INVERSIÓN ALTOANDINA CON EXONERACIONES

¿SE REQUIERE UN PLAN MARSHALL PARA LOS ANDES?

La promulgación de la ley que promueve el “desarrollo de actividades en zonas alto andinas” publicada en el diario oficial El Peruano el 19 de diciembre ha suscitado los más encendidos debates con opiniones en pro y en contra. Desde los ultramontanos liberales que perciben la norma como un “engaña muchachos, donde se cuelgan cuatro vivazos”, es decir una ley donde se podrían establecer “empresas cascarón” para hacer uso indebido de los beneficios tributarios. Hasta aquellos que aprueban la norma por constituir una oportunidad histórica para cerrar la brecha entra la costa moderna y la sierra postergada.

Así, el presidente regional de Junín, Vladimiro Huaroc afirmaba que “Se recoge el clamor de las zonas altoandinas. Hay una necesidad importante de atraer las inversiones, y con esta ley en pocos años podríamos encaminarlas mejor hacia el desarrollo. Esperamos un buen reglamento que cautele su buen uso” (El Comercio 29/12/09).

Ha sido tal la importancia de la ley que solamente lleva la firma del Presidente de la República y no la del ministro de economía y finanzas. Por ello, se deduce que su promulgación ha saltado por garrocha la presencia del ministro Carranza, y sería la causal de su renuncia y con él de la alta burocracia del MEF que acusan recibo de una futura farra fiscal.

De nuestra parte, consideramos importante analizar las fortalezas y debilidades de la ley promulgada que no deja de tener una gran dosis de oportunismo político, propio de la coyuntura electoral que se avecina, donde se trataría de ganar una mayor presencia frente al candidato crítico del modelo económico vigente desde los años noventa, el Comandante Ollanta Humala, que tiene en la sierra del Perú el mayor porcentaje de simpatizantes.

Frente a la fuerte división política de los representantes de la derecha peruana de cara a las elecciones presidenciales del 2011 (Luis Castañeda, Lourdes Flores, Alejandro Toledo, Keiko Fujimori, hasta el inefable PPK), la imagen del nacionalismo andino, mestizo y antisistema tiene su fortaleza en los andes, principalmente del gran sur. De allí, que la ley pretenda quitarle piso al nacionalismo con un pretendido “maná de inversiones” en los andes.

Por ello, esta ley que “promueve y fomenta el desarrollo de actividades productivas y de servicios, que generan valor agregado y uso de mano de obra en zonas altoandinas, para aliviar la pobreza” ha recibido críticos comentarios de los liberales y ha captado la simpatía de las autoridades regionales y municipales de las provincias andinas. De allí, que el Presidente de la República en un exceso verbal ha denominado “sonsos” a todos aquellos que se oponen a la ley aprobada.

¿DÓNDE ESTÁ LA TRAMPA?

En primer lugar, no se puede estar en desacuerdo con el espíritu de la ley que tiene como objetivo “el desarrollo de actividades productivas y de servicios, que generan valor agregado y uso de mano de obra en zonas altoandinas, para aliviar la pobreza”. En verdad, es tan amplio el objetivo y al mismo tiempo tan loable que uno no se puede oponer en contra. Pero como se dice el “camino al infierno está lleno de buenas intenciones”, por tanto debiera discutirse más a fondo el objetivo central de la ley aprobada.

Cabe analizar el carácter y la concepción del “desarrollo”, por ello es bueno distinguir la perspectiva de la modernización y la modernidad capitalista que requiere el país, en especial la región andina postrada históricamente desde la conquista europea, agudizada por las relaciones capitalistas y de mercado desde mediados del siglo XX. Una expresión sencilla del desarrollo desigual entre la costa moderna y la sierra es el intercambio de precios industriales y agrícolas.

Así, un cigarrillo puede costar 30 céntimos de un nuevo sol que resultan equivalentes a casi tres kilos de papas con precios en chacra. Por ello, mientras los precios relativos de los productos agrarios no estén a favor de los productores agrarios, en especial de los campesinos comuneros andinos, toda acción para superar la pobreza rural no deja de ser un loable deseo. Esto requiere un nuevo patrón de acumulación que privilegie la producción y el mercado interno, con subsidios directos a los productores domésticos, ayuda técnica y un desarrollo de infraestructura que haga rentable la inversión en la sierra andina.

