, de allí la defensa y/o identificación con una empresa que en los últimos tiempos quiere resurgir como el ave fénix, con lotes petroleros, terminales, grifos y buques propios, a pesar de la oposición del pensamiento liberal. 

Al satisfacer el 48 por ciento del mercado de combustibles la opinión pública percibe que la petrolera estatal regula los precios evitando los abusos de mercado de parte de los privados, de allí que estrictas razones económicas expliquen la necesidad de su fortalecimiento. La petrolera estatal con sus limitaciones abastece en recónditos lugares donde no resulta atractiva la venta para la competencia.

Que solamente un 12% de los interrogados desaprueben su fortalecimiento no significa necesariamente que apuesten por su privatización, y que un 16% no precisa una opinión, demuestra la necesidad de explicar mejor las ventajas para el país y al ciudadano de a pie, de tener una empresa petrolera integrada, con producción de crudo y gas por un lado, es decir con participación en los lotes de hidrocarburos, y de otro lado, con estaciones de servicios de combustibles (grifos).

El fortalecimiento y modernización de PetroPerú no solamente está ligado a la producción de combustibles limpios en la Refinería de Talara que permitirá ganancias ambientales al conjunto de la población del país, ni a la posibilidad de refinar los crudos pesados provenientes de la selva norte, que hoy se exportan. También se relaciona con su participación directa en la producción de crudo y en los nuevos negocios como el gas natural y el gas licuado de petróleo (GLP), con la posibilidad de envasar y comercializar el gas licuado a través de grifos propios. 

En síntesis, el fortalecimiento de PetroPerú significa su integración vertical con producción propia y distribución minorista y su participación en los nuevos negocios. Ello supone una renovación de su plana gerencial pues no se puede ser gerente por acumulación de servicios sino por sus resultados y buenas prácticas. Implica la mayor transparencia en sus actividades de compra y venta, en especial de la adquisición de crudo que se prestan a suspicacias empresariales. 

Esta encuesta aprobatoria debiera servir a la nueva administración para cortar de una vez por todas con las “manzanas podridas” que aún se mantienen en PetroPerú. Constituye un voto de confianza que debe ser aprovechado para acelerar su fortalecimiento y modernización con transparencia como es el deseo de la mayoría de peruanos.



miércoles, 22 de agosto de 2012

GASODUCTO DEL SUR: LA GRAN DESILUSIÓN I


ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

Asumí la necesidad de la construcción del Gasoducto Andino del Sur por razones estratégicas, de integración energética nacional con los departamentos del sur peruano, para generar ventajas competitivas en la industria regional, satisfacer los requerimientos de energía de los grandes proyectos mineros del sur que comprometen capitales de inversión por encima de los 35 mil millones de dólares; significaba apostar por las políticas de valor agregado por medio de la petroquímica avanzada, intermedia y básica en Ilo, y por último apostar por la masificación del gas natural, haciendo que miles de peruanos, sobre todo los más pobres se beneficien de la cultura del gas natural.

Por ello el levantamiento de un Polo Petroquímico no resulta equivalente a la existencia de una planta de urea o de nitratos, es todo un complejo donde coexisten diversas empresas industriales que usan el metano para obtener urea, el etano para obtener etileno, teniendo como insumos básicos el amoníaco, el ácido sulfúrico entre otros. Por ello, un polo incorpora plantas de fraccionamiento de los líquidos, plantas de polietilenos, urea, amonio, metanol, plantas de energía y agua etc. Por tanto, en el país no se pueden construir dos, tres o cuatro polos petroquímicos como sostienen autoridades del sector, así hubiesen las reservas de gas natural certificadas requeridas de los lotes 57 y 58, que no es el caso por ahora.

En verdad, todas estas ilusiones quedarían postergadas de prosperar y aprobarse el Proyecto de Ley Nº 1396, presentado con carácter de urgencia por el Poder Ejecutivo, es decir por el Presidente Constitucional de la República y el Presidente del Consejo de Ministros el 10 de agosto del presente mes; proyecto que al tener el carácter de urgencia y ser declarado de interés nacional, seguramente obviará la opinión de las comisiones competentes, economía y energía y minas para pasar directamente a la Junta de Portavoces, y aprobarse en el Pleno de Congreso de la República sin mayor discusión técnica.

