ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)
Desde sus inicios cuestioné la privatización fragmentada de la empresa minera estatal Centromín a principios de la década de los noventa por la ausencia de planeamiento estratégico, y los evidentes intereses creados con el futuro del más importante complejo minero metalúrgico que tiene el Perú en La Oroya, que está paralizado desde mediados del 2009 hasta la actualidad, y donde resulta previsible mayores conflictos y afectaciones a los intereses del Estado y los trabajadores.
Esta realidad está
generando ingentes pérdidas al fisco por concepto de impuestos y tributos dejados
de percibir por más de 350 millones de dólares, compras de energía a privados
por más de 150 millones de dólares, y particularmente se ha dejado de comprar
más 3,400 millones de dólares por concepto de concentrados de cobre, zinc,
plomo, plata a las empresas mineras que operan en el centro del país, con lo
cual en lugar de producir y exportar productos mineros refinados, se están exportando
concentrados de menor valor, y se están dejando de producir 19 subproductos
adicionales de uso industrial que se obtenían antes del proceso metalúrgico.
Esta paralización con sus
pérdidas millonarias como es evidente no afectan solamente a la empresa minera
Doe Run Perú y a su multimillonario accionista Ira Rennert, especialista en la
compra de empresas quebradas y el cobro de seguros millonarios. En lo
fundamental tiene consecuencias sobre los más de 4,000 trabajadores directos e
indirectos con sus familias que dependen del empleo demandado por Doe Run Perú
y el poder de compra generado, que permite la reproducción de la vida cotidiana
de La Oroya y en el valle del Mantaro.
Si bien hasta ahora en un
esfuerzo la empresa minera titular del complejo ha pagado el 70% de las
remuneraciones de sus trabajadores con los excedentes de su única mina
operativa, la Mina Cobriza ubicada en Huancavelica-Churcampa, asumiendo un
compromiso en el marco de la responsabilidad social, estos recursos resultan
limitados y en el futuro próximo se dejarían de abonar, si procede el evidente
despojo sobre la propiedad que Doe Run Perú adquirió sobre el complejo minero
de La Oroya gracias a un cuestionado contrato firmado en la privatización que
tiene como principal responsable al actual ministro del sector Ing. Jorge
Merino Tafur.
Se debe tener presente que
la unidad minera de Cobriza apenas aportaba el 20% de los requerimientos de los
concentrados de cobre en la fundición y
explicaba el 5% de sus ingresos, lo cual obligaba a la compra de concentrados a
otras empresas mineras de la pequeña y mediana minería. Esta es la importancia
productiva que tenía primero Cerro de Pasco, luego la estatal Centromín,
operando el complejo metalúrgico integrado con las unidades mineras.
En verdad, esta es la
“madre del cordero” en los problemas del complejo minero metalúrgico de La
Oroya, pues al haber sido privatizado separado de las unidades mineras como
Andaychagua, San Cristóbal, Cerro de Pasco, Morococha, Casapalca, y transferidos
valiosos derechos mineros a vil precio, se fracturó la unidad técnico-material
existente entre el complejo refinero y las minas.
Como en su momento lo
expresó el patriarca de la minería peruana, don Alberto Benavides de la
Quintana, el primer presidente del comité responsable de la privatización de
Centromín (ayer COPRI, hoy Proinversión), cuando afirmaba que: “pretender
vender el complejo minero metalúrgico de La Oroya sin unidades mineras, es como
querer vender un automóvil sin motor, un absurdo”
Al no estar de acuerdo con
la privatización por partes de lo que fue la más importante empresa minera del
país, Centromín, Benavides de la Quintana renunció al cargo, siendo los nuevos
miembros responsables de la privatización los que procedieron a la venta
subvaluada y fragmentada de la minera estatal,
avalados por un estudio de la consultora Macroconsult que justificaba la
viabilidad en el largo plazo del Complejo de la Oroya con la unidad de Cobriza.