Por tanto, sin una intervención del Estado y un planeamiento estratégico lo que debe pasar es el cumplimiento de la ley económica que dicta el mercado. Es decir, “a más mercado mayor pobreza campesina”, un aumento de la concentración de la propiedad agrícola y por tanto de los ingresos en unos pocos frente a una mayor pobreza campesina, como está sucediendo en la agricultura costeña de exportación.

Evidentemente la norma aprobada resulta un contrasentido con la proliferación de TLCs con países como Estados Unidos de Norteamérica cuyo gobierno subsidia la actividad agrícola de dicho país, y que inundará nuestro mercado en el mediano y largo plazo con leche, trigo, papa, aceites, carnes subsidiadas, etc.

Por ello, se presume que la inversión privada capitalista que tiene como objetivo maximizar utilidades y reducir costos, podría desarrollar actividades productivas y de servicios que generen valor agregado, es decir, de transformación con uso de la mano de obra de las zonas altoandinas, para aliviar la pobreza. Para incentivar esta inversión privada se reconocen una serie de exoneraciones que dicho sea de paso no son equivalentes a subsidios.

Desde nuestra perspectiva la norma otorga una serie de exoneraciones que debieran tener un horizonte mayor a los veinte años (20), es decir, que superen a una generación, y no la vigencia de diez años como se afirma en la disposición transitoria. Me parece positivo que se exonere el impuesto a la renta de tercera categoría, es decir, las utilidades empresariales no pagarían el impuesto a la renta (30%), también se exoneran de las tasas a las importaciones de bienes de capital con fines de uso productivo y del IGV a las importaciones de bienes de capital.

Estas exoneraciones fueron vistas como perforaciones al modelo económico vigente por los ortodoxos liberales que consideran la Biblia al libre mercado, y en diversos proyectos tales como el de la promoción de la inversión petroquímica, de la inversión en las energías renovables no convencionales, y otros muchos que demandaban las mismas exoneraciones invariablemente el MEF opinaba en contra. Evidentemente habrá que esperar el reglamento para que no castre los aspectos promocionales de la ley que resultan insuficientes para de verdad capitalizar los andes.

Justamente para dotar a la norma de la consistencia en el tiempo, reducir el oportunismo político y el evidente lobbismo empresarial habría que elevar a más de 20 años la posibilidad de transferir los bienes de capital que gozan de las referidas exoneraciones. Así, cuando la norma dice en el artículo tres que “Los bienes de capital adquiridos al amparo del presente artículo no pueden ser transferidos bajo ningún título, por el plazo de cinco (05) años.”

Se trataría de evitar que “cuatro vivazos” con las maquinarias en el puerto del Callao, exonerados de los impuestos referidos, hagan un uso indebido como ha ocurrido en otras oportunidades en otros gobiernos. Evidentemente ello requiere un trabajo efectivo de fiscalización “in situ” de la SUNAT.

OLVIDO DE LOS PISOS ECOLÓGICOS

En el artículo dos se exponen los alcances de la ley aprobada. Se trata de “las personas naturales, micro y pequeñas empresas, cooperativas, empresas comunales y multicomunales que tengan su domicilio fiscal, centro de operaciones y centro de producción en las zonas geográficas andinas ubicadas a partir de los 2,500 metros sobre el nivel del mar y las empresas en general que, cumpliendo con los requisitos de localización antes señalados, se instalen a partir de los 3,500 metros sobre el nivel del mar y se dediquen a alguna de las siguientes actividades: Piscicultura, acuicultura, procesamiento de carnes en general, plantaciones forestales con fines comerciales o industriales, producción láctea, crianza y explotación de fibra de camélidos sudamericanos y lana de bovinos, agroindustria, artesanía y textiles”.

En verdad, respetando la tesis de los pisos ecológicos y la horizontalidad andina “redescubierta” por el peruanista John Murra no se entiende la diferenciación entre 2,500 para unos y 3,500 metros para otros. Si se asume en principio de la realidad, existe una continuidad geográfica entre los valles andinos, la sierra y la puna, por tanto resulta un contrasentido esta diferenciación, pues una empresa utilizando testaferros podría declarar su domicilio fiscal sobre los 2,500 metros y gozar de los beneficios tributarios que se otorgan.