Ello sería grave para el país, pues constituiría un golpe mortal para la existencia del Gasoducto Andino del Sur, y sería uno de los objetivos de la infame campaña mediática de ciertos medios contra la intervención del Estado en el financiamiento del primer tramo que tenía como ruta crítica Camisea hasta Quillabamba (La Convención-Cuzco) mediante un crédito puente por US$ 1,500 millones u otras alternativas de financiamiento, para hacer realidad este gasoducto integrador, que con la lógica del “libre mercado” que solamente existe en los libros de texto de economía, resultaría inviable. 

Por ello, sería lamentable la postergación indefinida de las aspiraciones y objetivos del gasoducto que iría de Camisea (Malvinas), Cuzco, Arequipa, Puno, Moquegua (Ilo), Tacna tal como se anunció en el discurso del 28 de julio del 2011, por el contenido del proyecto Nº 1396 que pretende satisfacer objetivos loables pero que en esencia desplaza al Gasoducto Andino del Sur generando una mayor frustración en las poblaciones del sur, que apoyaron lealmente la campaña electoral del Presidente Ollanta Humala.

Por ello cabe preguntarse ¿Qué explicaciones puede tener la presentación y la urgencia de su aprobación del proyecto de Ley “que Afianza la Seguridad Energética y Promueve el Desarrollo de Polo Petroquímico en el Sur del País Nº 1396”? ¿Qué intereses están en juego? ¿Cuál ha sido la influencia o presión de los intereses de SK de Corea del Sur y del conjunto del Consorcio Camisea para desplazar al Gasoducto Andino del Sur, es decir a Kuntur/ Odebrecht que tiene una concesión reconocida por el Estado?

Bajo el manto de un título correcto el contenido del proyecto resulta inapropiado al país por múltiples razones que trataremos de explicar en dos partes por lo menos, pues el proyecto de ley Nº1396 tiene varios aspectos, que resultan o niegan la esencia del discurso del candidato Ollanta Humala en la campaña electoral lo cual dicho sea de paso no debiera sorprender.

UNA POBRE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la sucinta exposición de motivos del proyecto de ley, amparados en una real y objetiva concentración de la generación eléctrica en el sur chico de Lima, que constituye un riesgo para la producción y reproducción del sistema eléctrico y la seguridad energética, se afirma que:

“ A la fecha, no se ha logrado desarrollar los gasoductos troncales al norte y sur del país, de la misma forma que se hizo para el gaseoducto que viene de Camisea a la costa de Ica, debido a la falta de reservas probadas de gas natural, que podrán llegar a futuro, pero que hoy no se tienen y por tanto no se pueden iniciar los proyectos citados sobre una base de rentabilidad aunque sean necesarios por una cuestión de seguridad, dada la concentración de la producción de energía.

El proyecto de Gasoducto Andino del Sur (GAS) implica llevar gas natural de la zona de Camisea a la zona sur del país, para el desarrollo de la industria nacional, petroquímica y generación eléctrica. Hoy dicho proyecto no puede ser materializado por el actual Concesionario debido a que no tiene reservas probadas de gas natural suficientes y además no se conocen de los clientes (que estarían ubicados en la costa sur) y que darán estabilidad económica al proyecto (GAS)” página 10

Con estos dos párrafos el proyecto de ley Nº1396 supera cualquier explicación sobre las medidas promocionales que se tuvieron que adoptar entre 1996 al 2004 para hacer posible el desarrollo del mercado del gas, con las reservas de gas y condensados que fueron descubiertas por la transnacional holandesa Shell hacia 1984. Y tuvieron que pasar veinte años para hacer realidad los beneficios de Camisea.

Se olvida que las reservas del lote 88 tenían el carácter de reservas probadas cuando fueron adjudicadas sin riesgo alguno al Consorcio Camisea teniendo como operador a la empresa Pluspetrol hacia fines del 2000 en la agonía del régimen fujimorista y cuyo contrato fue firmado durante el Gobierno de Transición del Dr. Valentín Paniagua, e inaugurado durante la gestión del régimen del Presidente Toledo. Posteriormente las reservas de gas (2 TCF) y condensados (200 millones de barriles de condensados) del lote 56 fueron adjudicadas directamente al Consorcio Camisea, sin concurso ni licitación alguna.