Evidentemente el tiempo ha
demostrado la fragilidad e irresponsabilidad histórica de tal opción, que se
agravaron con la crisis financiera del 2008, cuando se derrumbaron las
exportaciones de Doe Run Perú en el mercado norteamericano que concentraba el
30% de sus ventas, y se generaron los problemas de pago con sus proveedores
tales como Mra. Buenaventura, Mra. Volcan, Glencore y en especial del grupo
Cormin que estableció la denuncia ante el Indecopi, buscando la
reestructuración y el control de La Oroya.
No tengo la más mínima
simpatía o compromiso con la empresa minera Doe Run Perú, pero habiendo sido
asesor laboral en algún momento del sindicato de trabajadores obreros, reconozco
la capacidad y eficiencia de sus trabajadores que ahora se debaten en el
subempleo, y donde por la antigüedad en el tiempo de servicios, con una
población importante con servicios por encima de los 20 años, están en el
límite de la jubilación, y sus derechos deben ser asegurados.
En el mismo sentido debo
reconocer por la propia información producida por el organismo regulador
Osinergmin sobre las inversiones ambientales realizadas por Doe Run a pesar de
las postergaciones en el cumplimiento del Programa de Adecuación Minero
Ambiental (PAMA). Se debe advertir que con inversiones ambientales superiores a
los 330 millones de dólares a diciembre del 2008 se habían superado con creces la
mayoría de los compromisos asumidos en la privatización del complejo.
Restando sin embargo las
propias obligaciones contractuales de inversión del propio Estado sobre los
suelos contaminados en La Oroya anteriores a la privatización; estos
compromisos fueron asumidos posteriormente por la empresa estatal Activos
Mineros y su incumplimiento ha generado juicios internacionales, sin embargo
nadie ha demandado la restructuración de esta empresa estatal creada a fines
del gobierno del presidente Alejandro Toledo, para evadir los numerosos juicios
que arrastraba la liquidación de Centromín Perú.
En síntesis, la inversión
más importante en la construcción de la planta de ácido sulfúrico para captar
el dióxido de azufre del circuito de cobre ha quedado inconclusa, con un avance del 50% por los problemas
financieros ocasionados por la crisis económica de fines del 2008. Se cumplió
con el levantamiento de las plantas de ácido sulfúrico en los circuitos de
plomo y zinc, el tratamiento de aguas pesadas, reduciendo los niveles de
contaminación de plomo, cadmio y arsénico, en relación a los niveles de la
gestión estatal, y de esto poco o nada dicen las ONGs ambientalistas.
El faltante de inversión en
la planta del circuito de cobre se estima en más de 150 millones de dólares, que
racionalmente solo se podrían financiar con los ingresos y utilidades que
genere la puesta en marcha inmediata del complejo metalúrgico, en el marco de
un programa de inversiones que la empresa Doe Run Perú está dispuesta a
respetar. Así, resulta un contrasentido condicionar el cumplimiento de la
planta de ácido sulfúrico para después autorizar el funcionamiento de la
fundición, al menos que se pretenda favorecer a terceros que están ávidos por
el control del complejo minero metalúrgico.
¿QUIÉN ES CORMIN?
Parece que los dados están
cargados para favorecer al Consorcio Minero (Cormin) una empresa filial de
Trafigura Beheer BV una gigante transnacional que opera básicamente en el
transporte y almacenamiento de combustibles y granos a nivel mundial, con más
de 25 instalaciones en Europa, el Medio Oriente, Asia, Sudamérica y África. En
nuestro país por los serios cuestionamientos ambientales por la contaminación
de plomo en la planta de almacenamiento del Callao ha cambiado de nombre
denominándose Impala Perú desde abril del 2011.