Con un exceso de reglamentarismo se excluye de las exoneraciones a las capitales del departamento como si la pobreza no azotara también a las poblaciones de las capitales. Si la infraestructura en caminos, energía, abastecimiento de agua, calidad de trabajadores en Ayacucho, Abancay, Puno o Huancavelica ya de por sí es deficitaria no se entiende la exclusión de los alcances de la norma a las capitales departamentales. Este es un factor que juega en contra del espíritu promotor de la ley que pretende el desarrollo del valor agregado, es decir de una transformación industrial, manufacturera o artesanal.

Así, cabe preguntarse por ejemplo si se invierte en la crianza y explotación de fibra de camélidos sudamericanos como la alpaca o vicuña, los centros de conversión de la fibra en tejido ¿dónde se haría? En la puna tal vez, o se debiera aprovechar la mínima infraestructura que ofrecen las capitales departamentales. Se trata de analizar las posibilidades de aglomeración industrial entre los valles andinos, la sierra y la puna en una articulación vertical, respetando el medio ambiente y las costumbres campesinas.

En tal sentido, para entender “cómo se reproducen hoy las familias y comunidades andinas” resulta de fundamental lectura el libro de Alberto Graña, “El Perú Invisible. Tensiones y tendencias en el desarrollo rural andino”, editado por CEDEP en el 2005.

LA POBREZA CAMPESINA

En una proyección de la posible población beneficiada de la ley que “promueve el desarrollo de actividades productivas en zonas altoandinas” Ley No 29482, con exclusión de la población de las capitales departamentales, hemos estimado en un poco más de 8.5 millones de peruanos y peruanas la población que podría beneficiarse de la ley aprobada, considerando solamente los departamentos de Ancash, Cajamarca, Junín, Pasco, Huancavelica, Cusco, Puno, Arequipa, Apurímac y Ayacucho, tal como se expone en el cuadro “Indicadores Sociales y Población en Extrema Pobreza según Regiones”.

Evidentemente la población que se podría beneficiar sería mayor en razón que varias provincias serranas de Lima, como Yauyos, Cajatambo, Canta, o las provincias andinas de Piura, Tacna, Moquegua, Amazonas, Huanuco también podrían acceder y supuestamente beneficiarse de la ley.

Solamente el análisis de un caso, como el de Huancavelica que tiene el triste privilegio de ser por un lado el pulmón energético del país -gracias a la fuerza de las aguas del Mantaro y la presencia de la empresa estatal ElectroPerú generando casi el 28% de la producción eléctrica que se utiliza en el Perú- y de otro lado, con los ríos y lagunas que se forman allí se nutre la actividad agrícola de Ica. Sin embargo, Huancavelica ocupa el último lugar en los departamentos si se tiene en consideración el Índice de Desarrollo Humano (IDH) seguido por Apurímac y Ayacucho.

El caso huancavelicano es ilustrativo de la pobreza con ingreso familiar mensual de 145 nuevos soles donde la extrema pobreza sólo se ha reducido entre el 2005 al 2007 del 76% de la población al 69%, a pesar de los esfuerzos asistencialistas del gobierno actual. Ello representa que de una población mayoritariamente campesina de 417 mil, insisto sin considerar la población de la capital departamental, casi 287 mil pobladores se debaten en la extrema pobreza.

En tal sentido, cabe preguntarse la naturaleza de las empresas que podrían realizar inversiones en las provincias de Huancavelica con los enormes déficits de infraestructura, de energía, carencias educacionales que llegan a más del 50% en analfabetismo femenino, Por ello, se requiere toda una estrategia de desarrollo andino, donde la ley aprobada sería un eslabón más, una ficha necesaria mas insuficiente. Tendría que asumirse una política de subsidios directos a los productores que se dedicarían a las actividades en referencia, estos pueden ser con tasas de interés diferenciadas, de transferencia tecnológica y de un tratamiento privilegiado como lo tiene la actividad minera.

No obstante, resultaría fundamental el reconocimiento del protagonismo central de las comunidades campesinas que a pesar de más 500 años de postergación, despojo de tierras, asimetrías de los precios relativos, desigualdad social y étnica, políticas de embrutecimiento y asistencialismo, exponen un dinamismo y una modernidad que les ha permitido adaptarse a la globalización, a ello se suma el carácter democrático de sus decisiones y la lucha heroica contra el terrorismo armado.

