Con los altos precios de los metales, como el cobre, oro, plata, zinc las empresas mineras están obteniendo utilidades extraordinarias que no están siendo compartidas con el Estado que es a nombre de la Nación el titular, es decir, el propietario de los recursos mineros, que como recursos naturales agotables no renovables debieran abonar al Estado una regalía, al margen de una participación sobre las ganancias extraordinarias que están percibiendo las mineras.
En tal sentido, resulta extraño que con las extraordinarias utilidades que se están obteniendo tengan problemas con sus trabajadores, no resolviendo sus problemas en trato directo, en especial el incremento remunerativo y las condiciones planteadas en el pliego de reclamos. De allí que debiera preocupar el anuncio de una huelga indefinida por iniciarse el viernes 14 de enero del presente en un aviso publicado en diversos medios de comunicación.
El caso de la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. que como empresa minera tiene como accionista mayoritario a la transnacional Freeport Mc Moran Copper & Gold Inc de los EEUU con una participación de 53.56%, a Sumitomo del Japón con 21% y al grupo nacional de Cía. de Minas Buenaventura de la familia Benavides de la Quintana con 18.21%, y el resto 7.23% corresponde a otros accionistas principalmente trabajadores.
La extraordinaria rentabilidad de Cerro Verde S.A.A. puede observarse en el cuadro resumen “Sociedad Minera Cerro Verde: Comparación de los Estados Financieros” a setiembre del 2005 a enero/setiembre del 2010, donde los ingresos por ventas se incrementaron de 240 millones de dólares a más de 1,585 millones, alcanzando su pico más elevado en el 2008 cuando subieron a los 1,809 millones de dólares.
Si bien estos mayores ingresos se explican por una mayor producción pues en el 2005 se producían 94 mil toneladas de cobre fino, en el 2008 se alcanzaba la cifra de 324 mil toneladas y a noviembre del 2010 sumaban las 284 mil toneladas de cobre fino, también los importantes ingresos alcanzados se deben al “boom de precios” en el cobre que de 167 centavos de dólar la libra en el 2005 se incrementaron a 323 centavos en el 2007 para alcanzar un promedio de 342 centavos la libra en el 2010, con tendencia al incremento, pues en los últimos meses la libra del metal rojo se mantiene por encima de los 425 centavos, es decir US$ 4.25 dólares la libra. Evidentemente con estos precios y costos operativos menores a un dólar la libra, Cerro Verde está obteniendo utilidades extraordinarias que no están siendo compartidas con el Estado, los gobiernos locales y sus trabajadores.
Ello se pone de manifiesto en el nivel de las utilidades operativas, pues estas transitan en el período enero/setiembre del 2005 de 140 millones de dólares a los 1,283 millones a setiembre del 2008 para llegar a los 1,073 millones a setiembre del 2010, es decir, las utilidades operativas en el período considerado prácticamente se multiplican por casi siete veces. En el mismo sentido, las utilidades netas pasan de los 120 millones a septiembre del 2005, para arribar a los 818 millones en el 2008 y alcanzar los 679 millones a setiembre del 2010. Es decir, las utilidades netas o residuales se multiplicaron por casi cinco veces.
En tal contexto, con una mayor producción producto de mayores inversiones con el beneficio de la reinversión, que reconocía deducir hasta el 80% del abono del impuesto a la renta por concepto de reinversión sumado a los mayores precios internacionales, y a los bajos costos laborales en la estructura de costos, resulta difícil de entender que no se pueda resolver en trato directo los asuntos relacionados con el pliego de reclamos presentados por los trabajadores. Ello demostraría la
“santa alianza” de la
“Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía” para no incrementar sustantivamente las remuneraciones de los trabajadores del sector.
UN POCO DE HISTORIA
Si se tiene presente que la unidad minera de Cerro Verde en la década de los noventa perteneció hasta 1993 al Estado, concretamente a la empresa estatal Minero Perú. Así, el 10 de noviembre de 1993 el 100% de las acciones del capital social fue adjudicada a la empresa Cyprus Minerals Company la cual efectuó una propuesta económica de US$ 37 millones sobre un precio base de US$ 30 millones, con un compromiso de inversión de US$ 485.3 millones cuando la inversión base era de US$ 60 millones.