Además, en el Perú el
grupo Trafigura Mining Group opera a través de su filial Iberian Minerals que
cotiza en la bolsa de Toronto, la Compañía Minera Condestable S.A. que explota
las minas de Condestable y Raúl en el distrito de Mala Cañete al sur de Lima;
éstas producen básicamente cobre y algo de plata.
Como empresa especializada
en el comercio mundial de mercancías hace uso y abuso de los llamados “precios
de cobertura” con su asegurada Natixis con la cual opera en diversas partes del
globo. Ello ocasiona millonarias pérdidas al fisco y a sus trabajadores, pues
venden la tonelada de cobre a precios fijados entre el 2006 al 2011 sobre los
4,400 dólares la tonelada, cuando los precios de mercado superan de lejos los
8,000 dólares. Solamente el diferencial de precios de cobertura entre el 2008
al 2010 superan los 130 millones de dólares, de los cuales el fisco no capta su
participación por el impuesto a la renta.
Es más, Trafigura con su
filial Iberian Minerals opera de tal manera la Compañía Minera Condestable que
por acuerdo de directorio esta tuvo que asumir un endeudamiento por más de 155
millones de dólares para financiar el proyecto de Minas de Aguas Teñidas en
España, lo cual en la práctica constituye una transferencia de excedentes,
donde una empresa minera de un país subdesarrollado resulta financiando la
inversión de un proyecto minero en Europa.
Como Trafigura Mining
Group tiene también el 100% de las acciones de la minera Catalina Huanca
Sociedad Minera SAC ubicada en la provincia de Víctor Fajardo- Ayacucho, donde
opera básicamente con las llamadas contratas y bajos salarios, con serios
cuestionamientos ambientales.
Por ello, estamos
advertidos de los manejos nada transparentes de Cormin-Trafigura en nuestro
país, y las buenas relaciones de sus funcionarios con el actual Ministro de
Energía y Minas tal como lo reporta el artículo periodístico del Diario 16,
asimismo reproducimos el artículo del consultor César Gutiérrez sobre el futuro
de La Oroya y lo que debiera hacerse para defender el interés público y de los
trabajadores en especial.
En verdad, el Estado como
tal no puede abstenerse en reconocer que fue por decirlo amablemente un error
la privatización fragmentada de Centromín. Tampoco puede dejar de reconocer los
propios incumplimientos en la remediación ambiental de los suelos de la ciudad
de La Oroya que se debían de financiar con los aportes y penalidades abonados
por Mra. Antamina, por el diferencial entre inversión proyectada y la inversión ejecutada.
En el mismo sentido, no puede evadir la responsabilidad que tiene la empresa
estatal Activos Mineros que sustituyó a Centromín en sus obligaciones
contractuales.
De allí, la
responsabilidad del Congreso de la República y en especial de la Comisión de
Energía y Minas de legislar para preservar
ante todo el interés nacional y regional, asegurando la reapertura del
complejo minero de La Oroya con plazos razonables para asegurar compromisos de inversión de parte de
Doe Run Perú con su desistimiento de juicios internacionales al Estado. Si se
tiene en cuenta que las mayores obligaciones en el actual proceso de
reestructuración empresarial residen en el Estado, los trabajadores y en la empresa
matriz, es posible una solución satisfactoria al menos que se quiera “encender
la pradera en la región central del Perú”.
La Oroya en Manos del Humalismo
Por César Gutiérrez
Ya que la
gran transformación prometida por el Humalismo no se dio, ni se dará, pues ella
era entendida como una variación de las relaciones de poder, donde los que hoy
no son tomados en cuenta podrían revertir su situación y a cambio tenemos el
sometimiento gustoso y militante al establishment. Es bueno recordarle a la
pareja gobernante, que los electores no solo se necesitan una sola vez, ni un
voto es despreciable para político con sapiencia. En ese orden de ideas una
ciudad de 21,000 habitantes, como La Oroya, al menos por interés electoral, ya
que tengo mis serias dudas de la sensibilidad social de los inquilinos
transitorios de la Casa de Pizarro, debe ser considerada.