Por ello, más que un pretendido “maná de inversiones de afuera” para el desarrollo de las actividades productivas en zonas altoandinas, se debiera tener un plan masivo de Inversiones para capitalizar las comunidades campesinas, algo así como una Plan Marshall para los Andes, sin embargo, ello cuestiona el rol subsidiario del Estado en la economía y la esencia del modelo vigente desde los años noventa.

GLOBALIZACIÓN Y SALARIOS EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

La Importancia del Dictamen Económico Laboral (*)

El 1 y 2 de diciembre el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo organizó el Seminario “Parámetros para una adecuada contratación laboral, la libertad de sindicación y las vías de solución en la negociación colectiva”, donde tuve la oportunidad de participar como expositor con una ponencia sobre la “Naturaleza del Dictamen Económico Laboral” como un instrumento fundamental para enfrentar y resolver positivamente los conflictos laborales, que en esencia se explican por mayores incrementos remunerativos y mejores condiciones de trabajo ante la empresa. Esto significa una redistribución del excedente neto generado entre utilidades y salarios.

En verdad, luego de las palabras de la Dra. Manuela García Cochagne ministra del sector y profesional de carrera con una gran experiencia en la solución de conflictos laborales, se dio inicio a una serie de exposiciones a cargo de destacados profesionales laboralistas que incidieron en la necesidad de enfrentar, administrar y resolver positivamente los conflictos entre la empresa y trabajadores organizados, preferentemente en la etapa del trato directo de la mejor forma posible.

La exposición a mi cargo en power point se puede ver completa en mi página web www.mancozaconetti.com, en la sección Descargas- Laboral, esta presentación estuvo centrada en la importancia que tiene para los sindicatos el Dictamen Económico Laboral (DEL) como instrumento de primer orden que permite reconocer la realidad económica financiera de la empresa y una estimación preliminar de la demanda de incremento salarial sobre el costo de la mano de obra.

Al hacer transparente la información básica de la empresa sobre sus estados financieros y principales cuentas como el balance general, el estado de ganancias y pérdidas, cambios en el patrimonio neto, el flujo de efectivo y sobre todo la estructura vigente de las remuneraciones y sus colaterales. A partir de ello, es que se puede estimar el costo salarial como participación frente a los ingresos y frente al costo de ventas (egresos). En tal sentido, el Dictamen al exponer la rentabilidad bruta, operativa y neta de la empresa fija las posibilidades de los incrementos salariales, pues resultaría obvio si una empresa tiene pérdidas netas no se podría justificar un incremento remunerativo.

Por ello, el Dictamen resulta un instrumento propicio para un análisis de corto plazo, estático como una radiografía en un momento determinado sobre los niveles de ingreso y rentabilidad empresarial que con sus características resulta un instrumento indispensable para sincerar las relaciones entre el capital y el trabajo.

En el siglo XXI con la globalización de los capitales y mercados más las limitaciones para la libre movilidad de la fuerza de trabajo resulta necesario fortalecer la capacidad negociadora de los trabajadores organizados en sindicatos pues ello impone una mejor y mayor racionalidad económica en las negociaciones colectivas determinando que los incrementos salariales se ajusten no solamente a la rentabilidad empresarial sino también a la posición de mercado de la empresa a nivel interno y externo, y sobre toda a la productividad del trabajo.

SALARIOS INDETERMINADOS

Sobre el problema de los salarios siempre existe controversia en razón que el pensamiento tradicional que casi siempre coincide con la propuesta empresarial identifica el incremento salarial con el índice de precios al consumidor (IPC) que estima la inflación en un momento determinado con todas las limitaciones que ello pueda significar. Así, resulta usual expresar que si el IPC, es decir si la variación de los precios al consumidor en el año fue del 4% el incremento salarial debiera tener ese nivel. Con esta forma de pensar lo único que se esta proponiendo es la recuperación tardía de los niveles salariales.