En cambio las reservas de gas y líquidos de gas natural de los lotes 57 y 58 que abastecerían el Gasoducto Andino del Sur tomarán su tiempo para acreditar los volúmenes de reservas probadas certificadas en más de 5 trillones de pies cúbicos (TCF) en la medida que realicen mayores perforaciones exploratorias y se justifique la demanda a través de las empresa y clientes libres, entre ellos la petroquímica, las industrias del sur etc.

Tampoco se dice absolutamente nada respecto a que el Gasoducto que viene de Camisea a Lima fue posible por la Garantía Anticipada de la Red Principal (GRP) que fue financiada por los millones de usuarios eléctricos que tuvieron que pagar desde agosto del 2002 hasta el 2009 un plus por el consumo mensual de electricidad que venía como un recargo en las tarifas eléctricas por más de 480 millones de dólares, para garantizar la rentabilidad del ducto de gas natural a cargo de la empresa Transportadora de Gas Natural (TGP) formada por los mismas empresas que conforman el Consorcio Camisea Pluspetrol, Repsol, Hunt Oil, SK de Corea del Sur, Sonatrach de Argelia a los cuales habría que incorporar Suez Energy que participa en los ductos como International Power.

Con este proyecto Nº 1396 que tiene como objetivo loable “incrementar la confiabilidad en la producción y transporte de energía el Ministerio de Energía y Minas… pues la confiabilidad de la cadena de la cadena de suministro de la energía para el mercado nacional tiene relevancia y será asumida por toda la demanda del sistema nacional. El Ministerio, en coordinación con OSINERGMIN, establecerá la forma y oportunidad en que los usuarios del sistema energético utilizarán y pagarán las instalaciones adicionales a dicho sistema (Subrayado nuestro)” Art. 1 incisos 1 y 2

Es decir todos los usuarios eléctricos y libres deberán asumir un recargo en sus recibos para financiar la rentabilidad de la ampliación de los ductos gasoductos existentes de gas natural y líquidos de Camisea a Lima en determinados tramos que se ampliarán, de un gasoducto desde Malvinas hasta Quillabamba, Cusco y Puno que se sobrepone al gaseoducto de Kuntur, y de otros proyectos, tal como lo establece el Art. 4 De la Garantía de Ingresos y Proyectos Específicos. Así se suscribe que:

“ 4.1 Los proyectos necesarios para incrementar la seguridad energética, siempre que estén en posibilidad de operar en forma paralela y conjunta con el Sistema de Transporte de Gas y Líquidos e Camisea actualmente existente (bajo responsabilidad de Transportadora de Gas Peruana TGP) y sean desarrollados de acuerdo con lo establecido en el artículo 2º de la presente ley son los siguientes:

I. Un gasoducto y un poliducto comprendidos desde Camisea hasta el kp.82 del Sistema existente, que brindarán redundancia al sistema existente e incrementarán la disponibilidad del sistema de transporte de líquidos.

II. Un gasoducto comprendido desde el Sistema existente hasta Quillabamba, Cusco y Puno, que suministre gas natural a dichas zonas y a la futura Central Térmica de Quillabamba.

III. Un nuevo gasoducto y poliducto cuyo tramo está comprendido entre el kp.127 y el kp.207 del Sistema existente que brinde redundancia al sistema e incremente la disponibilidad del sistema de gas y líquidos.

IV. Otros proyectos que serán determinados de conformidad a lo establecido en el Artículo1 de la presente Ley, con opinión previa favorable de OSINERGMIN”

Ello significa que los millones de usuarios eléctricos financiaremos las ampliaciones de los ductos de gas natural y de líquidos del Consorcio Camisea, bajo responsabilidad de TGP, lo cual significará un recargo en las tarifas de electricidad, a pesar de las extraordinarias utilidades que tienen las empresas conformantes del Consorcio Camisea que explotan sobre todo los líquidos de gas natural, cuyos precios están indexados a los referentes internacionales siendo un poco menores a los precios del crudo WTI.