Tanto por el
poder ejecutivo como el legislativo, el gobierno tiene en sus manos la suerte
de esta ciudad enclavada en las alturas de los Andes. De manera lamentable e
ignorante su futuro se maneja como si solo se tratara de una discusión fenicia
de acreedores y deudores, poniendo como telón de fondo la contaminación
ambiental y su efecto en las personas, convertida en coartada, cuando debería
ser uno de los ejes de la discusión.
Nadie podrá negar que intereses de grupos empresariales existen. Una
refinería-fundición de minerales, que agrega valor económico a la producción de
concentrados, como el Complejo Metalúrgico de La Oroya y una mina donde se
extraen cantidades significativas de minerales de alta cotización como la
plata, el cobre y el indio; como Cobriza, son delicioso manjar para “traders” y
productores mineros, como lo son: Cormin, de la multinacional de la
comercialización de “commodities”, Trafigura y de la minera local con talla
internacional, Buenaventura. Nada mal les vendría hacerse de las dos unidades
de negocios, así que la intervención de estudios de abogados,
comunicadores ambientales, económicos y sociales, no es a nombre del purismo
del mundo verde y de las aves cantoras que nos hacen despertar con sus dulces
silbidos.
El pretexto
de los desencuentros de la troika acreedora: gobierno-Cormin-Buenaventura y la
empresa Doe Run Perú, es el pesado lastre llamado Programa de
Adecuación Medioambiental (PAMA). Mucho se podrá decir a favor y en contra de:
postergaciones; incumplimientos, donde el estado no puede exonerarse y deudas.
Ahora lo que compete es actuar con pragmatismo y responsabilidad, para ello la
indesligable pareja Heredia-Humala, debería escuchar a las partes: acreedores
empresariales e institucionales, deudores y trabajadores. Luego tomar las
decisiones en absoluto privado, sin consejerías que susurren al oído, pues no
habrá opinión inocua. Una ronda de conversaciones para tomar conocimiento y la
toma de decisiones no tendrá razón alguna para que sea haga en menos de 48
horas, no solo porque es el tiempo suficiente, sino porque es el plazo que
queda para encontrar una salida para salvar a la ciudad de La Oroya.
El gobierno
tiene el absoluto control de las decisiones que se tomen, lo que ocurra será de
su responsabilidad. Por un lado es el integrante mayoritario en la junta de
acreedores y por otro tiene la mayor bancada en el Congreso, donde en su mesa
directiva, desde Marzo pasado, hay una ley pendiente de discusión y votación,
que será elemento determinante.
Un hecho
factual es que dada la liquidación en marcha de Doe Run Perú, no habrá nadie
quien se haga cargo de la planilla de los 2,500 trabajadores del Complejo Metalúrgico,
cuya cuantía con beneficios sociales incluidos, asciende a 143 millones de
dólares para el plazo de 30 meses mínimos que la planta estaría cerrada hasta
que pueda operar cumpliendo los estándares ambientales. Eso tiene un nombre, el
cierre de la ciudad, pues el principal empleador que genera la economía de la
zona, es la unidad productiva referida.
La salida no
es nada difícil, solo requiere firme decisión: obligación garantizada
razonablemente, de cumplimiento del PAMA; pago asegurado a los acreedores y
reinicio inmediato de operaciones. Así nadie perdería, salvo que la visión sea
otra, como la oportunidad de deshacerse de un operador e ingresar a otros
interesados. Tengan en cuenta que en operaciones mineras nadie está libre de
culpas, así como hoy hay campaña de desprestigio sobre una, ella es
completamente intercambiable, mañana podrá haber sobre cualquiera que esté en
el control, todas tienen techo de vidrio y nadie puede escamotear su pasado.