Esta forma de pensar, al margen de los intereses ideológicos que pueda tener, constituye una limitación para una mayor participación de los trabajadores en el excedente neto generado. Por ello, resulta positivo para los trabajadores recuperar los principios básicos de la Economía Política expuestos en su origen por Adam Smith en su obra fundamental la Riqueza de las Naciones (1776) cuando señalaba: “Los salarios del trabajo dependen generalmente por doquier, del contrato concertado por lo común entre estas dos partes, y cuyos intereses difícilmente coinciden. El operario desea sacar lo más posible, y los patrones dar lo menos que puedan…”

A pesar del tiempo transcurrido esta afirmación sigue plenamente vigente, ahora más que nunca que la globalización de las relaciones sociales de producción y distribución, impone nuevos retos y desafíos a los trabajadores en las negociaciones colectivas. Esta es una realidad objetiva no solamente para los trabajadores ligados al sector exportador (minería y petróleo) sino también para el sector ligado al mercado interno en razón de las políticas que apuestan por las firmas de Tratados de libre Comercio” (Estados Unidos, México, Chile etc.)

Cuando Adam Smith afirmaba que las relaciones entre la empresa y el trabajo “cuyos intereses difícilmente coinciden”, hace hincapié en la naturaleza del salario cuyo nivel hasta cierto punto resulta indeterminado. Esto significa que el nivel del salario está por definir, en razón que dependería de la fuerza y capacidad negociadora de las partes.

En tal sentido, sindicatos organizados con dirigentes legitimados en la práctica sindical, con una asesoría solvente y una estrategia positiva pueden alcanzar incrementos salariales por encima al obtenido entre otras empresas del sector. Por ello, en una interpretación entre un mínimo salarial, que no es exactamente el mínimo fisiológico por el contenido moral e histórico que tienen los salarios en cada país y en cada región. Se podría definir este mínimo salarial como aquel salario que permite la reproducción del trabajador y su familia en el mercado.

Como una digresión sobre este mínimo fisiológico está la experiencia de los trabajadores forzados en las fábricas de la Alemania Nazi durante la segunda guerra mundial. Los millones de trabajadores rusos, polacos, franceses, y judíos etc que perecieron con una alimentación que no superaba las 800 calorías diarias, expone los límites de sobrevivencia humana. Este problema de reproducción de la fuerza de trabajo limitó seriamente la capacidad bélica de la Alemania de Hitler.

En el otro extremo, está la experiencia de los Estados Unidos de Norteamérica que movilizó a millones de trabajadores, incorporando masivamente a las mujeres por primera vez en la historia en las industrias de armas, lo cual permitió a largo plazo la victoria de los ejércitos aliados. Fue gracias al esfuerzo de los trabajadores norteamericanos y su alta productividad que se pudo dotar de armamento a los ejércitos ingleses y soviéticos, asegurando la victoria.

Frente a este salario mínimo, el límite superior sería aquella tasa de rentabilidad mínima aceptable para el capital para ser remunerado. En razón que una tasa inferior de rentabilidad obligaría al traslado de los capitales a otros sectores u actividades como la compra de acciones, la bolsa de valores, por último depósitos en los bancos. Esta tasa de rentabilidad mínima se podría definir como aquella que no pone en riesgo la continuidad de la actividad empresarial.

Por tanto, tomando como límite inferior el salario mínimo y la tasa de rentabilidad mínima del capital como límite superior, en ese espacio determinado que se podría suponer como una línea de continuidad, los salarios y por tanto el incremento remunerativo estimado como tasa se podría fijar en cualquier punto del espacio, ello dependerá en última instancia de la fuerza y capacidad negociadora de las partes.

En este contexto el Dictamen Económico Laboral elaborado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tiene una importancia de primer orden pues bien aprovechado por los sindicatos potencia la capacidad negociadora de los trabajadores y obligaría a la empresa a mejorar las contrapuestas de incremento salarial.

Así en este juego negociador, los trabajadores organizados están en la obligación de sustentar las demandas de incrementos salariales y de mejora de las condiciones de trabajo, en una investigación económica de la realidad económica empresarial que permita la mayor racionalidad en las negociaciones con los representantes de la empresa. Por ello, al margen de las negociaciones en trato directo, ante las limitaciones económicas que muchas veces tienen los sindicatos de contratar los servicios de asesoría, sería importante que desde el inicio de las negociaciones se demande ante el Ministerio de Trabajo la necesidad de contar con el Dictamen Económico Laboral.