Si esto no constituye un indebido subsidio a un Consorcio prepotente y abusivo que tiene en los ministros de economía y energía y minas sus más enérgicos defensores, y que en la práctica está determinando la política energética del país, con faltas y anomalías en las exportaciones del gas licuefactado hacia México y Estados Unidos de Norteamérica, y que supuestamente está interesado en el desarrollo de la petroquímica en el sur del país.

viernes, 10 de agosto de 2012

PETROPERÚ Y LA EXPLOTACIÓN DE CRUDO*


ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

En el mundo de las 50 compañías de hidrocarburos más grandes por el tamaño de sus reservas, según la fuente autorizada Petroleum Economist, 28 están controladas totalmente por los Estados y representan cerca del 80% de las reservas totales. Las compañías saudí Saudi Aramco, la iraní NIOC y PDVSA de Venezuela están a la cabeza de esta clasificación, mientras que la primera empresa privada que aparece en el listado es la estadounidense Exxon-Mobil que se sitúa en el 11º lugar y la británica – BP en el puesto 15º (Fuente: The Economist)

Según un informe del Banco Mundial, las empresas públicas petroleras, en su siglas en inglés “National Oil Companies and Value Creation” (2011), las NOC tienen un rol creciente en el mundo pues controlan cerca del 90% de las reservas petroleras y el 75% de la producción. En América Latina destacan además de PDVSA, Pemex de México, Petrobras de Brasil, y Ecopetrol de Colombia que operan en nuestro país.

Este reconocimiento sobre el rol de las empresas estatales en sectores estratégicos como los hidrocarburos fue respetado en la mayoría de países de América Latina, con excepción de la Argentina, Bolivia y Perú que aplicaron radicalmente las reformas privatizadoras en la década de los noventa del siglo pasado; estas políticas  fueron cuestionadas en la primera década del siglo XXI en la práctica por Evo Morales con la nacionalización a la boliviana fortaleciendo su empresa YPFB, y la reciente estatización de la YPF en Argentina durante el gobierno de la Sra.Cristina Kirchner.

Con el respeto a la estabilidad jurídica y el interés nacional las declaraciones del Presidente Ollanta Humala en su último discurso apuntan al fortalecimiento de las empresas estatales como PetroPerú, ElectroPerú y otras. En el caso de la petrolera estatal, debe entenderse  la apuesta por la integración vertical, es decir su participación en la explotación de los lotes petroleros cuyos contratos están próximos a su vencimiento entre el 2013 y el 2016.

Se debe tener presente que la forma eficiente de operar en el sector de hidrocarburos es la integración vertical, es decir la participación en las fases de la exploración, explotación, refinación, transporte, distribución mayorista y minorista a través de las estaciones de servicios (grifos)

Por ello, el retorno de PetroPerú a la explotación en los contratos de hidrocarburos próximos a su vencimiento además de aumentar la participación en la renta petrolera, categoría reconocida como el excedente ricardiano, y que se explica por la diferencia entre el precio internacional del crudo y los costos internos de producción, asegura el abastecimiento de crudo para sus refinerías.

En la nomenclatura económica el excedente está constituido por las regalías pagadas que captura el fisco, el impuesto a la renta abonado al Estado y las utilidades por ahora retenidas por los privados. La integración vertical de PetroPerú como titular de los lotes con un operador privado o socio estratégico, permitiría asegurar una mayor rentabilidad en razón de las reservas probadas y probables cuya explotación conllevan un menor riesgo.

Si bien en el mundo después del negocio de armas, y el narcotráfico, el sector de hidrocarburos es el más rentable por el alto riesgo que tienen las actividades de exploración. Sin embargo, en nuestro país se privatizaron los lotes petroleros de la empresa estatal con reservas probadas y probables que fueron subestimadas, y hoy PetroPerú tiene que abonar precios internacionales que tienen un componente altamente especulativo y político.

Si bien constituye un buen deseo la participación de PetroPerú en los nuevos lotes que licite PerúPetro, por el elevado riesgo que ello tiene no resulta recomendable la inversión de los escasos recursos de la petrolera estatal en las actividades de exploración. En cambio, su retorno a la explotación con reservas probadas y probables de petróleo, que se estiman por encima de los 300 millones de barriles de crudo, incrementan sus activos, su patrimonio, y le permite mayores espaldas financieras y sujeto de crédito internacional.

En verdad, PetroPerú con una gestión eficiente, moderna, transparente, cotizando en la bolsa de valores, con un comportamiento de mercado ajeno a las intervenciones políticas de los gobiernos de turno constituye una palanca para el desarrollo del país que asegura el abastecimiento de combustibles en el país.