Los montos mencionados refleja claramente la esencia de la privatización en el sector minero donde el Estado durante el gobierno del presidente Fujimori transfirió empresas rentables, ricos yacimientos a precios de remate, con el agravante que pasado el tiempo Cyprus Minerals fue absorbida por Phelp Dogde Mining Company y luego la Phelp Dogde fue a su vez en parte absorbida por Freeport Mc Moran Copper & Gold Inc. de los Estados Unidos de Norteamérica. En todas estas transferencias accionarias el Estado no recibió un dólar pues formaron parte de las transacciones en el exterior en el marco de la globalización y la especulación financiera.
Ello significa que la unidad de Cerro Verde entre 1993 al 2006 ha pasado por varias manos, y si se tiene presente que el Estado la transfirió por US$ 37 millones de dólares se puede tener una idea de la renta minera que fundamentalmente se apropian los accionistas. Si a ello se agrega que no abonan las regalías mineras que se fijan como un 3% del valor del concentrado de cobre más los beneficios tributarios que goza, nos expone una situación crítica que debe ser corregida para bien de las partes.
En los últimos años la rentabilidad neta, es decir la utilidad neta entre los ingresos ha representado tasas de 65% en el 2005, 66.6% en el 2006, de 45% en el 2007, para disminuir en el 2008 a una tasa de 39% y recuperarse en el 2009 a un 40%, y este año superara el 45%. En promedio se puede afirmar que de cada 100 dólares de ingreso, la empresa obtiene 50 dólares de utilidades netas. Evidentemente de mantenerse los precios por encima de los cuatro dólares la rentabilidad será superior.
En dicho contexto sea cual fuese el nuevo gobierno debiera replantearse una mayor participación del Estado en la renta minera sea a través de un impuesto extraordinario a las ganancias extraordinarias, y/o del abono estricto de las regalías mineras, ley vigente desde el 2004 que dicho sea de paso el “cogollo minero”, constituido por la Mra. Yanacocha, Mra. Antamina, Mra. Tintaya, Mra Cerro Verde y Mra. Barrick Misquichilca, se rehúsan de abonar al Estado.
Con estos ingresos dejados de pagar por concepto de las regalías, los cuales se distribuyen íntegramente a favor de los gobiernos regionales y locales se tendrían mayores recursos para el desarrollo de ventajas competitivas, para hacer realidad las sinergias entre la ciencia y tecnología aplicadas al bienestar regional sobre todo campesino.
De allí que el abono integral de las regalías y una mayor participación del Estado en la renta minera por medio de un impuesto extraordinario a las utilidades debiera ser una demanda de las autoridades regionales recientemente elegidas.
Y en el caso de los conflictos laborales sería deseable que los mismos se resuelvan en trato directo, evitando las huelgas indefinidas solamente por incrementos remunerativos. El sindicalismo moderno se renovaría en su esencia, si en la plataforma de lucha en los sindicatos de las grandes empresas se levantara el tema de los mayores ingresos para el Estado, por medio de un impuesto extraordinario y/o el abono integral de las regalías.
Solamente el dogmatismo empresarial pretende ajustar los salarios a la inflación anualizada, y a las deprimidas remuneraciones del mercado local, obviando las utilidades extraordinarias y los mínimos costos laborales, como se pude observar en el cuadro “Relación del Gasto de Personal y los Ingresos”
En tal sentido, resulta evidente que la participación de las remuneraciones de los trabajadores de la Mra. Cerro Verde en relación a los ingresos por ventas está por debajo del 3.20%, incluso a un nivel menor al promedio de las empresas mineras que cotizan en la Bolsa de Lima. De allí, la necesidad de llegar a puntos de consenso entre el capital y el trabajo, donde los incrementos remunerativos estén en relación a la posición de mercado de la empresa y el grupo de pertenencia, a la rentabilidad y sobre todo a la productividad del trabajo.