De otro lado, desde el punto de vista de la empresa resulta un imperativo la necesidad de modernizar las relaciones entre el capital y el trabajo, para superar las visiones de “cholo barato” y de reducción de costos a costa de la participación laboral. Se trata de asumir a los trabajadores como el principal activo de la empresa. Por ello, el éxito empresarial debe ser también compartido con los trabajadores. Esta visión moderna ayudaría para atenuar la naturaleza de los conflictos laborales en las negociaciones colectivas.

En resumen una mayor racionalidad económica en las negociaciones colectivas se impone como una necesidad para superar positivamente la naturaleza conflictiva de la relación entre el capital y el trabajo. En tal contexto el Dictamen Económico Laboral con todas sus limitaciones permite una mayor transparencia de la información y potencia sobre todo el juego negociador.

Sin embargo, ante la fuerza de la globalización resulta imprescindible la actualización de los parámetros del Dictamen. Es decir, frente a una economía como la peruana fuertemente concentrada a nivel de la producción, niveles de venta y de capitales, no es posible asumir en el Dictamen la misma estructura para todas las empresas, que no solamente cuentan con diferencias en el marco tributario; caso minero, petrolero o eléctrico, sino también por las políticas de grupo empresarial. Es decir, por el predominio que pueda existir entre las relaciones de empresa filiales con la empresa matriz o entre empresas vinculadas, y los llamados precios de transferencia.

ALGUNAS LIMITACIONES

Lamentablemente el Dictamen Económico Laboral no hace referencia a los siguientes aspectos necesarios para evaluar la situación económica, financiera y laboral de toda empresa:

1.- Posición de mercado en el sector o industria donde se desarrolla la empresa, a nivel interno y externo.
2.- Posición de la empresa en la economía interna del país y a nivel internacional, según ingresos, activos, ganancias y rentabilidad.
3.- Respaldo financiero, de la empresa matriz o accionistas principales de envergadura mundial.
4.- Transacciones entre Matriz, Filiales y Vinculadas. Los precios de transferencia.
5.- Marco Tributario y Exoneraciones del Impuesto a la Renta.

Al margen de estas limitaciones que podría ser subsanables mediante un estudio y con normas laborales para legislar de la mejor forma posible tratando de poner al día la ley de acuerdo a la realidad en el sentido del gran jurista Kelsen. Sin menoscabo de algunas limitaciones el Dictamen Económico Laboral (DEL) resulta un instrumento necesario y fundamental para hacer más transparente las relaciones entre los trabajadores y la empresa.


*La exposición sobre el Dictamen Económico Laboral, la encuentran en mi web:
www.mancozaconetti.com , sección Descargas, carpeta Laboral.

O sino en el enlace:
http://www.mancozaconetti.com/index.php?option=com_remository&Itemid=6&func=select&id=4

PERÚ: RENTABILIDAD MINERA ASEGURADA AL III TRIMESTRE

BONANZA AURÍFERA Y MEDIANÍA CUPRÍFERA

Los precios internacionales del oro han superado la barrera de los 1,200 dólares la onza troy, y la plata está por encima de los 19 dólares la onza, el precio del cobre se cotiza por encima de los US$ 3.25 la libra etc. Por ello, cabe preguntarse si estamos ante una recuperación de la economía mundial que presiona al alza del precio de los metales, o corresponden a maniobras especulativas en los mercados que afectan el precio de los metales preciosos ante la inestabilidad de la economía mundial. Existe la necesidad de confianza ante la depreciación del dólar como moneda de reserva y de pago a nivel internacional de allí la mayor demanda del oro y las ventas de oro de los diversos bancos centrales, y por último tenemos el convencimiento sobre la necesidad de nuevos rescates financieros en la economía enferma del “Tío Sam”.

Contra los pronósticos excesivamente pesimistas sobre la profundidad de la crisis mundial internacional que tiene su centro en la economía norteamericana, la economía china sigue creciendo a tasas superiores al 7%, y la India también. Si bien en América Latina los efectos financieros se han sentido, por el lado de las inversiones nuestro país sigue siendo atractivo. Por tanto, siendo un importante productor mundial minero, con un alto potencial minero por explotar, sobre todo de oro y cobre, es de esperar que las nuevas inversiones sean una realidad, siempre y cuando se resuelvan los llamados conflictos sociales, se redistribuya mejor la renta minera, y se lleven de verdad, las buenas prácticas de responsabilidad social y ambiental.