* Publicado en el diario El Peruano el 07 de agosto de 2012

viernes, 3 de agosto de 2012

PERÚ: LA PRODUCCIÓN DE CRUDO EN CAÍDA LIBRE


ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

En el Fórum Regímenes Jurídicos para el Otorgamiento de Derechos Sobre Recursos Naturales, evento organizado por la “Comisión Consultiva de Derecho Minero, Energía, Electricidad e Hidrocarburos” órgano del Colegio de Abogados de Lima, el 18 de julio del presente comentando la exposición de la Dra. Rosa Ortiz, actual Presidenta del Directorio de PerúPetro nombrada ante la nada ecuánime salida del Ing. Aurelio Ochoa y el súbito retiro de la Dra. Isabel Tafur, lo que estaría mostrando la precariedad y la falta de norte del gobierno en cuanto a la política energética. ¡Nunca se ha tenido en PerúPetro tres presidentes en una semana!

Allí tuve la oportunidad de comentar acerca de la dramática realidad del sector petrolero que tiene varios indicadores económicos, constituyendo los más importantes la pertinaz caída de la producción de crudo, estimada en barriles diarios, el creciente déficit de la balanza comercial de petróleo y derivados y por tanto las crecientes importaciones de petróleo, y la débil actividad exploratoria estimada por el número de pozos perforados.

En la actualidad la producción de petróleo crudo es menor a los 70 mil barriles diarios, con tendencia a la disminución en la medida de la caída de la producción sobre todo del lote 1-AB que producía en el 2006 más 27,900 barriles diarios y al mes de mayo no sobrepasa los 15,500 barriles por día, como a la menor producción diaria de los lotes de hidrocarburos cuyos contratos están por vencer en el período 2013 al 2016, tales como los lotes II, III, IV, VI/VII y 1-AB Ver cuadro sobre la caída en la producción.

Evidentemente de seguir disminuyendo la producción diaria de petróleo será responsabilidad del presente gobierno explicar las razones de esta menor producción, las medidas adoptadas o dejadas de hacer, pues a una menor producción le corresponde una menor participación por concepto de canon y sobrecanon petrolero, que ahora ya no es el 12.5 por ciento del valor de la producción sino el 18.75% que se está transfiriendo a los gobiernos regionales, y locales de Piura, Tumbes, Loreto, Ucayali y la provincia Inca de Huánuco.

La situación es igual de grave en Talara, en los llamados lotes marginales del noroeste donde por ejemplo en el lote II se obtenían 645 barriles diarios y a mayo del presente la producción es de 459 barriles, o el lote III donde la producción era de 4,022 barriles diarios ha disminuido a menos de 2,297 barriles por día a mayo del presente. Esta menor producción no solamente afecta al canon petrolero que de lejos se financia con las altas regalías contractuales del 52% en el Lote II y 49% en el  lote III, sino también a las inversiones.

Esta menor producción afecta el empleo pues muchas empresas contratistas y de servicios están despidiendo trabajadores, a pesar de los altos precios del petróleo, sobre todo en las empresas cuyos contratos están próximos a su vencimiento, la falta de inversiones y la incertidumbre disminuye la demanda de equipo y fuerza de trabajo.

Sin embargo, esta realidad desde el punto de vista estadístico se atempera por el manejo interesado de cifras que hace PerúPetro al consignar la producción de hidrocarburos líquidos sumando la producción de petróleo crudo con los líquidos de gas natural (LGN) sobre todo provenientes de la explotación de los lotes 88 y 56, es decir de Camisea.

Por ello, si solamente se registrara la producción diaria de petróleo crudo sería evidente el fracaso de uno de los objetivos ideológicos que justificaron la privatización fragmentada de PetroPerú en la década de los noventa del siglo pasado. El país no debiera olvidar a todos aquellos, como los miembros de la COPRI, Yoshiyama, Boloña, Merino Tafur, Quijandría, Gutiérrez, que recomendaban la privatización de la petrolera para ser más eficientes y aumentar la producción.

Así, la producción de hidrocarburos líquidos (petróleo crudo más líquidos) está sobre los 152 mil barriles diarios, pues a la producción de crudo  de 70 mil barriles diarios se suman los 82 mil barriles de líquidos extraídos en Camisea, y de las plantas de fraccionamiento de Aguaytía, Pariñas y Malacas. ¡Es como si se sumara conjuntamente la producción de papas y camotes!