Artículo Publicado
el 20 de Mayo 2012 En www.generacción.com
Artículo periodístico de Diario 16
“Hasta que
el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, abandonó todo decoro. El pasado
martes 22 (de mayo), a las 5 de la tarde, Ricardo Trovarelli, quien sería amigo
íntimo del titular del sector y presidente de Cormin-Trafigura, habría
presidido en la sala de reuniones del propio viceministerio de Minas, una
reunión con los líderes sindicales de Doe Run Perú (DRP), para intentar que
firmen un proyecto de convenio laboral de liquidación que más bien parecía una
“carta de sujeción”, que mencionaba un programa de evaluación y la reasignación
de los puestos sin que se priorice el reinicio de operaciones del Complejo
Metalúrgico de La Oroya (CMLO).
El ciudadano
argentino Trovarelli, muy sonriente, con una luminosa corbata amarilla, un
terno plomo y una camisa celeste, se paseaba –según fuentes- a sus anchas en el
local ministerial escoltado por Rosario Patiño, representante del MEM en la
Junta de Acreedores, el propio asesor principal del ministro Edwin Regente y la
secretaria general Fiorella Moreno. Por parte de los trabajadores encabezaban
la delegación Luis Castillo, secretario general de la Federación Minera;
Royberto Guzmán del Sindicato Metalúrgico; Eduardo Rojas, del sindicato
unitario (pro Cormin-Trafigura), entre otros.
Los
trabajadores estaban sorprendidos. Porque, por si fuera poco, era
Cormin-Trafigura el único acreedor minero en el cónclave, como para que les
quede claro a los trabajadores quién es el que realmente ‘corta el jamón’ en el
MEM y de paso en la Junta de Acreedores de DRP.
Los
trabajadores, sorprendidos, han ensayado una primera respuesta en publicaciones
en La Oroya: Merino y Trovarelli se conocen desde 1991 cuando ambos gerenciaban
almacenes vecinos de minerales en el Puerto del Callao. Luego, en el 2001,
Merino como presidente de Centromin privatizó este almacén de 76 mil metros
cuadrados a favor de Cormin-Trafigura, con una concesión del terreno a razón de
un alquiler mensual de US$ 75 mil, es decir, menos de un dólar el metro
cuadrado y vendiendo el 100 % de esta filial de Centromin a la bicoca de US$ 1
millón.
Esta
amistad, que levanta suspicacias, podría provocar también muchos recelos en la
primera dama, Nadine Heredia, porque este almacén de Cormin- Trafigura ha sido
demandado por 300 pobladores contaminados por plomo del Callao (Puerto Nuevo)
bajo el expediente MC-199-09 ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH). Niños de los colegios contiguos, María Reiche y República de
Venezuela vienen protestando sin mayor éxito. El MEM, sin embargo, en actitud
cómplice con esta empresa se niega a revelar los resultados del informe de la
consultora Ground Water Internacional -contratada por el Estado en el 2010 –a
los afectados pese a haber sido requeridos por la Ley de hábeas data, por la
abogada Sandra Barros. Otro indicio de la fuerza de Trovarelli en el MEM.
UNA VERDADERA
MILONGA
En la cita,
que duró dos horas, Trovarelli conminó: “Yo me estoy preocupando porque se
respeten sus derechos” y a renglón seguido les presentó el proyecto de convenio
de tres hojas para que estampen su firma.
Luis
Castillo respondió: “Yo tengo que consultar con las bases en una asamblea” a lo
que la doctora Patiño, jugando en pared con Cormin-Trafigura (como lo hace en
las juntas de acreedores de DRP) sin ningún reparo, acotó con dureza, “¡Si
usted es el dirigente para qué tiene que consultar con las bases!”.
Palabras
sobran. La historia sobre el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) se seguirá
escribiendo hoy viernes 25, cuando se reúnan los acreedores para elegir a la
empresa liquidadora. El ministro Merino debería recordar aquel adagio de
“cuando las barbas de tu vecino veas rasurar pon las tuyas a remojar”.