Por ello, un balance de las utilidades netas de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima considerando el período de enero/setiembre del 2009 con el correspondiente al año anterior resultaría un indicador relativo de la recuperación de la actividad minera. Debe recordarse que la abrupta caída de los precios de los metales se verifica recién en el cuarto trimestre luego del setiembre negro del 2008 en Wall Street.

UTILIDAD AURÍFERA

En tal sentido el cuadro del “Ranking de Utilidad Neta de las Empresas Mineras” al tercer trimestre del 2008 y del 2009 nos permite obtener algunas conclusiones preliminares. Evidentemente las empresas auríferas principalmente Mra. Yanacocha y Mra. Barrick Misquichilca siguen teniendo utilidades extraordinarias tanto por los altos precios del oro y la plata como por los bajos costos de producción, a pesar de los rendimientos decrecientes de la Mra. Barrick por sus operaciones en la mina de Pierina en Ancash.

En el caso de Mra. Yanacocha las utilidades netas declaradas, es decir libres de “polvo y paja”, sin considerar las deducciones por amortizaciones, depreciaciones que constituyen un recupero del capital, regalías incluidas en el costo, se han incrementado el tercer trimestre del 2009 en relación al 2008 como se puede observar. Han pasado de los 385 millones de dólares a más de 496 millones, es decir, se han incrementado en 111 millones que representan el 29% respecto al período enero/setiembre del 2008.

Este incremento de la utilidad neta en Mra. Yanacocha es consistente con el incremento de la producción que pasa del millón trescientos ochenta y siete mil onzas (1,387 mil) en el período enero-septiembre 2008 a más de un millón quinientos cincuenta y nueve mil onzas (1,559 mil) para similar período en el 2009, es decir, un incremento del 12%. Por tanto, podemos deducir que el incremento de los ingresos y utilidades se debe especialmente a los altos precios del oro pero también a una recuperación de la producción.

Distinto es el caso de la Mra. Barrick Misquichilca donde las utilidades netas prácticamente se mantienen al tercer trimestre pasando de los 479 millones a 470 millones de dólares. Este efecto se explica que a pesar de los menores rendimientos de la unidad de Pierina (Ancash) se compensa de sobre manera con la producción de Lagunas Norte en la sierra de la Libertad.

Así, a nivel productivo la Barrick tiene un bajón en la producción de 141 mil onzas al tercer trimestre del 2009 en comparación al período similar del 2008, pasando de una producción de un millón ciento cincuenta y dos mil onzas (1,152 mil) a un millón once mil onzas (1,011 mil). Esta menor producción del 12% producto de los menores rendimientos de Pierina próxima al cierre de operaciones, se refleja en un mínima caída de las utilidades netas (-1.9%).

Esto significa que los altos precios del oro y plata han compensado con creces la menor producción en la Mra. Barrick permitiendo una leve disminución de las utilidades netas. Tanto Mra. Yanacocha como la Mra. Barrick operan con los menores costos operativos a nivel mundial.

En el mismo sentido, la Cía de Minas Buenaventura experimenta un importante incremento de la utilidad neta pasando de los 159 millones de dólares al tercer trimestre del 2008 para arribar a los 383 millones al tercer trimestre del 2009. Esto significa que el incremento absoluto es de más de 224 millones de dólares, es decir, las utilidades netas se han incrementado en más del 140 % a pesar que la producción aurífera se ha mantenido.

Así, al tercer trimestre del 2008 la producción de Minas Buenaventura era de 268 mil onzas y al tercer trimestre del 2009 se mantiene en 263 mil onzas. Por tanto, se puede deducir que las mayores utilidades netas se explicarían a los mejores precios internacionales del oro, a favorables contratos de venta, y también se explicaría por la participación accionaria en Mra. Yanacocha.

Sin embargo, a nivel productivo llama poderosamente la atención la valiosa información que la Dirección General de Minería (DGM) del Ministerio de Energía y Minas, procesa a nivel productivo. Así, a nivel de producción al tercer trimestre del 2008 aparece la producción aurífera de Madre de Dios con 391 mil onzas la cual se incrementa a más de 413 mil onzas al tercer trimestre del 2009.