Estas prácticas estadísticas oscurecen la caída pertinaz de la producción de petróleo crudo desde 1994 a la fecha, pues de una producción de 127 mil barriles diarios se ha transitado a niveles menores a los 70 mil barriles por día. Antes la responsabilidad productiva con todos sus defectos era de PetroPerú, ahora  en lo fundamental es privada, pues la petrolera estatal no extrae ni un solo barril y tiene que abonar precios internacionales por el crudo que refina y satisfacer el 47% del mercado de combustibles.

Por tanto, uno de los argumentos ideológicos que justificaron la irracional privatización de PetroPerú en la década de los noventa no se ha cumplido en la realidad. Por ello, se debiera cumplir con la promesa electoral acerca del fortalecimiento de PetroPerú con la integración vertical, es decir, con el retorno a la explotación de crudo y la modernización de la Refinería de Talara que permitirá una mayor producción interna de un diesel 2 limpio con 50 partes por millón de azufre, el tratamiento de los crudos pesados, con una planta de ácido sulfúrico, coque y otros.

En nuestro país esta menor producción interna de petróleo crudo se tiene que saldar con mayores importaciones de crudo y derivados (diesel 2), profundizando el déficit de la balanza comercial de hidrocarburos, es decir el valor de las importaciones de petróleo y derivados es mayor a las exportaciones, y ello significa millonarios montos que se van hacia el exterior.

Solamente como información entre el 2006 y el 2011 el saldo negativo de la balanza comercial de hidrocarburos (exportaciones menos importaciones) que involucran al petróleo, líquidos de gas natural, gas licuefectado y derivados como el diesel ha sido superior US$ 7,937 millones de dólares, cifras que casi triplican a los 2,500 millones de dólares que significaría la modernización integral de la refinería de Talara.

Esto significa que el capital-dinero generado en la economía doméstica, en manos de consumidores y empresas, ha tenido que ser financiado a través de las importaciones de petróleo y derivados que en el período mencionado se acercan a los 8,000 millones de dólares y que podrían incrementarse con el presente gobierno, de allí la importancia de fomentar la producción de interna de crudo y la modernización de PetroPerú.

En este contexto en el último discurso con respeto a la estabilidad jurídica y el interés nacional, las declaraciones del Presidente Ollanta Humala apuntan al fortalecimiento de las empresas estatales como PetroPerú y otras. En el caso de la petrolera estatal, debe entenderse  la apuesta por la integración vertical, es decir su participación en la explotación de los lotes petroleros cuyos contratos están próximos a su vencimiento entre el 2013 y el 2016.

Se debe tener presente que la forma eficiente de operar en el sector de hidrocarburos es la integración vertical, es decir la participación en las fases de la exploración, explotación, refinación, transporte, distribución mayorista y minorista a través de las estaciones de servicios (grifos). Con producción propia, buques propios, terminales, envasadora de gas licuado de petróleo (GLP) y estaciones de servicios de expendio de combustibles, la petrolera estatal incrementaría sus ingresos y utilidades, que resultan necesarias para financiar su modernización.

Por ello, el retorno de PetroPerú a la explotación en los contratos de hidrocarburos próximos a su vencimiento además de aumentar la participación en la renta petrolera, categoría reconocida como el excedente ricardiano, y que se explica por la diferencia entre el precio internacional del crudo y los costos internos de producción, asegura el abastecimiento de crudo para sus refinerías.

Si bien constituye un buen deseo del Presidente de la República la participación de PetroPerú en los nuevos lotes que licite PerúPetro, por el elevado riesgo que ello tiene no resulta recomendable la inversión de los escasos recursos de la petrolera estatal en las actividades de exploración. En cambio, su retorno a la explotación con reservas probadas y probables de petróleo, que se estiman por encima de los 300 millones de barriles de crudo, incrementan sus activos, su patrimonio, y le permite mayores espaldas financieras y sujeto de crédito internacional.

En verdad, PetroPerú con una gestión eficiente, moderna, transparente, cotizando en la bolsa de valores, aprovechando el capital humano de sus trabajadores, con un comportamiento de mercado ajeno a las intervenciones políticas de los gobiernos de turno, constituye una fuente de acumulación es decir de generación de riqueza, puesto que la empresa aporta al Presupuesto de la República abonando mayores impuestos que la competencia, satisfaciendo con eficiencia y sentido nacional el mercado interno.