Ello significa que según las declaraciones de los “pequeños productores” que operan en Madre de Dios con altos niveles de contaminación y depredación del medio ambiente con la utilización del cianuro y mercurio, están obteniendo importantes utilidades que se licuan en la informalidad afectando las posibilidades de desarrollo del departamento oriental, pues los niveles de canon minero para Madre de Dios resultan ridículos; así en el 2008 se distribuyó un poco más de 50 mil nuevos soles por concepto de canon minero y menos de 45 mil nuevos soles al 2009 con la información a setiembre del MEF.

Una simple estimación de las 413 mil onzas producidas a un precio conservador de 1,000 dólares la onza arrojan ingresos de más 413 millones de dólares de una actividad minera en Madre de Dios que no abona el impuesto a la renta, ni mucho menos las regalías mineras, lo cual significa una evasión fiscal gigantesca que se agrava con el daño ambiental y con la contaminación de cuencas, tierra y ríos.

NORMALIDAD CUPRÍFERA

El caso de las utilidades netas de las cupríferas que cotizan en la Bolsa de Valores tales como Sociedad Minera Cerro Verde y Southern Perú Copper donde las utilidades experimentan una fuerte disminución en el período considerado, pasando en el caso de Cerro Verde de 818 millones de dólares al tercer trimestre del 2008 a los 464 millones de dólares al tercer trimestre del 2009. Sin embargo, dichas utilidades netas al tercer trimestre del año que termina, superan las utilidades al tercer trimestre del 2006 que fueron de 342 millones.

El caso de Southern es particularmente significativo pues la utilidad neta disminuye en un 59%, pasando de 1,117 millones de dólares al tercer trimestre del 2008 para decrecer a los 457 millones, la utilidad neta más baja obtenida en períodos similares del 2006 que fue de 914 millones, y de 1,105 millones de dólares al tercer trimestre del 2007.

En verdad, con las utilidades netas obtenidas en los últimos años, SPCC tendría el financiamiento asegurado para el desarrollo del proyecto de Tía María en la provincia de Islay en Arequipa previa negociación con la población de filiación agraria desde hace mucho tiempo. La lección por aprender es que no se pueden desarrollar proyectos mineros sin dialogar ni convencer a las poblaciones locales de las posibles ventajas y los mayores ingresos que se obtendrían por canon y regalías mineras, además de asegurar el abastecimiento del agua en cantidad y calidad para la agricultura.

Por último, las utilidades netas de las empresas medianas del zinc, y plomo básicamente como Mra. Volcan, Los Quenuales, San Ignacio de Morococha, Mra. Atacocha, Perubar expresan los momentos difíciles de la mediana minería a pesar de una relativa recuperación de los precios del zinc y plomo.

El caso de la Mra. Volcan es sintomático con utilidades netas al tercer trimestre del 2007 de 309 millones de dólares, sólo alcanzó 152 millones al tercer trimestre del 2008 para disminuir aún más al tercer trimestre del 2009 con 109 millones de dólares. Acá debe tenerse presente que cerca del 80% de los ingresos de Volcan dependen de la producción y precios del zinc y con los precios actuales que promedian los 72 centavos de dólar la libra aún estamos lejos del boom de los 148 centavos que se tenían en el 2006 y 2007.

En conclusión, las utilidades netas de las mineras que cotizan en la Bolsa de Valores expresan los efectos diferenciados que tiene la crisis financiera en un país como el Perú que no ha aprovechado las ventajas comparativas y competitivas que ofrece la minería. En tal sentido, no se puede seguir fomentando la inversión minera con el modelo de 1992 que trae consigo mayores conflictos sociales.

Por ello, se tiene que revisar la política minera para redistribuir de la mejor manera la riqueza minera, pues resulta evidente al tercer trimestre que todas las empresas auríferas y argentíferas están obteniendo utilidades extraordinarias, y las empresas cupríferas han regresado a las ganancias normales que de mantenerse la libra de cobre por encima de los US$ 3 dólares la libra se capitalizarán más rápido que lo esperado, por ello resultaría absurdo seguir otorgando beneficios tributarios como el de la reinversión a cuenta de las utilidades no distribuidas como pretende la Mra. Antamina que afectará fuertemente el canon minero en Ancash.